PGN - RECURSOS HIDRICOS - Protección y conservación según jurisprudencia de la corte constitucio

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Por presunta falsa motivación en los actos administrativos para el control ambiental ACTO ADMINISTRATIVO-La norma se encontraba vigente al momento de otorgar la licencia ambiental ordinaria No se entiende por parte de esta Delegada, como pretende el actor que se declare la nulidad del respectivo acto administrativo en mención, teniendo en cuenta que el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, es muy claro cuando estableció el porcentaje de inversión para la recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica. De ahí que sea dable precisar que dicha disposición normativa se encontraba vigente al momento de haber sido otorgada la licencia ambiental ordinaria, identificada con número 0188 de fecha 11 de marzo de 1997, proferida por el Ministerio de Medio Ambiente. INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL-No se evidencia error/NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO-No es viable No se evidenció errónea interpretación tanto del artículo 58 de la Constitución Política, como del parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, en razón a que era de conocimiento para la compañía demandante dicha obligación, pues en la licencia ambiental así se había pactado, pues el artículo vigésimo cuarto se estableció “(…)deberá destinar como mínimo 1% del total de la inversión en el proyecto, para la recuperación y vigilancia de la cuenca hidrográfica del río Cusiana, al tenor de lo establecido en el

artículo 43 de la Ley 99 de 1993 (…)”. Por tanto era evidente desde el inicio del proyecto cual era el porcentaje para la recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica, y sobre que costo se establecía, por consiguiente no es de recibo pretender la nulidad de los artículos del acto administrativo que disponen requerimientos de información a la sociedad demandante, toda vez que significaría la violación de una norma explicita. DERECHOS FUNDAMENTALES-Eludir la inversión forzosa es una violación Vale aclarar por parte de esta Delegada, que la obligación contenida en el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, se trata de una inversión mínima, en el entendido que los daños ambientales son incalculables e irrecuperables, que afectan no solo al ser humano, sino además a las especies, animales y vegetales, que son necesarios para los ciclos vitales de los niños, mujeres y hombres, por tanto pretender eludir la inversión forzosa del 1%, es una clara violación no solamente a las normas internas de derechos fundamentales, sino también a todos los instrumentos internacionales que consagran Derechos Humanos y algunas observaciones con relación al agua de la ONU, que aun cuando no tengan carácter vinculante, obligan a que las grandes empresas tengan un compromiso ético –social, toda vez que no solo se estaría afectando las generaciones presentes sino de forma aún más grave las del futuro, al condenarlas a no tener acceso al recurso hídrico. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 54334 250002324000201200197 01 ACTO ADMINISTRATIVO-Goza de debida motivación de acuerdo a las disposiciones normativas y legales del caso Para esta Delegada, no se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados, pues los mismos gozan de debida motivación de acuerdo a las disposiciones normativas y legales del caso, máxime cuando el Ministerio de Ambiente se encuentra actuando en cumplimiento de la obligación de proteger los recursos hídricos, teniendo en cuenta que no es una tarea sencilla como así lo reconoció la Corte Constitucional en sentencia C-220/11, toda vez que la protección y conservación de los recursos hídricos exige el mantenimiento de las condiciones naturales que permiten el proceso de renovación del recurso, además uso racional y el mantenimiento de la calidad del agua disponible, permitiendo que mantenga su esencia de recurso renovable y no se condene a futuro el “agua dulce” a convertirse en no renovable. De conformidad con ello, todas las actuaciones legales que puedan tomar las diferentes autoridades ambientales son válidas, cuando se llevan a cabo en aras de proteger el medio ambiente, para regular la conservación, uso, manejo y aprovechamiento del agua, como es el caso bajo estudio. RECURSOS HÍDRICOS-Protección y conservación según jurisprudencia de la Corte Constitucional FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO-Jurisprudencia del Consejo de Estado DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA-Jurisprudencia del Consejo de Estado

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Expediente No. 54334 250002324000201200197 01

CONCEPTO No. 174 / 2015

Bogotá, D.C., 7 de septiembre de 2015

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: Dr. Hernán Andrade Rincón.

E. S. D.

EXPEDIENTE: 250002324000201200197 01 (54334) ACCIÓN de Nulidad y Restablecimiento del Derecho

ACTOR: B.P Exploration Company.

DEMANDADO: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Sentido del concepto: solicitud de CONFIRMAR la sentencia recurrida. Temas: No se logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados / El agua es patrimonio de la Nación y por tanto un bien de uso público y un derecho fundamental / El Estado tiene la obligación de proteger los recursos hídricos / El Estado es garante de la administración y uso adecuado del recurso hídrico / Deber de efectuar control de convencionalidad.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la

protección de los Derechos Humanos y Patrimonio Público.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda.

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Expediente No. 54334 250002324000201200197 01 La sociedad B.P Exploration Company, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A, entablaron demanda contra el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para que se le declare la nulidad de los artículos 5 y 6 del Auto N° 081 del 14 de enero de 2011, por ser directamente violatoria del parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993 y el desconocimiento de una obligación ya cumplida por la sociedad, así mismo la nulidad del artículo 1 del Auto N°1838 del 14 de junio del año 2011. En consecuencia solicitó como restablecimiento del derecho que se declare que el Ministerio o la Autoridad Nacional de Licencia Ambiental, debe aceptar las inversiones realizadas desde el comienzo de la ejecución del proyecto denominado “Área de perforación exploratoria GOLCONDA”, en cumplimiento del deber legal de inversión forzosa de que trata el artículo 43 de la Ley 99 de 1993, entre otras. 1.2. Sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, falló en sentencia del 24 de marzo de 2015 negando las pretensiones de la demanda, manifestando en resumen lo siguiente:  Frente al cargo primero de indebida interpretación del artículo 58 de la Constitución Política y el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, explicó que la compañía BP, se encuentra sometida al contenido de la licencia ambiental, debiendo en consecuencia ejecutar su actividad en los pozos, bajo las obligaciones plasmadas en las resoluciones, que para el asunto objeto de la presente litis, se dirigían a destinar como mínimo un 1% del total de la inversión del proyecto. Así mismo, señaló que al solicitarle información sobre el costo total del proyecto, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, lo que pretendía era estudiar si las inversiones que se han llevado y han sido comunicadas dentro de los términos previstos, a lo largo de la ejecución del proyecto, son suficientes para

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Expediente No. 54334 250002324000201200197 01 cumplir la finalidad de la norma, propósito que aún no se entiende consumado por parte de la demandante. En ese orden de ideas, concluyó que con la expedición de las resoluciones modificatorias de la licencia, así como también del auto de seguimiento N° 081 del

14 de enero y el 1838 del 14 de junio de 2011, no se advierte que el Ministerio de Medio Ambiente, hubiese interpretado de forma errónea las normas inicialmente mencionadas, ya que los actos acusados pretenden es evaluar si las inversiones que se han llevado a cabo cubren el 1% de la base de liquidación y son las suficientes para dar cumplimiento a la finalidad de la norma.  De conformidad con el segundo cargo de interpretación errónea del parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, artículos 1, 4, 20, 21 y 33 del Decreto 1220 de 2005 e indebida aplicación del parágrafo 2 del artículo 5 del Decreto 1900 de 2006, indicó que respecto de la inversión del 1%, la norma es clara en el sentido de que debe tenerse en cuenta el costo total del proyecto, donde se entiende incluido los costos por perforación del pozo y construcción de líneas de flujo. Expuso que la destinación de la inversión del 1% de valor total del proyecto es para la recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la fuente hídrica, labor que está a cargo del inversionista, de ahí que no comparte lo manifestado por la parte actora en el sentido de equiparar la inversión del 1% y la tasa por el uso del agua, como cargas de una misma naturaleza, debido a que se trata de erogaciones diferentes tanto en su esencia como en su aplicación, modo de ejecución y cobertura, en el entendido que el porcentaje de inversión corresponde a una obligación social emanada de la función social de la

propiedad prevista en el artículo 58 de la Constitución Política. Aclaró que si bien la demandante efectuó actividades de tipo ambiental, estas se

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Expediente No. 54334 250002324000201200197 01 llevaron a cabo en la cuenca hidrográfica del rio Cusiana, que hacen parte inherente del plan de manejo ambiental, como quiera que están encaminadas a mitigar o eliminar el impacto que se pueda llegar a generar; por otro lado, las obligaciones contempladas en la Ley 99 de 1993 concerniente al plan de inversión están dirigida a aportar en actividades de conservación, recuperación, preservación y/o vigilancia de la cuenca hidrográfica que contiene las fuentes de abastecimiento de agua para el desarrollo del proyecto.  En lo referente al tercer cargo relacionado con la falta de aplicación de los artículos 6, 29, 80, 121 y 123 de la Constitución Política, y otras disposiciones normativas, señaló que la inversión del 1% sí está prevista en la normatividad ambiental, tal como se ha aludido a lo largo de la providencia, en el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, reglamentado por el Decreto 1900 de 2006, de modo que su exigencia es legítima por parte de la autoridad ambiental observando

los artículos 6, 121 y 123 de la C.P. Reiteró que el cálculo de la inversión del 1% se lleva a cabo sobre el valor total del proyecto, con fundamento en las normas analizadas, sin que sea del caso entrar a verificar el uso efectivo del recurso hídrico, como quiera que para ello se aplica la tasa por uso del agua.  Del cuarto cargo referente a indebida o falsa motivación, adujo que los actos administrativos ahora objeto de pretensión de nulidad se encuentran debidamente motivados, pues están soportados en situaciones fácticas y jurídicas que corresponden a la realidad y que tiene plena validez jurídica, y no son, contrarios a lo expuesto por la demandante, por cuanto, la entidad demandada ha dado pleno cumplimiento a las normas que regulan la materia, analizó la situación particular de la sociedad BP Exploration Company, en cuanto tiene que ver concretamente con el proyecto en “Área de perforación exploratoria GOLCONDA” y estableció que se hacía necesario requerir cierta información, a efectos de verificar si la demandante estaba observando la obligación de la inversión del 1% de la totalidad

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Expediente No. 54334 250002324000201200197 01 del respectivo proyecto.  Del quinto cargo, en lo tocante con la violación del artículo 83 de la Constitución

Política por infracción directa, que consagra el principio de confianza legítima, explicó que el Ministerio de ninguna forma ha modificado los términos en que fue concedida la licencia, sino que lo exigido a la demandante, corresponde a que las obras ejecutadas se ajusten a la finalidad de la inversión forzosa del 1%, en consecuencia no se están desconociendo las expectativas legitimas que tiene, por el contrario, se trata de establecer si la empresa petrolera cumple la carga social, que se le impone, con ocasión a la actividad que ejecuta. 1.2. Argumentos de la apelación. Dentro del plazo asignado por ley, el apoderado del actor presentó escrito de apelación y argumentó que el Ministerio ha incurrido en falsa motivación, al desconocer cómo se hace en las resoluciones demandadas, las inversiones y actividades desarrolladas por la sociedad BP Exploration Company, en beneficio de la cuenca hidrográfica de la cual se captó el recurso para el proyecto denominado “Golconda”, las cuales se encuentra debidamente acreditadas como consta en el plenario, por tales razones los actos administrativos demandados deben ser anulados.

II. Consideraciones del Ministerio Público 2.1. Problemas jurídicos. 2.1.1 Problemas planteados por la parte actora:  ¿ Incurrió en falsa motivación el Ministerio de Medio Ambiente al proferir los

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Expediente No. 54334 250002324000201200197 01 actos administrativos demandados, por medio de los cuales efectuaba un seguimiento y control ambiental a la empresa B.P. Exploration Company para el proyecto denominado “Área de perforación exploratoria GOLCONDA”? 2.2.2. Problemas planteados por el Ministerio Público:  ¿La parte actora cumplió con la carga probatoria para demostrar la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados?  ¿Faltar a cumplimiento de la inversión forzosa del 1% para la recuperación, conservación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica, conlleva a la violación no solamente de las normas internas de derechos fundamentales sino también a todos los instrumentos internacionales que rigen el tema del derecho del agua? 2.2. Marco teórico. Serán tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento del concepto de esta Delegada del Ministerio Público: 2.2.1. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Se encuentra consagrada en el artículo 85 del Código Contenciosos Administrativo, estableciendo que “Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente”.

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Expediente No. 54334 250002324000201200197 01 2.2.2. Falsa motivación de acto administrativo. Al respecto el Consejo de Estado ha puntualizado varios supuesto para acreditar la falsa motivación “La falsa motivación de un acto administrativo es el vicio que afecta el elemento causal del acto, referente a los antecedentes legales y de hecho previstos en el ordenamiento jurídico para provocarlo. Se genera cuando las razones expuestas por la Administración, para tomar la decisión, son contrarias a la realidad. Así, la jurisprudencia ha sostenido que la falsa motivación del acto tiene ocurrencia cuando i) se presenta inexistencia de fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación de voluntad de la Administración Pública, ii) los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien por error o por razones engañosas o simuladas, iii) el autor del acto le ha dado a los motivos de hecho o de derecho un alcance que no tienen y iv) los motivos que sirven de fundamento al acto no justifican la decisión.1(Subrayado y negrilla fuera de texto). 2.2.3. Derecho fundamental al agua. Al respecto ha establecido la Corte Constitucional lo siguiente: “(…) El agua se considera como un derecho fundamental y, se define, de acuerdo con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como “el derecho de todos de disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal o doméstico”. El agua se

erige como una necesidad básica, al ser un elemento indisoluble para la existencia del ser humano. El agua en el ordenamiento jurídico colombiano tiene una doble connotación pues se erige como un derecho fundamental y como un servicio público. En tal sentido, todas las personas deben poder acceder al servicio de acueducto en condiciones de cantidad y calidad suficiente y al Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestación de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.”2 1 . CE de fecha 12 de febrero de 2014. Rad. 63001-23-31-000-2000-01156-01(27776). C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera 2 Sentencia T-740/11. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

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Expediente No. 54334 250002324000201200197 01 2.2.4. Instrumentos internacionales relacionados con la protección al agua. Frente al tema, la Corte Constitucional ha citado varias mecanismos de protección, dentro de los cuales se encuentra “La Observación General No. 15 emitida por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas, órgano encargado de la interpretación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), es uno de los más

grandes avances en el reconocimiento del derecho al agua como derecho humano. En ésta, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales reconoce que el derecho al agua no esta expresamente consagrado en el PIDESC. Sin embargo, se encuentra implícito en el derecho a vida en condiciones adecuadas y en el derecho a la salud consagrados en el artículo 11[5] y 12[6] de mencionado Pacto, respectivamente. En efecto, el Comité sostuvo que el acceso al agua salubre es sin duda una de las garantías esenciales para asegurar el nivel de vida adecuado, en cuanto condición indispensable para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo, cocina, higiene personal e higiene doméstica. Adicionalmente, se señala que el derecho al agua es un requisito sine qua non para el ejercicio de otros derechos, verbigracia “el agua es necesaria para producir alimentos (derecho a la alimentación); para asegurar la higiene ambiental (derecho a la salud); para procurarse la vida (derecho al trabajo) y para disfrutar de determinadas prácticas culturales (derecho a participar en la vida cultural)”[7] Aunado a lo anterior, se encuentra aquellos instrumentos internacionales como las declaraciones, resoluciones o planes de acción, que son adoptados en Conferencias Internacionales de las Naciones Unidas o que son elaborados por organismos que hacen parte de esta organización internacional como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) o por los Relatores Espaciales, nombrados por la Comisión de Derechos Humanos. Que conforman, lo que se conoce como Sotf Law.” También frente a la protección de los recursos hídricos cita los siguientes “La Declaración

de Mar del Plata, elaborada por la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua en 1977, es el primer llamamiento a los Estados para que realizaran evaluaciones nacionales de sus recursos hídricos y desarrollaran planes y políticas nacionales dirigidas a satisfacer las necesidades de agua potable de toda la población. Aunado a lo anterior reconoció que todas las personas y pueblos tienen derecho a disponer de agua potable de calidad y en cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades básicas. Así en su preámbulo se señala: “todos los pueblos, cualquiera su etapa de desarrollo y sus condiciones económicas y sociales, tienen derecho al agua potable en cantidad y calidad acordes con sus necesidades básicas”. (Negrillas fuera del texto)· La Declaración

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Expediente No. 54334 250002324000201200197 01 de Dublín, aprobada durante la Conferencia Internacional sobre el Agua y Medio Ambiente de 1992 puso de presente la amenaza que suponen la escasez y el uso abusivo del “agua dulce” para el desarrollo sostenible, para la protección del medio ambiente y de los ecosistemas, para el desarrollo industrial, la seguridad alimentaria, la salud y el Bienestar humano. Siguiendo este lineamiento y los postulados establecidos en la Declaración de Mar del Plata, consagró en el

principio No. 4 que: “es esencial reconocer ante todo el derecho fundamental de todo ser humano a tener acceso a un agua pura y al saneamiento por un precio asequible”. (Negrillas fuera del texto). La Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente de 1992, la cual se elaboro junto con el Plan de Acción Agenda 21, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, constituyen uno de los principales instrumentos internacionales que regulan este tema. En éste último instrumento internacional se resaltó la importancia del agua para la vida y la necesidad de su preservación, tanto así que se reservó un capítulo exclusivo para abordar esta problemática. El Capítulo 18 consagra como objetivo general velar porque se mantenga un suministro suficiente de agua de buena calidad para toda la población del planeta, y preservar al mismo tiempo las funciones hidrológicas, biológicas y químicas de los ecosistemas, adaptando las actividades humanas a los límites de la capacidad de la naturaleza y combatiendo los vectores de las enfermedades relacionadas con el agua.”3 2.3. Las pruebas obrantes. Serán consideradas como pruebas aportadas legal y oportunamente, los documentos aportados en el proceso, que se citaran a continuación en el caso concreto. 2.4. Caso concreto. Visto el marco teórico y normativo que rige el análisis sobre el caso en cuestión, procede esta Delegada del Ministerio Público a emitir su concepto tendiente a que se confirme la sentencia de primera instancia, de acuerdo a las siguientes consideraciones:  Pretende el demandante que se declare la nulidad de los artículos 5 y 6 del Auto N° 081 del 14 de enero de 2011, por medio del cual se efectúa un seguimiento y control

3 Sentencia T-740/11. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

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Expediente No. 54334 250002324000201200197 01 ambiental a la empresa B.P. Exploration Company para el proyecto denominado “Área de perforación exploratoria GOLCONDA”, localizado en jurisdicción de los municipios de Aguazul y Recetor, departamento de Casanare, así mismo la nulidad del artículo 1 del Auto N°1838 del 14 de junio del año 201, por medio del cual se resuelve el recurso de reposición contra el auto inicialmente mencionado, confirmando los artículos 1, 5, 6, 9, 10 y 12 del mismo.  Con la finalidad de analizar los actos administrativos demandados, se procederá a estudiarlos de conformidad con cada uno de los cargos fundamentados para solicitar la respectiva nulidad:

1. Cargo primero: indebida interpretación del artículo 58 de la Constitución Política y el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, pues para el demandante los actos acusados que fueron proferidos por el Ministerio de Medio Ambiente, carecen de sustento jurídico y fáctico, pues pretenden aplicar el citado precepto en los términos que la norma no contempla.

En efecto y como bien lo explicó el a quo, no se entiende por parte de esta

Delegada, cómo pretende el actor que se declare la nulidad del respectico acto administrativo en mención, teniendo en cuenta que el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, es muy claro cuando estableció el porcentaje de inversión para la recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica “(…)Parágrafo.-Reglamentado por el Decreto Nacional 1900 de 2006, Modificado por el art. 216, Ley 1450 de 2011. Todo proyecto que involucre en su ejecución el uso del agua, tomada directamente de fuentes naturales, bien sea para consumo humano, recreación, riego o cualquier otra actividad industrial o agropecuaria, deberá destinar no menos de un 1% del total de la inversión para la recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente hídrica. El propietario del proyecto deberá invertir este 1% en las obras y acciones de recuperación, preservación y conservación de la cuenca que se determinen en la licencia ambiental del proyecto. Declarado exequible por la Sentencia C-220 del 29 de marzo 2011, únicamente frente a los cargos examinados en ella.”. De ahí que sea dable precisar que dicha disposición

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normativa se encontraba vigente al momento de haber sido otorgada la licencia ambiental ordinaria, identificada con número 0188 de fecha 11 de marzo de 1997, proferida por el Ministerio de Medio Ambiente, visible a folios 39 a 48 del cuaderno 2 de pruebas. No se evidenció errónea interpretación tanto del artículo 58 de la Constitución Política, como del parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, en razón a que era de conocimiento para la compañía demandante dicha obligación, pues en la licencia ambiental así se había pactado, pues el artículo vigésimo cuarto se estableció “(…)deberá destinar como mínimo 1% del total de la inversión en el proyecto, para la recuperación y vigilancia de la cuenca hidrográfica del río Cusiana, al tenor de lo establecido en el artículo 43 de la Ley 99 de 1993(…)”. Por tanto era evidente desde el inicio del proyecto cual era el porcentaje para la recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica, y sobre que costo se establecía, por consiguiente no es de recibo pretender la nulidad de los artículos del acto administrativo que disponen requerimientos de información a la sociedad demandante, toda vez que significaría la violación de una norma explicita.

2. Segundo cargo: interpretación errónea del parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, artículos 1, 4, 20, 21 y 33 del Decreto 1220 de 2005 e indebida aplicación del parágrafo 2 del artículo 5 del Decreto 1900 de 2006, frente a lo cual la compañía lo fundamentó en que en el auto demandado no se tuvo en

cuenta las actividades que han generado tasa por el uso del agua, por tanto cada figura cuenta con naturaleza diferente y no debe confundirse su aplicación ante las autoridades ambientales, reiterando además que desde el inicio del proyecto se realizaron múltiples actividades para la recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca del rio Cusiana. Una circunstancia es la tasa de uso del recurso hídrico y otra las obligaciones que se generan al alterar otros recursos medio –ambientales. Al respecto y de acuerdo al acervo probatorio obrante en el plenario, se tiene que la autoridad ambiental, no desconoce las inversiones ambientales que se

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