PGN - RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION - Medio de impugnación que obedece a unas determi

Cas. 28077 1 Fernando M. Vásquez Vidales Señores

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

M.P.: Dr. JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS

E. S. D.

REF. Estudio sobre posibilidad de interponer recurso de insistencia contra la providencia que inadmitió la demanda de casación instaurada por el defensor de FERNANDO MANUEL VÁSQUEZ VIDALES, condenado por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de catorce años, actos sexuales abusivos con menor de catorce años y aborto No.28077

Honorables Magistrados: En mi condición de Procurador Primero Delegado para la Casación Penal, procedo a emitir concepto sobre la viabilidad de interponer el recurso de insistencia que solicita el defensor de FERNANDO MANUEL VÁSQUEZ VIDALES frente a la providencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, del 29 de agosto de 2007, mediante la cual se decidió inadmitir la demanda de casación interpuesta por el mismo contra el fallo condenatorio del Tribunal Superior de Bogotá, proferido el 18 de abril de 2007, que a su vez confirmó el fallo condenatorio de primera instancia que declaró al procesado VÁSQUEZ VIDALES autor penalmente responsable de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de catorce años en concurso homogéneo, actos sexuales abusivos con menor de catorce años en concurso homogéneo y aborto, pero redujo la pena principal de prisión y la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas a 88 meses.

I. HECHOS Los hechos fueron descritos por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en los siguientes términos: Cas. 28077 2

Fernando M. Vásquez Vidales FERNANDO MANUEL VÁSQUEZ VIDALES, profesor de tecnología del Colegio Tibabuyes Universal, ejecutaba actos sexuales en la humanidad de la menor VICKY TATIANA MONTERO PÉREZ, quien era su alumna, consistentes en tocamientos y manipulación de sus genitales, para lo cual se valía de presiones como la amenaza de imponerle malas calificaciones. Para facilitar sus actos, VÁSQUEZ VIDALES nombró a la niña como su monitora, situación que le permitió un contacto más directo con aquella. En el mes de enero de 2007 (sic) la menor fue accedida carnalmente en dos ocasiones, una de ellas en su casa de habitación y la otra en un motel de la ciudad a donde fue conducida por VÁSQUEZ VIDALES luego de haberle hecho ingerir cervezas. En razón de tales actos, la niña quedó en embarazo, motivo por el cual aquél la condujo a un sitio clandestino en el que le practicaron un aborto.

II. ACTUACION PROCESAL 1) Previa denuncia formulada por la menor VICKY TATIANA MONTERO PÉREZ y solicitud de captura elevada por la Fiscalía encargada del caso, el Juzgado 23 Penal Municipal con función de control de garantías autorizó la misma, la cual se hizo efectiva el 25 de mayo de 2006. Al día siguiente, ante el Juzgado 53 Penal Municipal, se cumplieron las diligencias referentes a la

legalización de la captura, la formulación de imputación y la imposición de medida de aseguramiento de detención domiciliaria. Al imputado le fueron formulados cargos por los delitos de acceso carnal abusivo en menor de catorce años agravado en concurso homogéneo, acto sexual abusivo en menor de catorce años agravado en concurso homogéneo y aborto. El imputado no aceptó los cargos. 2) El 16 de junio de 2006 la Fiscalía presentó, como escrito de acusación, un preacuerdo de culpabilidad suscrito con el imputado. El 1º de septiembre de 2006 el Juzgado 34 Penal del Circuito con funciones de conocimiento, Cas. 28077 3 Fernando M. Vásquez Vidales improbó el preacuerdo al que habían llegado la Fiscalía y la defensa, dado que la pena acordada (48 meses y 10 días de prisión) no era congruente con la cantidad y calidad de los delitos imputados. Ante esta situación, la Fiscalía y el procesado, debidamente asesorado por su defensor, acordaron mantener el preacuerdo de culpabilidad, pero dejando la pena a consideración del juez, aclarando en todo caso que sobre esta pena se debería hacer una rebaja del 50%. Bajo estas condiciones, el Juzgado aprobó el preacuerdo y anunció que el fallo era condenatorio. A partir de este momento se tramitó el incidente de reparación integral. 3) El 16 de febrero de 2007 se dio lectura a la sentencia mediante la cual se condenó a FERNANDO MANUEL VÁSQUEZ VIDALES como autor responsable de los delitos de acceso carnal abusivo con persona menor de

catorce años agravado en concurso homogéneo, acto sexual abusivo con persona menor de catorce años agravado en concurso homogéneo y aborto, imponiéndole la pena principal de 93 meses de prisión y la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término igual. Además, se negaron los subrogados penales y la prisión domiciliaria, y se condenó al acusado a pagar 50 SMLMV por concepto de los perjuicios morales causados a la víctima. 4) Esta decisión fue apelada por la defensora del acusado y el 18 de abril de 2007 el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, la modificó en el sentido de reducir la pena principal de prisión y la accesoria de interdicción para el ejercicio de derechos y funciones públicas a 88 meses, confirmándola en todo lo demás. Esta sentencia de segunda instancia fue objeto del recurso extraordinario de casación interpuesto por el defensor de VÁSQUEZ VIDALES. 5) El 29 de agosto de 2007, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, inadmitió la demanda de casación presentada por la defensa. El 26 de septiembre del mismo año el defensor de VÁSQUEZ VIDALES solicitó Cas. 28077 4 Fernando M. Vásquez Vidales que el Ministerio Público interponga el recurso de insistencia, con el fin de que su demanda de casación sea admitida.

III. LA DEMANDA DE CASACIÓN El recurrente invoca en su demanda de casación la causal primera del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, es decir, la “falta de aplicación,

interpretación errónea, o aplicación indebida de una norma del bloque de constitucionalidad, constitucional o legal, llamada a regular el caso”. En otras palabras, el actor invoca la causal de violación directa de la ley sustancial. Sin embargo, en el desarrollo del cargo aduce la existencia de una irregularidad sustancial que afectaría la validez del trámite, dado que el inicial preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y la defensa, presentado ante el juez penal de conocimiento, mediante el cual se había acordado una pena de 48 meses y 10 días de prisión, pese a lo normado por el artículo 351 de la Ley 906 de 2004 (“los preacuerdos celebrados entre Fiscalía y acusado obligan al juez de conocimiento, salvo que ellos desconozcan o quebranten las garantías fundamentales), no fue tenido en cuenta por el juzgador. En opinión del actor, en virtud de la citada norma, era obligatorio para el juzgador tener en cuenta el contenido de este preacuerdo y al no hacerlo, dejó de aplicar “la norma que establece la imposición de un quantum punitivo único”, y los principios constitucionales de favorabilidad, debido proceso y legalidad. Señala que este yerro fue advertido por el Tribunal, procediendo a reducir el monto de la pena, pero persistiendo en el desconocimiento del preacuerdo. Por otra parte, manifiesta el casacionista que el preacuerdo que sirvió de base para imponer la pena, se varió en la audiencia sin ser consultado con el acusado. Señala que “no se interrogó en forma expresa al condenado sobre la aceptación de cargos, ni sobre el quantum punitivo a imponer, lo cual viola

Cas. 28077 5 Fernando M. Vásquez Vidales el Artículo 181, Numeral Primero del Código de Procedimiento Penal y da vía directa a interponer el recurso de casación”. De otro lado, apunta el recurrente que la pena se impuso sin respeto por el principio según el cual “en caso de concurso de conductas punibles, la pena se aumenta de una tercera parte a la mitad”, dado que se agravó la pena y posteriormente se hizo una suma aritmética y mecánica de sanciones penales. Por último, señala que lo que se pretende con el recurso es efectivizar el derecho material y el respeto de las garantías del procesado, razón por la cual solicita casar la sentencia cuestionada y que se imponga una pena que respete el preacuerdo celebrado.

IV. EL FALLO QUE INADMITE LA DEMANDA DE CASACIÓN Tal como se ha señalado, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió inadmitir la demanda de casación presentada por la defensa.

Para empezar, la Corte recuerda que en el nuevo sistema penal acusatorio el recurso extraordinario de casación es un mecanismo de control constitucional y legal, que procede cuando con el fallo de segunda instancia emitido por el Tribunal Superior respectivo, se afectan derechos y garantías fundamentales. Por ende, no se trata de un instrumento que permita continuar el debate fáctico y jurídico llevado a cabo durante el proceso, y, por lo tanto, no resulta procedente realizar toda clase de cuestionamientos en la demanda. Anota de igual forma el Alto Tribunal que, de conformidad con lo establecido

por la Ley 906 de 2004, la admisión de la demanda de casación requiere: 1) la demostración del interés del censor; 2) la correcta selección de las causales; 3) la coherencia de los cargos que a su amparo pretende aducir y la debida fundamentación fáctica y jurídica de éstos; y 4) la necesidad de Cas. 28077 6 Fernando M. Vásquez Vidales acreditar de qué forma con el estudio de dicha demanda se cumplirán uno o varios de los fines de la casación, consagrados por el artículo 180 ibídem, a saber: la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios sufridos por éstos y la unificación de la jurisprudencia. Dichos propósitos son los mismos del proceso penal, lo cual explica que las causales de casación tengan un enfoque tendiente a lograr estos fines. El demandante enfila su ataque contra la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, por vía de la causal primera de casación prevista en el artículo 181 del nuevo Código de Procedimiento Penal, argumentado que no se aplicaron los principios constitucionales de favorabilidad, debido proceso y legalidad. Tales fundamentos constitucionales del derecho penal se habrían vulnerado toda vez que se desconoció el original preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y el acusado, para atender en su lugar un acuerdo que no fue consultado con éste, desconociendo así la norma que establece la imposición de un marco punitivo único. Como consecuencia de ello, el Tribunal habría incurrido en una violación directa de una norma de derecho sustancial.

Para la Corte, si bien el defensor señala la causal de casación al amparo de la cual formula el cargo, así como las normas eventualmente transgredidas y el sentido de su violación, refiriendo la causal primera del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, por violación directa de la ley sustancial, que originó la falta de aplicación de los artículos 29 de la Constitución Política, 6º de la Ley 599 de 2000 y 351 de la Ley 906 de 2004, se evidencia que el desarrollo del cargo no resulta consonante con lo anunciado. Recuerda la Corporación que, tal como se ha dejado sentado a través de la jurisprudencia de la misma, cualquiera sea la modalidad de violación directa de la ley sustancial que se proponga, el yerro de los juzgadores debe recaer necesaria e inmediatamente sobre la normatividad, circunstancia que traslada el debate a un ámbito estrictamente jurídico, bien sea porque se deja de lado el precepto regulador de la situación fáctica demostrada, porque Cas. 28077 7 Fernando M. Vásquez Vidales el hecho se adecua a un precepto estructurado con supuestos distintos a los establecidos o porque se desborda la intelección de la disposición aplicable al caso concreto. Todo esto exige como punto de partida la aceptación de la realidad fáctica definida en las instancias. Pese a lo anterior, el censor fundamenta su cargo en el hecho de que los juzgadores no tuvieron en cuenta, a efectos de determinar la pena imponible al acusado, el original preacuerdo celebrado entre él y la Fiscalía, desatendiendo lo establecido por el artículo 351 de la Ley 906 de 2004. De

igual forma, en el supuesto hecho de que el nuevo acuerdo que sirvió de base para tasar la pena no fue consultado con el procesado. Esta afirmación resulta, en opinión del Alto Tribunal, por completo ajena a lo realmente acontecido, como lo hizo ver el ad quem. En primer término, porque la razón por la cual el juzgador de primera instancia no aprobó el inicial preacuerdo celebrado entre Fiscalía y acusado, fue por estar la pena acordada en contradicción con el principio de legalidad, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos imputados. En segundo lugar, porque como consecuencia de ello se presentó en audiencia un nuevo acuerdo, previa discusión entre Fiscalía y defensa, el cual fue aceptado de manera libre, conciente, voluntaria y expresa por el procesado. Esto resulta acorde, dice la Corte, con el cuestionamiento que al respecto se le hizo oralmente por la juez en la audiencia con relación a los delitos imputados en la acusación y el ofrecimiento de una rebaja del 50% de la pena realizado por la Fiscalía, según la tasación que hiciese el juez, frente al cual, una vez consultado el asunto con su apoderada, el procesado manifestó su acuerdo. Así las cosas, señala la Sala que el demandante pretende darle la espalda a la realidad procesal, para apoyar la demanda en supuestos de hecho alejados de la misma. Esto conlleva a que el cargo elevado se vaya al traste, dado que la violación directa de la ley sustancial tiene como eje central una discusión jurídica respecto de la norma cuya falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea se pregona. Por consiguiente, el Cas. 28077 8

Fernando M. Vásquez Vidales casacionista tampoco logra demostrar que se precise del fallo de casación para cumplir alguna de las finalidades de este recurso. Por lo tanto, concluye la Corte que el actor en su demanda desconoce los derroteros de coherencia, concreción y logicidad que gobiernan la casación, y por esta razón decide inadmitirla. Por último, señala la Corporación que no se observa que con ocasión del fallo impugnado o dentro de la actuación procesal se hayan violado derechos y garantías del procesado VÁSQUEZ VIDALES, que impongan dejar de lado los defectos del libelo para decidir de fondo, según lo dispone el inciso 3º del artículo 184 del Código de Procedimiento Penal.

V. LA SOLICITUD DEL RECURSO DE INSISTENCIA El apoderado de FERNANDO MANUEL VÁSQUEZ VIDALES solicita al Ministerio Público que sea presentado recurso de insistencia contra la providencia que inadmitió la demanda de casación.

Anota que para cumplir los fines de la casación en el nuevo procedimiento penal se pueden realizar en sede de este recurso “todo tipo de cuestionamientos”. Por ende, señala que con el fallo condenatorio proferido en contra de su prohijado se violaron normas de derecho sustancial, pues se le condenó por acceso carnal y actos sexuales abusivos con menor de catorce años, pese a que para la fecha de la formulación de imputación, esto es, el 26 de mayo de 2006, la menor, nacida el 23 de febrero de 1992, contaba ya con catorce años y tres meses de vida. Por ende, en opinión del

recurrente, el preacuerdo celebrado entre las partes también resulta violatorio del ordenamiento jurídico sustancial. Insiste el actor en que existe una irregularidad sustancial que afecta el trámite, pues habiéndose celebrado un preacuerdo entre Fiscalía y defensa para aceptar los cargos, el mismo fue desconocido por el juez, quien Cas. 28077 9 Fernando M. Vásquez Vidales procedió a elevar la pena hasta 93 meses de prisión, y ello pese a que el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal obliga al juez a aceptar el preacuerdo celebrado entre las partes, a no ser que el mismo resulte violatorio de garantías constitucionales. En desarrollo de este argumento apunta que la normatividad se acomodó a la conducta en forma que no correspondía, por cuanto la menor ya había cumplido la edad requerida. Señala también que no se aplicaron los principios constitucionales de favorabilidad y de debido proceso penal, y se desconoció el principio de legalidad, pues “lo único que se intentó es que el quantum punitivo se sumara en forma aritmética para que sirviera de base para revocar la detención domiciliaria que gozaba”. Señala que al dosificar la pena para el concurso de conductas punibles, para cada una de ellas se aumentó y excedió el total del tope fijado por la Ley, dejando de aplicar “el principio de que en caso de concurso de conductas punibles, la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad”. Finalmente, señala que no se cumplieron los fines de la casación, ni tampoco el fin primordial de los preacuerdos, contenido en el artículo 348 del estatuto procesal penal, consistente en humanizar la actuación procesal y darle

oportunidad al procesado de participar en la resolución del proceso. En consecuencia, solicita que este despacho presente el recurso de insistencia ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

VI. EL CONCEPTO DE LA PROCURADURIA DELEGADA.

Sabido es que el recurso extraordinario de casación, tanto en la anterior legislación penal como en la nueva, no es una tercera instancia, en la cual se puedan debatir toda suerte de argumentos y cuestionamientos con relación al proceso penal que se ha adelantado y a la sentencia que se ha proferido, sino que es un medio de impugnación extraordinario que obedece a unas Cas. 28077 10 Fernando M. Vásquez Vidales determinadas finalidades y procede en virtud de unas causales claramente establecidas por el ordenamiento jurídico. En el caso que se examina, el casacionista propone el cargo único de su demanda al amparo de la causal primera establecida por el artículo 181 del nuevo Código de Procedimiento Penal, esto es, la violación directa de la ley sustancial. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, bajo el amparo de la Ley 600 de 2000, sistematizó los requisitos de la demanda de casación cuando se alega la violación directa de la ley sustancial. Estas consideraciones también resultan pertinentes frente a la Ley 906 de 2004, como quiera que el tenor legal de esta causal es idéntico al que la jurisprudencia le atribuyó en vigencia del antiguo procedimiento. Según la Corte: En general, y frente a la demanda que se examina, cuando el

casacionista se basa en la causal primera de casación, cuerpo primero, es decir, violación directa de la ley sustancial, fundamentalmente le corresponde: 2.1. Afirmar y probar que el juzgador de segunda instancia ha incurrido en error por falta de aplicación (exclusión evidente o infracción directa), por aplicación indebida (falso juicio de selección) o por interpretación errónea (sobre la existencia material, sobre la validez o sobre el sentido o alcance) de la ley sustancial. 2.2. Abstenerse de reprochar la prueba, es decir, le compete aceptar la apreciación que de ella ha hecho el fallador y conformarse de manera absoluta con la declaración de los hechos vertida por éste. 2.3. Realizar un estudio puramente jurídico de la sentencia. Cas. 28077 11 Fernando M. Vásquez Vidales 2.4. Si como consecuencia de la errónea interpretación de la ley, ésta se deja de aplicar, o se aplica indebidamente, debe dirigir su acusación hacia una de estas dos hipótesis y no hacia la interpretación equivocada de la ley pues lo importante, en últimas, es la decisión tomada por el juez: no aplicar la norma o aplicarla indebidamente. 2.5. Si predica aplicación indebida de una norma, tiene que precisar la norma inadecuadamente utilizada y aquella que en su lugar debe ser atribuida. 2.6. Respecto de una misma disposición legal no puede predicar simultáneamente falta de aplicación y aplicación indebida. 2.7. Indicar en forma clara y precisa los fundamentos de la causal. 2.8. Citar las normas que se estiman infringidas.

2.9. Si por esta vía el proponente reprocha al juzgador el tratamiento impartido al principio de duda, tiene que demostrar que en la sentencia el fallador ha reconocido formalmente la presencia de la incertidumbre y que, sin embargo, ha condenado, con lo cual ha incurrido en falta de aplicación del artículo 445 del Código de Procedimiento Penal (énfasis suplido)1. Es claro entonces que cuando el casacionista alega violación directa de la ley sustancial, tanto en el antiguo como en el nuevo proceso penal, debe aceptar la valoración probatoria del juzgador y los hechos que el mismo da por probados, y limitarse a realizar cuestionamientos jurídicos. Sin embargo, en el desarrollo del cargo el demandante entra a plantear una irregularidad procesal que, en caso de ser verídica, sería generadora de nulidad procesal, es decir, que plantea una situación que resulta propia de la 1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN PENAL. Auto 14535 de noviembre 30 de

1999. M.P.: Álvaro Orlando PÉREZ PINZÓN.

Cas. 28077 12 Fernando M. Vásquez Vidales causal segunda que establece el artículo 181 del nuevo estatuto procesal penal, que consiste en el “[d]esconocimiento del debido proceso por afectación sustancial de su estructura o de la garantía debida a cualquiera de las partes”. Esta irregularidad procesal consistiría en que el acuerdo de aceptación de cargos inicialmente pactado entre la Fiscalía y la defensa, fue rechazado injustificadamente por el juez y, en su lugar, finalmente se aprobó un acuerdo que no fue consentido por la defensa, en virtud del cual el procesado se

haría acreedor a una rebaja del 50%, pero sobre la pena que iba a ser establecida por el juez en la sentencia. Así las cosas, como bien lo señala la Corte, el recurrente no respetó en su demanda la técnica de casación, pues no desarrolló adecuadamente el cargo que invocó, cual es la violación directa de la ley sustancial. Lo anterior no es controvertido en lo más mínimo en el escrito en el cual el defensor solicita que se interponga el recurso de insistencia y, por el contrario, vuelve a incurrir en el mismo defecto, al invocar de nuevo la causal primera de casación del artículo 181 del estatuto procesal penal, pero desarrollar una argumentación propia de la causal segunda. Este defecto de técnica casacional, por sí sólo, es suficiente para inadmitir la demanda de casación, pues, como bien lo apunta el Alto Tribunal, con ello se desconocen los derroteros de coherencia, concreción y logicidad que gobiernan el recurso extraordinario de casación, que no es una tercera instancia ni mucho menos, sino un medio de impugnación extraordinario que debe someterse estrictamente a los fines que lo inspiran y a las causales que lo hacen procedente. Por la misma razón, no es de recibo en lo absoluto la aseveración que realiza el defensor de VÁSQUEZ VIDALES en la solicitud de insistencia, según la cual en sede del recurso de casación se pueden realizar “todo tipo de cuestionamientos”, pues, de ser así, se convertiría a la casación en una Cas. 28077 13 Fernando M. Vásquez Vidales tercera instancia, lo cual implicaría desconocer la naturaleza de esta

institución procesal. Pero además, esta Delegada comparte plenamente las consideraciones de la Sala de Casación Penal, en el sentido de que las supuestas irregularidades procesales que el actor alega, según las cuales el juez habría rechazado de forma injustificada el inicial preacuerdo de culpabilidad entre Fiscalía y defensa, y habría procedido a dictar sentencia con base en un acuerdo no aprobado por el procesado, aplicando en consecuencia una pena mucho más drástica, tampoco aparecen demostradas en forma alguna por el demandante. Para empezar, tal como se expone en la sentencia de segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá y se reafirma en la providencia de la Corte Suprema de Justicia, la razón por la cual el juez de primera instancia rechazó el preacuerdo inicial celebrado entre el ente acusador y el procesado, consistió en que el mismo resultaba contrario al principio de legalidad. En efecto, la dosificación punitiva que se esbozó en este preacuerdo resultaba manifiestamente contraria a la ley penal, toda vez que se tomó la pena mínima del delito más grave (acceso carnal abusivo con menor de catorce años) y a la misma sólo se le adicionaron 10 días como consecuencia de la concurrencia de todas las demás conductas punibles: el otro acceso carnal abusivo con menor de catorce años, el concurso homogéneo de actos sexuales abusivos con menor de catorce años y el aborto. Fue sobre esta pena que se acordó la rebaja del 50%. El juez encontró, con buen tino, que dicha pena resultaba desproporcionada frente a la cantidad y calidad de las conductas punibles imputadas y, por

ende, rechazó el preacuerdo. Esta conducta del juzgador resulta, en opinión del Ministerio Público, completamente ajustada al derecho, pues se estaba acordando una pena completamente desproporcionada, que prácticamente Cas. 28077 14 Fernando M. Vásquez Vidales desconocía la configuración de un concurso homogéneo y heterogéneo de delitos. Como bien lo apunta el Tribunal Superior de Bogotá en su sentencia de segunda instancia: Se trataba ni más ni menos que de un profesor de colegio que, prevaliéndose de su cargo, se aprovechó de una niña de trece años de edad, de la cual abusó en forma variada y repetitiva: En varias ocasiones la sometió a actos sexuales, en múltiples oportunidades la accedió carnalmente y lo hizo no sólo en el colegio en el que se desempeñaba como profesor, sino también en la propia casa de la menor. La situación fue tan patética, que no sólo la dejó en estado de embarazo, sino que, además, la forzó a abortar a la criatura que llevaba ya consigo (Sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, fl. 5). Así las cosas, el rechazo del inicial acuerdo por parte del juez resulta completamente justificado y ajustado al ordenamiento jurídico, así como la pena de 88 meses de prisión y de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término, que finalmente se le impuso a VÁSQUEZ VIDALES en segunda instancia, no constituyendo la misma, en forma alguna, una suma aritmética de penas. Por otro lado, no aparece demostrado de ninguna manera que el nuevo

acuerdo de culpabilidad, en virtud del cual el juez profirió la sentencia condenatoria, no haya sido consultado con el procesado y consentido por él. Téngase en cuenta, tal como lo anota la Corte, que el procesado compareció a la audiencia pública y ante el requerimiento del juez, manifestó de forma informada, voluntaria, libre y expresa que aceptaba los cargos y las condiciones del acuerdo de culpabilidad. De manera que el accionante, además de desconocer la técnica casacional, no logra demostrar en lo absoluto que sea necesario estudiar su demanda de Cas. 28077 15 Fernando M. Vásquez Vidales casación en aras de alguna de las finalidades que inspiran este recurso extraordinario, a saber: 1) garantizar la efectividad del derecho material o sustancial; 2) propugnar por el respeto de los derechos y garantías de los intervinientes; 3) asegurar la reparación de los agravios inferidos a los mismos; y 4) lograr la unificación de la jurisprudencia. Por ende, tal como lo consideró el máximo tribunal de la justicia penal colombiana, no resulta viable hacer caso omiso de la falta de técnica casacional de la demanda, para admitirla y estudiarla en pro del logro de alguno de los fines de este medio extraordinario de impugnación. Por último, no puede dejar esta Delegada de hacer referencia a algunos puntos de la demanda de casación y del escrito de insistencia que valdría la pena aclarar, porque demuestran un preocupante desconocimiento por parte del profesional del derecho que los interpone de aspectos fundamentales del derecho penal sustancial y del trámite de casación. En primer término, en la solicitud de recurso de insistencia el actor,

aduciendo que en sede de casación se pueden realizar “todo tipo de cuestionamientos” (lo que es absolutamente incorrecto, como ya se ha expuesto), aprovecha para agregar un argumento en contra del fallo no invocado en la demanda de casación, cual es que para la fecha de la formulación de imputación, valga decir, el 26 de mayo de 2006, la menor, nacida el 23 de febrero de 1992, contaba con una edad superior a catorce años y tres meses de vida. En consecuencia, en su opinión, la sentencia condenatoria por los delitos de acceso carnal y actos sexuales abusivos en menor de catorce años resulta violatoria del ordenamiento jurídico. Como se explicará abajo, el planteamiento del actor es totalmente incorrecto a la luz del derecho penal sustancial colombiano, pero quizás lo que resulta más relevante, es que el casacionista aprovecha la solicitud de recurso de insistencia para introducir un argumento no planteado en la demanda de casación. Al respecto debe advertir esta Delegada que este proceder no Cas. 28077 16 Fernando M. Vásquez Vidales consulta la lógica y la finalidad de la figura de la solicitud del recurso de insistencia, pues dicha solicitud debe ir exclusivamente encausada a rebatir los argumentos por los cuales la Sala de Casación Penal decide rechazar el libelo, no constituyendo, en forma alguna, una oportunidad para enmendar o complementar un recurso de casación mal planteado. Pero además de desconocer el solicitante de la insistencia la naturaleza de esta nueva institución procesal, demuestra una crasa ignorancia jurídica al señalar que el fallo habría infringido la ley penal sustancial al condenar a su

prohijado por los mencionados delitos, pese a que en el momento de la formulación de imputación la niña ya tenía más de catorce años de edad. El yerro manifiesto consiste en que es bien sabido que en este tipo de delitos sexuales abusivos contra menores de catorce años, la edad que se tiene en cuenta es la que el sujeto pasivo tenía en el momento del hecho, y ninguna relevancia goza el hecho de que durante el proceso la víctima llegue a superar este límite cronológico legal. En el presente caso, se encuentra plenamente demostrado que los actos sexuales y el