PGN - RECURSOS PUBLICOS - Comprometer y pagar con recursos de destinación específica otros conce

Procuraduría Delegada Moralidad Pública Radicación No. 115-2410-07

Investigado: Francisco Rivera Rojas y Juan Carlos Delgado Ausecha Cargo y Entidad: Alcalde y Tesorero del municipio de Rosas-Dpto del CaucaQuejoso: De oficio Fecha de la Queja: 12 de marzo de 2004

Fecha hechos: Vigencia 2005 2006

Asunto: Resuelve recurso de apelación fallo primera instancia proferido por la Procuraduría Provincial de Popayán el 7 de julio de 2008

Bogotá D. C., 26 de septiembre de 2008 Procede esta Delegada a desatar el recurso de APELACIÓN interpuesto por Julio Hernán Tobar Ocampo y Reinel Pedroza Benítez, apoderado y defensor de oficio de los investigados Francisco Rivera Rojas y Juan Carlos Delgado respectivamente, contra el fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría Provincial de Popayán en audiencia pública realizada el 7 de julio de 2008, dentro del proceso verbal radicado con el No.115-2410-07 (fls. 2.143 al 2.177 C ppal No. 8).

I. ANTECEDENTES Hechos Las presentes diligencias se originaron con fundamento en el ejercicio de la acción preventiva No.12 de abril 20 de 2007 por la cual la Procuraduría Provincial de Popayán ordenó practicar una visita a la documentación existente de la contratación del municipio de Rosas Cauca, estableciendo que los dineros del Sector Salud se habían manejado por dos fondos: -Cuenta No. 11029112253-3 Régimen de Fondos Local de Salud, recursos con los

cuales se paga las ARS del Régimen Subsidiado. - Cuenta No. 11029002252-4 Salud Pública PAB, recursos con los cuales se paga lo correspondiente al Plan de Atención Básica, P y P (Promoción y Prevención, donde los recursos de la Salud fueron trasladados a otros fondos). Se anexaron como soportes de la diligencia adelantada los documentos que obran en los cuadernos 1º al 4º. (fls. 3 al 1006)

II. TRÁMITE PROCESAL Con fundamento en la gestión adelantada y documentos allegados, el 15 de mayo de 2007 la Procuraduría Provincial de Popayán resolvió iniciar indagación preliminar en contra de Francisco Rivera Rojas y Juan Carlos Delgado Ausecha y dispuso la

práctica de pruebas. (fls. 1007 al 1012 c. ppal No. 4) La anterior decisión fue 1 notificada el 15 de mayo de 2007 al doctor Alejandro Figueroa Ojeda, apoderado del señor Rivera Rojas, (fl. 1014 c. ppal. No. 4 y a Juan Carlos Delgado Ausecha, (fl. 1019 c. ppal No. 4) Recaudadas las pruebas ordenadas por el auto de indagación preliminar, documentos contenidos en los cuadernos 4º al 6º, (fls. 1008 al 1.694), la Procuraduría Provincial de Popayán al considerar que se daban los presupuestos para aplicar el procedimiento verbal, el 15 de mayo de 2008, citó a audiencia pública al doctor Francisco Rivera Rojas y al señor Juan Carlos Delgado Ausecha y elevó en

contra de los disciplinables los siguientes cargos: (fls. 1.790 al 1831 c. ppal No. seis). Al doctor Francisco Rivera Rojas se le formuló el siguiente cargo: “(…) CARGO UNICO : Conforme al acervo probatorio allegado al plenario se establece que el Dr. FRANCISCO RIVERA ROJAS en su calidad de Alcalde del Municipio de Rosas Cauca, presuntamente incurrió en falta disciplinaria al ordenar con su firma los traslados de los recursos de las Cuentas de la salud que tenían destinación especifica a las cuentas de Propósito General y Fondos Comunes, recursos con los cuales se financió la inversión social del Municipio, como pago de salarios, prestaciones sociales, pagos a CEDELCA y EMPOROSAS, como así lo indicó en su versión el disciplinado, dineros que están determinados en el acápite probatorio comprendidos en los numerales 1, 3, 4, 5 y 6 y resumidos así: ver folios 1.797 al 1.798 (…)”, cuadros que aparecen a folios 1.805, 1.806,1.807 y 1.808, c. ppal. No. 6. a).-TRASLADO DE LA CUENTA 290-02253-2 DENOMINADA FONDO LOCAL DE SALUD A LA CUENTA No 110-290-2278-9 DE PROPÓSITOS GENERALES DE LA VIGENCIA 2005 ESPECIFICADOS EN SU NUMERAL 1, POR UN TOTAL DE $ 387.115.800 determinados en el numeral primero. b).-TRASLADO DE LA CTA CTE FONDOS LOCAL DE SALUD A LA CUENTA DE

FONDOS COMUNES2204-5 CON LOS SIGUIENTES: TRASLADOS DE LA

VIGENCIA 2005, Total de Traslados $ 110.000.000 detallados en el numeral tercero (3) c).- TRASLADO DEL FONDO LOCAL DE SALUD PUBLICA No 110-290-02252-4 A LA CUENTA No 110-290-2278-09 DE PROPÓSITOS GENERALES VIGENCIA 2006 DESCRITOS EN EL NUMERAL 4 POR UN VALOR DE $ 44.115.800.oo. (menos devolución $ 10.000.000.oo) d).-TRASLADO DE LA CUENTA DEL FONDO LOCAL DE SALUD No 110-29002253-2 A LA CUENTA No 110-290-02278-9 PROPOSITO GENERAL DE LA VIGENCIA 2006. Total traslados $ 144.500.000, Especificados en el numeral quinto e).-TRASLADO DE LA CUENTA DEL FONDO DE LA SALUD A LA CUENTA DE FONDOS COMUNES FUERON EN TOTAL $ 10.500.000 PARA EL AÑO 2006 Especificados en el numeral 6.

TOTAL TRASLADOS DE LA CUENTAS DEL FONDO DE LA SALUD Y A LA

CUENTA DE PROPOSITOS GENERALES DE LA VIGENCIA 2005 FUERON $

370.000.000.oo 2

TOTAL TRASLADOS DE LA CUENTA DEL FONDO DE LA SALUD -2253-2 A

PROPOSITOS GENERAL DE LA VIGENCIA 2006 SON $ 144.500.000.oo TOTAL TRASLADO DE LA CTA DE SALUD PUBLICA 110-290-02252-4 A PROPOSITO GENERAL $ 44-115-800.oo TOTAL TRASLADO CTA DEL FONDO DE LA SALUD A FONDOS COMUNES2204-5 DE LA VIGENCIA 2005, FUERON $110.000.000 detallados en el numeral

tercero.

TOTAL -TRASLADO DE LA CUENTA DEL FONDO DE LA SALUD A LA CUENTA

DE FONDOS COMUNES VIGENCIA 2006 FUERON $ 10.500.000.

PARA UN TOTAL GLOBALIZADO DE 696.231.600.

En el acto de citación a audiencia al disciplinable se le citaron como normas violadas las que aparecen señaladas en el aparte denominado:“ 4.- NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS”, folios 1.798 al 1.800 del cuaderno original No. 6, notificándole la decisión adoptada el 27 de mayo de 2008. (fl. 1.841 c. ppal. No. 6) y en el mismo acto se le indicó que la audiencia verbal se llevaría a cabo el 30 de mayo de 2.008. Cargo formulado al señor Juan Carlos Delgado Ausecha. Proferido el acto de citación a audiencia el 15 de mayo de 2008, al señor Juan Carlos Delgado Ausecha, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.752.001 expedida en el municipio de Rosas, Cauca, quien se desempeño como Tesorero del mencionado municipio, desde el primero de enero de 2004 hasta el 13 de abril de 2007, cargo acreditado con los actos administrativos que obran a folios, 1252 y 1253 la procuraduría Provincial de Popayán le formuló el siguiente cargo: “(…) CARGO ÚNICO: De conformidad con el acopio probatorio allegado al proceso, se establece que el Sr. JUAN CARLOS DELGADO AUSECHA, en su calidad de

Tesorero del Municipio de Rosas, Cauca, presuntamente incurrió en falta disciplinaria al autorizar con su firma los traslados de los recursos de la salud a las cuentas de Propósito General y Fondos comunes, para pagar compromisos en Inversión Social, Pago de nóminas de Salarios, prestaciones sociales a funcionarios del Municipio de Rosas según lo informado por le (sic) disciplinado, con recursos que tenían destinación específica con los valores determinados en el acápite probatorio comprendidos en los numerales 1, 3, 4, 5, y 6 y resumidos en su orden especificados así: a).-TRASLADO DE LA CUENTA 290-02253-2 DENOMINADA FONDO LOCAL DE SALUD A LA CUENTA No 110-290-2278-9 DE PROPÓSITOS GENERALES DE LA VIGENCIA 2005 ESPECIFICADOS EN SU NUMERAL 1, POR UN TOTAL DE $ 387.115.800 determinados en el numeral primero. b).-TRASLADO DE LA CTA CTE FONDOS LOCAL DE SALUD A LA CUENTA DE FONDOS COMUNES2204-5 CON LOS SIGUIENTES: TRASLADOS DE LA VIGENCIA 2005, Total de Traslados $ 110.000.000 detallados en el numeral tercero (3) 3 c).-TRASLADO DEL FONDO LOCAL DE SALUD PUBLICA No 110-290-02252-4 A LA CUENTA No 110-290-2278-09 DE PROPÓSITOS GENERALES VIGENCIA 2006 DESCRITOS EN EL NUMERAL 4 POR UN VALOR DE $ 44.115.800.oo. ( menos devolución $ 10.000.000.oo) d).-TRASLADO DE LA CUENTA DEL FONDO LOCAL DE SALUD No 110-29002253-2 A LA CUENTA No 110-290-02278-9 PROPOSITO GENERAL DE LA VIGENCIA 2006. Total traslados $ 144.500.000, Especificados en el numeral quinto e).-TRASLADO DE LA CUENTA DEL FONDO DE LA SALUD A LA CUENTA DE FONDOS COMUNES FUERON EN TOTAL $ 10.500.000 PARA EL AÑO 2006 Especificados en el numeral 6.

TOTAL TRASLADOS DE LA CUENTAS DEL FONDO DE LA SALUD Y A LA

CUENTA DE PROPOSITOS GENERALES DE LA VIGENCIA 2005 FUERON $ 370.000.000.oo TOTAL TRASLADOS DE LA CUENTA DEL FONDO DE LA SALUD -2253-2 A

PROPOSITOS GENERAL DE LA VIGENCIA 2006 SON $ 144.500.000.oo TOTAL TRASLADO DE LA CTA DE SALUD PUBLICA 110-290-02252-4 A PROPOSITO GENERAL $ 44-115-800.oo TOTAL TRASLADO CTA DEL FONDO DE LA SALUD A FONDOS COMUNES2204-5 DE LA VIGENCIA 2005, FUERON $110.000.000 detallados en el numeral tercero.

TOTAL -TRASLADO DE LA CUENTA DEL FONDO DE LA SALUD A LA CUENTA

DE FONDOS COMUNES VIGENCIA 2006 FUERON $ 10.500.000.

PARA UN TOTAL GLOBALIZADO DE 696.231.600.

Al disciplinable se le citaron como normas violadas las que aparecen citadas en el aparte denominado:“ 10.-NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS”, folios 1.816 al 1.817 del cuaderno original No. 6. La decisión de citación a audiencia fue notificada

al señor Juan Carlos Delgado Ausecha el 27 de mayo de 2008, (fl. 1.840 c. ppal No. 6) y se le informó que la audiencia verbal se llevaría a cabo en esa Provincial, el 30 de mayo de 2008. Situaciones presentadas durante el desarrollo del trámite procesal. Es importante anotar que el primer auto de citación a audiencia fue proferido el 18 de febrero de 2008. Cumplida la notificación personal del auto del 18 de febrero de 2008 (citación a audiencia), el 25 de febrero de 2008 se llevó a cabo la audiencia de la cual se dejó constancia en el acta No. 002 de 2008, en la que participaron el doctor Julián Fernández apoderado defensor del abogado Francisco Rivera Rojas, el Procurador Provincial y Secretaria Ad - Hoc y se dejó expresa constancia que no se presentó el señor Juan Carlos Delgado Ausecha y su apoderado, Dr. Alejandro Figueroa. 4 Observa el despacho que el abogado del señor Francisco Rivera Rojas, previamente había solicitado aplazamiento de la diligencia, (fl.1745 c. ppal No. 6) argumentando que el señor Delgado Ausecha había sido capturado y las explicaciones que el mencionado señor debe expresar son importantes cuando fungía como Tesorero del municipio de Rosas, Dpto del Cauca. Concedida la palabra al señor Rivera Rojas, manifestó que no tenía nada que decir, y ante la insistencia para aplazar la diligencia y con el fin de garantizar el derecho de defensa, la Procuraduría Provincial de Popayán citó para continuarla el 11 de marzo de 2008 a las diez de la mañana. (fl. 1754 al 1755 c. ppal No. 6)

Reanudada la audiencia el 6 de marzo de 2008 a las once de la mañana (suspendida el 25 de febrero de 2008), el apoderado del señor Rivera insiste en la comparecencia del señor Juan Carlos Delgado Ausecha por las razones expuestas en la diligencia suspendida en el mes de febrero y como no se hizo presente el abogado Alejandro Figueroa Ojeda, quien aparece como defensor de confianza del señor Juan Carlos Delgado Ausecha, se le conceden tres días para que justifique su ausencia y se le informe nueva fecha. (fl. 1757 c. ppal. No. 6) Reanudada de nuevo la audiencia el 27 de marzo de 2007(sic), con presencia del procurador Provincial de Popayán y la Secretaria Ad-Hoc la Dra. Yira Johann Bolaños Ocampo, abogada defensora de Francisco Rivera Rojas y el señor Juan Carlos Delgado Ausecha con su abogado Alejandro Figueroa Ojeda se dio lectura al auto de citación a audiencia quienes se enteraron de su contenido; se escuchó en versión libre y espontánea sobre los hechos al señor Juan Carlos Delgado Ausecha y al disciplinable Francisco Rivera Rojas. Terminada la versión, se le concede la palabra al apoderado del señor Delgado Ausecha, para contra interrogar al implicado, quien manifestó que no. Por su parte, la apoderada de señor Rivera Rojas, solicitó se decrete la suspensión de la audiencia, sugerencia aceptada por las razones expuestas por la defensora, fijándose para continuarla el 31 de marzo de 2008 a las 2 de la tarde. (fls. 1783 al

1783 cc. ppal. No. 6) Reanudada la audiencia el 31 de marzo de 2008 (sic) se decretó de oficio la nulidad de la actuación a partir inclusive del auto de citación a audiencia calendado el 18 de febrero de 2008, por las irregularidades sustanciales que afectan al debido proceso y vulnera el derecho de defensa de los investigados, (artículo 143, numeral 3 de la Ley 734 de 2002), conservando las pruebas practicadas y allegadas en legal forma su validez, conforme a su alcance y contenido de su naturaleza. (fls. 1786 a 1787 c. ppal. No. 6) El 15 de mayo de 2008 mediante Resolución No. 004, se cita de nuevo a audiencia, (fls. 1790 al 1831 c. ppal No. 6) notificándose del su contenido el 27 de mayo de 2008 el Dr. Julio Hernán Tobar, apoderado del Dr. Francisco Rivera Rojas, y a Juan Carlos Delgado Ausecha, informándoles que se llevaría a cabo la diligencia el 30 del mes y año citado. (fls. 1838 y 1840 c. ppal No 6) El 30 de mayo de 2008 a las 2:14 se dio inicio a la diligencia de audiencia a la que asistió el Dr. Julio Hernán Tobar Ocampo, apoderado del investigado Francisco Rivera Rojas, el disciplinable Juan Carlos Delgado Ausecha, dejando constancia que no asistió el Dr. Alejandro Figueroa Ojeda, apoderado del señor Delgado Ausecha, 5 diligencia en la que intervino el Dr. Rivera Rojas y fue suspendida ante la ausencia

del defensor del señor Delgado Ausecha, para que justifique su ausencia y se dispuso que continúe la audiencia con los abogados defensores, notificándose los investigados por estrados. (fls. 1850,1851 c. ppal. No. 6) Reanudada el 5 de junio de 2008, se suspendió ante la renuncia del apoderado del señor Juan Carlos Delgado Ausecha. (fl. 2004 c. ppal. No. 7). Descargos y alegatos de conclusión Designado defensor de oficio al doctor Reynel Pedroza Benítez y posesionado el 19 de junio de 2008, (fl. 2079 c. ppal. No. 7), se reanudó la audiencia el 23 de junio de 2008, (fls 2085 al 2092 c ppal. No. 7), dejando constancia que los investigados Juan Carlos Delgado Ausecha y Francisco Rivera Rojas no asistieron sino sus apoderados. Así, en el desarrollo de la audiencia intervino el defensor del Sr. Rivera Rojas, Dr. Julio Hernán Tobar Ocampo quien manifestó no estar de acuerdo con la calificación provisional dada a la falta y tiene dudas en cuanto a la tipificación de la misma, explicando las razones de su inconformidad y solicitando se de aplicación al artículo 43 de la Ley 734 de 2006 numeral 9 y por lo tanto se modifique la calificación dada a la conducta y en especial a la forma de culpabilidad endilgada. (fls. 2085 al 2090 c. ppal No. 7) Respecto de la intervención del Dr. Reynel Pedroza, defensor del Sr. Juan Carlos

Delgado Ausecha, solicitó se absuelva al disciplinable por la falta disciplinaria en el auto de citación a audiencia, por cuanto no se demostró el dolo del implicado “…por que si bien es cierto autorizó las transferencias, no lo es menos que no lo hizo en forma indebida y segundo por que dichas transferencias tenían un alto contenido social…” (fls. 2090, 2091 c. ppal No. 7). De otra parte, el Procurador Provincial al valorar lo manifestado por los apoderados dijo: “…revisado el expediente, se observa que la comunicación enviada por EMROSAS E.S.P., se hace necesario aclarar los destinos específicos dados a los recursos girados por la Alcaldía a esa empresa. En igual sentido se observa que CEDELCA S.A., no precisa que recursos para inversión social en esta área contrató la Alcaldía de Rosas, ante lo cual se hace necesario insistir en las pruebas solicitadas en el auto que llamó a audiencia haciendo énfasis en la inversión social llevada a cabo por estas empresas con recursos del Municipio de Rosas, de igual forma, se haga claridad del estado de cuentas por pagar, si es que las hay. Ante esta situación se decretan de oficio y se libran de manera inmediata para que se cumplan… ” y se ordenó continuar la audiencia el 26 de junio de 2008, diligencia que fue firmada por todos los que asistieron e intervinieron. (fls. 2091, 2092 c. ppal. No. 7) El 26 de junio de 2008 se continúa con la audiencia y presentados los alegatos finales por los defensores de los investigados, estos expresaron lo siguiente:

Así, concedida la palabra al doctor Julio Hernán Tobar Ocampo, apoderado del doctor Francisco Rivera Rojas, manifestó que valorado el acervo probatorio se ratifica en lo expresado, “anotando que la prueba allegada de junio 24 de 2008 expedida por CEDELCA S.A., ESP si bien es cierto a simple vista no demuestra de donde salieron los recursos para dichos pagos, si demuestra la voluntad de mi patrocinado como Alcalde Municipal para la fecha de los hechos que nos ocupan en cubrir compromisos de carácter social que estaban debidamente amparados por convenios y obligaciones anteriores, así las cosas, reitero que mi defendido nunca tuvo en su conciencia el Dolo o culpa gravísima que se imputó inicialmente en este proceso y reitero la petición realizada en la parte anterior de esta diligencia, es todo. En uso de la palabra el doctor Reynel Pedroza, defensor de oficio del Sr. Juan Carlos Delgado Ausecha, presentó sus alegatos de conclusión en los siguientes términos: 6 “(…) Como defensor de oficio…ratifico los argumentos expuestos en el citatorio a audiencia y relacionado con las pretensiones defensivas, anotando que la prueba documental oficiosa decretada por el señor PROCURADOR Y QUE SE ALLEGO con posterioridad a dicho citatorio a audiencia apunta a demostrar que las transferencias de salud administrados por Juan Carlos Delgado fueron empleadas para pagos a la empresa CEDELCA Y OTRAS ENTIDADES, con lo cual queda acreditado también que no hubo uso indebido del dinero ni apropiación del mismo del rubro de salud, por todo lo cual la defensa solicita entonces que se tenga en cuenta esa prueba y la restante documental que obra en el expediente para establecer la ausencia de tipicidad en el comportamiento disciplinario

endilgado a Juan Carlos…o por lo menos una tipicidad diferente a la que se le formuló en los cargos. (…)” (fls. 2107 c. ppal No. 7) El Procurador Provincial, Dr. Martín Luna Meneses manifestó en la misma audiencia que, revisado el expediente en su integridad y habiendo cumplido con los pasos del procedimiento verbal y al tenor del artículo 178 del CDU, se decreta la suspensión de la audiencia por dos días, se notifica en estrados y se cita para el 1º de julio de 2008, una vez leída y firmada por todos los que asistieron e intervinieron. (fls. 2106, 2107 c. ppal No. 7)

III. Providencia proferida el 7 de julio de 2008 por la Procuraduría Provincial de Popayán Razones de la Sanción El 7 de julio de 2008 la Procuraduría Provincial de Popayán profirió fallo de primera instancia y declaró probado y no desvirtuado el cargo formulado a los disciplinables Francisco Rivera Rojas, alcalde de Rosas y a Juan Carlos Delgado Ausecha, Tesorero de ese municipio, imponiéndoles como sanción destitución e inhabilidad por

15 y 13 años respectivamente. (fls. 2143 al 2178 c. ppal No. 8) El documento que lo contenía fue leído en presencia del apoderado y defensor de oficio de los implicados, y concedida la palabra a cada uno de ellos una vez leído, manifestaron que apelaban la decisión. Al analizar y valorar los cargos, así como los descargos y alegaciones presentadas por los disciplinables, el A-quo al decidir la situación jurídica disciplinaria del Sr.

Francisco Rivera Rojas tuvo en cuenta lo siguiente: Situación disciplinaria del Sr. Francisco Rivera Rojas “(…) El Cargo endilgado al Doctor FRANCISCO RIVERA ROJAS se refiere ordenar con su firma los traslados de los recursos de la salud que tenían destinación especifica que fueron depositados en las cuentas de Propósito General y Fondos Comunes con los cuales según su propia afirmación fueron para financiar la inversión Social del Municipio y pago de nomina salarios a los empleados, con los dineros que están determinados en el acápite probatorio , en el mismo cargo se le resumen los traslados presupuestales de los cuales que la investigación logro acopiar. Adujo en su defensa el doctor RIVERA ROJAS, que los créditos realizados en su administración se hicieron de deudas legalmente adquiridas en inversión social entre los cuales anota los realzados a EMROSAS empresa de acueducto de Rosas, a Cédela por Ochenta millones de pesos y el pago de prestaciones sociales y nominas, considera que este tipo de traslados esta permitido por la ley pues el como abogado que es realizo los debidos análisis y llego a esta conclusión, El Dr. JULIO HERNAN TOBAR OCAMPO, apoya lo dicho por su apoderado manifestando que en Colombia esta prohibido todo tipo de calificación objetiva y que la procuraduría no a logrado desvirtuar la manifiesta y confesa intención del DR RIVERA ROJAS al utilizar la figura de los créditos internos en inversión social los cuales se esperaba fueran devueltos una vez se contara con la liquides suficiente para ello. 7 Se tiene que la defensa centra su posición Primero en considerar que los créditos internos realizados se encontraban ajustados

al marco legal y segundo que los mismos se llevaron acabo para la inversión social en el Municipio de Rosas. La primera posición es estar actuando dentro del marco de la legalidad: Se centra este punto en manifestar que atendiendo la calidad de abogado del Dr. FRANCISCO RIVERA ROJAS el mismo analizo la ley 599 del 2000 ( se corrige que el Dr. RIVERA anuncia la ley 600 del 2000 ), el cual tipifica el. PECULADO POR APLICACION OFICIAL DIFERENTE. “ El servidor público que dé a los bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, aplicación oficial diferente de aquella a que están destinados, o comprometa sumas superiores a las fijadas en el presupuesto, o las invierta o utilice en forma no prevista en éste, en perjuicio de la inversión social o de los salarios o prestaciones sociales de los servidores, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses, multa de trece punto treinta y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término.” Tipo penal que debe ir acompañado del perjuicio social especialmente que vaya en perjuicio de la inversión social o de los salarios y prestaciones sociales. Tenemos que el DR RIVERA ROJAS interpreto una norma y en su criterio al darle otro destino a los recurso en la salud no se estaría cometiendo falta penal alguna y por ende menos disciplinaria. En este análisis para nada se anuncia la necesaria valoración que se debió hacer a la normatividad vigente en la materia, pues

como se le ha informado en el auto de citación audiencia existe una norma legales vigentes que prohíben expresamente este tipo de actuaciones, es el caso de a ley 715 del 2001 en su articulo 57 y su decreto 050 de 2003, en donde prohíben la unidad de caja con los recursos de la salud, al hacer esta valoración se debió de dar cuenta que la corte a ratificado esta prohibición y que el sentir de la mismo es el de proteger este tipo de recursos pues tocan una de las mas sentidas necesidades que gozan de protección en la Constitución Nacional como es el de la salud, en la sentencia 566 de 2003 , en donde declaro exequible el articulo 91 de la ley 715 de 2001en lo referente a la inembargabilidad de los mismos, declaro que “ la exequibilidad de la expresión “estos recursos no pueden ser sujetos de embargo” contenida en el primer inciso del artículo 91 de Ley 715 de 2001, en el entendido que los créditos a cargo de las entidades territoriales por actividades propias de cada uno de los sectores a los que se destinan los recursos del sistema general de participaciones (educativo, salud y propósito general), bien sea que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos que contengan una obligación clara, expresa y actualmente exigible que emane del mismo título, deben ser pagados mediante el procedimiento que señale la ley y que transcurrido el término para que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo, en primer lugar, de los recursos del presupuesto destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esa clase de títulos, y, si ellos no fueren suficientes, de los recursos de la participación respectiva, sin que puedan verse comprometidos los recursos de las

demás participaciones. en este mismo pronunciamiento se toca la prohibición de unidad de caja dejando el articulo sin modificación alguna pues considera que se debe dar especial protección a este tipo de recursos destinados en fondos especiales, Entonces tenemos que si la misma corte no a aceptado ni siquiera el embargo de estos recursos menos se podría predicar su uso en otro tipo de actividades propias de una administración. Para este caso observa el despacho que la interpretación dada a la norma se dio de una manera muy sesgada pues no se valoro en su integridad el sentido de la misma, no se puede pretender hacer creer que con valorar un tipo penal se pueda tomar una decisión tan trascendental como era el de utilizar unos recursos de la salud los cuales estaban debidamente amparados por la ley para su uso. De igual forma este despacho acepta la necesidad de invertir en el gasto social y por ende se han creado los mecanismos de planeación y distribución de los recursos, pues de ser necesario esta inversión de debió acudir a créditos financieros o primero traslado de fondo de otras cuentas que no tuvieran restricción legal, en este sentido el Ministerio de hacienda a sido claro en sus directrices acerca de la prohibición de hacer este tipo de traslados pues los mimos se encuentran prohibidos por la ley ( apunte realizado en el auto de citación audiencia). Con lo cual no podemos quedar en la simple afirmación que lo que existe en la investigación es una mera interpretación de normas pues a sido demasiado reiterativo el despacho en decir que nunca existió tal interpretación pues no existe prueba que así lo determine, por ejemplo conceptos solicitados, casos similares en estudio, pronunciamientos jurisprudenciales en igualdad de condiciones, diferentes posiciones de las altas cortes o unas simples

consultas internas con sus asesores o jefes despacho del la Administración Municipal que nos lleve a pensar que efectivamente se dio este tipo de confrontación normativa. Por el contrario de las versiones dadas por las señoras MAURA QUIÑONEZ y EVELIN LULIGO se puede decir con certeza que ellas nunca fueron consultadas ni se enteraron del porque se realizaban estos traslados o si los mimos se ajustaban a las normas, entonces en que nos quedamos en la posible y única interpretación que el señor Alcalde le da a esto traslados sin tener el menor cuidado que se le exige a un funcionario de tan alta jerarquía el cual es verificar que sus actuaciones se ciñan completamente a la ley, con lo cual esta posición tampoco esta llamada a prosperar. La segunda posición es que este traslado se llevo acabo para inversión social. Con lo cual se hace necesario entrar a determinar este punto con el acervo probatorio que se encuentra en el expediente: Se tiene los decretos de noviembre 27 de 2004 y 2005 donde se aprueban el presupuesto de rentas del Municipio de Rosas del 2005 y 2006 respectivamente, de un total de CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ( 5.442.942.462 ), se apropiaron 622.043.780 para gastos de funcionamiento en donde se incluye la planta de personal activa con que cuenta el municipio en especial se destina 479.642.150 para la administración central, diferente a las apropiaciones de los concejales, personería , servicios personales entre otros los cuales cuenta con su respectivo rublo presupuestal, con esta partida presupuestal asignada es que debe la administración garantizar el normal pago de nomina de sus trabajadores, pues es bien sabido que los recursos del SGP son

aportados por la Nación en debida forma y no se puede pretender hacer creer que se apropia una partida presupuestal diferente para el pago de acreencias laborales mientras llegan los recurso o hay disponibilidad pues las consignaciones Estatales en todos los sectores se llevan acabo en la misma forma. En igual sentido en el año 2006 se apropiaron una rubro significativo, el cual fue disminuido pues se dejo 582.983.978 lo que hace creer que el señor Alcalde Dr. FRANCISCO RIVERA observo que con este valor era suficiente para cumplir con las acreencias laborales, es mas en el ítem de servicios a las deudas se deja un valor de 105.582.000 si existían deudas o embargos judiciales o de trabajadores, se debió de incrementar este rublo, por todo esto no se acepta la exculpación que se refiere al pretender hacer creer que los recursos trasladados fueron para el pago de acreencias laborales, pues como ya se dijo existían suficientes recursos para ello. Con relación a la inversión social en energía y los pagos a cédela se tiene a folios 2098 a 2099 constancias de la empresa de Centrales Eléctricas del Cauca en donde se informa que en los años 2005 y 2006 se firmaron 4 convenios discriminados así Convenio 336-06 del 2006 por concepto de ampliación de cobertura de energía por valor de 124.000.000 debidamente cancelado , el 219-05 para el proyecto plan electrificación rural por valor de 80.500.000 debidamente cancelado, el 354 -05 y 8 474 de 2005 cuyo objeto era la administración y mantenimiento de los proyectos de electrificación por valor de 40.200.00 y

40.000.000 respectivamente sin cancelar a la fecha. De igual manera se tiene en el presupuesto de 2006 en el ítem 2.01.03 SERVICIOS PUBLICOS CONTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SERVIOS PUBLICOS , el sub. - ítem 2.01.03.01 SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS de energía eléctrica por valor 1.257.947.117 , como se puede apreciar la administración municipal efectivamente pensaba en cumplir