PGN - RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION - Por violación al derecho de defensa

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal Magistrado Ponente Dr. Jorge Luis Quintero Milanés Ref. Recurso de casación interpuesto por el defensor del procesado Luis Alfonso González Alvarado contra la sentencia del Tribunal Superior de Pamplona que lo condenó por el delito de homicidio. Rad. nº: 23.627

Honorables Magistrados: El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pamplona profirió el 9 de junio de 2004, sentencia condenatoria contra el señor Luis Alfonso González Alvarado como autor del delito de homicidio y le impuso la pena principal de trece años de prisión y la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal.

El defensor del procesado interpuso recurso de apelación contra el fallo y el Tribunal Superior de Pamplona decidió el 6 de diciembre de 2004 confirmar la decisión. El abogado del señor González interpuso recurso extraordinario de casación contra la providencia y lo sustentó con demanda que fue encontrada ajustada a las previsiones legales por la Corte Suprema de Justicia. Corresponde a la Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal emitir concepto sobre la viabilidad del recurso. 1

1. HECHOS El señor Javier Flores Rondón fue herido con arma corto punzante la noche del 21 de febrero de 2003 cuando se dirigía a su casa, su cuerpo fue hallado en la vereda La Rosa, jurisdicción del municipio de Chitagá, Norte de Santander. Los vecinos

del lugar señalaron al señor Luis Alfonso González Alvarado como el autor de las lesiones que ocasionaron la muerte de Flores Rondón.

2. ACTUACIÓN PROCESAL El 21 de febrero de 2003 se realizó diligencia de inspección del cadáver de quien se identificaba como Javier Flores Rondón, la que sirvió de fundamento para que se iniciara una investigación previa en averiguación el 27 de febrero.

En desarrollo de la indagación se escucharon los testimonios de la esposa del occiso y de los vecinos del lugar, quienes señalaron al señor Alfonso González Alvarado como el autor del homicidio, por tal razón el 28 de marzo se abrió investigación en su contra y se ordenó escucharlo en indagatoria. Se expidieron las órdenes de captura respectivas y en ellas se indicó como lugar de residencia del implicado el corregimiento de Babega, municipio de Silo, Norte de Santander. Ante la imposibilidad de ubicación del señor González se dispuso declararlo persona ausente el 29 de mayo de 2003 y se le designó un defensor de oficio. El 20 de junio de 2003 se resolvió la situación jurídica del procesado, la fiscalía impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de Alfonso González Alvarado como autor del delito de homicidio. 2 Completa la investigación se ordenó su cierre el 7 de noviembre de 2003, la que fue notificada en forma personal a la defensora designada. El 21 de enero de 2004 se calificó el sumario, se profirió resolución de acusación en contra de González Alvarado como autor del delito de homicidio.

El expediente fue remitido al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pamplona quien asumió su conocimiento el 11 de febrero de 2004. Se practicó diligencia de audiencia preparatoria y antes de la realización de la diligencia de audiencia pública el señor Luis Alfonso González Alvarado otorgó poder al doctor Luis Alberto Gómez Maldonado para que lo representara. A este profesional se le reconoció personería para actuar. Realizada la audiencia pública el Juzgado Segundo Penal del Circuito profirió sentencia condenatoria el 9 de junio de 2004, confirmada por el Tribunal Superior de Pamplona el 6 de diciembre de 2004. Contra esta decisión se interpuso recurso extraordinario de casación.

3. SÍNTESIS DE LA DEMANDA DE CASACIÓN Primer cargo: Al amparo de la causal tercera de casación el libelista acusa la sentencia de segunda instancia de haberse proferido en un juicio viciado de nulidad por violación del debido proceso.

El funcionario instructor abrió investigación previa en averiguación por el delito de homicidio, posteriormente abrió formalmente la investigación contra Alfonso 3 González Alvarado, pero no se hizo nada para lograr la comparecencia al proceso del señor González. No aparece en el expediente la actuación adelantada por el ente investigador para informar al procesado de la existencia del proceso con el fin de que ejerciera su derecho a la defensa, no se comisionó a las autoridades de policía de la población de Silos, ni al juez de dicha población que citara al procesado, máxime cuando se conocía el lugar de residencia del implicado.

Considera el censor que hay ausencia total por parte del ente investigativo de gestiones para localizar al señor González, con lo que se vulneró el debido proceso; se queja de que se comunicó al DAS y al CTI de la ciudad de Cúcuta y como era de esperarse sus labores para localizar al procesado no dieron resultado pues el señor González no vive en esa ciudad, sino en un corregimiento cercano al municipio de Silos, Norte de Santander. El procesado se enteró de la investigación en su contra pocos días antes de la audiencia pública y procedió a otorgar poder a su defensor, lo que evidencia la lesión de la garantía por la omisión de la administración en lograr su comparecencia. Solicita a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decretar la nulidad de la actuación desde el auto de abrió la instrucción para que se cumpla con el debido proceso y el señor González esté presente en el desarrollo del proceso.

Segundo cargo: Invoca la causal tercera de casación, haberse dictado sentencia en un juicio viciado de nulidad por violación del derecho a la defensa.

4 Al declarar persona ausente al señor González, sin haber hecho esfuerzo alguno para localizarlo y darle la categoría de contumaz, se violó su derecho de defensa. Se privó al implicado de la posibilidad de defenderse y de participar en etapas fundamentales del proceso, además, se le designó un defensor de oficio que se limitó a firmar las notificaciones que se le hacían, pero que no ejerció el principio de contradicción. Considera el libelista que el sindicado no pudo ejercer su defensa material ni la

técnica, sólo tuvo una defensa formal, que lo dejó huérfano. Solicita a la Corte Suprema de Justicia declarar nulidad por violación al derecho de defensa desde lo actuado a partir de la resolución que abrió la investigación.

4. CONCEPTO DE LA PROCURADORA TERCERA DELEGADA PARA LA

CASACIÓN PENAL Primer cargo: Se denuncia una violación al debido proceso en razón a que no se desplegaron actuaciones suficientes para lograr la comparecencia del señor González al proceso que se surtía en su contra.

Afirma el censor que nada se hizo para localizarlo y que se comisionó a los funcionarios de Cúcuta para lograr su comparecencia. Debe señalar la Delegada que no le asiste razón al libelista en su pretensión pues no se observa ninguna actuación irregular por parte de los funcionarios instructores en el desarrollo del proceso. 5 Una vez ocurrido el hecho y puesto en conocimiento de la autoridad competente se realizaron esfuerzos para identificar al autor del homicidio; de acuerdo con las declaraciones recibidas se estableció que el señor Luis Alfonso González Alvarado había sido el causante de la muerte del señor Javier Flores, pero también se dijo que a la mañana siguiente de los hechos el implicado había abandonado el lugar de residencia y no se conocía su paradero. Por tal razón la fiscalía ordenó su captura y envió las órdenes a las autoridades correspondientes, señalando, eso sí, que el lugar de residencia del señor González era el Corregimiento de Babega, municipio de Silo. Los funcionarios de policía judicial a quienes se encomendó la labor de captura del

procesado rindieron su informe en el sentido de no lograron su captura ni localización, a pesar de que se dirigieron al lugar e indagaron con los residentes sobre su ubicación. Lo que es indicativo de que el procesado había emprendido la huida después de cometer el homicidio. Ante la información entregada por los agentes de policía judicial, los que obran a folios 44 y 60 del cuaderno original, el fiscal decidió declarar persona ausente al implicado. Se queja el libelista de que no se comisionó a las autoridades de Silo para que lograran la comparecencia del implicado, pero no debe desconocerse que los funcionarios comisionados informaron que se dirigieron al lugar y no encontraron rastros de él allí. Y, si se observa el lugar de presentación personal del poder otorgado por el señor González, esto es, la ciudad de Cúcuta, no parece que resultara trascendente la comisión especial a las autoridades del lugar de residencia del procesado, cuando se conocía de antemano que no se encontraba allí. 6 De otro lado, es claro que no tenía el procesado la intención de comparecer al proceso, aún si aceptáramos que no tuvo conocimiento desde el principio que se había abierto una investigación en su contra, y eso le impidió presentarse, obsérvese que en antes de realizarse la audiencia pública otorgó poder a un defensor para que lo representara, pero no compareció en forma personal para ejercer su derecho a la defensa material. Esta actuación es indicativa de la falta de interés en hacerse partícipe del proceso, la que manifestó desde el momento en que huyó del lugar. Su comparecencia le habría permitido ejercer el derecho de contradicción y subsanar de alguna manera

la presunta irregularidad cometida por los funcionarios al no enterarlo del proceso que se adelantaba, sin embargo, prefirió mantenerse separado de la actuación judicial que se seguía en su contra. Es claro para la Delegada que los funcionarios judiciales realizaron las diligencias necesarias para lograr la comparecencia del señor González al proceso penal que se adelantaba, no obstante, el propósito no se logró porque éste se evadió del lugar de su residencia y no se conocía su paradero y, aunque se intentó su captura, las actuaciones no dieron resultado. Tales hechos no son indicativos de una irregularidad que merezca la declaratoria de nulidad de la actuación procesal. Más aún si se tiene en cuenta que teniendo el implicado la oportunidad de acudir al proceso y hacerse escuchar, solicitar las pruebas que permitieran contradecir los cargos que le habían formulado y participar activamente, permaneció alejado y se conformó con otorgar poder a un abogado para que lo representara. Así las cosas, el cargo no logra ser demostrado y no se evidencia actuación irregular alguna que lesionara el debido proceso.

Segundo cargo: 7

En esta oportunidad se denuncia la vulneración del derecho a la defensa del señor González. Los argumentos utilizados son básicamente los mismos con los que se sustentó el cargo anterior, y se reducen a la circunstancia de la falta de notificación al procesado de la iniciación de la investigación penal en su contra, al hecho de que fue declarado persona ausente sin que se hicieran esfuerzos para localizarlo. Sobre este punto ya existió pronunciamiento de la Delegada. La queja más recurrente tiene que ver con la actuación desplegada por el defensor

de oficio que se le designó para su representación. Sin embargo, este punto no fue desarrollado por el censor quien se limitó a señalar en varias oportunidades que el defensor no ejerció ninguna actuación, sin concretar cuáles actividades se habían podido ejecutar, qué prueba podía haberse pedido, que actuaciones no se cumplieron. Y sin demostrar tampoco la inactividad del defensor. Es una enunciación genérica de la presunta violación del derecho a la defensa del señor González, que no fue demostrada en debida forma. Sin embargo, sobre este punto debe señalarse que después de designada la abogada, la fiscalía procedió a resolver la situación jurídica del señor González y en forma inmediata declaró el cierre de la investigación y calificó el sumario, estas decisiones fueron notificadas en forma personal a la abogada, quien acudió a las citaciones que se le hicieron. Tuvo pocas oportunidades de intervenir la abogada en la etapa de instrucción, luego, en la del juicio antes de que se iniciara la audiencia pública el señor González otorgó poder a un abogado para que lo representara. 8 Si bien es cierto que no fueron muchas las actividades desplegadas por la defensora, también lo es esta inactividad no generó la violación del derecho fundamental, porque como se dijo, no se advierte cuáles actuaciones podría haber desplegado con el fin de proteger los intereses de su representado en un espacio de tiempo tan corto. Y obsérvese que una vez enterado el implicado de la existencia del proceso en su contra en lugar de comparecer y ejercer su derecho de defensa material, se limitó a otorgar poder a un abogado, quien acudió a la audiencia pública para presentar

sus consideraciones sobre la inocencia de su representado. La ausencia del procesado privó al funcionario judicial de la oportunidad de interrogarlo en la audiencia pública y a él mismo de la oportunidad de aclarar los hechos y solicitar, en esta etapa, las pruebas que estimaba pertinentes para demostrar su inocencia. El señor González dejó pasar la oportunidad de ejercer su derecho a la contradicción, que ahora reclama el censor como si se tratara de una irregularidad cometida por los funcionarios judiciales. Analizado el desarrollo del proceso es posible concluir que no se produjo la vulneración de la garantía fundamental y que el derecho a la defensa del señor González fue protegido por los funcionarios judiciales. El cargo entonces, no está llamado a prosperar.

5. PETICIÓN Los argumentos expuestos resultan suficientes para solicitarle a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, NO CASAR la sentencia impugnada.

9 Señores Magistrados,

MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA

Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal Bogotá, D.C., 30 de noviembre de 2007 Radicación nº 23627 MLZA/tms 10