PGN - RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION - Imposibilidad de recurrir basado en motivos de

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

M. P. Dr. : Herman Galán Castellanos Ref: Casación Nº 17466 interpuesta por el defensor de Edgar Javier Sánchez Pabón, procesado por los ilícitos de Peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, falsedad en documento privado y estafa.

Señores Magistrados: El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Popayán, el 3 de noviembre de 1.999, profirió sentencia anticipada contra Edgar Javier Sánchez Pabón a quien impuso 10 años de prisión, multa por valor de $2.000.000 e interdicción de derechos y funciones públicas por un periodo de diez (10) años, como autor responsable de los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documentos públicos y falsedad en documento privado.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán al resolver la apelación interpuesta por la defensa contra la sentencia, el 22 de febrero de 2.000, modificó la decisión en el sentido de imponerle al procesado Edgar Javier Sánchez Pabón, como penas principales ocho (8) años de prisión, multa de $1.000.000 e interdicción de derechos y funciones públicas, por tres (3) años, por los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. Recurrida en casación la sentencia por el defensor del acusado y declarada ajustada a derecho la demanda, corresponde a esta representación del Ministerio Público conceptuar sobre la legalidad del fallo de segundo grado de conformidad con lo preceptuado en el artículo

213 del C. de P. Penal. Cas. 17466 Edgar Sánchez Pabón En el traslado a los no recurrentes la representante del Ministerio Público de instancia presentó alegatos mediante los cuales se opone a las pretensiones de la defensa, porque a su juicio la sentencia impugnada fue proferida en legalidad por tanto “no ha violado norma alguna de derecho sustancial en forma directa por aplicación indebida por falso juicio de selección de la norma, sino que tuvo en cuenta aquellas que correspondían a la resolución de acusación (Acta de formulación de cargos para sentencia anticipada)”. De otra parte, la pena impuesta, ocho años de prisión, “indica precisamente la sujeción de la sentencia a los parámetros dosimétricos indicados en los artículos 26, 61 y 64 del C. Penal”, si se tiene en cuenta que el Ad quem impuso la sanción, al considerar la magnitud del daño producido al bien jurídico de la Administración Pública, para lo cual partió de la pena de 6 años de prisión y multa de $700.000 e interdicción de derechos y funciones públicas por cinco años. Y como también concurrieron punibles contra la fe pública y el patrimonio económico, la pena ascendería a 12 años de prisión, menos la tercera parte por sentencia anticipada, la sanción definitiva la fijó en ocho (8) años de prisión, con la rebaja hecha en la forma indicada para las otras penas también principales. Agrega el Procurador 153 Judicial II, que el Tribunal tuvo en cuenta “la transgresión al bien jurídicamente tutelado, la Administración Pública,

abusando de la credulidad pública al ejecutar los hechos valiéndose de la investidura de pagador de la Institución del Orden Nacional y para ocultar las defraudaciones recaídas sobre bienes pertenecientes al Estado”, razones entre otras por las cuales el juzgador no partió de las penas mínimas señaladas en los tipos penales infringidos.

1. HECHOS El comandante de Policía del Cauca para el año de 1.993, denunció una serie de irregularidades ocurridas en la Pagaduría Seccional de la institución en detrimento del presupuesto de la entidad, conductas que a

2 Cas. 17466 Edgar Sánchez Pabón la postre resultaron constitutivas de ilícitos penales imputables a Edgar Javier Sánchez Pabón, en calidad de Pagador de la Policía Nacional División Cauca, por la apropiación de dineros, mediante el giro de títulos valores de chequera perteneciente a la Policía Nacional a destinatarios ficticios y que fueran canjeados con personas conocidas de la ciudad de Popayán, resultando impagos por carecer de fondos. Igualmente de la cuenta denominada Caja de Sueldos de Retiro, giró cheques que negoció con particulares. También cobró mesadas pensionales y prestaciones sociales de personal jubilado de la Policía. Así mismo solicitó sobregiros al Banco Popular de la ciudad los que utilizó en beneficio propio.

2. ACTUACION PROCESAL RELEVANTE Por los hechos denunciados, Edgar Javier Sánchez Pabón fue vinculado mediante indagatoria y en pluralidad de decisiones se le resolvió la situación jurídica por delitos contra el patrimonio económico, la fe y la

administración públicas, en concurso, que por factores de conexidad procesal se tramitaron bajo una misma cuerda, pues los ilícitos eran de características similares y consumados con la finalidad de tratar de cubrir los faltantes de dinero sustraído por el procesado. El 5 de enero de 1.994, el procesado solicitó por primera vez la aplicación del artículo 37 del C. de P. Penal y no obstante se adelantó parcialmente el trámite correspondiente, como la diligencia de formulación de cargos, no se profirió sentencia anticipada por diversas razones; por lo cual, Sánchez Pabón, el 11 de mayo de 1.998, nuevamente manifestó su interés de acogerse voluntariamente a la figura de la sentencia anticipada y solicitó a la Fiscalía fijara fecha para llevarla a cabo (fl. 1.565 c.o. N° 3). Mediante resolución del 30 de noviembre de 1.998, la Fiscalía señaló fecha (14 de enero de 1.999), para llevar a cabo la respectiva diligencia de formulación de cargos para sentencia anticipada (fl. 1.627 ibídem). Concluida la mencionada diligencia (fl. 166 c.o. N° 3), el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Popayán que le correspondió adelantar el juicio, 3 Cas. 17466 Edgar Sánchez Pabón profirió sentencia condenatoria en los términos y condiciones que se han dejado expuestos al comienzo del presente concepto, decisión que al ser apelada por el defensor del procesado, resultó modificada por el Tribunal Superior de Popayán, mediante el fallo que es ahora objeto de casación.

3. DEMANDA Se ataca la sentencia de segunda instancia con fundamento en la Causal Primera, cuerpo primero, de casación, y para ello se formulan dos cargos, el primero por aplicación indebida de la ley sustancial, por falso juicio de selección de la norma y el otro por interpretación errónea de los artículos 26, 61 y 64 del C. Penal anterior.

Primer Cargo Para el recurrente se infringió el principio del Non bis in ídem, por cuanto en la sentencia de segunda instancia, se condenó a su defendido “por supuestos trece (13) delitos de falsedad en documento privado, por el hecho de haber girado igual número de cheques de una chequera oficial de la Policía Nacional, con beneficiarios ficticios los cuales a la postre ... el procesado, los negoció con personas particulares, quienes no pudieron hacerlos efectivos por carecer de fondos en el respectivo Banco girado. También por los mismos hechos se lo condenó a su defendido por trece (13) presuntos o reales delitos de estafa. Esto resulta injusto, improcedente e injurídico, no solo a la luz del derecho sino de la lógica misma” por las siguientes razones: a) En el delito de estafa se requiere que el agente realice actos simulados, por medio de documentos, afirmaciones, grabaciones, películas, fotografías, títulos valores, etc, tendientes a engañar, defraudar y/o confundir la conciencia de su víctima. b) “Así las cosas, quien primero falsifica cualquier documento o escrito para luego estafar, comete un solo delito y no los dos, porque para llegar al último, la estafa, tiene que necesariamente realizar la acción 4 Cas. 17466

Edgar Sánchez Pabón intermedia, que cometida sola e independientemente puede constituir un delito, pero, así ella sola constituya delito, por la finalidad del actor se puede subsumir en la otra conducta final, al volverse medio y no fin, porque de lo contrario sería imposible llegar a ese delito fin. Como es imposible matar sin lesionar” (fl. 5 Dda.). Aduce el recurrente que en la hipótesis en que el autor de la falsedad en documento privado no hubiera utilizado los mencionados cheques, poniéndolos en circulación, porque los hubiera guardado o destruido, no se le podría imputar una conducta ilícita, por falta de trascendencia en el campo penal. Pero como en el presente caso, el procesado si usó los títulos valores, poniendo en vigencia el tipo de falsedad para lograr su finalidad cual es estafar, lo que se le debe reprochar es su conducta por estafa, que subsume a la falsedad; porque existen otros eventos en que se usa el instrumento negociable o cualquier otro documento y no se comete otro delito, entonces a juicio del censor allí se tipifica sólo el punible contra la fe pública por falsedad en documento “público” asevera el libelista. Por lo anterior concluye el demandante, que cuando la conducta que autónomamente constituye delito de falsedad en documento privado se realiza para cometer otro delito final, como lo es la estafa, pierde dicha autonomía para convertirse en delito medio necesario para tal fin. Pero, cuando se consuma sin la intención de cometer o utilizar los títulos para ejecutar otro delito final, entonces tiene autonomía propia y consecuencialmente se constituye en un punible independiente. Porque

si ello no es así, se terminaría sancionando una misma conducta dos veces, lo cual resulta inconstitucional e ilegal. Además, cuando un delito medio o una conducta media que aparentemente es delito (si se cometiera autónomamente), en realidad no lo es, porque a esa conducta le falta la intencionalidad, traducida en dolo, culpa o preterintención le faltaría, porque como en el evento sub examen, el autor no se propuso falsificar por falsificar, sino la de estafar y si tampoco tuvo la intención “o también denominada culpa, dolo o 5 Cas. 17466 Edgar Sánchez Pabón preterintención”, mal se podría hablar de un delito contra la fe pública (falsedad en documento privado). “Entonces, el Tribunal Superior, violó la ley sustancial en forma directa, al seleccionar dos (02) normas para un mismo hecho punible debiéndolo hacer debidamente solo escogiendo una sola la que habla sobre la Estafa, art. 356 del C. P. y no también la de Falsedad en Documento Privado, Art. 221 de la misma obra, que en este evento es un medio, o si quiere llamar delito medio, pero, que debe quedar subsumido en el delito final el de la Estafa” (fl. 6 Dda.). Como normas violadas señala los artículos 1°, 2°, 3°, 221 y 356 del Código Penal derogado. Bajo estos presupuestos solicita se case la sentencia y “ se dicte otra que corresponda, de acuerdo a los reales delitos cometidos por su defendido, que serían los restantes en concurso material” (fl. ibídem). Segundo Cargo (Subsidiario)

Interpretación errónea de los artículos 26, 61 y 64 del C. Penal anterior, que llevó al Ad quem a aplicarlos indebidamente al momento de dosificar la pena e imponerle al procesado una sanción muy superior a la que legalmente le correspondía. Según el recurrente, de acuerdo a lo dispuesto en el anterior artículo 26 del Estatuto Penal, en lo relativo a la pena por concurso de delitos, debe partirse del que establezca pena más grave, “jamás quiere decir que debe partirse de cualquier guarismo en forma discrecional del juzgador, sino de la mínima del delito más grave, cuando el procesado no tiene antecedentes penales y el delito no tiene causales generales de agravación y la personalidad del condenado no es peligrosa, modalidades del hecho punible, las circunstancias de atenuación, obrar por motivos nobles o altruistas (amenazas contra su hijo de secuestrarlo), procurar voluntariamente, después de cometido el hecho, anular o disminuir sus 6 Cas. 17466 Edgar Sánchez Pabón consecuencias; resarcir voluntariamente el daño, aunque sea en forma parcial (el procesado reintegró algún dinero de acuerdo a su precaria situación económica); presentarse voluntariamente a la autoridad, después de haber cometido el hecho (el procesado se presentó a responder por su conducta y jamás huyó, por el contrario siempre colaboró con la justicia penal en el esclarecimiento de los hechos); confesar el delito, etc. etc...”. “Todas estas circunstancias las tiene en su favor, mi defendido, lo cual lo hace merecedor a que en dicho concurso material de delitos se parta, eso

sí, de la pena de prisión del delito más grave, que para este evento es el de Peculado por Apropiación, que va de cuatro (04) a doce (12) años, de la pena mínima, que sería de cuatro (04) años, como ya dijimos, pero, aquí se partió de ocho (08) años; o sea se partió de una pena que no es la mínima para el delito de peculado por apropiación, porque para ello se tuvieron en cuenta circunstancias que no vienen al caso” y que se pueden confrontar en la sentencia de segundo grado (fls. 11 y 12) y que fueron transcritas por el libelista en la demanda (fl. 9 ibídem). Con base en la dosificación punitiva adelantada por el Tribunal Superior el demandante asevera que dicha Corporación: “...partió de ocho (08) años como base de la pena del concurso material de delitos y le aumentó, no otro tanto, sino cuatro (04) años, lo que entraña un grave error al interpretar el sentido o alcance del artículo 26 del Código Penal que lo llevó a aplicar indebidamente esa norma sustancial contra su defendido”. “Se debió partir no de ocho (08) años, sino de cuatro (04), porque las circunstancias son favorables al procesado para el efecto, porque debe partirse de la mínima pena de un solo delito (no de dos iguales como el peculado por apropiación) que tan solo es de cuatro años de prisión, porque se tuvo en cuenta erróneamente EL CONCURSO DE DELITOS SE PARTIO DE OCHO AÑOS, según lo transcrito, EN ESA FORMA SE ESTA SANCIONANDO DOS VECES EL CONCURSO. Ahora bien, si la

intención del Juzgador de segunda instancia era tan sólo aplicar la mitad de la pena base, por razón del concurso, la pena total para mi patrocinado 7 Cas. 17466 Edgar Sánchez Pabón jurídica y lógicamente debe ser de SEIS AÑOS DE PRISIÓN, o sea, cuatro (04) años del delito más grave y dos (02) años más por el concurso, lo que es justo y se atempera a los hechos juzgados. Menos la tercera parte por sentencia anticipada, nos quedaría una pena definitiva de CUATRO AÑOS DE PRISION, y no el doble como desafortunadamente fue condenado mi defendido por el grave error cometido en la dosificación de la pena” (fl. 10 ibídem). En este orden considera el censor que “todas esas circunstancias (que el hecho pase de $500.000, que sea el delito contra la Administración Pública, que se violó un delicado bien, que el justiciable traicionó su investidura de servidor público etc., etc. en concurso de delitos) están incluidas en esa sanción y no son agravantes, por que sino con esa lógica del Tribunal se estaría agravando la pena fijada por el legislador, fijó un mínimo de cuatro (04) años. Porque si ello no es así cabe preguntarse: Entonces qué es lo que se esta pagando con esos cuatro (04) años de prisión, si por esos mismos hechos consagrados en la tipicidad del delito, el juzgador lo va a volver a sancionar, doblándole la pena?. Definitivamente, lo que se ha hecho en la sentencia impugnada es doblarle la condena por el delito, o mejor, por el primer delito de Peculado

por apropiación de la pena justa de cuatro (04) años, sin ninguna razón legal...”. (fl. Ib.). Por lo anterior, solicita a la Corte case la sentencia impugnada y en su lugar profiera fallo en “donde se condene a su defendido a una pena definitiva de cuatro (04) años de prisión, una vez rebajada la tercera parte por sentencia anticipada, o sea de una pena bruta de seis (06) años de prisión, que es lo que él merece...”. Como consideración especial, llama la atención en el sentido de que a su juicio si bien su defendido se acogió a la sentencia anticipada, el juzgador no puede imponerle una pena ilegal, porque erróneamente consideró los delitos por falsedad en documentos privados, siendo inexistentes, porque tales punibles se subsumen en el delito de estafa. Igualmente aduce que, el Tribunal no tuvo en cuenta ninguna de las circunstancias favorables 8 Cas. 17466 Edgar Sánchez Pabón existentes en la dosificación de la pena a favor del procesado, “solo se crearon y repitieron circunstancias desfavorables”.

4. CONCEPTO DE LA PROCURADURIA DELEGADA Primer cargo Para esta representación del Ministerio Público resulta evidente la falta de interés para recurrir en casación del demandante, al fundamentar el presente cargo en que no se configuraron los punibles de falsedad en documentos privados en forma independiente en concurso con las estafas, sino estas exclusivamente, por cuanto este ilícito subsume a la falsedad, siendo ésta el medio para lograr el delito fin y que por tanto se violó la ley sustancial al haberse aplicado indebidamente el artículo 221

del C. Penal anterior. Como es sabido, la sentencia anticipada es uno de los institutos del denominado derecho penal premial, a través del cual se pretende materializar los principios de celeridad, economía procesal y eficacia, a cambio de una rebaja de pena. Para hacer suyo dicho beneficio, el procesado debe, de manera libre, expresa y voluntaria, admitir su responsabilidad respecto de los cargos que la Fiscalía le ha formulado, lo cual queda consignado en un acta que para el efecto se levanta. A continuación el juez del conocimiento dicta sentencia, sin que le esté permitido al procesado impugnarla por motivos que impliquen retractación, pues tal posibilidad riñe con el principio de preclusión de las etapas procesales. Es así como el art. 37 B del C. de P. Penal anterior (art. 40 Ley 600/00), establecía que el fallo sólo se podía impugnar por motivos relacionados con la dosificación de la pena, la condena de ejecución condicional y la 9 Cas. 17466 Edgar Sánchez Pabón extinción de dominio sobre bienes. Por fuera de tales aspectos la defensa carece de interés para apelar y, por ende, para acudir en casación, como lo ha sostenido reiteradamente la Corte (Cfr. Sentencias Oct. 25/99 M. P. Dr. Carlos Mejía Escobar; Jul. 23/01 M. P. Dr. Alvaro Orlando Pérez Pinzón). Y es que no puede ser de otra manera en virtud de la naturaleza de la citada institución procesal, en la que la aceptación de los cargos implica la confesión simple del hecho y el compromiso de renunciar a controvertir la

responsabilidad penal aceptada. Atenta contra la lógica elemental y la seriedad con que se debe afrontar el proceso judicial el que en un determinado momento el procesado exprese su reconocimiento de la responsabilidad penal, aceptando los hechos y la adecuación típica que de éstos realice el funcionario judicial, y luego, so pretexto de un error en la comprensión de dicha realidad jurídico procesal, se retracte. El presente caso nos enseña cómo el procesado Edgar Javier Sánchez Pabón, asistido por un defensor de confianza y habiéndosele puesto de presente de manera expresa las conductas imputadas y sus correspondientes adecuaciones típicas, aceptó los cargos formulados por la Fiscalía por los delitos de Peculados por apropiación, falsedad ideológica en documento público, falsedades en documentos privados y estafas (fls. 1.646 a 1.662 c.o. N° 3). El no reconocer ahora la configuración de los ilícitos contra la fe pública (falsedades en documentos privados), al considerar ahora que los mismos se encuentran subsumidos en los punibles de estafa (delitos fin) por tratarse de delitos medios, implica, soslayadamente, retractarse de lo aceptado en la audiencia de formulación de cargos, burlando la administración de justicia que en virtud del instituto aplicado le reconoció la rebaja punitiva correspondiente. Así las cosas, la falta de interés para recurrir en casación resulta incuestionable, lo cual impide el análisis material del presente reproche. 10 Cas. 17466 Edgar Sánchez Pabón Segundo Cargo Para el demandante se interpretaron erróneamente los artículos 26, 61 y

64 del Código Penal ya derogado, lo que conllevó a su aplicación indebida. En el desarrollo y fundamentación de la censura el casacionista incurre en desaciertos técnico-conceptuales que tornan impróspera la censura. En la interpretación errónea como lo ha establecido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, se parte de suponer que el juzgador acertó en la escogencia de la disposición reguladora del asunto, sólo que falló en la determinación de su alcance y en el presente caso como lo veremos adelante se desconoce este presupuesto como la formalidad debida cuando se escoge en el ataque la vía directa por violación a la Ley sustancial. En cuanto a la dosificación de las penas con el anterior Estatuto Penal, la jurisprudencia ha reiterado que era una facultad discrecional relativa, en cuanto que el juzgador podía moverse entre un mínimo y un máximo debiendo motivar su imposición dentro de uno y otro extremo. En tal consideración, los errores en los que incurre un Juez en ejercicio de su poder discrecional reglado, son por lo general demandables por la vía indirecta, pues hacen mención a problemas probatorios en la deducción de agravantes genéricas o específicas. Excepcionalmente lo son por la vía directa; y, normalmente ello ocurre en los remotos casos en los que se viola el principio de legalidad, por que se impone una pena por debajo del mínimo legal o que supera el máximo1. En este caso, el demandante propone en principio como tema de censura el de la interpretación errónea, concretándola a que fue muy severa la

tasación de la pena por el concurso de peculados “porque se tuvo en cuenta erróneamente EL CONCURSO DE DELITOS Y SE PARTIO DE 1 Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia de marzo 14 de 2.001. M.P. Dr. Carlos E. Mejía Escobar. Rdo. 16894. 11 Cas. 17466 Edgar Sánchez Pabón

OCHO AÑOS... EN ESA FORMA SE ESTA SANCIONANDO DOS VECES

EL CONCURSO”.

La severidad de la pena impuesta a Edgar Javier Sánchez Pabón, como producto de la interpretación errónea de los artículos 26, 61 y 64 del anterior Estatuto Penal, el libelista no la concreta en términos jurídicos como correspondería en rigor técnico, al enmarcar el reproche por violación directa de la Ley Sustancial, sino que la fundamenta en sus propias tesis personales sobre cuál es la forma correcta, de dosificar la pena. El cargo propuesto, se encuentra desarrollado a un estilo de alegato de instancia, que como se sabe no es de recibo en el trámite de este recurso extraordinario. Aduce el demandante que el juzgador al tasar la pena en caso de concurso delictual, no puede libremente y en forma discrecional partir del doble del mínimo señalado para la pena más grave, como ocurrió aquí, sino del mínimo 4 años (art. 133 C. Penal anterior) y aumentarlo “hasta en otro tanto”, que a su juicio sólo podría ser de dos (2) años, no comenzar de ocho (8) años, como erróneamente lo hiciera el Tribunal (aunque esto

tampoco es cierto porque el Tribunal partió de seis años -Cfr. fl. 1769 sentencia-), pretermitiendo las circunstancias favorables existentes en el proceso, con lo que perjudicó a Sánchez Pabón, no obstante que este carece de antecedentes penales, que su personalidad no es peligrosa; se desconocieron igualmente “la modalidades del hecho punible... obrar por motivos nobles o altruistas (amenazas contra su hijo secuestrado), procurar voluntariamente, después de cometido el hecho, anular o disminuir sus consecuencias; resarcir voluntariamente el daño, presentarse voluntariamente a la autoridad”, que colaboró con justicia al presentarse a las autoridades y confesar el delito etc. En este discurrir, el censor incurre en otro desacierto técnico, porque si aduce interpretación errónea del artículo 64 del derogado C. Penal, en el que se consagraban circunstancias de atenuación genéricas y que de hecho se encuadraban varias de las señaladas por el recurrente, se debe admitir entonces que dichas circunstancias fueron reconocidas por el 12 Cas. 17466 Edgar Sánchez Pabón juzgador, sino que se les dio un alcance no consagrado en la norma, no que se pretermitieron en su aplicación como lo asevera el libelista. Por otra parte, el demandante se muestra en desacuerdo con la aplicación de las circunstancias agravantes, que llevaron al sentenciador a no partir del mínimo señalado en delito más grave “circunstancias que no vienen al caso, tales como `que se cometió dos delitos de Peculado por apropiación, que se ha vulnerado un delicado bien, cual es el de la

Administración Pública, que el justiciable traicionó su investidura de servidor público inclusive de perjudicar pensionados, y reiteradamente tomó dineros, asumiendo una conducta verdaderamente reprochable. Por otro lado, fueron innumerables las estafas y falsedades en documento privado aceptadas por el justiciable, quien hizo de su cargo público un largo periplo de irregularidades violatorias de la ley penal y eso debe tenerse en cuenta al momento de fijar la pena. El giraba cheques oficiales para engañar a los prestamistas...”. En esta forma igualmente, crítica para descalificar la dosificación punitiva del Ad quem, oponiendo su juicio al del fallador, para señalar que la tasación de la pena está errada porque no coincide con su criterio. Tal discusión en buena parte se propuso en el recurso de apelación y fue resuelta por el Tribunal favorablemente al procesado porque de una pena de prisión de 10 años, multa de 2.000.000 e interdicción de derechos y funciones públicas por un periodo de diez años, impuesta por el A quo, se fijó en 8 años de prisión, multa de $1.000.000 y tres años de interdicción de derechos y funciones públicas, aunque por razones diferentes a las expuestas por el apelante. Con esto se resolvió en definitiva la discusión en criterio de esa representación del Ministerio Público y que sólo resultaría abordable en casación, si se advirtiera que en verdad hubo errores in iudicando o in procedendo en la sentencia; pero que en el fallo objeto de estudio no se dan por las siguientes razones: De acuerdo con el artículo 37B del Código de Procedimiento Penal, modificado por el artículo 12 de la Ley 365 de 1.997, en el trámite de

sentencia anticipada el interés para recurrir, si el impugnante es el 13 Cas. 17466 Edgar Sánchez Pabón procesado o su defensor, se circunscribe a los temas de la dosificación punitiva, el subrogado de la condena de ejecución condicional y la extinción del dominio sobre bienes. Se trata de preservar lo que tiene de convencional esta forma especial de terminación del proceso, pues, limitada la impugnación a dichas materias, se evitan las retractaciones caprichosas, sin perjuicio obviamente del ejercicio real de las garantías fundamentales. A partir de esta premisa, se analizará, en primer lugar, el proceso de cuantificación de la pena realizado por el Tribunal, que en la decisión de fondo se refirió a que “primero se debían computar todos los agravantes y atenuantes específicos para cada tipo penal circunstanciado, agravado o atenuado, respectivamente. Luego se tienen en cuenta las circunstancias especiales de agravación o atenuación, para cada capítulo o título y finalmente las genéricas empezando por las que fijan un incremento punitivo y terminando con las diminuentes. Algunas de estas últimas solo pueden ser deducidas por voluntad del legislador, cuando ya se hayan hecho todos los cómputos, y así sucede con la confesión y la terminación anticipada del proceso. “Se cometieron dos peculados, según el pliego de cargos anexados por la Fiscalía, el primero al encontrarse un faltante de $51.013.928.65, y el segundo, al dejar de cancelarse los dineros girados para pagarle a los pensionados. “Para la dosificación de la pena, es necesario tener en cuenta el contenido

del artículo 61 del C. Penal, pues dentro de los límites señalados por la ley, se debe mirar la gravedad y modalidades de los delitos, el grado de culpabilidad y la personalidad del agente...”. Seguidamente plasmó las circunstancias agravantes referidas en precedencia e igualmente expuso que: “No se puede reconocer la atenuante de la confesión contenida en el artículo 299 del C. de P. Penal, modificado por el art. 38 de la Ley 81 de 1.993, porque el justiciable, en su primera versión, al aceptar haber tomado dinero del Estado, calificó su 14 Cas. 17466 Edgar Sánchez Pabón confesión, alegando un estado de necesidad, cual era el pagar el secuestro de un hijo a la guerrilla.... “Además de los dos peculados por apropiación (tomados en los cargos como dos acciones cometidas en varios actos) está el delito de Falsedad en Documento Público y delitos de Falsedad en Documento Privado y Estafa, reiterados o cometidos trece veces (art. 27 y 28 C. P). “El Peculado contenido en el artículo 133 del C. Penal vigente a los hechos, en su segunda parte, trae aparejada una pena de cuatro a quince años y multa de veinte a quinientos mil pesos, e interdicción de derechos y funciones públicas de dos a diez años. “Dada la magnitud del daño producido al bien jurídico de la Administración Pública, se parte de la pena seis años de prisión y multa de $700.000 e interdicción de derechos y funciones públicas de TRES AÑOS, pero como se trata de un concurso de peculados por apropiación, la pena sería de

ocho años y multa de $1.000.000 e interdicción de derechos y funciones públicas por cinco años, y como se cometieron delitos contra al fe pública y contra la propiedad, la pena ascendería a doce años de prisión, menos la tercera parte por sentencia anticipada, lo cual arrojaría una sanción final de ocho años de prisión, con la misma rebaja hecha atrás para las otras penas también principales...” (fls. 13 y 14 Sent. 2ª Inst.). Si bien en la tasación punitiva conforme a lo previsto en el anterior Código Penal, existían algunos factores respecto de los cuales había una expresa regulación, como sucedía con la tentativa, la complicidad y el concurso, hay otros en relación con los cuales no acontecía igual, tales como la “gravedad y modalidades del hecho punible, el grado de culpabilidad y la person