PGN - RECURSO EXTRAORDINARIO DE SUPLICA - Motivo de la violación (1)

Concepto Nº S012 Bogotá D.C., 11 de mayo de 2004

H. CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

E. S. D.

Consejero Ponente Dr. ALIER E. HERNÁNDEZ ENRIQUEZ

Referencia: S0576

Asunto: Recurso Extraordinario de Súplica contra la sentencia del 7 de noviembre de 2002, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, dentro del expediente 12537.

Actor: EMGESA E.S.P.

Esta agencia del Ministerio Público procede a rendir concepto sobre el presente recurso de súplica, interpuesto por el apoderado judicial de la sociedad actora.

I. ANTECEDENTES El apoderado judicial del municipio de Tocancipá (Cundinamarca), recurre en súplica la sentencia del 7 de noviembre de 2002, por la cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado revocó el fallo del 3 de mayo de 2001, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso 12537, y acogió las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que la EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EMGESA S.A. E.S.P., instauró en contra de las Resoluciones 09 del 16 de febrero de 2000 y 012 del 15 de abril de ese mismo año, expedidas por la Secretaría de Hacienda de la citada localidad, mediante las cuales se practicó y confirmó Liquidación de Aforo a su cargo por concepto del impuesto de Industria y Comercio y el

complementario de Avisos y Tableros correspondiente a la actividad industrial de generación de energía eléctrica en la Termoeléctrica Martín del CorralTermozipa, durante el año gravable de 1998, en razón a que la contribuyente no 2 Expediente S-0576 presentó declaración en debida forma ni se ajustó en esta materia a las normas locales contenidas en los Acuerdos 21 de 1996 y 28 de 1999 y en la Ley 14 de 1983. La Sección Cuarta del Consejo de Estado revocó el pronunciamiento de primera instancia basada en el criterio de que la actividad de generación de energía eléctrica causa el impuesto de Industria y Comercio conforme a lo preceptuado por el Articulo 7º de la Ley 56 de 1981 y no por el Artículo 32 de la Ley 14 de 1983, pues pese a que ambas normatividades rigen plenamente, sin entrar en contraposición, la primera de ellas es de carácter especial y regula el aspecto relacionado con las empresas propietarias de las obras generadoras de energía, dejando en claro que son sujetos pasivos del impuesto de Industria y Comercio, sobre la base gravable constituída por los kilovatios instalados en la respectiva central generadora - y no por los ingresos brutos a que alude de manera general el Artículo 33 de la Ley 14 de 1983 -, a los cuales debe aplicarse la tarifa equivalente a un monto fijo anual de $5.00, por kilovatio, reajustable anualmente en el Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE.

La sentencia explica: “Es pertinente advertir que las empresas que realicen

actividades de transmisión, distribución o comercialización de energía eléctrica y las demás labores complementarias, pagan el impuesto de industria y comercio de conformidad con las disposiciones de la Ley 14 de 1983, mientras que las entidades propietarias de las obras para la generación de energía lo cancelan de acuerdo con lo previsto por el literal a) del artículo 7º de la Ley 56 de 1981. “...”. “Con todo, para que el municipio de Tocancipá pueda exigir el impuesto de industria y comercio a los propietarios de obra para la generación de energía, se requiere que el Concejo lo haya decretado previamente, como en efecto lo hizo en los artículos 33 y siguientes del Acuerdo 021 de 1996. 3 Expediente S-0576 “Este Acuerdo Municipal tuvo en cuenta la Ley 56 de 1981 en su artículo 34, el cual fue compilado en el artículo 32 del Decreto 028 de 1999 expedido por el Alcalde del Municipio de Tocancipá”. Acerca del rechazo de la declaración tributaria, por considerarla el municipio como no presentada, la sentencia destaca, que la EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EMGESA S.A. E.S.P., en su condición de propietaria de obras para la generación de energía eléctrica, cumplió con la obligación de declarar en el Municipio de Tocancipá, utilizando para tal fin el formulario autorizado por dicho ente territorial, dentro del cual no estaba obligada a señalar sus ingresos bruto, ya que la base gravable real la constituyen los kilovatios instalados, que para el caso de la Termoeléctrica Martín del CorralTermozipa, aparecen en la Resolución 254 del 3 de febrero de 1984, expedida por el Ministerio de Minas y Energía. La Sala, concluye: “Teniendo en cuenta que el municipio no había diseñado un formulario diferente, ni agregó renglones para eventos como el que se analiza, para declarar el impuesto de las generadoras, la demandante obró correctamente al utilizar el formato general. “Por lo anterior, los actos administrativos que determinaron el impuesto de industria y comercio de la actora por el año 1998, mediante liquidación de aforo deben ser anulados y en su lugar debe declarase la firmeza de la liquidación privada, revocando la providencia apelada”. Quien recurre en súplica acusa la sentencia de infringir directamente, por falta de aplicación, la Ley 14 de 1983 y el artículo 77 de la Ley 49 de 1990; por interpretación errónea y aplicación indebida, el Artículo 7º literal a), de la Ley 56 de 1981; por falta de aplicación, el artículo 66 inciso 1º, del Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo) y, por falta de aplicación, el artículo 48 inciso 1º, de la Ley Estatutaria 270 de 1996, que desarrolla el artículo 243 de la Constitución Nacional. El primer cargo, dice, consiste en el quebrantamiento directo por falta de aplicación de la Ley 14 de 1983 y del artículo 77 de la 49 de 1990, porque 4 Expediente S-0576 aunque el primero de esos estatutos regula totalmente el Impuesto de Industria y Comercio, fijando entre los elementos esenciales de la obligación tributaria: la materia imponible y la base gravable unificada, junto con la definición de las

actividades industriales, comerciales y de servicios, y precisiones sobre la competencia de los Concejos Municipales para adoptar la tarifa correspondiente a la actividad industrial dentro de los porcentajes del 2 al 7 por mil, y para las demás actividades entre el 2 y el 10 por mil; y, el artículo 77 de la Ley 49 de 1990, por su parte, complementa esa normatividad, destacando la facultad impositiva de los Concejos para establecer el gravamen dentro de los límites legales y el respeto al ámbito territorial del mismo, la sentencia recurrida no consulta toda esa regulación íntegra y completa e ignora los criterios jurisprudenciales uniformes, según los cuales, la Ley 14 de 1983, es la aplicable a la actividad industrial de generación de energía eléctrica, pese a la coexistencia de la Ley 56 de 1981. Apoya sus planteamientos acerca de la vigencia y aplicabilidad al caso de la citada Ley, en providencias reiteradas de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, tales como la Sentencia C486 de 1997, y los fallos del 25 de septiembre de 1998 (Expediente 9043), del 11 de diciembre de 1998 (Expediente 12206), y del 17 de marzo de 2000 (Expedientes acumulados 94559541), proferidos estos últimos con ponencia de los Magistrados Daniel Manrique Guzmán, Julio E. Correa Restrepo y Germán Ayala Mantilla.

El recurrente expresa: “Como colofón diremos que al ser plenamente aplicable la ley 14 de 1983, tal y como se sustentó atrás, se han violado por parte de la sentencia recurrida los artículos 32, 33 y 34 por física falta de aplicación. Por

esta vía también encontramos la violación al art. 77 de la ley 49 de 1990, por falta de aplicación, toda vez que esa disposición establece la conocida territorialidad del impuesto de industria y comercio de que trata la ley 14 de 1983 que se dejó de aplicar”. El segundo cargo de violación directa, es por interpretación errónea y por aplicación indebida del artículo 7º literal a) de la Ley 56 de 1981, porque a juicio 5 Expediente S-0576 del recurrente, esta ley posibilita el cobro del impuesto de Industria y Comercio, con aplicación de la Ley 14 de 1983. Explica, que el texto de la disposición vulnerada utiliza la expresión “podrán”, para significar potestad y no obligatoriedad, la cual indica la voluntad del legislador de 1981 para dotar a los entes territoriales de la facultad que les permite establecer o nó un tributo especial por concepto de industria y comercio, a cargo de las entidades propietarias de obras para la generación de energía eléctrica, conforme a la Ley 56 de 1981. Alega, que la Sección Cuarta del Consejo de Estado infringió la norma por darle una interpretación restrictiva y extraña a su verdadero alcance y sentido, ya que los Concejos no están obligados a adoptar exclusivamente el impuesto en la forma como lo regula la Ley 56 de 1981, limitándolo en la base gravable y en la tarifa, que son los únicos elementos de la obligación tributaria a los que esa ley alude, puesto que la Corte Constitucional dispuso con autoridad, que la materia imponible de esa reglamentación especial, “`era la propiedad de las obras para

generación de energía eléctrica”. El recurrente manifiesta, que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, existen diferencias entre las Leyes 56 de 1981 y 14 de 1983, que obligan a clarificar los conceptos de Materia Imponible, Hecho Imponible y Hecho Generador.

Expresa: “... desde la perspectiva de la Ley 56 de 1981, la materia imponible, en estricto sentido, vendría a ser el bien corpóreo, o sea, las obras para la generación eléctrica, mientras el hecho imponible sería la propiedad de las obras, de ahí que la Corte Constitucional en la sentencia C486 concluya que la materia imponible sea `la propiedad de las obras para generación eléctrica lo cual une los dos anteriores conceptos. En cuanto al hecho generador, no tiene cabida alguna la percepción de ingresos como acto con que se exterioriza el hecho imponible, puesto que la propiedad de las obras se exterioriza por la simple titularidad del bien corpóreo u obras para la generación”.

6 Expediente S-0576 “Cuando la Corte Constitucional considera LA PROPIEDAD de las obras para generación y no la actividad de generar como materia imponible de la ley 56/81, es justamente porque así se extrae de su texto y eso permite diferenciarla de la materia imponible de la ley 14/83, que como se dijo es el bien intangible ENERGÍA ELÉCTRICA y del hecho imponible que es LA ACTIVIDAD de generar o producir energía. La ley 56 de 1981 no dispone que la materia imponible sea la actividad de generar energía y no puede por vía de

interpretación dársele unos alcances y aplicaciones que esa ley no establece, so pena de violarla por interpretación errónea que fue lo que hizo la Sección Cuarta”. “....”. “Tan contundente es la diferencia entre uno y otro impuesto, es decir, el de la ley 56/81 y el de la ley 14/83, que el primero es especial y esencialmente estático, en virtud a que su materia imponible no es el bien intangible, la energía eléctrica, sino el bien corpóreo, las obras para la generación eléctrica que lógicamente permanecen estáticas, de suerte que si la planta generadora está apagada el propietario de la misma debe tributar sobre su capacidad instalada, sin que influya para nada LA ACTIVIDAD industrial o cantidad de energía que se genere. En cambio, si estamos frente al segundo, esto es, al que impone la ley 14/83, el tributo siendo general es dinámico porque su materia y hecho imponible son distintos a los del primero, siendo éstos la energía misma y la actividad de generar, queriendo ello decir que cuando la planta no genera energía o está apagada, no hay materia imponible y menos habrá hecho generador, traduciéndose en que la obligación tributaria no surge y por ende no se paga el tributo”. “De este análisis se desprende el protuberante yerro en que incurre la sentencia recurrida, cuando argumenta y sustenta que la ley 56 grava la ACTIVIDAD, cuando el legislador no se refiere a ACTIVIDAD alguna sino a propiedad de obras para determinar la materia imponible del impuesto”. 7 Expediente S-0576 Afirma que el impuesto de Industria y Comercio, que la Ley 56 de 1981

establece, es un tributo especial, justamente por razón del panorama legal vigente por la época de la expedición de la Ley. Así, pues, dicho gravamen consta de una tarifa fija para las entidades propietarias de obras, destinadas a la generación eléctrica, y de unos elementos, a saber: la materia imponible, el hecho generador y la base gravable, que difieren ostensiblemente de los que define la Ley 14 de 1983. Por lo tanto, agrega: “Forzosamente se debe entonces concluir que los impuestos de industria y comercio establecidos por una y otra ley, son completamente diferentes y en lo único que coinciden es en el nombre, pues difieren en su materia imponible, su hecho generador, su base gravable y su tarifa. Por esto las dos normas no se contraponen entre sí y por ello ambas se encuentran vigentes y plenamente aplicables a su ámbito de regulación respectivo, tal y como lo interpretó con autoridad la Corte Constitucional en el fallo de marras”. Por todo lo anterior, no comparte “...la interpretación dada por la Sección Cuarta relacionada con que, merced a la especialidad de la ley 56 de 1981, se entiende fusionadas y complementada esta disposición con los demás elementos establecidos por la ley 14 de 1983. Por esta vía errónea de interpretar la ley, se impide la aplicación de la 14 y en su lugar se “ fusiona” , por vía jurisprudencial con la 56 de 1981, para conformar un solo panorama tributario para el sector eléctrico, cuando la realidad es que la especialidad de la ley 56/81 es completamente limitada y no puede extenderse o asimilarse a un régimen

general expedido con posterioridad”. Pide se infirme la sentencia por interpretar erróneamente la Ley 56 de 1981 y por adoptar una decisión equivocada, que desconoce la aplicación de la Ley 14 de 1983 al caso de las entidades propietarias de obras para la generación de energía eléctrica, sin tener en cuenta que ese cuerpo normativo no excluye la Ley 56 de 1981, vigente solo para un campo limitado y especial. 8 Expediente S-0576 Acusa el fallo de vulnerar el artículo 7º literal a), de la Ley 56 de 1981, por aplicación indebida del Acuerdo 21 de 1996, porque el Municipio de Tocancipá, “...nunca fundamento en su reglamentación tributaria, el impuesto de industria y comercio con base en la ley 56 de 1981 en su art. 7 literal a), sino que se apoyó, para el efecto, en la ley 14 de 1983, expidiendo el acuerdo Nº 021 de 1996 que desarrolló dicha ley e implementó el impuesto de industria y comercio para las empresas generadoras de energía eléctrica con base en la última ley mencionada”. “...”. “En suma, en lo que se refiere al cargo de violación de la ley 56 /81 en su art. 7º literal a) por indebida aplicación, se tiene que el Consejo de Estado, en su Sección Cuarta, al declarar la nulidad de los actos administrativos tributarios, mediante la sentencia suplicada, lo que hizo fue una estimación jurídica acerca de considerar aplicable la ley 56 de 1981 en su art. 7 literal a), en materia de industria y comercio en lo que se relaciona con la supuesta ACTIVIDAD de

generación de energía eléctrica, desde la perspectiva jurídica de la ley en cita, teniendo, a título de restablecimiento del derecho, por presentada la declaración del contribuyente EMGESA S.A. E.S.P., de conformidad con los cánones de la ley 56/81. Ciertamente esta consideración jurídica por parte de la Sección Cuarta de esa Corporación envuelve per se una aplicación de la ley 56 de 1981, pero de manera indebida, puesto que como ya se advirtió en el cargo precedente, la ley 56/81 no determina o fundamenta el gravamen tributario de industria y comercio con relación a la ACTIVIDAD de generación, sino en la CAPACIDAD instalada (por kilovatios) de las empresas generadoras, que ADEMÁS SEAN PROPIETARIAS, para que surja el impuesto o la obligación tributaria a la luz de esa ley (...)”. El tercer cargo de violación directa, es por falta de aplicación del artículo 66 inciso 1º del Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo), en consideración a que el Consejo de Estado al declarar la nulidad de los actos administrativos demandados, desconoció la presunción de legalidad de que goza el Acuerdo 021 de 1996, el cual, con base en la Ley 14 de 1983, regula el 9 Expediente S-0576 impuesto de industria y comercio aplicable en la Jurisdicción del Municipio de Tocancipá. La violación de dicho precepto se configura porque los mencionados actos fueron expedidos en cumplimiento inmediato y exclusivo del Acuerdo, cuya legalidad no ha sido controvertida.

Por consiguiente, en virtud del principio de legalidad de los actos administrativos, previsto en el artículo 66 del C.C.A., si la Ley 14 de 1983 es válida, el Acuerdo 021 de 1996, también lo es, e igualmente lo son las Resoluciones 09 y 012 de 2002, dictadas con sujeción a ese estatuto local. El suplicante plantea como último cargo la violación directa por falta de aplicación del Artículo 48 inciso 1º, de la Ley Estatutaria 270 de 1996, que desarrolla el Artículo 243 de la Carta Política, por cuanto la sentencia recurrida, pese a sustentarse en el pronunciamiento C486 del 2 de octubre de 1997, por el cual la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 7 de la Ley 56 de 198, al referirse a la vigencia y aplicabilidad de la Ley 14 de 1983, arribó a una conclusión contraria a la que el mencionado fallo expone, al señalar, que: “`para el caso de entidades propietarias de generadoras (sic) de energía, la norma que regula el impuesto de industria y comercio es el artículo 7º de la ley 56 de 1981 (...)”.

Concluye: “Todo lo anterior demuestra que la sentencia objeto del recurso de súplica desconoce los criterios y conclusiones claramente expresados por la Corte Constitucional en la sentencia C486 de octubre 2 de 1997, que son obligatorios conforme a la Constitución y a la ley, infringiendo de manera ostensible y directa, por falta de aplicación, el artículo 48 inciso 1º de la Ley

Estatutaria 270 de 1996 y de las normas legales que contienen el régimen del impuesto”.

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO El recurso extraordinario de súplica, instituído en la forma como lo indica la Ley 446 de 1998, es una herramienta consagrada para obtener la unificación

10 Expediente S-0576 jurisprudencial, gracias a la hermenéutica de las disposiciones legales de orden sustancial que el juez de conocimiento debe examinar al momento de estudiar y juzgar las sentencias proferidas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado, como máxima autoridad de lo contencioso administrativo. Sus fines esenciales son, la supremacía de la ley, la aplicación de la justicia y la unificación jurisprudencial. El Despacho observa, al examinar el primer cargo de violación directa, que el recurrente formula por falta de aplicación de la Ley 14 de 1983 y el artículo 77 de la Ley 49 de 1990, con fundamento en el hecho de que la sentencia recurrida no consultó esa regulación íntegra y completa e ignoró los criterios jurisprudenciales uniformes, según los cuales la Ley 14 de 1983 es aplicable a la actividad industrial de generación de energía eléctrica, pese a la coexistencia de la Ley 56 de 1981 y que éstas consideraciones son inexactas, porque el criterio reiterado de la Sala indica que la mencionada actividad continuará gravada de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 56 de 1981 - “Por la cual se dictan normas sobre obras públicas de generación eléctrica y acueductos, sistemas de regadío

y otras y se regulan las expropiaciones y servidumbres de los bienes afectados por tales obras” -, el cual establece un régimen de excepción en materia del impuesto de industria y comercio, excluyente del general previsto en la Ley 14 de 1983, según el cual, las entidades propietarias de obras para la generación eléctrica podrán ser gravadas con el citado impuesto al momento en que las obras entren en operación o funcionamiento, con una suma limitada a Cinco pesos ($5.00) anuales, por cada kilovatio instalado en la respectiva central generadora y que el reajuste anual del tributo se hará en los términos del artículo 5º de la Ley 242 de 1995. De lo anterior se colige que la EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EMGESA S.A. E.S.P., como entidad propietaria de la Central Termoeléctrica Martín del Corral - Termozipa - calidad a la que alude el artículo 7º de la Ley 56 de 1981, que incluye por definición legal, “...las empresas privadas que, a cualquier título exploten o sean propietarias de las obras públicas señaladas en el artículo anterior”. (Art. 1) -, está sujeta a la previsión que consagra el artículo en mención, en cuanto permite el cobro del impuesto de 11 Expediente S-0576 industria y comercio sobre una base gravable y un monto limitados y en atención a la territorialidad del mismo. Así pues, el Municipio de Tocancipá no solo estaba llamado a ejercer su facultad impositiva dentro de los límites constitucionales y legales, ya que conforme al artículo 51 de la Ley 383 de 1997, “La generación de energía

eléctrica continuará gravada de acuerdo con lo previsto en el artículo 7º de la Ley 56 de 1981”, sino a admitir su subordinación a esta norma en el desarrollo de las aspectos que son de su competencia. En el caso sub júdice, los hechos permiten deducir, que si bien la Ley 14 de 1983, regula el impuesto de industria y comercio en lo relacionado con el hecho generador, sujetos pasivos, exenciones y prohibiciones a los municipios para gravar determinadas actividades, tal cuerpo normativo no incluye ni excluye expresamente dentro de sus artículos 34, 35 y 36, la actividad de generación de energía, lo que a la Sala resultó ser fundamental para afirmar que la sociedad actora es sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio, conforme a lo previsto en el artículo 7º de la Ley 56 de 1981, porque, además, el Artículo 33 y siguientes del Acuerdo 021 de 1996, en consonancia con el artículo 338 constitucional, que contempla el principio de legalidad de la facultad impositiva municipal, creó el tributo de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 56 de 1981. Bajo estas consideraciones, la Procuraduría Delegada conceptúa que la decisión de la Sección Cuarta no incurre en violación directa de normas sustanciales, por falta de aplicación de la Ley 14 de 1983 y del artículo 77 de la Ley 49 de 1990 y, que, en consecuencia, el cargo no está llamado a prosperar. En lo que atañe al segundo cargo de violación, el recurrente pide se infirme la sentencia por interpretar erróneamente la expresión “podrán” contenida en el artículo 7º literal a) de la Ley 56 de 1981, y por adoptar una decisión equivocada,

que desconoce la aplicación de la Ley 14 de 1983, al caso de las entidades propietarias de obras para la generación de energía eléctrica, sin tener en cuenta que este cuerpo normativo no excluye la Ley 56 de 1981, vigente solo para un campo limitado y especial. 12 Expediente S-0576 Al respecto este Despacho observa, que el artículo 194 del Código Contencioso Administrativo, por el cual se regula el Recurso Extraordinario de Súplica, señala: “En el escrito que contenga el recurso se indicará en forma precisa la norma o normas sustanciales infringidas y los motivos de la infracción.(...)”, los cuales, según esta misma disposición, son: por aplicación indebida, falta de aplicación o interpretación errónea. Atendiendo a este precepto legal y a la jurisprudencia emanada del Consejo de Estado, es claro que el suplicante al fundamentar su recurso en la supuesta violación directa de la ley, por interpretación errónea y aplicación indebida del Artículo 7º literal a), de la Ley 56 de 1981, no se ajustó a aquellos, puesto que siendo cada uno de esos motivos diferentes entre sí, el cargo no debió exponerse indicando que la disposición fue vulnerada directamente por varios conceptos, porque esa mala comprensión del artículo 194, no sólo evidencia falta de técnica en la interposición del recurso, sino que torna incongruente la invocación de distintas acusaciones respecto de una misma norma y no permite al fallador interpretar a cual de ellas alude realmente el recurrente o cúal resulta ser la más conveniente para la debida formulación del cargo, pues el mencionado artículo ordena que se precisen los motivos de la infracción y que el

Consejo de Estado determine si es o no procedente la causal invocada. Por lo tanto, no existe violación directa por interpretación errónea y por aplicación indebida del Artículo 7º literal a), de la Ley 56 de 1981. Ahora bien, el apoderado judicial del Municipio de Tocancipá plantea en el recurso de súplica un tercer cargo de violación directa, por falta de aplicación del inciso 1º del artículo 66 del Decreto 01 de 1984 y, un cuarto cargo, igualmente, por falta de aplicación del artículo 48 inciso 1º, de la Ley Estatutaria 270 de 1996, y ambas imputaciones las soporta en argumentos que por razón de economía procesal, debe decirse, ya fueron estudiados anteriormente, al precisar que la Sección Cuarta del Consejo de Estado se ajustó en un todo a las normas vigentes y a la Sentencia C486 de 1997, al declarar que la EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EMGESA S.A. E.S.P., está sometida 13 Expediente S-0576 al Régimen Especial que contempla el artículo 7º de la Ley 56 de 1981, por ser propietaria de obras públicas, que explota para la generación de energía eléctrica, y por tratarse de un sujeto pasivo cualificado, diferente de las empresas que realizan actividades de transmisión, distribución o comercialización de energía eléctrica y otras labores complementarias, regidas por la Ley 14 de 1983. La jurisprudencia sentada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado se aclaró en el sentido en que aún cuando no existe incompatibilidad entre las estatutos

normativos que regulan el tema de discusión, la Ley 56 de 1981, es la aplicable a las entidades propietarias de obras de generación de energía eléctrica. En este orden de ideas, la decisión del Consejo de Estado de declarar nulos los actos acusados, por determinar mediante Liquidación de Aforo el impuesto a cargo de la actora para el año gravable de 1998, gozan de plena fundamentación, ya que como lo señaló la Sección, la actuación adelantada por la administración municipal no se ajustó al procedimiento legal para la práctica de dicha liquidación , como quiera que habiendo presentado la contribuyente su declaración, no era procedente desconocerla y, menos aún, sin haber expedido previamente un auto declarativo, susceptible de controversia por la vía gubernativa, en el que hubieran quedado expuestos los errores protuberantes que afectaban la declaración y señalado, que por razón de los mismos, debía desestimarse su presentación. Por lo expuesto, esta agencia del Ministerio Público considera que al incurrir la censura en las imprecisiones anteriormente señaladas y no haber desvirtuado con argumentos razonables la presunción de legalidad del fallo proferido por la Sección Cuarta, es procedente desestimar los planteamientos del recurrente en contra de la sentencia suplicada. Señores Consejeros, con toda atención,

LIDA BEATRIZ SALAZAR MORENO

14 Expediente S-0576 Procuradora Sexta Delegada ante el Consejo de Estado

N. G. de G./L.B.S.M.