PGN - RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION - Caducidad

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN-Contra la sentencia que modificó la sentencia de primera instancia y declaró responsable patrimonialmente a la Rama Judicial, por los perjuicios causados a los demandantes, dentro de un proceso de reparación directa por privación injusta de la libertad

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN-Noción

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN-Marco legal RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN-Procedencia Conforme con las normas que regulan el recurso extraordinario de revisión, esto es el artículo 248 y siguientes del CPACA, este procede contra las decisiones ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los Jueces Administrativos RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN-Caducidad Con relación al término para interponer dicho recurso, el artículo 251 del CPACA señala que procede dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN-Causales Expediente: 11001031500020210642300

Medio de Control: Recurso Extraordinario de Revisión

Concepto Ministerio Público

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO N° 026/ 2022

Bogotá, D.C., 1 de marzo de 2022 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Consejera Ponente doctora GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

E. S. D.

Ref: 11001031500020210642300

Medio de Control: Recurso Extraordinario de Revisión

Recurrente: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL (DEAJ) Trámite: Concepto Ministerio Público El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Hechos.

1. Los hechos presentados en el escrito del recurso extraordinario de revisión son los siguientes:  El señor Luis Alfredo Negrete Bertel (víctima directa) y su grupo familiar presentaron demanda de reparación directa en contra la Nación – Rama Judicial por la presunta privación injusta de la libertad del señor Negrete Bertel con ocasión de un proceso penal adelantado en su contra por el delito de hurto calificado y agravado; la cual correspondió por competencia, en primera instancia, al Tribunal Administrativo del Cesar, correspondiéndole el número de radicado 20001233100020110059900.

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Expediente: 11001031500020210642300

Medio de Control: Recurso Extraordinario de Revisión Concepto Ministerio Público  Una vez surtidas debidamente las respectivas etapas procesales, el Tribunal Administrativo del Cesar profirió sentencia de primera instancia el 27 de junio de 2013 declaró la responsabilidad patrimonial de la Nación Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación a las que condenó patrimonialmente.  Contra la referida providencia las entidades demandadas interpusieron

recurso de apelación, respectivamente.  El día, 9 de julio de 2020 se profirió sentencia de segunda instancia por medio de la cual se dispone: “(...) MODIFICAR la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, el 27 de junio de 2013, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia y en su lugar se dispone: PRIMERO: Declarar que la Nación-Rama Judicial es administrativa y patrimonialmente responsable por la privación injusta de la libertad de que fue víctima el señor Luis Alfredo Negrete Bertel, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de la declaración anterior se condena a la Nación-Rama Judicial a pagar por concepto de perjuicios morales las sumas que a continuación se relacionan y a favor de las personas que se indican: ● A favor del señor Luis Alfredo Negrete Bertel, en su condición de afectado directo la suma de 35 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ● A favor de la demandante Elena Negrete Bertel la suma de 18 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ● A favor de los demandantes Paola Patricia Negrete Bertel,

Cleotilde Inés Negrete Bertel, Robinson José Negrete Bertel, Héctor Luis Negrete Bertel, Carlos Andrés Redondo Negrete, Wilman Redondo Negrete y Luz Helena Redondo Negrete la suma de 9 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno.

TERCERO: CONDENAR a la Nación-Rama Judicial a pagar, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro

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Medio de Control: Recurso Extraordinario de Revisión Concepto Ministerio Público cesante, la suma de tres millones seiscientos veintiséis mil doscientos treinta y cinco con 18/100 ($3.626.235), a favor de

Luis Alfredo Negrete Bertel.

CUARTO: La Rama Judicial, en el término de un mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia, deberá remitir con destino al señor Luis Alfredo Negrete Bertel y su familia, una misiva en la que exprese disculpas a raíz de la privación de la libertad de la cual fue objeto. La Rama Judicial deberá coordinar con el aquí demandante si es suficiente con que el documento le sea entregado personalmente a él o si, además, debe publicarse en las plataformas de comunicación y difusión de la entidad por el término de seis meses.

QUINTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: La NaciónRama Judicial deberá dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 176 del C.C.A y deberá reconocer intereses sobre los valores debidos, si a ello hubiere lugar en la forma prevista en el artículo 177 ídem y la sentencia C-188 de 1999.

SÉPTIMO: Denegar las demás pretensiones de la demanda.  Según el sistema de consulta Siglo XXI, la anterior sentencia fue notificada por Edicto desfijado el 21 de septiembre de 2020.

1.2. Recurso Extraordinario de Revisión

2. El recurso presentado por el recurrente se fundamenta en la causal quinta del artículo 250 del CPACA, esto es, “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.

3. En términos generales, el recurrente afirma que en la sentencia objeto de recurso la Sección Tercera del Consejo de Estado infirió o presumió la ocurrencia de un daño que no había sido demostrado en el proceso de reparación directa. En concreto, el recurrente considera que la decisión de la subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, concerniente a la afectación relevante de bienes o derechos convencional o constitucionalmente amparados, fueron declarados de oficio y no a solicitud de parte. Por lo

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Medio de Control: Recurso Extraordinario de Revisión Concepto Ministerio Público anterior, la decisión en donde se ordena a la Rama Judicial pedir excusas al accionante del proceso de reparación directa, corresponde a un caso de ultra o extra petita.

4. Así mismo, la apoderada de la Rama Judicial, afirma que la decisión objeto de recurso vulnera y pone en amenaza los derechos al debido proceso, igualdad y contradicción, al violarse los principios de justicia rogada, congruencia procesal y contradicción propios del proceso contencioso administrativo.

5. Finalmente, solicita que la sentencia acá recurrida sea modificada y se

elimine la orden anteriormente mencionada. 1.3. Sentencia Sección Tercera Subsección “B” del Consejo de Estado

6. El señor Luis Alfredo Negrete Bertel y otros presentaron demanda de reparación directa en contra de la Nación – Rama Judicial, y la Fiscalía General de la Nación por la presunta privación injusta de la libertad del demandante.

7. Mediante sentencia del 27 de junio de 2013, el Tribunal Administrativo de Cesar, declarando la responsabilidad patrimonial de la Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad del demandante.

8. El Consejo de Estado, en sentencia del 9 de julio de 2020 determinó modificar la sentencia de primera instancia, declaró responsable patrimonialmente a la Rama Judicial, pero exoneró a la Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios causados a los demandantes, ordenándole a la primera al pago de los respectivos daños morales que se habían probado en el proceso, así como a resarcir el daño material sufrido por los demandantes.

9. Así mismo, ordenó que, la Rama Judicial, debía por escrito en una misiva dirigida al señor Negrete Bertel y a su familia ofrecer disculpas por la detención injusta a la que fue objeto, y sí el demandante lo considera necesario, esta

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carta deberá ser publicada en las plataformas de comunicación y difusión a las que tengan acceso las entidades condenadas.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema jurídico.

10. Corresponde determinar si es procedente el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 9 de julio de 2020, teniendo en cuenta la causal invocada por el recurrente.

11. Para dar respuesta al problema jurídico planteado a continuación se desarrollarán los siguientes temas: i) generalidades sobre el recurso extraordinario de revisión y el ii) estudio de la causal contenida en el numeral quinto del artículo 250 del CPACA en el caso en concreto. 2.2. Generalidades sobre el Recurso Extraordinario de Revisión

12. La revisión es un medio de impugnación extraordinario que limita la inmutabilidad de las sentencias en relación con la cosa juzgada y permite que se subsanen determinadas irregularidades o anomalías conforme a lo previsto en el artículo 250 del CPACA. La principal finalidad de este recurso es el restablecimiento de la justicia, tal como lo indica la jurisprudencia de las Altas

Cortes1.

13. Desde esa perspectiva, las causales de revisión tienen por objeto garantizar la justicia de la sentencia, el principio de la cosa juzgada y el derecho de defensa, siempre y cuando estos se hubieren transgredido por motivos trascendentes o externos al proceso. 1 Corte Constitucional, sentencias C-418 de 1994 y C-247 de 1997, MP. Jorge Arango Mejía y José Gregorio Hernández Galindo, respectivamente, y Corte Suprema de Justicia, Sala de

Casación Civil, sentencia de 31 de enero de 1077, Actor: Hotel Americano Ltda., MP Humberto Murcia Ballén; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. CP: Bertha Lucía Ramírez de Paez. Sentencia del 3 de junio de 2010, Rad. No. 76001-23-31-000-1999-00952-01.

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14. En ese sentido, la estructura interna del fallo, esto es, la normatividad sustancial en la cual este se fundamentó no es atacable por la vía de la revisión, dado que los errores en que haya podido incurrir el juez al decidir son aspectos ajenos a este recurso2.

15. Por lo anterior, se entiende que el recurso extraordinario de revisión no tiene como objeto desvirtuar, contra argumentar o atacar las motivaciones jurídicas, las interpretaciones o los juicios de valor en los que se soportó la decisión judicial. Bajo esta línea, debemos sostener que la interposición y procedencia de este recurso exige una real congruencia entre los argumentos presentados en el escrito del recurso y la causal que se invoca, para determinar la justicia de ese pronunciamiento3.

16. Conforme con las normas que regulan el recurso extraordinario de revisión, esto es el artículo 248 y siguientes del CPACA, este procede contra las

decisiones ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los Jueces Administrativos.

17. Para el caso que se analiza, la providencia enjuiciada es de aquellas susceptibles del recurso extraordinario de revisión, toda vez que se trata de una proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro de un proceso de reparación directa de segunda instancia, es decir, contra la cual no procede recurso de apelación.

18. Con relación al término para interponer dicho recurso, el artículo 251 del CPACA señala que procede dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. En este caso, la sentencia objeto del recurso fue dictada el 9 de julio de 2020, se notificó por edicto el cual se fijó el 19 de septiembre y desfijado el 21 del mismo mes, quedando ejecutoriada el 26 de septiembre de 2020 y el recurso extraordinario fue interpuesto el 21 de septiembre de 2021, 2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 31 de enero de 1997. MP.

Humberto Murcia Ballén. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. CP. Bertha Lucía Ramírez de Páez. Sentencia del 3 de junio de 2010Rad. 76001-23-31-000-1999-00952-00. 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. CP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia del 14 de octubre de 2016. Rad. 11001-03-28-0002016-00055-00.

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Medio de Control: Recurso Extraordinario de Revisión Concepto Ministerio Público concluyendo que este fue presentado en tiempo, siendo ahora necesario analizar la causal invocada. 2.3. Causal invocada en el Caso Concreto

19. El recurrente considera que la sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, debe ser objeto de revisión, porque existe nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso judicial, en este caso al proceso de reparación directa.

20. El numeral quinto del artículo 250 del CPACA, establece como causal de revisión lo siguiente: “Artículo 250. Causales de revisión: Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión: (…)

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.”

21. En primer lugar, y reconociendo que esta causal es una causal en blanco, es decir que no se determinan todos los elementos de la misma, pues no establece todos los presupuestos necesarios para que se configure, permitiendo que se acomode a distintos escenarios.

22. Sin embargo, el numeral quinto si establece dos elementos esenciales para su configuración, el primero que la sentencia que se recurre no sea susceptible de apelación, es decir que ya sea una decisión en firme sin recurso por agotar.

El segundo elemento, de carácter subjetivo es que la nulidad se presente en el momento en que se expide la sentencia, es decir que no será válida la argumentación que indique una nulidad anterior a la sentencia que puso fin al proceso judicial, pues su momento procesal para alega ya habrá pasado, y este se fundamente en un desconocimiento grave o insanable de alguna ritualidad sustancial propia de esa actuación4.

23. Así mismo, el Consejo de Estado de manera reiterada ha manifestado que 4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 15 Especial de Decisión, Sentencia de 7 de abril de 2015, Radicado 2013-02724-00(REV)

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Medio de Control: Recurso Extraordinario de Revisión Concepto Ministerio Público esta causal se materializa en la medida que se presente alguno de los escenarios definidos en el artículo 133 del Código General del Proceso, en donde se define las situaciones que llevarían a declarar la nulidad de un proceso, reconociendo el carácter restrictivo de esta causal5.

24. En el presente caso, tenemos que el recurrente hizo mención de la anterior causal analizando las decisiones del Juez, en concreto cuando le ordena a la Rama Judicial a pedir por medio de una carta excusas a los demandantes por la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el señor Negrete Bertel.

25. En este escenario, el recurrente afirma que hay una vulneración al debido

proceso, pues se está fallando algo que no fue solicitado ni demostrado en el proceso judicial. De acuerdo con el escrito del recurso, la apoderada de la Rama Judicial, afirma que durante el proceso de la reparación directa no se practicó ninguna prueba, ni se acercó al proceso material probatorio que pudiera determinar la existencia del daño en bienes o derechos convencional o constitucionalmente amparados, por lo que vulnera el principio de congruencia, que el juez haya determinado una sanción por dicha afectación.

26. Con el contexto completo, y teniendo en cuenta todas las vicisitudes que rodean este proceso judicial, el Ministerio Público expondrá de manera concreta los argumentos por los cuales considera que este recurso extraordinario de revisión debe negarse.

27. En primer lugar y en aras de brindar un análisis completo de la situación que acá se presenta, se tiene que el recurso extraordinario de revisión, invocando la causal quinta, como se analizaba anteriormente, cumple con los requisitos que la ley y la jurisprudencia le han asignado, por lo que es posible entrar a discutir el fondo del asunto.

28. La apoderada de la Rama Judicial afirma que en el proceso no se logró demostrar que en efecto se haya causado un daño a los bienes o derechos convencional o constitucionalmente amparados, por lo que no habría lugar a ordenarles solicitar excusas por el defectuoso funcionamiento de la 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 16 de agosto de 2002. Rad. 760012324000199704345-01.

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Medio de Control: Recurso Extraordinario de Revisión Concepto Ministerio Público administración de justicia.

29. Este argumento debe rechazarse de manera rotunda, la apoderada de la Rama Judicial desconoce la naturaleza de la afectación, pues en ese punto el Consejo de Estado concluyó que, al haberse demostrado que en efecto el demandante fue privado injustamente de la libertad, se desprendía de dicha actuación un daño al buen nombre. Este daño, según el Consejo de Estado se materializa ipso facto, pues se puso al demandante en una situación en la que no debió haber estado, esto es privado de su libertad, y que automáticamente genera una afectación a su buen nombre, la cual el Estado debe reparar.

30. El anterior planteamiento del Consejo de Estado, nos pone en el escenario de asumir que en los casos que se demuestre, que en efecto la medida privativa de la libertad en contra de un individuo es injusta, se reconoce inmediatamente que se le ha causado un daño a su buen nombre, por lo que es obligación del Estado reparar dicha afectación.

31. Frente a este escenario el Ministerio Público no puede compartir los argumentos de presuntas vulneraciones a los derechos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, pues es evidente que el proceso judicial giró en torno a la presunta privación injusta de la libertad a la que se sometió al señor Negrete Bertel. Una vez el Consejo de Estado encontró los elementos probados de la reparación directa en este caso por la privación injusta de la

libertad, es ya competencia del juez determinar el mecanismo por medio del cual se deben reparar los daños que se hayan generado.

32. Por lo anterior, reconociendo esa independencia y autonomía del juez para tasar la reparación de los daños, y de escoger el mecanismo idóneo para los mismos, no es descabellado, ilícito o ilegal que la Sección Tercera del Consejo de Estado haya optado como mecanismo para reparar un daño con el ofrecimiento de excusas formales a los demandantes por parte de los demandados.

33. Finalmente, es necesario hacer una breve explicación de las afectaciones a los bienes o derechos convencional o constitucionalmente amparados, esto

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Medio de Control: Recurso Extraordinario de Revisión Concepto Ministerio Público para determinar los mecanismos de reparación de los daños que se hayan generado.

34. De acuerdo con lo establecido por el Consejo de Estado, en sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera el 28 de agosto de 2014, se tiene que la afectación a bienes o derechos convencional o constitucionalmente amparados: “Es un daño inmaterial que proviene de la vulneración o afectación a derechos contenidos en fuentes normativas diversas. Sus causas emanan de vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes o derechos constitucionales y convencionales las cuales producen un efecto dañoso, negativo y antijurídico”

35. El objetivo de reparar este daño es el de restablecer plenamente a la víctima en el correcto ejercicio de sus derechos. En la misma sentencia anteriormente mencionada, se dispuso que este tipo de daño se debe reparar por medio de medidas de carácter no pecuniario, medidas reparatorias no indemnizatorias a las que tendrá derecho únicamente la victima directa de la lesión como su núcleo familiar más cercano.

36. Finalmente, en jurisprudencia reciente de la Sección Tercera del Consejo de Estado, se ha aceptado la posibilidad de reparar este daño por medio de medidas pecuniarias, cuando por la intensidad y vulneración del daño estas no son completamente reparadas por medio de las medidas de carácter no pecuniario. En este caso, procederá el otorgamiento por una sola vez de una indemnización que no podrá exceder los 100 SMLMV6.

37. Basado en este análisis jurisprudencial, este representante del Ministerio Público encuentra ajustado a derecho, la decisión adoptada por el Consejo de Estado, Sección Tercera en la sentencia que acá se estudia.

Por lo anterior, se deben realizar las siguientes: 6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, sentencia de 6 de diciembre de 2017. Rad. 18001233100020050042701

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III. CONCLUSIONES

38. El Ministerio Público considera que los argumentos expuestos por el recurrente carecen de razón y justificación, que la presunta nulidad que se genera a raíz de la expedición de la sentencia de segunda instancia no se materializa. Así mismo, el recurrente no logró demostrar la presunta violación al principio de congruencia, como tampoco logró demostrar que el juez de segunda instancia había decidido asuntos que no habían sido discutidos en el proceso de reparación directa, siendo un elemento esencial para el correcto uso de la causal invocada para el recurso extraordinario de revisión.

39. Por los motivos anteriormente expuestos, este representante del Ministerio Público solicita al Honorable Consejo de Estado NEGAR el recurso extraordinario de revisión acá discutido.

Del Honorable Consejo de Estado, respetuosamente,

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Procurador Primero Delegado Ante el Consejo de Estado

Proyectó: Pablo Andrés Corredor Gómez.

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