PGN - RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION - Presentación de la demanda en debida forma

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN-Presentación de la demanda en debida forma Con relación al escrito presentado por el abogado, debe indicarse que nuevamente incurre en la imprecisión de tratar de demostrar la existencia de falsos juicios de identidad con argumentos y razonamientos propios de los alegatos de instancia, sin consideración alguna al objeto y fines del recurso extraordinario de casación. Ha sido reiterada la jurisprudencia en señalar que este no es un recurso de libre argumentación, sino que tiene una naturaleza rogada, por manera que corresponde al defensor presentar en el texto de la demanda un estudio técnico-jurídico en que indique, desarrolle, demuestre la ocurrencia de un error con la suficiente trascendencia de alterar la situación jurídica del procesado y desquiciar la unidad estructural de la sentencia. FACULTADES DEL JUEZ-Valorar y sopesar los elementos probatorios En este punto debe tenerse en cuenta que a los jueces les asiste la facultad de valorar y sopesar los elementos probatorios y en el caso concreto, el Tribunal halló que muy poca eficacia probatoria le merecía el testimonio del inspector y la documentación presentada por la defensa. Podía apartarse de ese contenido porque expuso las razones coherentes y lógicas en un análisis plasmado en el texto de la sentencia, luego ningún error se cometió, como lo sostiene el recurrente. INADMISIÓN DE LA DEMANDA DE CASACIÓN-Inoperancia de la reconsideración Ante las circunstancias expuestas, la Delegada no solicitará la reconsideración de la providencia que inadmitió la demanda de casación presentada por el defensor, ni que prescinda de los defectos formales de la demanda con revocatoria del auto

inadmisorio para entrar a conocer el fondo del asunto. RECURSO DE INSISTENCIA-Inexistencia de mérito para acudir a este mecanismo De acuerdo con lo expuesto, la Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal, considera que no existe mérito para acudir al mecanismo de insistencia ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que su demanda sea admitida, por cuanto no se observa que la sentencia de segunda instancia incurrió en los supuestos yerros denunciados por el recurrente en materia de responsabilidad penal que ameriten la intervención del Tribunal de Casación. Doctor Sergio Alberto Peralta Azula Calle 35 No. 12-31 Oficina 502 Edificio Calle Real Bucaramanga (Santander) 1

Asunto: Respuesta a la solicitud para ejercer el mecanismo de insistencia frente al auto por medio del cual la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia inadmitió la demanda de casación presentada por el defensor del procesado John Jairo Calderón Pérez.

Radicado No.34.107

Respetado Doctor Peralta Azula: En cumplimiento de la función constitucional y legal atribuida a la Procuraduría General de la Nación, de intervención en el trámite de admisión de la demanda de casación, según lo establecido en el artículo 184 de la Ley 906 de 2004, comedidamente me permito informarle lo siguiente: La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, con providencia de fecha 15 de septiembre del año 2010, inadmitió la demanda de casación por usted presentada en su calidad de defensor del procesado.

Frente a esa decisión usted elevó ante la Honorable Corte Suprema de

Justicia, petición de insistencia enviado a la Sala Penal de la Corte Suprema que ordenó remitirlo a la Procuraduría General de la Nación para darle trámite al mecanismo especial de insistencia el que fue recibido en esta dependencia el 29 de septiembre de 2010 de los cursantes. Acorde con lo establecido en el artículo 184, inciso segundo, de la Ley 906 de 2004 y las reglas definidas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para su aplicación, procede esta Procuraduría Delegada, dentro del término establecido, por la jurisprudencia de la Corte , a decidir la solicitud impetrada.

1. HECHOS La situación fáctica fue resumida por la Corte Suprema de Justicia, de la siguiente manera: “El día 5 de mayo de 2006, aproximadamente a las cuatro de la

tarde, a la carrera 45 No. 145-10, barrio Prados del Sur del municipio de Floridablanca (Santander), arribaron en motocicleta dos individuos siendo atendidos por Julio César Bautista Méndez, residente en el lugar, y quienes una vez identificaron a Luis Antonio Díaz dispararon sobre el mismo ocasionándole la muerte, al tiempo que se apoderaron de un revólver, un reloj, una cadena de oro y un celular. La huída fue observada por Julio César Bautista Méndez.” 2 1.1. Inadmisión de la demanda. Después de analizar la demanda de casación presentada por la defensa, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió no seleccionarla, al considerar que el ordenamiento procesal consignado en la Ley 906 de 2004

se deducen como requisitos para la admisión de la demanda, el señalamiento de manera precisa y concisa las causales invocadas, el desarrollo de las censuras y la demostración de la necesidad del fallo para cumplir alguna de las finalidades del recurso. Explica que el recurso de casación está concebido como un control constitucional y legal que procede contra las sentencias de segunda instancia por tribunales superiores en los procesos que se adelanten con degradación de derechos y garantías fundamentales. Que este recurso propende por la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes y la reparación de los agravios inferidos a estos, finalidad que debe demostrarse a través de un discurso lógico jurídico con un contenido claro y preciso. La providencia considera que la demanda presentada no reúne los requisitos mínimos por cuanto no desarrolla los cargos, ni se precisa la necesidad del fallo para cumplir la finalidad del recurso, fenómeno que advierte de forma palmaria al carecer de un orden lógico argumentativo exigido para su admisibilidad. Respecto al falso juicio de identidad considera la providencia que la pretensión de postular frente a los mismos testigos, en su orden Carlos Ariel Arrieta Sánchez y José Gabriel Martínez Ramírez, un falso juicio de existencia y de legalidad en forma simultánea conlleva una clara contradicción, por cuanto la primera categoría tiene presencia cuando se distorsiona el contenido de una prueba por adición, cercenamiento o transmutación, mientras que la segunda categoría comporta una omisión material en relación con el medio probatorio, luego no se podría formular en igual tiempo una distorsión y una omisión.

Recalca que el recurrente utiliza el verbo descartar para demostrar el falso juicio de identidad acción que no es compatible con el falso juicio de identidad. Destaca que aún con el desconocimiento de este concepto el cargo tampoco prosperaría en atención a que el tribunal no distorsionó los testimonios de los deponentes, sino que a partir de la pluralidad de hechos determinó la responsabilidad del acusado. Comenta que la pretensión que subyace en el cargo es la tratar de imponer el personal criterio del recurrente sobre la del tribunal. Además de lo anterior vulneró el principio de autonomía al combinar los argumentos propios de un falso raciocinio al analizar el mérito valorativo brindado por el juzgador de segunda instancia al testimonio de Carlos Ariel Arrieta Sánchez. 3 Referente a un presunto error por falso juicio de existencia por omisión y suposición, señala que el recurrente no satisfizo la carga argumentativa que le exigía la demostración de esta clase de error, pues el argumento de fondo, muestra apenas una inconformidad del demandante con la valoración probatorio hecha por los falladores en las diferentes instancias. Indica que frente a los testimonios de Carlos Ariel Arrieta y José Gabriel Martínez que a juicio del demandante no fueron tenidos en cuenta, lo descarta con la inclusión del párrafo en que el tribunal aborda el estudio de estos testimonios y cómo en el trasfondo se plantea un desacuerdo con la convicción a la que llegó el sentenciador sobre la responsabilidad penal del acusado, fenómeno que se reproduce con la valoración de la prueba documental. Aclara que el tribunal en ningún momento reputó como falso el documento

público aducido consistente en la audiencia de conciliación celebrada, por cuanto allí no se indica la hora de su realización, y ese detalle no podía suplirse con el tiempo fijado en la boleta de citación, siendo este el motivo para restarle toda eficacia probatoria. Respecto al tema de la aplicación del principio de in dubio pro reo a través de toda la demanda, sostiene la providencia que tal proposición quedó descartada por cuanto fue desvirtuada la duda más allá de toda duda la existencia del delito y la responsabilidad penal del acusado, en consecuencia resultaba inatendible el pedimento del casacionista. Con relación a la prueba indiciaria, la providencia destaca que la demanda mostró, en mayor grado, la falta de argumentación sobre el tema y recordó la estructura del indicio con sus respectivos elementos. Aquí destaca que el fundamento del juicio de responsabilidad lo consolidó el testimonio de Julio César Bautista junto con otros medios probatorios, por manera que no era posible desatender estos elementos de convicción con suposiciones inverosímiles y dentro de un contexto probatorio que demostró la compromiso del acusado en al ejecución del hecho punible. SOLICITUD DE INSISTENCIA El defensor del procesado presentó escrito ante la Honorable Corte Suprema de Justicia en el que reitera su posición de sostener que si bien en el juicio oral el señor Julio César Bautista Méndez dijo estar seguro que la persona con la cual habló para la fecha del homicidio del Luis Antonio Díaz fue el procesado John Jairo Calderón Pérez, no existe certeza sobre su autoría en el homicidio cuando existe un documento público cuyo contenido

no fue desvirtuado, ni tacho de falso. Aclara que el testimonio de Carlos Ariel Arrieta Sánchez en su calidad de inspector rural de policía de San Rafael de Lebrija, conoció la querella que instauró William Hernández Hernández en contra del procesado Calderón 4 Pérez para que se hiciera presente el día 5 de mayo a las 3:00 p.m. así como una copia de la diligencia que se realizó entre el querellante y querellado y suscrita por el mencionado inspector, luego existía la certeza sobre la presencia del acusado en otro sitio, distante cuatro horas, al momento de ejecutarse el hecho punible por el que fue condenado. Insiste que fue cometido un error al no darse el valor adecuado y la preponderancia legal y jurídica a las evidencias enunciadas, luego existe duda que debió dar lugar a la aplicación de la garantía de in dubio pro reo consignada en el artículo 7° del Código de Procedimiento Penal. Reitera que la sentencia de primera instancia consideró esta prueba como un montaje en atención al informe rendido por el investigador de la Sijín Oscar Mauricio Paipilla Rangel quien en su trabajo de campo dijo no haber encontrado en la Inspección de Policía Rural de San Rafael de Lebrija, copia de la documentación en que fundó su coartada el procesado y que el tribunal apenas le restó eficacia probatoria al no demostrar en forma incontrovertible la ejecución de los hechos descritos en los documentos mencionados, fenómeno que a su juicio consolida un falso juicio de identidad, pues desvalora el testimonio del Inspector Rural y la documentación allegada. En cuanto al trabajo de campo del investigador de la Sijín, indica que la visita

en las dependencias de la Inspección de Policía de San Rafael de Lebrija, fue realizada cuando el inspector se encontraba de vacaciones, y quien la atendió, puso a disposición todos los documentos que reposaban en ese despacho, los que se encontraban en un gran desorden, sin encontrar los referentes al procesado Calderón Pérez, fenómeno que no significa la inexistencia de la documentación, pues al hacerlo el Tribunal incurrió en una tergiversación probatoria. En cuanto al testimonio de Arnulfo Vargas, quien remplazó al inspector titular y le manifestó al investigador Paipilla Rangel :” si viene a buscar una documentación, esa debe estar ahí”, es una manifestación que confirma la existencia de los documentos y no resulta aceptable lo que sostiene el tribunal al indicar que existe duda sobre la existencia real de los documentos. Concluye que el Tribunal Superior de Bucaramanga, con estos razonamientos incurrió en diversos falsos juicios de identidad, los cuales deben ser corregidos para dar aplicación a la duda y dictar una sentencia absolutoria por no estar plenamente demostrada y probada la autoría y responsabilidad penal del acusado.

CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA

PARA LA CASACIÓN PENAL.

Previo al pronunciamiento se considera pertinente anotar que respecto de las peticiones de insistencia, el legislador se limitó a enunciar la procedencia como recurso, sin desarrollar su trámite, ante lo cual la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal en auto de casación de fecha 15 de 5 diciembre de 2005, radicado No. 24322 entró a fijar las pautas a seguir al

tiempo que plasmó algunas consideraciones en torno a su naturaleza, a saber: “…A su vez, si el objeto de debate es el acto por el cual no se selecciona la demanda, es también claro que la proposición de la insistencia compete exclusivamente al demandante, quien en razón del interés que le asiste en que el proceso sea examinado por la Corte y que hizo manifiesto al presentar la demanda de casación, puede elevar petición al Ministerio Público, a través de sus Procuradores Delegados para la Casación Penal, para que ellos examinen si por la justeza de los argumentos expuestos, deben solicitar o no a la Sala la reconsideración de su decisión, o puede provocarse por conducto de alguno de los Magistrados integrantes de la Sala que hubiere salvado el voto frente a la decisión mayoritaria de no seleccionar la demanda de casación. Igualmente, encuentra la Sala que es potestativo del Ministerio Público o del Magistrado ante quien se formula la insistencia, optar por llevar el asunto a consideración de la Sala o denegar la petición mediante comunicación dirigida al solicitante, conclusión a la que se arriba teniendo en cuenta que en este especial trámite, aquéllos serían los encargados de llevar la vocería del peticionario en la insistencia, de suerte tal que tendrían que compartir plenamente las razones que hacen necesario que la Sala reconsidere su decisión, razón de más para que este especial mecanismo se promueva bien ante el Magistrado que se apartó de la decisión mayoritaria de no seleccionar la demanda, ora ante los Procuradores Delegados para Casación Penal, y como tales, ajenos a lo allí

decidido. Por último, es preciso puntualizar que al no ser la insistencia un medio de impugnación, su trámite no está llamado a producir efecto alguno frente al término de prescripción de la acción penal, diverso del que naturalmente seguiría en caso de que prosperara la petición. Dicho en otros términos, una vez notificado el auto a través del cual no se selecciona la demanda de casación, la sentencia de segunda instancia contra el cual se dirige adquiere ejecutoria. Sólo en el evento en que formulada la insistencia por parte del Ministerio Público o de algún Magistrado, la Sala llegue al convencimiento de que debe accederse a la petición y, por ende, seleccionar la demanda, dicho término prescriptivo habrá de tenerse por no interrumpido, en tanto que solamente 6 esa determinación conlleva dejar sin efecto el auto en el que se optó por la no selección de la impugnación extraordinaria. …”. Con relación al escrito presentado por el abogado Sergio Alberto Peralta Azula, debe indicarse que nuevamente incurre en la imprecisión de tratar de demostrar la existencia de falsos juicios de identidad con argumentos y razonamientos propios de los alegatos de instancia, sin consideración alguna al objeto y fines del recurso extraordinario de casación. Ha sido reiterada la jurisprudencia en señalar que este no es un recurso de libre argumentación, sino que tiene una naturaleza rogada, por manera que corresponde al defensor presentar en el texto de la demanda un estudio técnico-jurídico en que indique, desarrolle, demuestre la ocurrencia de un error con la suficiente trascendencia de alterar la situación jurídica del

procesado y desquiciar la unidad estructural de la sentencia. En el caso concreto el recurrente muestra su desacuerdo con la valoración que el Tribunal hizo de las declaración del inspector rural de policía de San Rafael de Lebrija, señor Carlos Ariel Arrieta Sánchez, así como la documentación relacionada con la querella presentada por el señor William Hernández Hernández en contra del procesado Calderón Pérez, sin demostrar la ocurrencia de ningún error. En este punto debe tenerse en cuenta que a los jueces les asiste la facultad de valorar y sopesar los elementos probatorios y en el caso concreto, el Tribunal halló que muy poca eficacia probatoria le merecía el testimonio del inspector y la documentación presentada por la defensa. Podía apartarse de ese contenido porque expuso las razones coherentes y lógicas en un análisis plasmado en el texto de la sentencia, luego ningún error se cometió, como lo sostiene el recurrente. Tampoco demuestra comisión de algún error los comentarios hechos alrededor de la actitud del investigador de la Sijín al tratar de buscar las copias de la querella policiva que supuestamente debía reposar en el despacho de la inspección de policía, documentos que nunca fueron hallados, particularidad que mereció un estudio sobre la eficacia probatoria de estos elementos que constituyeron el fundamento de la coartada presentada por la defensa. Ante las circunstancias expuestas, la Delegada no solicitará la reconsideración de la providencia que inadmitió la demanda de casación presentada por el defensor de John Jairo Calderón Pérez, ni que prescinda de los defectos formales de la demanda con revocatoria del auto inadmisorio

para entrar a conocer el fondo del asunto.

CONCLUSIÓN

7 De acuerdo con lo expuesto, la Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal, considera que no existe mérito para acudir al mecanismo de insistencia ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que su demanda sea admitida, por cuanto no se observa que la sentencia de segunda instancia incurrió en los supuestos yerros denunciados por el recurrente en materia de responsabilidad penal que ameriten la intervención del Tribunal de Casación. En este orden de ideas, se abstiene esta Delegada del Ministerio Público de acceder a la petición elevada por el Doctor Sergio Alberto Peralta Azula, decisión que será debidamente comunicada al interesado y allegada al Magistrado Ponente junto con el expediente y sus anexos. Cordialmente, NANCY YANIRA MUÑOZ MARTÍNEZ Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal Bogotá, 20 de octubre de 2010 Rad.34.107

NYMM/BWRP.

8