PGN - RECURSOS DE LAS REGALIAS PETROLERAS

PROCURADURIA DELEGADA PARA LA ECONOMIA Y LA HACIENDA

PÚBLICA Radicación: 065-01521-2002

Disciplinados: Edgar Duvan Sepúlveda Cruz Cargo y Entidad Tesorero Municipal de Arauquita (Arauca) Fecha de la queja 18 de febrero de 2002

Fecha Hechos: 26 de septiembre de 2000

Asunto: Fallo de segunda instancia

Bogotá D.C., 16 de septiembre de 2005

1. ANTECEDENTES.

Las presentes diligencias se iniciaron con fundamento, en el informe presentado por funcionarios de la Contraloría Departamental de Arauca, el 11 de febrero de 2002, a través del cual reportaron la presunta existencia de irregularidades por parte de algunos servidores públicos de la administración del municipio de Arauquita, por observar que al parecer se realizaron traslados internos de los recursos provenientes de las regalías petrolíferas para utilizarlos en gastos de funcionamiento, violando con esa conducta al parecer disposiciones de carácter legal. (Folios: 3 a 4, 5 a 7, y 8 a 11 del cuaderno principal). Con fundamento en lo anterior, por auto del 22 de febrero de 2002, el Procurador Regional de Arauca, abrió investigación disciplinaria en contra del señor Edgar Duvan Sepúlveda, identificado con c.c. 19.433.117 de Bogotá, en su calidad de Tesorero municipal de Arauquita. (Folios 12 y 13 del cuaderno principal).

2. CARGOS (Folios 220 a 228 del cuaderno principal).

Mediante auto del 10 de abril de 2003, el Procurador Regional de Arauca le formuló

pliego de cargos al señor EDGAR DUVAN SEPULVEDA CRUZ, a quien se le cuestionó: “Usted en su condición de Tesorero Municipal de Arauquita, durante el período comprendido del 25 de Febrero de 1.999 al 26 de septiembre de 2.000, al parecer efectuó una serie de traslados de fondos en forma irregular de la Cuenta Corriente No 7305-00836-3 denominada “REGALIAS PETROLERAS” del Banco de Crédito Agrario violando disposiciones legales de carácter presupuestal” (Folio 226 del cuaderno principal).

3. NORMAS VIOLADAS (Folios: 226 al 227 del cuaderno principal).

Al investigado se le citaron y transcribieron como infringidas, con la irregularidad cuestionada en su contra las siguientes disposiciones: -Artículo 15 de la ley 141 de 1994: “Artículo 15Utilización por los municipios de las participaciones establecidas en la Ley. Los recursos de regalías y compensaciones monetarias distribuidas a los municipios productores y a los municipios portuarios serán destinadas en el cien por ciento (100%) a inversiones en proyectos de desarrollo municipal contenidas en el plan de desarrollo…”(Folio 226 del cuaderno principal). -Parágrafo 1 del artículo 2 del decreto 620 de 1995: “PAR.1Todas las entidades territoriales que perciben directamente regalías y compensaciones deberán tener una cuenta especial para el manejo exclusivo de estos recursos…..” (Folios 226 y 227 del cuaderno principal). -Artículo 18 del decreto 111 de 1996 “ARTICULO 18. Especialización. Las apropiaciones deben referirse en cada

órgano de la administración a su objeto y funciones, y se ejecutan estrictamente conforme al fin para el cual fueron programadas” (subrayado fuera de texto)” (Folio 227 del cuaderno principal). - Numerales 1 y 3 del Artículo 40 de la ley 200 de 1995. (Folio 226 del cuaderno principal).

4. DESCARGOS (Folios 233 a 240 del cuaderno principal): El apoderado del investigado, presentó por escrito dentro de los términos de ley sus argumentos de defensa, dentro de los cuales se destacan: 4.1. Los traslados de los recursos cuestionados, fueron legales, ajustados al cumplimiento de las funciones y a derecho, por que existían normas jurídicas para la época que permitían a los entes territoriales, invertir los rendimientos financieros de los recursos de destinación especifica como era el caso de las regalías petrolíferas, en gastos de funcionamiento, a través de la unidad de caja, al igual que para hacer prestamos internos de tesorería, lo cual era de habitual de ocurrencia en el municipio de Arauquita, hasta el día 06 de octubre de 2000, fecha en que entró en vigencia la Ley 617 de 2000, la cual en el literal l) del parágrafo primero del articulo tercero

estableció: “Articulo 3… Parágrafo 1… (…) En todo caso, no se podrán financiar gastos de funcionamiento con recursos de: a)… l) Los rendimientos financieros productos de rentas de destinación especifica o de carácter transitorio” (Folio 26 del cuaderno principal). 4.1.1. El articulo 2 parágrafo 1 del Decreto 620 de 1995 no sustrajo la posibilidad

que los recursos provenientes de los rendimientos financieros de los recursos de regalías depositados para su manejo exclusivo en cuenta especial, fueran manejados a través de la unidad de caja, para efectos de cumplir los compromisos 2 correspondientes a los gastos generales o de funcionamiento y o para utilizarlos en préstamos internos de Tesorería, como si lo prohibió posteriormente en forma expresa la Ley 617 de 2000. La Contraloría General de la República, no fue atinada en la elaboración de las encuestas de la auditoria que dio origen a la presente investigación disciplinaria, por que no tuvo en cuenta la normatividad existente para el período en que fue auditar, por que cuando realizó la encuesta ya estaba en vigencia la ley 617 de 2000, que para ese momento si prohibía el uso de los rendimientos financieros para el pago de gastos de funcionamiento. (Folios 2 a 4, 5 a 7, y 8 a 11 del cuaderno original). 4.2. De las normas citadas como infringidas: 4.2.1. No es cierto que se haya vulnerado el artículo 15 de la Ley 141 de 1.994, por que no es el Tesorero a quien le corresponde en el ejercicio de sus funciones decidir sobre la destinación de los recursos públicos, ni en la etapa de aprobación ni en la de ejecución del Presupuesto, por que el mismo no interviene en ninguna de las etapas presupuéstales en comento, por que lo único que hace es pagar a nombre de la administración los gastos, que otro funcionario de mayor autoridad ordena. 4.2.2. Tampoco es cierto que no se hayan manejado los recursos de las regalías petrolíferas, así como los procedentes de sus rendimientos financieros en una cuenta

especial, en la forma que lo ordena el artículo 2 parágrafo 1 del Decreto 620 de 1995, por que así lo revelan las pruebas existentes en el proceso, ya que el mismo Procurador Regional en el pliego inculpatorio dejó constancia que los traslados cuestionados salieron de la cuenta corriente No 7305-00836-3, y se pasaron a otras cuentas; ya fuera indica el apoderado en su defensa, para ser manejados en otras cuentas para generar mayores rendimientos financieros, o para a través de la Unidad de Caja, efectuar con esos recursos, prestamos internos de tesorería, o pagar obligaciones de gastos de funcionamiento, lo cual no estaba prohibido, y en todos aquellos casos en que se hicieron prestamos internos de tesorería, los recursos se devolvieron antes de finalizar la vigencia fiscal de 2000, en la forma ordenada por la Ley. 4.2.3. De igual forma rechaza la imputación de haber violado el articulo 18 del Decreto 111 de 1.996, referente al presunto desconocimiento de la aplicación del principio presupuestal de la Especialización, por cuanto que frente a la figura de la ejecución presupuestal, no cumplía funciones de ordenador del gasto quien es el que ejecuta el presupuesto, por que su función como Tesorero municipal, era solo la de pagar los gastos ordenados o adquiridos por el representante legal del municipio de Arauquita, es decir el alcalde municipal. Lo anterior por cuanto que el principio de la especialidad presupuestal, hace referencia a que las apropiaciones deben referirse en cada órgano de la administración a su objeto y funciones y que se ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual fueron programadas.

De donde concluye que el principio de la especialidad presupuestal, hace relación es a dos cosas: a que la apropiación del gasto corresponda al objeto o funciones de la entidad respectiva, y a que en la ejecución los recursos se gasten en el fin para el cual fueron programados o presupuestados, lo que implica que el solo hecho de 3 hacer un traslado de tesorería de una cuenta a otra no implica que presupuestalmente se haya hecho una ejecución que no correspondía. Circunstancias de donde deduce que en este proceso el Procurador Regional de Arauca, confundió lo que es la programación y ejecución presupuestal, con el movimiento contable y financiero de la pagaduría o tesorería. 4.3. En gracia de discusión por otra parte expresa el apoderado del investigado, que en caso que el Procurador Regional de Arauca, persista en su apreciación que el hacer traslados de la cuenta de fondos especiales de regalías para otras cuentas de la misma entidad, constituye falta disciplinaria, solicita tener en cuenta que el proceder del Tesorero municipal de Arauquita, esta justificado por las siguientes circunstancias que lo exoneran de responsabilidad disciplinaria: “3.1. Si de la cuenta se trasladaron recursos correspondientes a rendimientos financieros, eso tenía que hacerse para cumplir con los gastos autorizados presupuestalmente y ejecutados por el ordenador del gasto. 3.2. Si los traslados se hicieron para hacer una unidad de caja y cumplir con un pago, su conducta se justifica por cuanto está cumpliendo con un deber legal, que sería lo dispuesto por las normas orgánicas de presupuesto y por el cumplimiento de sus funciones como pagador, que tiene que atender una

orden de pago que viene de su superior el ordenador del gasto. 3.3. El disciplinado actuó con el convencimiento errado e invencible de que su actuación no constituía falta disciplinaria” (Folio 239 del cuaderno principal)

5. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN (Folios 376 a 381 del cuaderno principal) El apoderado del investigado presentó dentro de los términos de ley, los alegatos de conclusión, a través de los cuales solicitó a la Procuraduría Regional de Arauca, revaluar su posición inicial frente a la existencia de falta disciplinaria, así como valorar la culpabilidad del investigado, y en su defecto disponer el archivo del proceso, con fundamento en las siguientes causales: 5.1. La conducta cuestionada no está prevista en la ley como falta disciplinaria. 5.1.1. Existe una causal excluyente de responsabilidad por cuanto que la Contraloría no fue lo suficientemente técnica en la encuesta realizada y que dio origen a las presentes diligencias, tanto desde el punto de vista legal como probatorio, por cuanto no se precisó, si los diferentes traslados de los recursos de regalías petrolíferas manejados en cuentas especiales, hacia otras cuentas, se ciñó a los parámetros legales para la época de los hechos, y si los recursos trasladados fueron malgastados o por el contrario devueltos a su cuenta de origen para cumplir con su finalidad legal.

6. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA (Folios 385 a 403 del cuaderno principal.) 6.1. El procurador Regional de Arauca, mediante providencia proferida el día 02 de

agosto de 2005, no acepto los argumentos planteados por la defensa y luego de efectuar el estudio correspondiente sobre el material probatorio recaudado, decidió sancionar disciplinariamente al investigado, con multa de 60 días del sueldo básico 4 devengado para la época de los hechos, equivalente a la suma de Un millón Cuatrocientos Setenta y Tres Mil Doscientos Pesos (1.473.200) Moneda Corriente, por encontrar demostrados en su totalidad los hechos cuestionados, y considerar que los mismos son constitutivos de falta disciplinaria, por no existir causales de justificación del hecho que exoneraran al investigado de responsabilidad disciplinaria, por las siguientes razones: 6.2. No es cierto que los traslados de los recursos provenientes de las regalías petrolíferas para el municipio de Arauquita vigencia 2000, al igual que de sus rendimientos financieros, objeto de investigación disciplinaria estuviesen legalmente justificados, por que si bien es cierto que el artículo 12 de la ley 38 de 1.989 (Compilado por el Decreto 111 de 1996), consagra el “Principio de la Unidad de Caja” ; la aplicación del mismo es contraria a tres normas de rango superior y de carácter presupuestal como son los artículos 336, 356, y 361 de la Constitución Política, las cuales establecen o determinan la existencia de Rentas de Destinación Especifica, que constituyen las excepciones a la prohibición a que se refiere el articulo 359 ibídem, según el cual: “No habrá rentas de destinación específica. Se exceptúan: 1)

…. 2) Las destinadas a Inversión Social. 3)…” (Negrilla fuera de texto). 6.3. La conducta cuestionada al investigado esta tipificada como falta disciplinaria por los numerales 1 y 3 del artículo 40 de la Ley 200 de 1.995, en concordancia, con las otras normas que regulan el manejo de los recursos económicos públicos, y que también fueron citadas como infringidas en el auto de cargos.(Folio 396 del cuaderno principal). 6.4. En ningún momento se ha llamado a responder al investigado como ordenador, ejecutor o como quien tiene la función de proyectar, aprobar y sancionar las apropiaciones presupuéstales; por que al respecto está claro que la función de un tesorero es la de desarrollar las actividades y/o operaciones tendientes al manejo de los recursos públicos, y al pago de las obligaciones a cargo de la administración, y además las normas que se le citaron como violadas en el auto de cargos no son de índole presupuestal sino que son disposiciones que regulan el manejo de los recursos económicos públicos y que todo servidor que ejerza funciones de Tesorero debe conocer y acatar. 6.5. No concurren los elementos propios de la causal de exclusión de responsabilidad que señala el apoderado, bajo la figura de haber actuado con la convicción errada e invencible de que su actuación no constituye falta disciplinaria, por que para que esta circunstancia se configure como excluyente de responsabilidad disciplinaria se requiere que el error sea invencible, circunstancia que no concurre frente a la conducta endilgada al autor, por que la calidad e idoneidad del servidor público implicado, exige para el ejercicio de sus funciones una determinada formación en el campo profesional, por que la variedad de actividades

a desempeñar relacionada con el manejo de recursos públicos requiere de especiales cuidados.

7. APELACION 7.1. Contra lo decidido por el Procurador Regional de Arauca, el apoderado del investigado interpuso recurso de apelación, al discrepar por lo siguiente: 5 “1Falsa motivación determinada por la incongruencia entre la formulación del cargo y la motivación que se le dio al fallo para producir la sanción.

2El fallo presenta una violación al principio de legalidad, es decir es violatorio del artículo 29 de la Constitución Política”. (Folio 406 del cuaderno principal).

Lo anterior por cuanto: 7.1.1.Al investigado se le llamó a explicar o a responder al órgano de Control Disciplinario, por haber realizado unos traslados de dineros o de fondos de la cuenta corriente No 7305 -00836-3 una cuenta bancaria, denominada “REGALIAS PETROLIFERAS” del Banco de Crédito Agrario de Arauquita, para ser llevados esos recursos a otras cuentas bancarias de donde se giraron para el pago de algunos compromisos que según el PAC había que cumplir, comportamiento que estaba prohibido por la ley, por tratarse de rentas de destinación especifica para atender programas de inversión social. 7.1.2. Frente a las normas sustantivas que se citaron como infringidas cuales fueron los artículos 15 de la Ley 141 de 1994; 18 del decreto 111 de 1996, el parágrafo 1 del artículo 2 del decreto 620 de 1995, el apoderado del investigado manifiesta: 7.1.2.1. Al tesorero en ejercicio de sus funciones le era físicamente imposible violar el

artículo 15 de la Ley 141 de 1.994, por que un tesorero no programa ni proyecta el presupuesto, y a su vez tampoco autoriza el destino de las asignaciones presupuéstales, lo cual le corresponde al Concejo Municipal. Por consiguiente si en la aprobación o ejecución del presupuesto se reconocieron obligaciones con recursos de regalías, esta responsabilidad no se le puede endilgar al tesorero que solo cumple la orden de pagar que le da su superior que es el alcalde, motivo por el cual concluye la defensa que en caso de haberse configurado alguna irregularidad en la forma descrita en las etapas de aprobación y ejecución del presupuesto a quienes debieron de haber vinculado al proceso disciplinario fue a los Concejales y al Alcalde de Arauquita y no al Tesorero municipal. Por tales razones no se entiende cómo es que al Tesorero del municipio se le formularon cargos por violación de normas, que en el ejercicio de sus funciones no se podía dar, ni siquiera si se extralimitara en el ejercicio de las mismas. 7.1.3 En el mismo sentido hace énfasis en que además de lo anterior se le reprocha al investigado una violación al principio de especialización de las apropiaciones presupuéstales, al citársele como infringido en el auto de cargos, el artículo 18 del Decreto 111 de 1.996, norma de carácter presupuestal que el señor EDGAR DUVAN SEPULVEDA, en ejercicio de sus funciones como Tesorero Municipal, no podía vulnerar, por no tener ninguna injerencia, ni en la planeación del presupuesto, ni en la aprobación, ni en la ejecución del presupuesto, ya que la responsabilidad del mismo solamente se encontraba radicada en forma exclusiva en todo lo relacionado

con el manejo de los recursos públicos. 7.1.4. Al respecto hace énfasis en que, no existió ninguna irregularidad en el manejo de los recursos públicos, por parte del Tesorero Municipal, al trasladar los recursos de regalías depositados en la cuenta especial señalada en el auto de cargos, para manejarlos por el sistema de Unidad de Caja, por que la esencia lógica de ese 6 sistema, es la de que todos los recursos que ingresen al Tesoro estén disponibles para atender la situación de fondos a los organismos y entidades para el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto. 7.1.5. La Contraloría General de la República, en la auditoria efectuada no tuvo en cuenta los parámetros legales vigentes, por que dio aplicación a la ley 617 de 2000, la que negó cualquier posibilidad de autorizar rendimientos financieros provenientes de regalías para fines distintos a los señalados en la Ley 141 de 1.994, cuando durante la época anterior a la aparición de la mencionada ley, estaba permitido utilizar los rendimientos financieros generados por los recursos de las regalías petrolíferas en gastos de funcionamiento, y/o en prestamos internos de tesorería. 7.1.6. Existe una incongruencia entre la formulación del auto de cargos y la motivación del fallo sancionatorio de primera instancia, lo que configura una violación al principio de legalidad y por ende del debido proceso, por cuanto se llamó al señor EDGAR DUVAN SEPULVEDA CRUZ, en su calidad de Tesorero Municipal de Arauquita, a responder por el incumplimiento de sus deberes, por violar normas de

carácter presupuestal, en tanto que en el fallo se afirma que no se le llamó a responder por infringir disposiciones de carácter presupuestal, sino por “NO CUMPLIR CON LA LEY Y LAS NORMAS QUE REGULAN EL MANEJO DE LOS RECURSOS ECONOMICOS PUBLICOS (Página 9 del fallo) (resaltado fuera del texto original)”. (Folio 412 del cuaderno principal). 7.1.7. En consecuencia solicita, se decrete la nulidad de lo actuado por el Procurador Regional de de Arauca, a partir de la formulación de cargos, por la existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso, y por violación al derecho de defensa del investigado. (Folios 413 a 415 del cuaderno principal). 7.1.8. En cuanto a la sanción impuesta en el fallo de primera instancia, manifiesta el apoderado del investigado que el a-quo no tuvo en cuenta que el señor EDGAR DUVAN SEPULVEDA, para ese momento no registraba antecedentes disciplinarios en su contra, que actuó en cumplimiento de ordenes de sus superiores, que carece de formación académica que le permitiera para la época un adecuado ejercicio de sus funciones, y que los recursos de las regalías petrolíferas objeto de los traslados efectuados de la cuenta especial, donde estaban depositados fueron devueltos a la cuenta que correspondía con anterioridad al 31 de diciembre de 2000, por haber sido utilizados en prestamos internos de Tesorería, aspectos que configuran frente a la sanción a imponer la existencia de causales de atenuación de la falta. (Folios 415 y

416 del cuaderno principal).

8. CONSIDERACIONES DEL PROCURADOR DELEGADO 8.1. Este Despacho es el competente para proferir el fallo de segunda instancia dentro de las presentes diligencias de conformidad con lo dispuesto por el numeral 4 del artículo 25 del Decreto 262 de 2000, en concordancia con lo dispuesto por el inciso 5 numeral 3 del artículo 19 de la Resolución 17 del 04 de marzo de 2000.

Sobre el tema es pertinente mencionar que el recurso de apelación, interpuesto contra el fallo de primera instancia otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación, de acuerdo con lo dispuesto por el parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002. 7 8.2. PRINCIPAL ACERVO PROBATORIO: -Copia de la encuesta practicada por la Contraloría en el municipio de Arauquita en la que el señor CARLOS ALBERTO SUAREZ ARDILA, Tesorero municipal de ese momento respondió: “4. ¿fueron emitidos traslados a cuentas diferentes a las destinadas para el manejo de las regalías directas? SI X NO____ Comentarios En algunas ocasiones se hacen prestamos por cuestiones de iliquidez.” (Folio 5 del cuaderno principal). -Acta de Visita Especial practicada en el Municipio de Arauquita, el día 21 de noviembre de 2001, por funcionarios de la Contraloría Departamental, en la cual se dejaron las siguientes constancias: “…se procedió a entrevistar al Señor CARLOS ALBERTO SUAREZ ARDILA,

… quien se desempeña como Tesorero Municipal en la Oficina del mismo nombre de la Alcaldía Municipal de Arauquita…. (…) Con relación a la pregunta No 4 del cuestionario referente a los traslados a cuentas diferentes destinadas para el manejo de los recursos de regalías, declaró que en la vigencia anterior si existieron traslados a la cuenta 229 – 1 de recursos propios y 958 – 5 de ICN, pero como tal, fueron devueltos a la cuenta de origen. Se le preguntó ¿Qué decisión tomaban cuando no tenían como cubrir gastos de funcionamiento? A lo que respondió que realizaban una reunión con el alcalde y el jefe de presupuesto para poder hacer el préstamo y posteriormente su devolución” (Folio 9 del cuaderno principal). - Versión Libre rendida por el investigado EDGAR DUVAN SEPULVEDA, de la que se destacan los siguientes apartes: “…Los rendimientos financieros producidos por regalías efectivamente se utilizaban para cubrir gastos de funcionamiento, sencillamente por que no existía una norma que regulara el financiamiento de los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales. Solo a partir de la expedición de la ley 617 de 2.000 la cual en su literal l). Del parágrafo 1, del artículo 3 prohíbe utilizar los rendimientos financieros productos de rentas, de destinación específica, para financiar los gastos de funcionamiento, anexo copia de la Ley. Ese procedimiento se hizo hasta el 06 de octubre del año 2000, fecha en la cual entro en vigencia la Ley 617 de 2000, de ahí en adelante no se volvieron a utilizar los rendimientos financieros para cubrir

gastos de funcionamiento, lo cual se puede verificar en los libros de contabilidad que se llevaban en la Tesorería Municipal. De otra parte tengo que decir que yo solamente cumplía las ordenes que me impartían el señor alcalde y la Jefe de Presupuesto y Contabilidad, para poder garantizarle el 8 pago a los empleados y los demás gastos de la administración…también quiero decir que los rendimientos financieros siempre fueron utilizados para cubrir gastos de funcionamiento de la Alcaldía, no solo de recursos provenientes de regalías sino de otros recursos, por tal razón no considero justo que solamente a mi me abran investigación disciplinaria por ese motivo, es decir que solicito el derecho a la igualdad, si me abrieron dicha investigación, también deberían haberla abierto a todos los tesoreros municipales que han existido desde el momento en que el municipio comenzó a recibir regalías….” (Folio 24 del cuaderno principal). - Acta de visita especial practicada en las instalaciones de la Secretaria de Asuntos Financieros y Físicos, de la alcaldía municipal de Arauquita, en la cual la doctora NUBIA AMPARO ECHEVERRI GARRO, manifestó que hasta el día 06 de octubre de 2000, fecha en que fue publicada la Ley 617 de 2000, todos los rendimientos financieros de cualquier fuente eran considerados recursos propios y depositados o trasladados a las respectivas cuentas, situación que era de conocimiento del señor alcalde Lic. Cesar Armando Segovia Moreno, Asesor Jurídico Dr. Seir Marcel Fuentes Flórez, del Tesorero Pedro Romero Barrios del periodo 1998 y del Lic. Edgar Duvan Sepúlveda Cruz, quien desempeñó el cargo de Tesorero municipal de

Arauquita para los años 1999 -2.000. (Folios 105 y 106 del cuaderno principal). - Certificación según la cual el señor EDGAR DUVAN SEPULVEDA CRUZ, identificado con la C.C. 19.433.117 de Bogotá, se desempeñó como Tesorero del municipio de Arauquita, desde el 02 de febrero de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2000, y que su ultimo salario devengado fue de SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS ($736.600) Mcte. (Folio 194 del cuaderno principal). - Copia del oficio de fecha 17 de diciembre de 2001, dirigido por parte de la doctora NUBIA AMPARO ECHEVERRI, Secretaria de Asuntos Financieros y Físicos, a la doctora PATRICIA SALAMANCA, de la Contraloría General de la República, a través del cual presentó la relación de los movimientos de traslado de la cuenta de recursos de regalías, de los años 1998 a 2000, y de los cuales se destaca el siguiente traslado de la Cuenta 7305.00836denominada “REGALIAS PETROLIFERAS” efectuado el 26 de diciembre de 2000. “Año 2000

FECHA MOVIMIEN VALOR

26/09/2000 Traslado $27.036.385 Cta1324-9 Indemnización Fiduc.” (Folio 206 c.o). -Copia del Libro Auxiliar de Bancos correspondiente a la cuenta corriente No 7305.000836-3 “REGALIAS”, en el que se refleja que el día 26 de septiembre de

2000, se traslado de la cuenta de regalías petrolíferas, la suma de $27.036.385.oo. (Folio 219 del cuaderno principal). -Declaración testimonial de la señora ARACELY MORENO CARDENAS, Secretaria de la Oficina Jurídica del municipio de Arauquita, quien manifestó: “Los traslados Internos era (sic) autorizados por el Señor Alcalde Municipal de Arauquita, pero como su nombre lo dicen (sic) eran traslados por un determinado periodo y había (sic) devolverse a su cuenta de origen, para 9 soporte de estos existen oficios donde se autorizaba a los bancos a realizar los traslados y existen los extractos bancarios” (Folio 260 del cuaderno principal). - Ampliación de la Versión Libre rendida por el Señor EDGAR DUVAN SEPULVEDA CRUZ, el día 09 de octubre de 2003, como prueba solicitada en la etapa de descargos y en la cual manifestó: “… cuando por alguna razón no había dinero en determinada cuenta se procedía a hacer “un préstamo de tesorería” … las ordenes que yo recibía para ello eran a veces por escrito o en veces en forma verbal, de parte del señor Alcalde o de la Jefa de Presupuesto y Contabilidad, cuando por alguna razón no me encontraba en la dependencia me dejaban razón con mi secretaria para que efectuara los prestamos de Tesorería entre las distintas cuentas y el valor respectivo para cuando hubiera solvencia se cancelara, los recursos que se prestaron en esos años fueron devueltos en su totalidad a cada una de las cuentas de origen para poder ejecutar la totalidad de

asignaciones presupuéstales en cada una de los años 1.999 y 2.000, el citado procedimiento denominado también unidad de caja de tesorería es permitido por el Decreto 111 de 1996, a efectos de cumplir con eficiencia, eficacia y rapidez los compromisos adquiridos por la administración municipal… “ (Folio 278 del cuaderno principal). 8.3. PRESCRIPCION Examinado en su totalidad, el contenido del oficio 17 de diciembre de 2001, enviado por parte de la Secretaria de Recursos Financieros y Físicos del municipio de Arauquita a la Contraloría Seccional de Arauca, en el cual se relacionaron los traslados efectuados con recursos de regalías petrolíferas depositados en la cuenta corriente No 7305-00836-3 a otras cuentas, por los cuales se le corrió cargos al investigado, y cuyo aparte correspondiente se transcribió en la parte motiva del auto de cargos en la siguiente forma (Folios: 205, 206 y 222 del cuaderno principal). “AÑO 1999

FECHA MOVIMIENTO VALOR ACTO ADM. dd/mm/aa

25/02/1999 Traslado 100.000.000 Cta.229-1 Recursos Prop Resol. 082 15/03/1999 Traslado 3.295.951Cta.958-5 ICN Resol.1479 26/04/1999 Traslado 72.000.000 Cta.229-1 Recursos Prop Resol. 273 11/06/1999 Traslado 22.000.000 Préstamo ICN 958-5 28/06/1999 Traslado 60.000.000 Cta.9585 ICN

12/10/1999 Traslado 245.000.000 Cta 3100-8 Regalías Arauca CDT. AÑO 2000 FECHA MOVIMIENTO VALOR dd/mm/aa 17/04/2000 Traslado 6.000.000 Cta. 1097-1 Prof. Dátales 18/08/2000 Traslado 19.000.000 Cta. 1324-9 Indemnización Fiduc. 26/09/2000 Traslado 27.036.385 Cta 1324-9 Indemnización. Fiduc.” 10 El Procurador Delegado concluye que esta prescrita la acción disciplinaria con relación a cada uno de los traslados de los indicados, y que tuvieron ocurrencia entre el 25 de febrero de 1999 y el 18 de agosto de 2000, por haber transcurrido más de cinco años desde entonces hasta la fecha, de acuerdo con lo indicado por el inciso 1 del articulo 30 de la Ley 734 de 2002. Lo anterior teniendo en cuenta que cada uno de los traslados cuestionados configura una falta instantánea, es decir que se consuma en la fecha de su ocurrencia, y de acuerdo con lo ordenado por los incisos 1 y 3 del artículo 30 de la Ley 734 de 2002. En