PGN - RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION - Procedencia y alcance de este según regulación legal

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN-Contra sentencia de 2 instancia que definió pretensión de reparación directa promovida por accionantes dentro de un proceso RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN-Procedencia y alcance de este según regulación legal RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN-Causales por las que se puede presentar según regulación legal RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN-No se encuentra configurada como causal la del numeral 1 del art.250 de ley 1437 de 2011 para darse su prosperidad Frente al caso concreto y de cara a la causal 1o del referido artículo 250 de la ley 1437, como se ya se ilustró, esta no se encuentran configurada para la prosperidad del recurso interpuesto, pues como ha sido claramente indicado por el Honorable Consejo de Estado, la configuración de dicha causal requiere la comprobación inequívoca de ciertos requisitos de orden objetivo y subjetivo, que en la sede actual debieron ser acreditados por la parte recurrente. SENTENCIA RECURRIDA-No se advierte ninguna irregularidad de esta frente a pretensiones de demandante DOCUMENTOS-Inadmisibilidad de los que fueron fechados con posterioridad al fallo que se revisa siendo un evento no previsto como causal de revisión/RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN-La prueba en que se fundamenta debe existir al momento de proferirse la sentencia objeto de revisión …es indispensable que los documentos aportados con la demanda de revisión existieran antes del pronunciamiento judicial objeto del recurso, pero que sólo hayan podido recobrarse, recuperarse o rescatarse después de la sentencia, es decir, que antes de esta se encontraran extraviados, ocultos, escondidos, perdidos o refundidos y que no hayan podido ser aportados durante el

trámite del proceso por razones de fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria. Situación que no sucede en el presente caso, pues el accionante es claro en indicar que la prueba sobre la cual fija su pretensión para que se revise la sentencia objeto de recurso, está referida a una providencia proferida por el Magistrado Martín Bermúdez de la Sección Tercera. Subsección B. de fecha quince (15) de noviembre de dos mil diecinueve (2019) en la que se pronunció sobre una tutela de segunda instancia, es decir con fecha posterior a la de la sentencia que es objeto de revisión que fue proferida el veinticuatro (24) de octubre de de dos mil diecinueve (2019). RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN-Su carácter deviene de poner en entredicho la cosa juzgada material en proceso que selló su curso con sentencia definitiva …En consecuencia, no se configura el supuesto fáctico de la causal primera del artículo 250 de la ley 1437 de 2011, invocada en sede de revisión, pues debe recordarse que el recurso de revisión Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. 110010326000202000127-00 (66295) no tiene por objeto replantear el asunto debatido en el que se puedan mejorar las pruebas o producir otra con posterioridad a la sentencia que se revisa, ya que, como se indicó, de ser así

nunca habría cosa juzgada. En virtud de lo expuesto, el Ministerio Público considera infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto a través de su apoderado por la señora….., y por ello se permite solicitar a la Honorable Sala de la Corporación que se digne negar la revisión y revocatoria de la sentencia impugnada. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. 110010326000202000127-00 (66295) PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 046 / 2021 Bogotá D.C., 23 de junio de 2021

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: Doctora Martha Nubia Velásquez Rico.

E. S. D.

EXPEDIENTE: 110010326000202000127-00

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

ACTOR: ANA ROSA ARBELAEZ DEMANDADO: NACIÓN, RAMA JUDICIAL Sentido del Concepto: Solicitud de NEGAR la revisión y revocatoria de la sentencia impugnada proferida por el El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca de fecha 24 de octubre de 2019 / La causal 1o del referido artículo 250 de la ley 1437 no se

encuentra configurada para la prosperidad del recurso interpuesto / No se advierte ninguna irregularidad en la sentencia recurrida frente a las pretensiones de la demandante / Inadmisibilidad de documentos fechados con posterioridad al fallo que se revisa, evento no previsto como una causal de revisión / La prueba en la que se fundamenta el recurso extraordinario de revisión debe existir al momento de proferirse la sentencia objeto de revisión / El carácter extraordinario y excepcional del Recurso Extraordinario de Revisión deviene de poner en entredicho la cosa juzgada material en un proceso que selló su curso con sentencia definitiva cobijado por la presunción de legalidad y certeza, aspecto que no se presentó en el caso concreto. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento del orden jurídico, además de la protección del patrimonio público, y de los derechos y las garantías fundamentales.

I. ANTECEDENTES En ejercicio del recurso de Revisión, a través de apoderado, los ciudadanos Diego Arbeláez Muñoz, Daniela Arbeláez Lenis, Custodia Torres Quimbaya, Jonathan Arbeláez Acevedo, Luis Felipe Arbeláez Lenis, Felipe Arbeláez Hernández, Cruz Elena Muñoz, María Inés Arbeláez Muñoz, Rubiela Arbeláez Muñoz, Mariela Arbeláez Muñoz, Blanca Ruth Arbeláez Muñoz, Francisco Arbeláez Muñoz, Ana Rosa Arbeláez Muñoz y Francia Elena Arbeláez Muñoz, con

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PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. 110010326000202000127-00 (66295) fundamento en el numeral 1 del artículo 250 de la LEY 1437 DEL 2011 presentaron recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de segunda instancia del 24 de octubre del 2019 proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA (notificada el 12 de noviembre del 2019)-, que definió la pretensión de reparación directa promovida por los hoy accionantes, dentro del radicado 2015-00123-01, contra la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y contra la NACIÓN–RAMA JUDICIAL. La demandante sustentó su recurso extraordinario de revisión en las siguientes causales: “ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.” 1.1. De las actuaciones surtidas en el proceso ordinario. - El señor Diego Arbeláez Muñoz y otros interpusieron demanda, en ejercicio del medio de

control de reparación directa, en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial, con el fin de que se les declarara patrimonial y administrativamente responsables por la privación injusta de la libertad que padeció por 8 meses y 20 días, al ser sindicado como presunto autor del delito de tentativa de homicidio agravado; causa en la que, finalmente, fue absuelto mediante sentencia 159 del 6 de diciembre de 2013, proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Judicial de Guadalajara Buga. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Guadalajara Buga, mediante sentencia 22 del 7 de marzo de 2018, accedió a las pretensiones de la demanda. Las entidades demandadas interpusieron recurso de apelación contra la anterior decisión, siendo desatados por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de sentencia del 24 de octubre de 2019, en la que revocó lo resuelto por el A Quo para, en su lugar, negar las súplicas propuestas, al considerar que de acuerdo con la nueva posición jurisprudencial del Consejo de Estado, contenida en la sentencia del 15 de agosto de 2018: «[…], la Sala está obligada a aplicar la tesis jurisprudencial vigente para resolver el caso, máxime si uno de los reproches del recurso de apelación tiene que ver con que la privación de la libertad no fue injustificada.

69. La Sala estima que la medida restrictiva de la libertad cumplió el criterio de legalidad, en tanto que la Ley 906 de 2004, previó la imposición de la medida de aseguramiento (artículo 306), fue

adoptada por la autoridad competente (juez de control de garantías), con respeto del procedimiento establecido para ello (audiencia preliminar de medida de aseguramiento) y con el cumplimiento de los requisitos exigidos (artículo 308). […]

77. Se resalta que, en la Audiencia de Juicio Oral, en la que se absolvió al señor Diego Arbeláez Muñoz, se presentó el testigo Óscar Herrera Domínguez, víctima directa, quien se retractó del

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PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. 110010326000202000127-00 (66295) testimonio. Precisamente, ese fue el material probatorio que, en su momento, permitió inferir la autoría o participación del implicado en el delito imputado.

78. Al margen de que el testigo Óscar Herrera Domínguez se haya retractado en la audiencia de juicio oral (pues manifestó que todo lo declarado en entrevista era falso y que lo hizo porque había sido amenazado de muerte por el señor Arbeláez Muñoz con ocasión del hurto de unos elementos de su propiedad y porque su compañera sentimental dijo en esa oportunidad que pudo haber sido él, además, de haber sido señalado por el padre de la víctima, señor Miguel Ángel Herrera Duque), lo cierto es que, para el momento en que se celebró la audiencia de medida de

aseguramiento, no había reproche alguno respecto del carácter voluntario de ese testimonio.

79. Para la Sala es importante esa precisión, toda vez que la razonabilidad y proporcionalidad de la medida de aseguramiento debe examinarse a la luz de las condiciones existentes al momento en que se solicitó la restricción de la libertad. Y es que no es posible enjuiciar la razonabilidad y proporcionalidad de la medida de aseguramiento con base en circunstancias futuras, pues la Fiscalía General de la Nación y el juez de control de garantías no podían prever que el testigo Óscar Herrera Domínguez se iba a retractar de lo dicho en el juicio oral.

80. Siendo así, la entrevista rendida por Óscar Herrera Domínguez se mostraba, para ese momento, como una prueba fiable y válida que servía de soporte para inferir razonablemente que el señor Diego Arbeláez Muñoz estaba involucrado en el homicidio agravado en la modalidad de tentativa.

83. En el caso bajo estudio, el señor Diego Arbeláez Muñoz fue aprehendido mediante orden de captura, cuando fue denunciado penalmente mediante querella por el señor Óscar Herrera Domínguez, porque lo señaló como responsable por presuntamente lesionarlo con un arma de fuego.

Por eso, el detenido fue conducido inmediatamente a la Fiscalía General de la Nación, que, a su vez, lo puso a disposición del juez de control de garantías sin superar el término improrrogable de las 36 horas, con el fin de legalizar la captura. Por ese hecho le fue impuesta la medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia, la que fue sustituida por intramural, en observancia del numeral 1° del artículo 307 de la Ley 906 de 2004, para garantizar

la seguridad de la comunidad y de la víctima, y para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. Sin embargo, el 6 de diciembre de 2013, el Juzgado Segundo Penal con Funciones de Conocimiento de Buga, en Sentencia nro. 159 de 2013, absolvió al señor Diego Arbeláez Muñoz, porque se demostró que no fue autor, coautor o partícipe de la conducta penal, y ordenó la libertad inmediata. La medida de aseguramiento impuesta se vio necesaria para alcanzar los fines propuestos, pues, al permanecer recluido en la cárcel, no iba a atentar contra la sociedad ni las víctimas, ni tener la posibilidad de eludir la justicia o, incluso, cometer nuevas conductas punibles.

86. Para la Sala, la imposición de la medida de aseguramiento fue idónea porque el señor Diego Arbeláez Muñoz fue investigado como presunto autor o partícipe del delito de tentativa de homicidio agravado que, para la fecha de celebración de las audiencias preliminares, tenía estipulada una pena que excedía de cuatro años de prisión. Esa situación hacia procedente la imposición de la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, al tenor de los dispuesto en el numeral 2° del artículo 313° de la Ley 906 de 2004 (modificado por el artículo 60 de la Ley 1453 de 2011), y el delito que se le imputó era investigable de oficio, cumpliendo con el principio de proporcionalidad y razonabilidad.

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87. En el proceso penal se acreditaron los elementos de prueba referidos en el párrafo 72 de esta providencia, relacionada en el audio de la Audiencia de Formulación de Acusación, lo que hizo inferir, de manera razonable, la autoría o participación del señor Diego Arbeláez Muñoz en el delito de homicidio agravado en la modalidad de tentativa.

88. Bajo esas condiciones, la Sala concluye que la privación de la libertad a la que se vio sometido el señor Diego Arbeláez Muñoz no fue arbitraria ni injustificada, sino que, por el contrario, respetó los criterios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad. En consecuencia, la privación de la libertad no puede reputarse como un daño antijurídico. […]» 1.2. Situaciones fácticas que sirven de sustento al Recurso Extraordinario de Revisión El actor aduce que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al proferir la sentencia del 24 de octubre del 2019 violentó el debido proceso del grupo actor -artículo 29 constitucional-, aspecto que respaldó con los siguientes argumentos: Adujo, que el argumento del Tribunal fue el siguiente: “67. de entrada, se destaca que el juzgado de primera instancia no analizó la antijuricidad del daño, es decir, no evaluó si la medida restrictiva de la libertad respeto (sic) de los criterios de

legalidad, razonabilidad y proporcionalidad. La sala es consciente que el a quo no realizo ese estudio porque, para el momento en que fue proferida la sentencia de primera instancia, no se había consolidado la nueva tesis jurisprudencial. 68. sin embargo la sala, si está obligada a aplicar la tesis jurisprudencial vigente para resolver el caso, máxime si uno de los reproches del recurso de apelación tiene que ver con que la privación no fue injustificada.

69. La sala estima que la medida restricta de la libertad cumplió el criterio de legalidad en tanto que la ley 906 de 2004 prevé la imposición de la medida de aseguramiento (artículo 306) fue adoptada por la autoridad competente (juez de control de garantías) con respecto del procedimiento establecido para ello (audiencia preliminar de medida de aseguramiento) y con el cumplimiento de los requisitos exigidos (artículo 308)

70. Se enfatiza que, de los CD de audio del proceso penal, uno corresponde a la audiencia de formulación de acusación del 22 de julio de 2013, y el segundo contiene la audiencia de juicio oral.

71. El CD de audio que contiene la audiencia de formulación de acusación hace un recuento de los antecedentes y da cuenta (lapso 08:57 a 20:21) que, el 20 de marzo del 2013, se llevó a cabo la audiencia preliminar de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento, en la que se agotaron las siguientes etapas. i) Se le dio el uso de la palabra al fiscal para que expusiera la solicitud de medida de aseguramiento; ii) se le dio el uso de la palabra a la defensa para que se pronunciara sobre la solicitud de la fiscalía; iii) escuchadas las

partes el juez reviso el material probatorio exhibido por la fiscalía y adopto la decisión de imponer medida de aseguramiento, y iv) se le dio la oportunidad a las partes de interponer recursos, pero no manifestaron inconformidad. 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. 110010326000202000127-00 (66295) 72. adicionalmente, el audio de formulación de acusación demuestra la solicitud de la fiscalía general de la nación sobre la legalidad de la captura, así como la aceptación por el juez de control de garantías, que contaba con la orden de captura del señor DIEGO ARBELAEZ; el reporte de inicio; el formato de querella presentada por la víctima, señor OSCAR HERRERA DOMINGUEZ; el informe médico de lesiones no fatales del 13 de octubre de 2016; el primer reconocimiento médico legal practicado a la víctima por el perito forense JULIO CESAR ARROYAVE y el acta de consentimiento informado; la entrevista realizada a la víctima señor OSCAR HERRERA DOMINGUEZ; la entrevista de MIGUEL ANGEL HERRERA DUQUE, padre de la víctima; entrevista de EIDER MAURICIO CORREA, habitante de la calle; el oficio suscrito por el director médico legal del 15 de enero de 2007; el informe del investigador de campo del 5 de febrero de

2007 de la policía judicial SIJIN de Buga; El oficio de ausencia de antecedentes penales del imputado; El oficio de ausencia de salvoconducto del imputado; el informe fotográfico del 23 de abril de 2007 acreditado por la policía del CTI de Buga; el acta de inspección al lugar acreditada por el investigador criminalístico adscrito al CTI de Buga; la copia de la cedula de ciudadanía del imputado; el acta de derechos del capturado y constancia de buen trato suscrito por él; el acta de consentimiento para fotografías, cotejo dactilar y datos del identificado; la reseña dactilar del imputado; el arraigo socioeconómico; el formato de cancelación de la orden de captura; el informe pericial, y la valoración psiquiátrica del imputado practicada por el médico psiquiatra Gustavo ballesteros Castañeda (lapso 12:38 a 18:30) 73. por consiguiente el señor DIEGO ARBELÁEZ MUÑOZ fue puesto a disposición de la autoridad judicial. La fiscalía cumplió con presentarlo al juez de control de garantías, dentro de las 36 horas a partir de la captura. 74. el audio da cuenta que DIEGO ARBELAEZ MUÑOZ fue individualizado plenamente según lo establece el numeral 1 del artículo 288 de la ley 906 de 2004 y fue asistido por su abogado defensor. Además del archivo de audio se extracta que las pruebas fueron suficientes para inferir razonablemente su autoría o participación e imputar la conducta de homicidio agravado en la

modalidad de tentativa por infringir la normatividad penal establecida en el título I delitos contra la vida y la integridad personal, capitulo II (lapso 10:34 a 20:21) 75. al señor DIEGO ARBELAEZ MUÑOZ le fue impuesta la medida de aseguramiento en el lugar de residencia en observancia de los numerales 2 y 3 del artículo 308 de la ley 906 de 2004 (lapso 31:23 a 41:04) la que fue sustituida por intramural, para garantizar la seguridad de la comunidad y de la víctima, y para evitar que el imputado no comparezca al proceso 76. la credibilidad que la fiscalía general de la nación y el juez de control de garantías dieron a los elementos probatorios sirvieron de soporte para inferir razonablemente que el señor DIEGO ARBELAEZ MUÑOZ era el presunto autor o participe del delito de tentativa de homicidio agravado.” (…) 81. para abordar los criterios de razonabilidad y proporcionalidad de la medida restrictiva de la libertad, resulta pertinente citar lo dicho por la corte interamericana de derechos humanos (2007). En suma , no es suficiente que toda causa de privación o restricción al derecho a la libertad este consagrada en la ley, sino que es necesario que esa ley y su aplicación respeten los requisitos que a continuación se detallan, a efectos de que dicha medida no sea arbitraria: i) que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la convención, valga señalar que este tribunal ha reconocido como fines legítimos al asegurar que el acusado no impedirá el

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PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. 110010326000202000127-00 (66295) desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia; ii) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; iii) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto. Por esta razón el tribunal ha señalado que el derecho a la libertad personal supone que toda limitación a este deba ser excepcional, y iv) que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violara el artículo 7.3 de la convención .

82. En el ordenamiento jurídico nacional, actualmente, los fines que persigue la medida de aseguramiento son i) que el imputado no obstruya el debido ejercicio de la justicia; ii) garantizar la seguridad de la sociedad o la víctima en relación con el peligro que para ellos pueda

representar el imputado, y iii) garantizar la comparecencia del imputado al proceso o el cumplimiento de la sentencia. 83. …no hay duda respecto de que la no obstrucción de la justicia, la comparecencia del imputado y el cumplimiento de la sentencia son fines legítimos a la luz de la convención americana de derechos humanos y en lo que atañe a lo relacionado con la seguridad de la comunidad o de la víctima, debe decirse que la corte constitucional, mediante sentencia C-469 de 2016, encontró que ese fin estaba ajustado a la constitución. 84. en ese contexto hay que resaltar que los fines perseguidos en el artículo 308 de la ley 906 de 2004 se avienen los parámetros convencionales y constitucionales sobre la excepcionalidad de la restricción de la libertad. 85. en el caso bajo estudio, el señor DIEGO ARBELAEZ MUÑOZ fue aprehendido mediante orden de captura, cuando fue denunciado penalmente mediante querella por el señor Oscar Herrera Domínguez, porque lo señalo como responsable por presuntamente lesionarlo con un arma de fuego. Por eso, el detenido fue conducido inmediatamente a la fiscalía general de la nación, que, a su vez, lo puso a disposición del juez de control de garantías sin superar el término improrrogable de las 36 horas, con el fin de legalizar la captura. Por ese hecho le fue impuesta la medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia, la que fue sustituida por intramural, en observancia del numeral 1 del artículo 307 de la ley 906 de 2004 para garantizar la seguridad de la comunidad y de la víctima, y para evitar que el imputado obstruya el debido

ejercicio de la justicia. Sin embargo, el 6 de diciembre dl 2013, el juzgado segundo penal con funciones de conocimiento de Buga, en sentencia Nro. 159 del 2013, absolvió al señor DIEGO ARBELAEZ MUÑOZ, porque se demostró que no fue autor, coautor o participe de la conducta penal y ordeno la libertad inmediata. La medida de aseguramiento impuesta se vio necesaria para alcanzar los fines propuestos, pues, al permanecer recluido en la cárcel, no iba a atentar contra la sociedad ni las víctimas, ni tener la posibilidad de eludir la justicia o, incluso, cometer nuevas conductas punibles. 1.3. Hechos que configuran la causal de revisión (numeral 1 del Artículo 250 de la Ley 1437 de 20111): 1 “ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión: 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. 110010326000202000127-00 (66295) Señala la parte actora que, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, no conocía la tesis jurisprudencial para el momento en que se profirió la sentencia acusada, sin que existiera motivó jurídico alguno para que el Tribunal decidiera de modo diferente y más, cuando motivó

de manera suficiente la evolución jurisprudencial que ha existido en materia de responsabilidad del Estado frente a casos de privación injusta de la libertad. No obstante, como prueba sobreviniente se tiene que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. magistrado ponente. MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ, profirió 26 días después de la sentencia objeto de revisión, la sentencia de tutela de segunda instancia de fecha quince (15) de noviembre de dos mil diecinueve (2019). Radicación: 11001-03-15-0002019-00169-01. Demandante: MARTHA LUCÍA RÍOS CORTÉS y otros. Demandado: consejo de estado - sección tercera. Tema: tutela contra providencia judicial, mediante el cual se dejó sin efectos la sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del proceso, tramitado bajo el número de radicado No. 2011-00235-01 (46947) Agrega que, es claro que la providencia de fecha 24 de octubre del 2019 por medio del cual se REVOCO la sentencia No. 22 del 07 de marzo del 2018 Proferida por el juzgado segundo administrativo oral del circuito de Guadalajara de Buga (V), dentro de la acción de reparación directa proferida en el radicado 2015-00123, fue sustentada jurídicamente a través de la sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del proceso, tramitado bajo el número de radicado No. 2011-00235-01

(46947). Indica el accionante que, antes de aplicarse la tesis jurídica anterior, en los asuntos de privación injusta de la libertad, gobernada la tesis decantada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, con ponencia del Consejero Mauricio Fajardo Gómez, cuya providencia del 17 de octubre de 2013, dentro del Radicado número: 52001-23-31-000-1996-07459-01(23354) unificó su jurisprudencia en el siguiente Sentido: “En conclusión, si se atribuyen y se respetan en casos como el subjudice los alcances que en el sistema jurídico nacional corresponden tanto a la presunción constitucional de inocencia como al principio-valor-derecho fundamental a la libertad —cuya privación cautelar está gobernada por el postulado de la excepcionalidad, según se ha expuesto—, resulta indiferente que el obrar de la Administración de Justicia al proferir la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva y luego absolver de responsabilidad penal al sindicado en aplicación del principio in dubio pro reo, haya sido un proceder ajustado o contrario a Derecho, en el cual resulte identificable, o no, una falla en el servicio, un error judicial o el obrar doloso o gravemente culposo del agente judicial, pues si la víctima no se encuentra en el deber jurídico de soportar el daño que le fue irrogado, devendrá en intrascendente -en todo sentidoque el proceso penal hubiere funcionado correctamente, pues lo cierto será, ante situaciones como la que se deja planteada, que la responsabilidad del Estado deberá declararse porque, aunque con el noble

propósito de garantizar la efectividad de varios de los fines que informan el funcionamiento de la Administración de Justicia, se habrá irrogado un daño especial a un individuo.”

1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.”

9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. 110010326000202000127-00 (66295) Al respecto dice, que se extrae como hecho relevante que el señor DIEGO ARBELÁEZ fue declarado inocente y en tal caso en concreto existe cosa juzgada formal y material, pues la sentencia penal No. 159 del día 06 de diciembre del 2013 proferida por el juzgado segundo penal del circuito de la ciudad de Guadalajara de Buga, que declaro la inocencia del señor DIEGO ARBELÁEZ, fue el resultado de la misma solicitud de absolución que solicitó la misma fiscalía general de la nación. Por otra parte argumenta el accionante que, en relación con la prueba sobreviniente al examinar elem