PGN - RECURSOS - Proceder de los disciplinados cuando el fallo contiene una decisión absolutoria

Bogotá, 28 de Abril de 2008 PAD

C-81-2008

Señor

REYNALDO LEÓN RIAÑO

Bogotá, D.C.

Ref.: Su fax fechado el 28 de abril de 2008 y radicado en esta oficina en la misma fecha.

Respetado Señor: En el escrito de la referencia, pregunta lo siguiente:

1. Si en el fallo de primera instancia se absuelve a varios procesados y se sanciona a otros y estos reponen, ¿la ejecutoria de la decisión de absolución depende de que se resuelva la impugnación de quienes fueron declarados culpables? 2. ¿Quién tiene interés en impugnar un fallo absolutorio en el proceso disciplinario? 3. ¿El fallo absolutorio podrá ser revocado al conocerse por el ad quem la reposición interpuesta por los declarados responsables? 4. ¿Si la decisión absolutoria no fue impugnada, puede entenderse ésta como fallo ejecutoriado?

Al respecto, me permito manifestar: Con relación al asunto planteado, es pertinente anotar ante todo que en materia consultiva, conforme al artículo 16 de la Resolución número 127 del 3 de abril de 2008 del Procurador General de la Nación, no se admite la absolución de casos particulares y concretos y, por ende, las respuestas sólo pueden contener pautas generales sobre el tema objeto de cuestionamiento. Una vez efectuada esta precisión, debe decirse lo siguiente: En cuanto a los interrogantes primero y tercero, es oportuno recordar lo dicho por la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios, en concepto emitido mediante

oficio PAD 1140 del 8 de abril de 2005, así: En torno a lo señalado en el inciso final de la norma transcrita [119 de la ley 734 de 2002] la Corte Constitucional, en sentencia C-1076 de 2002 fijó el alcance de dicha disposición y expresamente, con base en lo señalado por esa Corporación en sentencia C-641 de 2002, indicó: De tal suerte que, a juicio de la Corte, en materia disciplinaria se aplica también la regla según la cual las decisiones de segunda instancia mediante las cuales se resuelven recursos de apelación y queja quedan ejecutoriadas no con la simple suscripción de la misma sino con su notificación. 1 Así las cosas, debe entenderse que tales decisiones sólo producen efectos a partir de la notificación, lo que resulta totalmente lógico, pues es a partir de dicha diligencia que se cumple el principio de publicidad que rige en esta materia y mientras ello no ocurra es claro que no puede decirse que la decisión está en firme, por lo que en esas condiciones sólo podrá predicarse su existencia pero no su ejecutoriedad y efectividad. Al respecto, debe reiterarse entonces que independientemente de la decisión de que se trate, los efectos legales de los actos administrativos de carácter particular comienzan a partir de la notificación, porque de una parte éstos no deben ser secretos y de otra, porque únicamente pueden producir consecuencias respecto de los interesado después de (sic) éstos se enteren de su existencia y contenido. Lo anterior quiere decir que el acto nace con su expedición y conlleva la prerrogativa de

producir efectos jurídicos, pero su vigencia necesariamente está condicionada al conocimiento que de él tenga el particular. Premisa que aplica respecto de todas las decisiones disciplinarias. Adicionalmente, se tiene que en el proceso disciplinario los fallos de primera instancia, son susceptibles del recurso de apelación (artículo 115), en relación con el cual, se precisa: el juzgador de segunda instancia, sólo adquiere competencia para resolver la situación de quienes han ejercido ese derecho. En torno a la ejecutoriedad de las decisiones que cobijan y resuelven la situación de varios funcionarios, se estima que la determinación adoptada respecto de cada uno de ellos es independiente, en cuanto el pronunciamiento corresponde a la valoración que se hace de las circunstancias que corresponden a cada caso, de tal suerte que siendo susceptible del recurso de apelación, ésta puede ser recurrida de manera individual. La ejecutoria de la absolución cuando se trata de providencias mixtas (sancionatorias y absolutorias) se produce en el momento en que se han agotado los tres días que tienen los sujetos procesales para impugnar, esto es, hasta cuando tienen la oportunidad los que fueron declarados responsables para apelar. El ad quem sólo puede conocer y resolver la situación de quienes apelan la decisión, por ende, la situación de quien ha sido absuelto en esas condiciones, no podría ser modificada o revocada al resolverse los recursos interpuestos. Por lo que se refiere a la segunda pregunta, se debe entender que los sujetos procesales (investigado y su defensor), según el artículo 90 de la Ley 734 de 2002, tienen entre sus facultades las de interponer los recursos de ley; y, lo deben hacer,

naturalmente, de manera individual contra las decisiones que los desfavorecen a cada uno en particular y expresando en forma concreta los motivos de inconformidad. Si en caso de que sean varios los investigados en un proceso y uno de ellos es absuelto, los demás no pueden presentar recurso alguno contra esa absolución, puesto que la esencia del recurso es obtener, por quien se siente agraviado, la modificación, revocación o aclaración de una resolución administrativa o judicial, ya sea del mismo funcionario que la dictó o de otro de superior jerarquía. 2 Por lo demás, el parágrafo del mencionado artículo 90 establece que la «intervención del quejoso se limita únicamente a presentar y ampliar la queja bajo la gravedad del juramento, a aportar las pruebas que tengan en su poder y a recurrir la decisión de archivo y el fallo absolutorio» Respecto a la última inquietud, el artículo 119 de la Ley 734 de 2002 estatuye que las «decisiones disciplinarias quedarán en firme tres días después de la última notificación», lo cual significa que el fallo absolutorio queda ejecutoriado después de transcurridos los tres días a que tienen derecho los sujetos procesales para impugnar. La presente respuesta únicamente constituye un criterio auxiliar de interpretación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 230 de la Constitución Política, 5.º de la Ley 153 de 1887 y 25 del Decreto 01 de 1984. Con toda atención,

MARÍA LEONOR RUEDA RUEDA

Procuradora Auxiliar para Asuntos Disciplinarios

C-81-2008

MLRR/JBM

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