PGN - RECURSOS PUBLICOS - Fines a tener en cuenta los servidores públicos en su realización 996

Dependencia: PROCURADURIA DELEGADA PARA LA ECONOMIA Y LA

HACIENDA PÚBLICA Radicación 028-48389-2000 Disciplinado Jorge Prieto Riveros y otros. Cargo y Entidad Gobernador del Departamento del Casanare Quejoso Oficio Fecha Queja: 15 agosto de 2000

Fecha hechos: 1999-2000

Asunto: Fallo primera instancia.

Bogotá D.C., 9 de marzo de 2005

RESOLUCIÓN

1. ANTECEDENTES.

Con fundamento en el informe de Auditoria Especial de Orden Público del Ministerio del Interior y sus anexos se inició investigación disciplinaria, en contra de JORGE PRIETO RIVEROS y MIGUEL ANGEL MORENO VERA, en sus calidades de Gobernador y Secretario de Gobierno y Desarrollo Comunitario del Departamento del Casanare, por presuntas irregularidades relacionadas con la ejecución de los recursos del Fondo de Seguridad, durante las vigencias fiscales de 1999 y 2000, los cuales provienen de la contribución especial de obra pública. (Folios 10 y ss) Por ser competente la Delegada, en razón de la materia y calidad de los investigados, conforme a lo previsto en el literal c) numeral 1º y parágrafo del artículo 25 del Decreto 262 de 2000 y artículo 19 de la Resolución 017 del mismo año, proferida por el Procurador General de la Nación y no observar en el trámite de la investigación disciplinaria irregularidad constitutiva de causal de nulidad que lo impida por haberse garantizado el derecho de defensa y respetado el debido proceso, se procede a emitir la decisión de fondo a que haya lugar.

2. CARGOS.

Mediante auto del 27 de enero de 2004, le fueron formulados cargos al señor JORGE PRIETO RIVEROS y YENER AMIRA ARIAS PRECIADO, en sus condiciones de Gobernador y Jefe de la Oficina Jurídica (E ) para la época de los hechos así: (Folios 1941-1959). JORGE PRIETO RIVEROS. “…haber cambiado la destinación de los recursos del Fondo de Seguridad del Departamento, dispuestos en el artículo quinto del Decreto 033 de 1993, el cual no fue modificado por el Decreto 279 de 1996, y por el mismo artículo quinto del Decreto 118 del 19 de julio de 2000, en donde se estipuló la destinación de los recurso del Fondo, evento que aconteció cuando ordenó los gastos que se enuncian a continuación: (…)”. 1 YENER AMIRA ARIAS PRECIADO .”..haber firmado la Resolución 597 del 11 de julio de 2000, por medio de la cual se reconoció y ordenó el pago de $40.319.030.00, a favor de la Empresa de Energía de Boyacá; $15.000.000.00 a favor de TELECOM y $7.000.000.00 a favor de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal, por concepto de servicios públicos recibidos por el Comando de Policía del Casanare, con cargo a los recursos del Fondo de Seguridad del mismo departamento…. Con ello contribuyó al cambio de destinación de recursos del Fondo de Seguridad del Departamento, dispuestos en los artículos quinto de los Decretos 033 de 1993 y 118 del 19 de julio de 2000…

En su condición de Jefe de la Oficina Jurídica (E ), no solo debió abstenerse de suscribir la Resolución 597/00… sino que ha debido asesorar al Gobernador para que esta no fuera firmada”.

3. NORMAS TRANSGREDIDAS.

JORGE PRIETO RIVEROS. - Constitución Política, artículo 305 numeral 1. - Decreto 1222 de 1986, artículo 94, numeral 1. - Resolución 044 del 26 de enero de 1999Manual de funcionesCapítulo segundo, numeral primero. YENER AMIRA ARIAS PRECIADO - Resolución 044 del 26 de enero de 1999 -Manual de Funciones-, Código 115, grado 10, área Jurídica - capítulo segundo, numerales 1,2 y 13.

4. DESCARGOS JORGE PRIETO RIVEROS. (Folios 1993-1995 del cuaderno 7) Previo a la argumentación de su defensa, manifiesta el señor PRIETO RIVEROS, que en razón a que en el auto de cargos se hizo mención sobre la supuesta ausencia de inversión en las zonas deprimidas por la pobreza o la violencia, campañas cívicomilitares, hace algunas aclaraciones al respecto, entre otras, que el manejo que se le dio a éstos problemas fue ejemplarizante, así como la interacción que tuvo con las fuerzas armadas y de policía para penetrar dentro de la población campesina, “… que a pesar de que su departamento es uno de los mas asediados por los violentos, los problemas de los desplazados tanto por la violencia como por la pobreza han sido mejor tratados en nuestro departamento que en el resto del país…”.

Frente al hecho cuestionado señala que la responsabilidad del Fondo de Seguridad, según el Manual de Funciones, por delegación corresponde a la Secretaría de Gobierno Departamental. Hecho que se demuestra con las actas de las reuniones de los miembros de esa entidad y los oficios signados por el Secretario de Gobierno, 2 dirigidos a la Oficina Jurídica donde se dispone de los recursos de acuerdo a las decisiones aprobadas por el Consejo de Seguridad. Las decisiones contenidas en las resoluciones o actos administrativos firmados por el investigado, son analizadas previamente por el Secretario de Gobierno y la Oficina Jurídica, por lo tanto, son firmados anticipadamente por ellos, certificando que los mismos se ajustan a derecho. Los miembros del Consejo de Seguridad son autónomos en analizar y decidir en que invertir sus recursos, por ello dispusieron el mantenimiento del Hospital y las piscinas de la Policía, lo mismo que el pago de los servicios públicos y no el Gobernador, como se le cuestiona en el auto de cargos. A través del contrato 734 del 23 de octubre de 2000, se compraron entre otros elementos, hipo cloruro, ácido muriático y desnatadores, para el mantenimiento de la piscina y del Hospital que funciona en las instalaciones de la Policía del Departamento del Casanare, inversión autorizada por el Decreto 033 de 1993, que en su artículo 5 numeral 13 establece que se puede invertir “”…para la construcción, adecuación, mantenimiento y dotación de equipos a instalaciones militares, de policía y del departamento administrativo de seguridad…””. Explica que las piscinas y el hospital forman parte de las instalaciones de policía y

requieren de mantenimiento para un adecuado funcionamiento, siendo obligación de los funcionarios mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles que se encuentren bajo su responsabilidad. Respecto al pago de los servicios públicos de energía eléctrica, comunicación telefónica, acueducto y alcantarillado para la policía, también está autorizado por el Decreto 033 de 1993, si se tiene en cuenta que sería peligroso no sólo para la seguridad de los miembros de la Policía si no para la comunidad, no tener luz, agua y teléfono. El Departamento de Policía no contaba dentro de su presupuesto con los recursos para pagar dichos servicios, por lo tanto, los miembros del Consejo de Seguridad y la Oficina Jurídica del Departamento consideraron viable la solicitud del Comandante de pagarlos con recursos del Fondo de Seguridad, de lo contrario, serían cortados. Con este proceder, se previnieron actuaciones perturbadoras del orden público y se generó un ambiente de seguridad y bienestar como lo establece el precitado decreto. Considera que no es su responsabilidad que la Policía no incluyera dentro de su presupuesto suficientes recursos para el pago de los servicios públicos, pero sí hubiera cometido una falta oponiéndose a su pago con recursos del Fondo de Seguridad, previamente asignados a la Policía. Estima que era tan viable su pago que la Secretaría de Hacienda, autónoma para aceptar o rechazar un pago, expidió las resoluciones y aprobó la cancelación de dichos servicios. Resalta la importancia del pago de servicios públicos, los cuales se contemplan en las normas presupuéstales del orden nacional, seccional y particularmente el artículo

52 de la Ordenanza 102 de 1996, que establece entre otros como prioritario su cancelación. 3 Finalmente, afirma que si firmó las resoluciones como Gobernador, fue porque previamente había sido estudiado el caso por quienes tenían la obligación de dominar el tema, por tener una relación directa y especializada. Además, porque una de sus funciones era resolver problemas. Solicita la práctica de pruebas, las cuales fueron decretadas y evacuadas. YENER AMIRA ARIAS PRECIADO. (Folios 1977-1981 cuaderno 7) Afirma la investigada que, los Decretos 033 del 21 de mayo de 1993 y 118 del 19 de julio de 2000, se expidieron con fundamento en lo establecido en el Decreto 2008 de 1992, ley 418 de 1997 que en su artículo 122 inciso sexto estableció: “… los recursos que recauden las entidades territoriales por este mismo concepto deben invertirse por el Fondo - cuenta territorial, en dotación, material de guerra, reconstrucción de cuarteles y otras instalaciones, compra de equipo de comunicación, montaje y operación de redes de inteligencia, recompensa a personas que colaboren con la justicia y seguridad de las mismas, servicios personales, dotación y raciones para nuevos agentes y soldados o en la realización de gastos destinados a generar un ambiente que propicie la seguridad ciudadana, la preservación del orden público, actividades de inteligencia, el desarrollo comunitario y en general todas aquellas inversiones sociales que permitan garantizar la convivencia”. De acuerdo con la norma transcrita, es claro que el Gobierno Nacional dispuso de manera enunciativa y genérica más no taxativa los destinos de los recursos del

Fondo, esto es, la norma no definió explícitamente las actividades en que se podían invertir los recursos del Fondo, tal como se desprende, de la parte resaltada del artículo antes trascrito. La competencia para determinar si los gastos del Plan de Inversión presentado por el Comando del Departamento de Policía, cumplían los requisitos que enuncia la norma, era al Fondo de Seguridad, a través del Consejo de Seguridad como órgano consultivo, como en efecto lo hizo con los gastos que se reprochan. La seguridad a que se refiere el decreto 033 sobre la destinación de los recursos del Fondo, es un concepto complejo, que de acuerdo con la Procuraduría corresponden a “gastos de funcionamiento” asumidos por parte de cada una de las entidades encargadas de la seguridad de los habitantes del Departamento de Casanare, pero que en realidad se requieren para que los programas y proyectos impulsados por el Fondo funcionen. El sistema de comunicación mediante el cual se enlazan los puestos de policía del departamento requiere del servicio de energía eléctrica, sin ella los equipos no funcionan, quedando sin servicio equipos costosos y que por no pagar un valor mínimo estarían inoperantes, en cuyo caso el grado de perturbación del servicio de la seguridad, orden público y desprotección de la ciudadanía en general sería evidente. 4 El Consejo de Seguridad, del Fondo de Seguridad del Departamento del Casanare tuvo en cuenta para aprobar el pago de los servicios públicos, la justificación esgrimida ante la oficina jurídica, por la Policía Nacional la cual inició la construcción de la Sede con las diferentes dependencias lo que implicó gastos permanentes como

lo fueron entre otros, “los servicios públicos”, razón por la cual, los servicios cancelados con cargo a los recursos del Fondo, sí estaban incluidos como uno de los ítems generales relacionados en el artículo 5 del Decreto 033 de 1993; aspecto que fue objeto de estudio y tenido en cuenta en consenso para la aprobación, en donde se determinó que la destinación de los recursos a invertir correspondía a lo señalado en la norma citada anteriormente. Al momento de la interpretación de la norma se hizo la consideración que efectivamente el gasto estaba plasmado como uno de los permitidos por la Ley dado el alcance de los mismos, por lo tanto, la conducta del Jefe de la Oficina no estaba dirigida en ningún momento a violar norma alguna sino que de acuerdo a una interpretación amplia se puede establecer que el gasto era legal. Con la acción realizada por el Departamento de Casanare al pagar los servicios públicos sólo estaba desarrollando los preceptos contemplados en la Constitución Política, como era buscar la efectividad y protección de los derechos a la vida de los residentes en Casanare, dicha actuación no puede ser tachada de inconstitucional por cuanto se debe considerar que cuando se destina un dinero para la seguridad debe incluir todos los tópicos incluyendo el pago de los servicios públicos del comando de policía del Departamento de Casanare, entidad que debe entenderse que en toda su actividad y funcionamiento están dirigidas a prestar seguridad. La conducta que asumió al darle el visto bueno al proyecto de resolución que ordenaba el pago de los servicios públicos de la Policía Nacional, con recursos del Fondo de Seguridad del Departamento de Casanare, estaba basado en un estudio

jurídico y en la interpretación lógica de la norma, que se hizo en forma integral y no tomando apartes de la legislación sobre inversión de los recursos del Fondo de Seguridad. Lo anterior demuestra que su conducta no fue dolosa de querer realizar un acto contrario a la Ley, al visar la resolución que ordenaba el pago de los servicios públicos, ni tampoco culposa, pues la inversión era permitida por la Ley. Sobre el grado de perturbación del servicio que se aduce en el auto de cargos, se tiene que por el contrario, el pago de los servicios públicos, permitió que la Seguridad del Departamento, prestada por la Policía no fuera perturbada, que pudo presentarse de haberse suspendido. Trae un ejemplo, si se suspende el servicio del agua, cual sería la situación de los detenidos que dada la escasa estructura carcelaria, deben permanecer en la Policía, hacinados y además, la falta de aseo traería consecuencias lamentables. En cuanto al servicio telefónico, se tiene que si en la policía no lo hubiere, resultaría inoperante la línea de emergencia, imposible coordinar con las otras estaciones del Departamento, quedando desprotegidos los pueblos en caso de hostigamiento por fuerzas al margen de la Ley. Dio el visto bueno a las resoluciones al realizar un encargo transitorio que hizo para cubrir un permiso del titular, y el abogado que proyectó las mismas, lo hizo de 5 acuerdo con las instrucciones del Titular del Cargo y en su caso, dando cumplimiento a lo mismo. El encargo que se le dio fue formal, pues el Gobernador era consciente que la determinación estaba tomada por la titular con quien previamente se discutió en la

reunión del Consejo de Seguridad, donde igualmente asisten funcionarios de la Procuraduría y la Fiscalía, quienes al igual que el Gobernador son abogados, lo cual significa que hubo un consenso de interpretación de la norma en el sentido que la inversión era lícita. Entonces, el Gobernador sabía los alcances de la resolución a firmar y en conjunto con el titular y las autoridades del Departamento se discutió este tópico, por lo que no se requería de un asesoramiento del Jefe Encargado de la Oficina Jurídica. En gracia de discusión que la destinación de los recursos se hubiese modificado, socialmente no se estaba causando ningún perjuicio, por el contrario, se trató de superar un peligro, dándole a la Policía las herramientas necesarias para operar en forma eficiente. Por lo tanto, no existe perjuicio alguno, pues en la reunión se aprobó que esos recursos se destinarían a la Policía, entidad de seguridad que presentó el plan de inversión, es decir, que la destinación se la estaba dando directamente la Policía y no la administración Departamental y correspondía a una necesidad de seguridad, pero que en momento alguno estaba causando un perjuicio.

5. ALEGATOS DE CONCLUSION.

JORGE PRIETO RIVEROS.

Con oficio del 25 de enero de 2005, el señor PRIETO RIVEROS, a través de su apoderado sustenta sus alegatos así: (Folios 2037-2045) En principio destaca la defensa que el cargo formulado a su defendido obedece más a una interpretación que a unos hechos que impliquen ilicitud sustancial o falta a sus

deberes por parte de su representado. Alega que se le señaló como quebrantada entre otras normas el decreto 118 de del 19 de julio de 2000 y la resolución cuestionada es la 597 del 11 de julio de 2000, esto es, de fecha anterior a la expedición del citado decreto, desvirtuándose el incumplimiento de dicha norma. Respecto de los Decretos 033 de 1993 y 297 se 1996, se tiene que no contemplan inversiones forzosas, taxativas o exclusivas, no fijan porcentajes y señalan que en general aquellos gastos que tiendan a propender por la seguridad, enunciando en varios numerales actividades que se dejan a la interpretación y se plasma la discrecionalidad en cuanto a su gasto, conforme a las necesidades de los distintos entes encargados de la seguridad, es decir, se dan unas pautas generales, para que los consejos de seguridad, conforme a las necesidades y problemática particular de cada región, inviertan y destinen sus recursos. La filosofía de los Fondos es buscar seguridad en las regiones y brindar protección no sólo a los ciudadanos, sino a los funcionarios que velan por hacer cumplir la 6 Constitución y la ley, en consecuencia, hay departamentos como el Casanare que necesitan invertir en seguridad más recursos que otros departamentos que lo requerirán en otro rubro, existiendo discrecionalidad en cuanto al manejo de esos recursos, que se analizan en los Consejos de Seguridad, no siendo una decisión arbitraria e inconsulta de su defendido o del Secretario de Gobierno, que en el caso de estudio, era el delegado de la Gobernación en dicho Consejo, como las pruebas

lo demuestran. Si los bienes y servicios que se contrataban, lo eran por intermedio de la Gobernación, no había obstáculo para que simplemente se transfirieran los recursos del Fondo a los organismos de Seguridad del Estado, para que los invirtieran conforme a sus necesidades, es decir adquirían combustibles, equipos, contrataran dotaciones o mantenimiento de instalaciones y equipos, cancelaran servicios públicos, etc. Si ello es así, igualmente se utilizaban para beneficio de estas entidades, con la finalidad de que cumplieran adecuadamente sus funciones, sin entender porque se cuestiona que en vez de entregar los recursos con los cuales bien podían atender estos pagos, los mismos se verificaron luego de ser discutidos y aprobados por el Consejo de Seguridad, por parte de las secretarías correspondientes de la Gobernación. Se demostró que el investigado delegó en el Secretario de Gobierno su intervención en el manejo del Fondo; en el Consejo de Seguridad, además de dicho funcionario se reunían la Procuraduría, Personería, Fiscalía etc, para analizar, entre otros, el problema de la seguridad que implicaba la inversión de recursos, para posteriormente informar de las decisiones tomadas al Gobernador, quien de buena fe y porque se ajustaban a la Ley, no hacía reproche alguno. No se demostró que el acusado hubiese querido eludir la ley, cambiado a propósito la destinación de los recursos o un actuar descuidado o negligente, pues actúo siempre con la “convicción errada e invencible” que su actuar (suscribir resolución), no constituía infracción disciplinaria y por ello en su condición de ordenador los

autorizó, pues habían sido discutidos y aprobados por el consejo de seguridad, eran una necesidad, habían sido objeto de estudio y elaborada y revisada la resolución por funcionarios que por manual de funciones tenían asignada dicha responsabilidad, de haber existido duda no la habría suscrito. Se trató de un tema en el que intervinieron las autoridades que participaron en el las reuniones del Consejo, sin poder afirmar que ellos querían inducir para que se quebrantara la ley disciplinaria y que el investigado debía desconfiar de ellos, por el contrario, si se discutía le daba mayor seguridad. Respecto del pago de “servicios públicos”, la interpretación que le hace la Procuraduría es restrictiva, pues no contempló aspectos como el hecho de que en las instalaciones militares, en un momento determinado, no se cuente con servicios públicos, porque los suspenden por falta de pago y luego de informada la situación al Gobernador por los funcionarios que conocen del tema, se suscribe la resolución para solucionar el problema con los dineros del Fondo. Aquí no se presenta la figura del cambio de destinación de los recursos, en razón a que surgió como una necesidad como lo fue adquirir unos elementos, pagar los gastos de mantenimiento, adquirir combustible etc, elementos que igualmente podría argumentarse, debería considerarse como gastos de funcionamiento asignados a cada entidad; que seguridad pueden prestar éstas instituciones si carecen de servicios públicos, 7 incumplirían con su finalidad como lo son generar ambientes de seguridad ciudadana, prevenir desordenes públicos. El pago de un servicio público en un momento dado, no convierte a los miembros del Consejo de Seguridad en infractores

de la Ley y menos a su defendido, por el contrario, no paga los servicios existiendo recursos que válidamente pueden ser utilizados y se suspenden, eso si generaría un reproche. Aceptan que las fuerzas de seguridad tienen recursos asignados para su funcionamiento, escasos y limitados y para ello se crean estos Fondos de Seguridad, precisamente para que conforme a las necesidades, se cuente con recursos suficientes para atender todas estas vicisitudes. Solicita se reconsidere lo dicho en el auto de cargos en cuanto a que “…el concepto de dotación de equipos a instalaciones militares, de policía y DAS han sido interpretados por la fuerza pública y por el propio Gobernador (ordenador del gasto), para amparar la compra de muebles y enseres…descritos en los puntos 2.4 1.4 a 2.1.1.6 que escapan a la naturaleza del fondo”, pues los decretos expresamente autorizan dichas adquisiciones. La compra de esos muebles es de dotación. En cuanto al hecho de adquirir químicos para el mantenimiento de piscinas y el hospital, se tiene que éstos hacen parte de las instalaciones de la policía y por suntuario que parezca existe la obligación legal de costear su mantenimiento para su funcionamiento, de lo contrario, se perderían. Afirma que las declaraciones rendidas por JAIME ENRIQUE PERICO ALVAREZ y LUIS ALBERTO GUEVARA DIAZ, demuestran como se desarrollaban las reuniones del Consejo de Seguridad; quiénes asistían; qué temas se trataban y en general, afirman que lo que se buscaba era la seguridad de la comunidad. PLINIO RAUL AVELLA, manifiesta que los decretos eran de carácter general y que los recursos se

debían utilizar en una forma más amplia. MARIA ESPERANZA LEMUS da cuenta de las competencias y forma como se asignaban los recursos según las necesidades. El haber calificado la falta a título de culpa grave es un desacierto por cuanto la misma no existió y en gracia de discusión producto de la interpretación, está demostrado que actúo de buena fe, sin desconfiar, con ánimo de servicio y con la convicción que no constituía infracción. Finalmente, aduce que no se tipifica la conducta en las normas citadas en el auto de cargos, por cuanto ésta se adecuó a la Ley, pues no se demostró violación de un deber funcional por parte de su defendido. Además, en ninguna de las pruebas se plasma comportamiento alguno que haya vulnerado algún bien jurídicamente tutelado. No se explicó en el auto de cargos a pesar de afirmarse que el proceder el acusado es culposo, porque suscribió la resolución como se la presentaron sin objetarla, pero específicamente no se dice en qué consiste la culpa o de dónde se infiere ésta, ni por qué su gravedad. YENER AMIRA ARIAS PRECIADO Con oficio del 28 de enero de 2005, la señora ARIAS PRECIADO, sustenta sus alegatos así: (Folios 2046-2050) 8 Reitera lo descrito en el auto de cargos, agregando que no le correspondía a la Oficina Jurídica sino al Fondo de Seguridad establecer el destino de los recursos, los cuales luego de un análisis lógico hecho por parte de los diferentes miembros de dicho Consejo así como por los abogados que asesoraron al mismo se consideró que esta inversión era legal y con la misma no está desbordando los límites de la

misma y menos constituyendo una conducta irregular. En reiteradas ocasiones se ha discutido el alcance de ciertos conceptos jurídicos en cuanto tiene que ver con el campo de aplicación y los límites que se deben tener el momento de hacer ciertas inversiones de donde se tiene que los tratadistas no han unificado un criterio en torno al tema. En el presente caso no se puede señalar que toda una infraestructura en la cual se han invertido miles de millones deben dejarse sin uso por cuanto no se pueden cancelar los servicios públicos. El concepto sobre el gasto de ciertos servicios debe considerarse como parte de una inversión y por tanto permitido el realizar esta clase pagos con recursos del Fondo de Seguridad, pues se debe tomar como un todo y no como actividades o componentes separados. Visó la Resolución para el pago de los servicios públicos porque los recursos invertidos en infraestructura no quedarían subutilizados, se trataba de una actividad macro que conllevaba varias actividades y se ajustaba a la ley.

6. CONSIDERACIONES DEL PROCURADOR DELEGADO 6.1. Se cuestiona al disciplinado PRIETO RIVEROS, el hecho de cambiar la destinación los recursos del Fondo de Seguridad del Departamento, al ordenar los gastos por concepto de los servicios públicos (Resolución 597 del 11 de julio de 2000) y otros (Contrato 734del 23 de octubre de 2000), descritos en el auto de cargos, contrariando lo establecido en el artículo 5º. del Decreto 033 de 1993, 118 de 2000, 279 de 1996.

Y a la acusada ARIAS PRECIADO, por haber firmado la Resolución 597 del 11 de julio de 2000, por medio de la cual el señor PRIETO RIVEROS reconoció y ordenó el

pago de servicios públicos recibidos por el Comando de Policía del Casanare así: $40.319.030.00, a favor de la Empresa de Energía de Boyacá; $15.000.000.00 a favor de TELECOM y $7.000.000.00 a favor de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal, con cargo a los recursos del Fondo de Seguridad del mismo departamento, contribuyendo al cambio de destinación de dichos recursos, debiendo abstenerse de suscribirla y asesorar al Gobernador para que esta no fuera firmada”. Soportan los cargos las siguientes PRUEBAS: 1º. Ordenanza No. 019 de noviembre 19 de 1992, mediante la cual la Asamblea Departamental del Casanare, autorizó al Gobernador de la misma localidad para crear y reglamentar por Decreto el Fondo Departamental de Seguridad. (Folios 223 y ss,del cuaderno 1) 2º. Decreto 033 de 1993, por medio del cual se crea y reglamenta el Fondo Departamental de Seguridad de Casanare. (Folios 41 y ss del cuaderno 1) 9 3º. Decreto 279 del 26 de noviembre de 1996, modifica el Decreto 033 del 21 de mayo de 1993, en sus artículos 3º, parágrafo del artículo 4º. y 6º. el cual quedó así: (Folios 48 y 49 del cuaderno 1) 4º. Comunicación 038 del 14 de junio de 2000, suscrita por el Comandante del Departamento de Policía del Casanare, dirigida al Secretario de Gobierno

Departamental, mediante la cual solicita asignación de recursos con dineros del Fondo de Seguridad. (Folios 1.190 y1.191 cuaderno 5) 5º. Oficio 1511 del 5 de julio de 2000, mediante el cual el Secretario de Gobierno remitió al Jefe de la Oficina Jurídica de la Gobernación los soportes documentales para el pago de los servicios Públicos. (Folio 1.192 del Cuaderno 5) 6º. Resolución 597 del 11 de julio de 2000, por la cual se reconoció y ordenó el pago de $40.319.030.00 a la Empresa de Energía de Boyacá, $15.000.000 a Telecom y Acueducto y $7.000.000 a favor del Alcantarillado de Yopal, servicios públicos recibidos por el comando de Policía del Casanare, con cargo a los recursos del Fondo de Seguridad del mismo Departamento. (Folios 1.182 y 1.183 cuaderno 5). 7º. Resolución 3207 del 14 de julio de 2000, mediante la cual el Secretario de Hacienda, ordena el pago, de $15.000.000 a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, según resolución 597 del 11 de julio de 2000 y Ejecución presupuestal del Departamento del Casanare, del 1º. junio de 2000 a 4 de junio de 2003, en la cual se observa el registró de dicho pago. (Folio 1.225-1237 cuaderno 5 y 248 del cuaderno 1) 8º. Resolución 3208 del 14 de julio de 2000, mediante la cual el Secretario de Hacienda, ordena el pago, de $40.319.030 a la Empresa de Energía de Boyacá,,

según resolución 597 del 11 de julio de 2000 y demás documentos anexos a la misma. (Folios 1.181 y ss) 9º. Resolución 3209 del 14 de julio de 2000, mediante la cual el Secretario de Hacienda, ordena el pago, de $7.000.000 a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, según resolución 597 del 11 de julio de 2000 y autorización del Comandante del Departamento de Policía, responsable del manejo del Fondo de Seguridad y Vigilancia de la Gobernación, para que de la partida que le corresponde a esa Unidad como integrante de Fondo se gire a nombre de la empresa dichos recursos (Folio 1.225-1237) 10º. Acta de visita especial practicada en la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario del la Gobernación del Casanare del 3 de julio de 2003, en la cual se estableció que los miembros que conforman el Fondo cuenta son el Ejército Nacional, el Das y la Policía Nacional y además la Gobernación del Casanare. (Folios 550 del cuaderno 2) 11º. Declaración rendida por YENER AMIRA ARIAS PRECIADO, Jefe encargada de la Oficina Jurídica, quien manifiesta que suscribió la Resolución, “… para continuar el trámite de un proceso que tenía como fin darle cumplimiento a lo acordado y aprobado por el Comité Fondo cuenta de seguridad del Departamento, quien aprobaba los proyectos de inversión del Fondo que le correspondían a los deferentes Organismos de Seguridad del Departamento, quienes consignaban sus 10 decisiones, las cuales eran enviadas junto con los soportes a la Oficina Jurídica para

que se proyectara el acto administrativo ordenando el pago…” (Folios 1.936-1937). 12º. Declaración rendida por JAIME ENRIQUE PERICO ALVAREZ, Director Seccional del DAS, del 25 de agosto de 2004, quien afirma que ”…el Consejo de Seguridad funcionaba integrado por todos los funcionarios que tienen que ver con el control del orden público y a él acudíamos por el llamado del gobernador, del Comandante de la Br