PGN - RECURSOS - Tienen un carácter potestativo y dependen de la voluntad o el interés de determ

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal Magistrado Ponente: Dr. Herman Galán Castellanos REF.: Recurso de casación interpuesto por el defensor del procesado Ricardo Espinosa Trujillo contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva que lo condenó como autor responsable de los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego cometidos en concurso.

RAD. Nº 21211

El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Neiva profirió sentencia el nueve de enero de dos mil tres, en la que condenó a Ricardo Espinosa Trujillo por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de defensa personal, a la pena principal de (28) veintiocho años de prisión y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término de (10) diez años. Los perjuicios morales y materiales fueron cuantificados en (200) doscientos salarios mínimos legales mensuales, reconocidos en favor de los herederos o sucesores de la víctima. La anterior determinación fue confirmada con modificaciones por el Tribunal Superior de Neiva, en sentencia del (12) doce de marzo de 2003, por medio de la cual resolvió el recurso de apelación propuesto por el procesado y su defensor. Mediante apoderado especialmente constituido se interpuso contra la sentencia de segunda instancia, recurso extraordinario de casación. Presentada la demanda, la Corte Suprema de Justicia mediante decisión del (28) de julio de 2003, la encontró ajustada a las previsiones legales y dispuso su traslado al

Ministerio Público para la emisión del concepto correspondiente. HECHOS El once de mayo de dos mil uno en el asentamiento “Bernal Falla” ubicado en inmediaciones del barrio Chicalá de la ciudad de Neiva, siendo aproximadamente las ocho de la noche, Ricardo Espinosa Trujillo dio muerte en forma violenta a Darío Suárez Meneses, líder de la comunidad de desplazados que ocupaban dicho asentamiento. El homicida fue capturado por integrantes de la comunidad poco después de haber perpetrado el crimen. ACTUACION PROCESAL RELEVANTE Con fundamento en los informes rendidos por el Comandante del Escuadrón Motorizado adscrito al Primer Distrito del Departamento de Policía del Huila y el Jefe de la Sección de Información y Análisis del C.T.I., en los que se dio cuenta a la fiscalía de los hechos anteriormente narrados, la Fiscalía Octava Seccional declaró abierta la instrucción mediante resolución de doce de mayo de dos mil uno en la que ordenó recibir indagatoria al incriminado y otras diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos. Ricardo Espinosa Trujillo rindió indagatoria el catorce de mayo de dos mil uno, diligencia en la que fue asistido por un abogado de confianza. Una vez realizada esta diligencia, la actuación fue remitida a la Fiscalía Primera Especializada de Neiva, oficina que avocó el trámite del proceso el quince de mayo de dos mil uno por considerar que en el delito de homicidio concurrían circunstancias de agravación que determinaban su competencia. Al indagado le fue resuelta la situación jurídica el dieciocho de mayo de dos mil

uno con medida de aseguramiento de detención preventiva por el delito de homicidio, agravado por el numeral 8º del artículo 324 del Decreto 100 de 1980, en concurso con porte ilegal de armas de fuego de defensa personal. Recibidos varios testimonios y practicados algunos medios de prueba de diferente naturaleza, el (8) ocho de agosto de 2001 se ordenó el cierre de la investigación, decisión que fue recurrida en reposición por el defensor del procesado al estimar que resultaba necesario practicar varias probanzas que demostrarían la inexistencia de la causal de agravación específica que le fuera atribuida a Espinosa Trujillo. Adicionalmente solicitó la nulidad de lo actuado por violación al derecho de defensa. Mediante resolución de cinco de septiembre de dos mil uno la Fiscalía Primera Especializada resolvió negativamente el recurso de reposición interpuesto por el defensor del procesado en contra de la decisión que ordenó el cierre de la investigación y dispuso revocar acorde con lo solicitado por el representante del Ministerio Público, una determinación anterior en la que se declaraba incompetente para seguir conociendo del presente asunto, decidiendo en consecuencia continuar con el conocimiento de la investigación y diferir el análisis de la nulidad propuesta por el defensor del procesado para el momento de la calificación del mérito del sumario. La investigación fue calificada mediante resolución del (8) ocho de octubre de dos mil uno, en la que se acusó a Ricardo Espinosa Trujillo como probable autor responsable de los delitos de homicidio, agravado por las circunstancias previstas en los numerales 8ª y 9ª del artículo 104 del Código Penal, en

concurso con el porte ilegal de armas de defensa personal, en determinación que coincidió con la que en su momento planteara el agente del Ministerio Público. 2 El defensor del procesado recurrió la anterior determinación, argumentando en esencia que el procesado debía ser convocado a juicio como probable autor responsable de un delito de homicidio simple, por encontrarse ausentes las exigencias normativas relativas a las causales de agravación que le fueron deducidas en el pliego de cargos. El Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior al resolver la impugnación confirmó la decisión de instancia, pero adicionándola para atribuir igualmente al implicado la causal de agravación específica prevista en el numeral 4 del artículo 104 del Código Penal, relativa a haber cometido el delito por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo abyecto o fútil. La etapa de la causa correspondió al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Neiva, despacho que aprehendió el conocimiento el (22) veintidós de noviembre de dos mil uno, dejando el expediente a disposición de las partes para los efectos legales previstos en el artículo 400 del anterior Código de Procedimiento Penal. Dentro de esta oportunidad tanto el representante del Ministerio Público como el defensor del procesado solicitaron la práctica de pruebas, oponiéndose éste último a través de una petición de nulidad de la actuación, a la adición de la resolución de acusación en segunda instancia, cuando el Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Neiva, al decidir el recurso de apelación interpuesto por la defensa, dedujo en contra del acusado una nueva circunstancia de

agravación especifica (artículo 104 numeral 4 del Código Penal). La diligencia de audiencia preparatoria tuvo lugar el doce de septiembre de dos mil dos, en cuyo desarrollo se negó la solicitud de nulidad reclamada por la defensa y la práctica de las pruebas a que aludían los sujetos procesales. Contra la anterior determinación el abogado del procesado interpuso recurso de apelación, que el Tribunal Superior de Neiva resolvió accediendo a la ampliación de algunos testimonios, confirmándola en lo demás. Realizada la diligencia de audiencia pública, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Neiva el nueve de enero de 2003, emitió fallo condenatorio en contra de RICARDO ESPINOSA TRUJILLO, como autor responsable de los delitos de homicidio agravado, de conformidad con lo previsto en el artículo 104 numerales 4º ,8º y 9º del Código Penal, en concurso con porte ilegal de armas de defensa personal. El Tribunal Superior de Neiva con ocasión de resolver el recurso de apelación propuesto por la defensa, modificó la sentencia de instancia al estimar que únicamente concurría en la conducta del acusado como circunstancia especifica de agravación, la prevista en el numeral 4 del artículo 104 de la mencionada codificación. Dentro del trámite de la impugnación interpuesta contra el fallo de primera instancia, el procesado solicitó al Tribunal Superior la modificación de la sentencia objeto del recurso, por considerar específicamente en punto de la causal de agravación que se viene citando, que fue irregularmente deducida en su contra en el pliego de cargos por parte del Fiscal Delegado ante el Tribunal,

3 quien desbordó su competencia funcional al ocuparse de aspectos que no se encontraban inescindiblemente vinculados al objeto de apelación. SINTESIS DE LA DEMANDA DE CASACION Con fundamento en la causal tercera de casación prevista en el artículo 207 del Código de Procedimiento Penal, acusa el recurrente la sentencia condenatoria proferida en el presente caso, por haberse dictado en un juicio viciado de nulidad, por violación de las normas constitucionales y legales que informan el debido proceso. Para ello aduce que la Fiscalía Primera Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de la ciudad de Neiva, acusó a su representado como presunto autor material del homicidio cometido en la persona de Darío Suarez Meneses, en hechos ocurridos el once de mayo de 2001, calificando provisionalmente esa conducta como homicidio agravado por las causales 8º y 9º del artículo 104 del Código Penal, esto es, por haberse cometido el delito con fines terroristas y en persona protegida por el Derecho Internacional Humanitario, en razón de la condición de líder comunitario que ostentaba la víctima. Lo anterior en concurso de hechos punibles con el de porte ilegal de armas de fuego de defensa personal. Seguidamente expresa que con ocasión del recurso de apelación interpuesto contra la anterior determinación en donde la defensa fungió como apelante único y argumentó la pertinencia de convocar a juicio a su representado por el delito de homicidio simple y no agravado, expresando a renglón seguido las razones por las cuales consideró que no concurrían en contra del procesado

las causales de agravación deducidas en el pliego de cargos, la fiscalía ante el tribunal al desatar la impugnación adicionó la resolución de acusación atribuyendo también al implicado la causal de agravación específica prevista en el numeral 4 del artículo 104 del Código Penal, por haber sido presuntamente cometido el homicidio de Suarez Meneses por precio o promesa remuneratoria. La sentencia de primera instancia por medio de la cual se condenó al acusado como autor responsable de los delitos contenidos en la resolución de acusación, concretamente por el homicidio agravado de conformidad con los numerales 4º , 8º y 9º del Código Penal fue recurrida en apelación por el procesado y su defensor, decidiendo el Tribunal Superior modificar la sentencia de instancia para en su lugar imponer al condenado una pena de 26 años de prisión en razón de la concurrencia única de la causal de agravación contenida en el numeral 4 del articulo 104 del Código Penal. Señala el demandante que la sentencia proferida en estas condiciones desconoce las garantías constitucionales y legales referidas al debido proceso, por cuanto el fiscal de segundo grado con ocasión de resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa contra la resolución de acusación, desbordó el marco restrictivo que le impone el artículo 204 del C.P.P, al adicionar de manera irregular en contra del procesado, una circunstancia de 4 agravación que no le había sido atribuida en primera instancia, irregularidad advertida tanto por el fiscal como por el procurador judicial en la diligencia de audiencia pública, quienes se abstuvieron de solicitar al juez de conocimiento la condena del acusado por esta específica circunstancia de agravación.

Adujo el recurrente que el Tribunal Superior avaló la posición del fiscal de segunda instancia en cuanto consideró que algunos elementos de juicio estarían indicando la existencia de un fin remuneratorio o lucrativo en la conducta del implicado, y que en estas condiciones ello era un aspecto inexorablemente vinculado a los razonamientos de la apelación, debiendo concluirse en consecuencia que no se quebrantó la estructura básica del proceso, ni se afectó en manera grave el derecho de defensa, por cuanto este aspecto bien pudo dilucidarse en el curso del debate público. A juicio del impugnante el yerro surge evidente de la sola lectura del artículo 204 del Código de Procedimiento Penal, por cuanto allí se contiene de manera precisa e inconfundible el límite al margen de maniobra del superior, frente a decisiones objeto de recurso de apelación, extendiéndolo únicamente a los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación. En el presente caso, el hecho que motivó la apelación de la defensa frente a la resolución de acusación de instancia, lo fue el demostrar que no concurrían en la conducta del sindicado las causales 8º y 9º de agravación deducidas en el pliego de cargos, circunstancia que convertía el accionar de Espinosa Trujillo en un homicidio simple y, en tal condición debía ser convocado a juicio. Expresó igualmente que el Fiscal del Tribunal contrariando la norma instrumental en cita, y además el artículo 29 de la Constitución Política, decidió desconocer el principio de contradicción que rige y orienta el proceso penal, al adicionar la providencia que puso fin a la etapa instructiva, sin que las partes

hubiesen tenido la oportunidad de controvertir la existencia de esta causal de agravación dejada de lado a lo largo de la investigación. La mencionada irregularidad afecta sustancialmente la estructura procesal, sin que hubiera sido corregida en etapas posteriores a pesar de haberse intentado infructuosamente, como si se tratara de una decisión intrascendente, cuando por su naturaleza si lo era, ya que finalmente se constituyó en el fundamento para agravar la pena de trece a veintiseis años de prisión. A juicio del censor se violó igualmente el derecho de defensa porque la actividad de este sujeto procesal nunca fue encausada o ejercida con el propósito de recolectar elementos de juicio en este sentido, o infirmar su concurrencia, porque sencillamente nunca fue objeto de prueba ni de discusión procesal. La norma invocada no establece una simple formalidad, sino una garantía dentro del derecho fundamental a la defensa, razón por la cual su desconocimiento constituye una irregularidad sustancial que afecta el debido proceso, pues la regla allí prevista está encaminada a asegurar que el procesado o su defensor puedan impugnar determinados aspectos de las 5 providencias judiciales sin temor de que el superior, al desatar el recurso, modifique la decisión en su contra, sin la garantía de la doble instancia. Con cita de algunos apartes de la jurisprudencia nacional en apoyo de su cuestionamiento, indica el censor que la observancia irrestricta de las normas que inspiran el debido proceso, constituyen en el Estado de derecho, el soporte de validez de las mismas De este modo, arguye que en el presente caso se cometió una grave

irregularidad que afectó de manera sustancial el debido proceso, debiendo imponerse como único remedio la declaratoria de nulidad parcial del proceso a partir de la resolución que declaró clausurado el periodo instructivo, para que el nuevo cargo sea formulado debidamente o, en su defecto, y atendiendo al principio de residualidad que orienta las nulidades, solicita de esa Corporación se profiera fallo de reemplazo en donde se reconozca que se está frente a un homicidio simple sin agravante alguno, debiendo confirmarse en todo lo demás. CONCEPTO DE LA PROCURADURIA DELEGADA EN LO PENAL Preciso resulta mencionar que en el presente caso, el recurrente acierta en señalar que el vicio alegado de encontrarse configurado, constituiría un acto irregular que se aparta o desconoce en primer orden las bases fundamentales de la instrucción y/o el juzgamiento, y en segundo término afecta de manera importante las garantías constitucionales inherentes al procesado, debiendo aludirse en consecuencia en sede del recurso extraordinario a la causal de nulidad prevista en el numeral tercero del artículo 207 de la Ley 600 de 2000. Con igual propósito, luego de identificar el acto irregular, el censor involucra en su argumentación todas aquellas circunstancias que estarían indicando que con posterioridad a la emisión del acto irregular, utilizó infructuosamente a lo largo de la actuación procesal, los mecanismos legales a su disposición en procura de obtener la reparación del agravio, para finalmente expresar que el vicio no fue subsanado, posibilitándose en esta forma un incremento sustancial en el monto de la pena privativa de la libertad que le fuera impuesta al

procesado, razonamientos con los cuales la Procuraduria Delegada ve cumplidos los presupuestos necesarios para la admisibilidad de una alegación en tal sentido. De otra parte, la violación a las normas que estructuran el debido proceso y de contera a las que materializan el derecho de defensa por desconocimiento del principio de contradicción; de la doble instancia y de limitación funcional con ocasión de resolver el recurso de apelación como impugnante único, encuentra fundamento atendible en los criterios que orientan o rigen la declaratoria de nulidad. La evolución conceptual de la noción de debido proceso trasciende de la simple puesta en marcha del procedimiento previamente establecido en la ley, para agotar una actuación determinada y tomar una decisión final, para concebirse 6 en cambio como todo un conjunto de derechos y garantías inherentes a las personas, y expresado en varias normas de rango constitucional y legal, las cuales condicionan inexorablemente la actuación de los funcionarios públicos, como presupuesto de legitimidad de las decisiones por ellos adoptadas, dentro de la comprensión de lo que se denomina “orden justo”. En tal sentido se ha expresado la Corte Constitucional cuando con ocasión del debido proceso ha expresado lo siguiente: “...La transgresión que pueda ocurrir de aquellas normas mínimas que la Constitución o la Ley establecen para las actuaciones procesales, como formas propias de cada juicio (C.P., art.29), atenta contra el debido proceso y desconoce la garantía de los derechos e intereses de las personas que intervienen en el mismo. De esta manera, logra ignorar el fin esencial del Estado social de derecho que pretende brindar a todas las personas la

efectividad de los principios y derechos constitucionalmente consagrados, con el fin de alcanzar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo 8C.P. art. 2º. ). (C.C. Sentencia T – 001/93). En este orden de ideas, debe manifestarse que el contenido del artículo 204 del Código de Procedimiento Penal se integra a la noción de debido proceso, en cuanto se encarga de delimitar la competencia del superior en razón del recurso de apelación, para establecer y diferenciar este mecanismo de la consulta que opera frente a algunas decisiones judiciales, y materializar en esta forma los límites al poder punitivo del Estado, en su facultad de configurar tanto el delito como la pena. Es así como la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, se han encargado de fijar el contenido y el alcance de esta y otras normas de similar estirpe, para establecer que la sustentación obligatoria que la ley establece para el recurso de apelación encuentra sentido en la revisión por parte del superior, respecto de aquellas decisiones adoptadas por el funcionario de instancia y que no fueron compartidas por algún sujeto procesal o que originaron su inconformidad, pretendiéndose a través de la impugnación que las mismas se vean modificadas de conformidad a lo sugerido o querido por el peticionario. Es por ello que repetida y reiteradamente puede leerse en las diversas decisiones que sobre el tema ha proferido esa Corporación, que el escrito de impugnación marca el ámbito de movilidad del funcionario de segunda instancia, quien solo podrá rebasar ese preciso marco, respecto de situaciones o aspectos inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación, cuando

se trate de apelante único, como precisamente aconteció el evento sub lite, en donde solamente la defensa del procesado recurrió la resolución de acusación ante el silencio de otros sujetos procesales como el Ministerio Público. En este mismo orden de ideas, debe considerarse que si el funcionario desborda ese preciso límite en su competencia funcional, para extender su decisión en segunda instancia, a aspectos no queridos por el impugnante o desvinculados objetivamente del escrito de apelación, contraría 7 ostensiblemente el mandato contenido en el artículo 204 del Código de Procedimiento Penal, que constituye una noción integradora del debido proceso, por cuanto se impide en esta forma el adecuado ejercicio del principio de contradicción y de la doble instancia, al privarse a la parte afectada de la posibilidad de oponerse o controvertir la inclusión de hechos o circunstancias de connotación jurídica, no sugeridos por el recurrente, en actitud que consecuentemente afecta de manera importante el derecho de defensa inherente al procesado. Los recursos tienen un carácter potestativo y dependen en definitiva de la voluntad o el interés de determinado sujeto procesal, quien en el escrito de sustentación consigna aquellos aspectos que a su juicio requieren una segunda valoración, siendo ésta la única razón del pronunciamiento obtenido en segunda instancia. Por ello se otorgaría margen o espacio a la arbitrariedad, si con ocasión de un recurso de esta naturaleza, el impugnante queda expuesto a una revisión integral del proceso, a la posibilidad de una nueva visión fáctica o jurídica con total independencia de lo resuelto en primera instancia y respecto

de lo cual los restantes sujetos procesales mostraron su total conformidad. En el presente caso, la situación jurídica del implicado fue resuelta en resolución del dieciocho de mayo de 2001, con medida de aseguramiento de detención preventiva por los delitos de homicidio agravado (art.324 numeral 8 del Código Penal), en concurso con el de porte ilegal de armas de fuego de defensa personal. La Fiscalía Primera Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados calificó el ocho de octubre de 2001 el mérito del sumario con resolución de acusación en contra de RICARDO ESPINOSA TRUJILLO, por los delitos de homicidio agravado de conformidad con lo previsto en el artículo 104 numerales 8º y 9º del Código Penal, y porte ilegal de armas. El ejercicio de confrontación entre lo decidido en primera instancia y el escrito de sustentación presentado por la defensa del acusado, permite concluir que la discusión giró alrededor de la estructuración de las causales de agravación contenidas en el pliego de cargos y referidas a los numerales 8º y 9º del artículo 104 del Código Penal, Por considerar el recurrente en primer término que las mismas no se hallaban contempladas en el anterior Código Penal bajo cuya vigencia se perpetró el delito, para seguidamente estimar que los elementos de juicio recaudados no permitían afirmar la concurrencia de las circunstancias de agravación que fueron deducidas en contra del sindicado. De conformidad con lo anteriormente expuesto, forzoso resulta considerar que el escrito de apelación en las condiciones ya descritas, delimitó el ámbito de la

competencia funcional en segunda instancia, resultando en consecuencia apenas obvio que el impugnante solamente cuestionara la existencia de las dos causales de agravación que fueron incluidas en contra del procesado en el pliego de cargos, resultando igualmente apenas obvio que el acusado y su defensor razonablemente confiaran o esperaran que la decisión de segunda instancia se ocupara de tales aspectos y no de otros, como quiera que la imputación de nuevas circunstancias de agravación especificas en ese 8 momento procesal, constituye a no dudarlo, un desbordamiento de las facultades del funcionario en segunda instancia, con efectos ciertamente nocivos para la suerte del procesado, como precisamente ocurrió en el presente caso. Para la Procuraduría Delegada, la inclusión de una nueva circunstancia de agravación especifica para el delito de homicidio objeto de investigación no constituía un aspecto vinculado de manera inescindible al objeto de impugnación, como quiera que el apelante pretendía exclusivamente obtener de la segunda instancia la supresión de las causales de agravación atribuidas a su representado en el pliego de cargos, para que en su lugar fuera convocado a juicio por un delito de homicidio simple. De igual manera aún conviniéndose con quienes dentro de este proceso han sostenido la concurrencia de algún supuesto fáctico que estaría indicando el pago de una suma de dinero por la muerte de Dario Suarez Meneses, es lo cierto que tal circunstancia de agravación de la conducta no fue deducida de manera oportuna dentro de la investigación, resultando contrario a las normas que orientan el debido proceso y las garantías del acusado, hacer recaer sobre

su situación jurídica eventuales errores judiciales, dentro de una instancia sugerida por el finalmente afectado, y en donde de otra parte, no existía ninguna posibilidad de ejercer el contradictorio, debiendo destacarse igualmente en punto a este aspecto que la nueva causal de agravación punitiva, no presenta elementos comunes frente a las inicialmente deducidas, ni se nutre en su descripción normativa de ingredientes o supuestos de hecho intrínsecamente vinculados. Es por ello que no resultan validas las siguientes expresiones del Tribunal Superior cuando sostuvo en la sentencia lo siguiente, con el propósito de legitimar la actuación de la fiscalía: “.....Por otra parte, la referencia hecha por el ad quem a una circunstancia de agravación de la conducta no tratada por la instancia conforme lo que denomina el legislador “ lo inescindible con el objeto de la impugnación”, toda vez que el motivo para haber recurrido en esa oportunidad la resolución acusatoria era precisamente sobre las circunstancias de agravación deducidas, concretamente las establecidas en los numerales 8º y 9º del Art. 104 C.P.,debiendo la Fiscalía Delegada aludir no tan solo a ellas sino a la contenida en el numeral 4, la comisión del atentado de mayor gravedad por promesa remuneratoria, al así evidenciarlo la prueba testimonial aportada, sin afectar de esta manera la estructura del tipo básico descrito en la norma...” (fl 11 de la sentencia de segundo grado. Negrilla fuera de texto). El propósito de ajustar el proceso al concepto de legalidad del funcionario que revisa en segunda instancia una decisión judicial, cuestionada por quien reviste la condición de apelante único, no puede servir de pretexto para desconocer

los precisos límites que impone la Constitución y la Ley, más aún cuando como en el presente caso, una vez negada la solicitud de nulidad propuesta por la defensa a consideración del juez de la causa por este motivo, en desarrollo de 9 la diligencia de audiencia pública tanto el fiscal como el procurador judicial que en ella intervinieron, se abstuvieron de solicitar de manera expresa la condena del procesado por la circunstancia de agravación punitiva contenida en el tantas veces mencionado numeral cuarto del artículo 104 del Código Penal, situación que razonablemente podría interpretarse como una renuncia por parte de estos funcionarios a involucrar en su petición de condena, esta circunstancia especifica, disminuyéndose en igual forma por esta razón la intensidad del debate y del contradictorio en torno a esta situación. En consecuencia, desde esta perspectiva surge absolutamente valido el reproche que formula el recurrente a través de la causal tercera de casación penal, debiendo manifestarse sin embargo que se advierte inconsistente su propuesta cuando alude indistintamente a la nulidad parcial del proceso a partir de la resolución por medio de la cual se declaró cerrada la investigación, para seguidamente manifestar que en razón del carácter residual de las nulidades, solicita a esa Corporación proferir un fallo de reemplazo en donde se declare la inexistencia de la circunstancia de agravación y se precise que se está frente a un homicidio simplemente voluntario. Lo procedente a juicio de la Procuraduría Delegada sería casar parcialmente la sentencia materia de impugnación, para introducir los correctivos que el caso amerite, a través de la emisión de un fallo de reemplazo, que respete lo

decidido en la resolución de acusación de primera instancia, en cuanto el vicio que persiste aún en sede extraordinaria, tuvo lugar con ocasión de resolver el recurso de apelación propuesto contra la resolución de acusación, estando facultado el juez para degradar la responsabilidad del procesado o modificar los extremos de la imputación contenida en el pliego de cargos, con la consecuente disminución en la respuesta punitiva, que en el presente caso debe encontrarse en consonancia con el proceso de individualización de la pena por concepto de un homicidio simple, manteniéndose incólume la sentencia en los restantes aspectos. PETICION Con fundamento en los razonamientos anteriormente expuestos, la Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal, solicita a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, CASAR PARCIALMENTE la sentencia objeto de recurso extraordinario. Señores Magistrados ELSA PATRICIA CARREÑO MARIN Procuradora Tercera Delegada para la Casación en lo Penal (E) 17-0305 10