PGN - REESTRUCTURACION DE ENTIDADES - Reincorporación a la planta de personal

Dependencia: Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa

Radicación: 086-10562

Disciplinado: Ramón Ríos Bernal

Cargo y entidad: Director INDEPORTES Risaralda

Quejoso: Paula Tatiana Salazar Fecha queja: Febrero 11 de 2000

Fecha hechos: mayo a julio de 1999

Asunto: Fallo de segunda instancia

Bogotá DC, 28 FEB. 2003

RESOLUCIÓN No. 034

Por medio de la cual se falla en segunda instancia un proceso disciplinario, LA PROCURADORA SEGUNDA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA, en ejercicio de sus facultades y atribuciones legales y CONSIDERANDO: PRIMERO: Agotadas las etapas procesales dispuestas en la legislación vigente, se emite la correspondiente decisión que pone fin al proceso disciplinario, al resolver el recurso de apelación interpuesto por RAMÓN RÍOS BERNAL, contra la Resolución 042 del 22 de octubre de 2002, por medio de la cual la Procuradora Judicial Penal 152, lo sancionó con multa de 15 días del sueldo devengado en su condición de Director INDEPORTES Risaralda.

SEGUNDO: En providencia del 5 de julio de 2000, el Procurador Regional de Risaralda ordenó la apertura del proceso disciplinario contra RAMÓN RÍOS BERNAL

(fls. 146 a 153) y en auto del 13 de marzo de 2001, (fls. 191 a 199), le formuló cargos en los siguientes términos: “Siendo el momento de entrar a evaluar la investigación disciplinaria que se adelanta en contra del Señor RAMÓN RÍOS BERNAL, en su condición de Director del Instituto

de Deporte y Recreación de Risaralda-INDEPORTES Risaralda, se ha podido establecer que en ejercicio de la calidad que ostentaba dentro de dicha entidad posiblemente ha vulnerado los derechos de la Señora PAULA TATIANA SALAZAR MONTOYA, porque mediante la Resolución No. 083 de mayo 10 de 1999, ordena incorporarla dentro de la planta de personal de INDEPORTES Risaralda, en el cargo de Jefe de División Administrativa y Financiera y en el alcance del contenido de dicho acto administrativo se señala que la incorporación empieza a regir a partir del 24 del mismo mes. Inexplicablemente al presentarse para su posesión el día 28 de mayo (fI. 41) se le comunica que por parte del Director no se le posesionará hasta tanto no se tenga respuesta a unas consultas elevadas a organismos del orden departamental; desconociendo el señor Director un acto administrativo vigente como era la Resolución No. 083-99, artículo 1, porque solo vino a dar posesión del cargo mencionado el día 3 de agosto de 1999, en virtud de requerimiento que le hiciera la Comisión del Servicio Civil. El Señor RAMÓN RÍOS BERNAL, debe tener en cuenta que todo acto administrativo debe perseguir un fin determinado, lo que implica que al dictarse, debe procurar hacerse con la orientación indicada para lograr el fin propuesto. Las autoridades deberán adecuar sus comportamientos a las normas reguladoras de las actuaciones administrativas". Como disposiciones posiblemente transgredidas se citaron, los artículos 23 de la Constitución Política, el 7 de la Ordenanza 056 del 30 de septiembre de 1996 por la

cual se creó el Instituto de apoyo al Deporte de Risaralda, el 40 numerales 1, 2, 10 y 22, y el 41 numeral 7 de la Ley 200 de 1995.

TERCERO: Los descargos. Presenta en memorial de descargos el apoderado del disciplinado RÍOS BERNAL, el relato de lo que debió hacer la Señora PAULA TATIANA SALAZAR MONTOYA, para que su pretensión de reincorporación hubiese sido atendida en forma legal. Se remite para ello al Decreto 1568 de 1998, que prevé que tal solicitud deberá elevarse ante la Comisión del Servicio Civil para que mediante acto administrativo ubique al funcionario en la vacante que para el efecto se haya creado. Como ello no se hizo de esa manera, la administración departamental y concretamente la Comisión de Personal y el Instituto de Deportes, expidieron unos actos administrativos que no se pudieron cumplir hasta tanto la Comisión del Servicio Civil ordenara la incorporación, pero no de la manera como pretendió hacerlo, sino a través de un acto administrativo que solo vino a materializarse con la Resolución 040 del 29 de junio de 1999 y concretamente cuando ordenó en el artículo segundo, la incorporación de PAULA TATIANA SALAZAR MONTOYA, en el cargo de Jefe de la División Administrativa y Financiera del IDEAR.

La notificación de ese acto administrativo al Director de INDEPORTES, se hizo en el mes de julio y por esa razón el 28 del mismo mes, se citó a la interesada para darle posesión el 3 de agosto, lo cual efectivamente tuvo lugar. Como argumento central aduce, que el Director del IDEAR no podía cumplir la

resolución expedida por él mismo, por cuanto ella carecía de fuerza vinculante, ya que él no era el competente para ordenar una reincorporación; era menester que ello se ordenara por la Comisión Departamental del Servicio Civil. Otro hecho de significación, es el que tiene que ver con la respuesta que la referida Comisión del Servicio Civil le dio a la interesada en oficio del mes de abril de 1999, en la que se le manifestó que su petición era procedente, pero olvidó señalarle, que la comisión era la que debía ordenarlo. De otra parte, la peticionaria no se presentó cuando debió hacerlo, el 24 de mayo de 1999, sino el 28 dejando constancia en manuscrito de su puño y letra, en el sentido de que no se le daba posesión porque se estaban elevando consultas por parte del Director del IDEAR, lo cual era válido, al tenerse conocimiento que la Señora PAULA TATIANA SALAZAR había iniciado ante la Comisión de Personal de la Gobernación, la vía gubernativa por considerar que se le violaron sus derechos de carrera, situación que le fue definida en primera instancia en el mes de marzo de 1999 y en segunda, el 29 de junio, por lo que resultaba obvio, que tanto la oficina jurídica como el Director de INDEPORTES evitaran crear unos derechos que aún no habían sido reconocidos, pretendiendo con ello actuar de manera diligente frente a la reclamación confusa de la Señora SALAZAR MONTOYA. El hecho de retardar la posesión, obedeció a la cautela y al manejo jurídico que se tenía que dar al caso, remitiéndose en ese sentido al artículo 46 inciso 2 del Decreto

1950 de 1973, que señala que esa diligencia podrá prorrogarse por causa justificada a juicio de la autoridad nominadora y ello se dio en el caso, porque se encontraba en proceso de investigación jurídica el reconocimiento real y efectivo de los derechos de carrera inherentes a PAULA TATIANA SALAZAR MONTOYA. Se refirió finalmente a la ausencia de culpa en el actuar de su defendido. Por el contrario, fue diligente y evitó incurrir en yerros que posteriormente lo hubiesen podido llevar a sanción disciplinaria, por reincorporar y dar posesión sin que hubiese mediado el pronunciamiento del funcionario competente. (fls. 202 a 205).

CUARTO: El fallo de primera instancia. Consideró el aquo que el funcionario investigado no solamente emitió un acto administrativo con el cual creó una situación personal, sino que se negó a darle cumplimiento en los términos previstos en la decisión, pues en ese acto administrativo se ordenó la incorporación de PAULA TATIANA SALAZAR en el cargo de Jefe de la División Administrativa y Financiera, a partir del 24 de mayo de 1999.

Por lo demás, las explicaciones del disciplinado no son de recibo, como quiera que el acto administrativo no estuviera condicionado a la expedición de resolución por parte de la Comisión del Servicio Civil, como para que de allí se pudiera derivar la suspensión de sus efectos. La quejosa por su parte tuvo que soportar los errores de la Comisión de Personal de la Gobernación, cuando previamente no se verificó la existencia de una vacante, lo cual la obligó a interponer los recursos necesarios con

la pérdida de tiempo y las consecuencias económicas que ello implicó para la interesada. Hizo mención del conocimiento por parte del disciplinado, de los conceptos favorables del 3 de marzo de 1999 emitido por la oficina jurídica y el del 15 de abril de 1999 de la Comisión Departamental del Servicio Civil. Por ello desestimó el argumento de la defensa, conforme al cual la interesada tomó el camino equivocado, cuando lo cierto es que después de ejercer el derecho de petición y las acciones legales para conseguir su reintegro, logró su cometido y por ende, la explicación acerca de la imposibilidad de cumplir el acto administrativo expedido por el mismo disciplinado no tiene recibo, cuando mediaba un concepto de la comisión del Servicio Civil del 15 de abril de 1999. Tampoco es de recibo el argumento según el cual debía esperar el resultado de los recursos interpuestos ante la Comisión de Personal de la Gobernación, porque era la Comisión del Servicio Civil la que debía ordenarla y esa comisión ya había rendido su concepto. Por ello, no es admisible que la defensa confunda las dos acciones que independientemente realizó la peticionaria para lograr la reincorporación, como argumentos con los que pretende justificar la conducta omisiva. Consideró que el servidor público investigado no fue cuidadoso, ni realizó el esfuerzo necesario para que su comportamiento se ajustara a la normatividad que le obligaba a cumplir con el deber particularmente enunciado y por ello, debe responder por el cargo formulado cuyo hecho concreto corresponde al de no dar posesión oportuna a la quejosa. Encontrados los presupuestos de responsabilidad, decidió imponerle sanción de

multa equivalente a 15 días del sueldo devengado, en atención a la carencia de antecedentes disciplinarios (fls. 212 a 218).

EL RECURSO DE APELACIÓN.

Considera el disciplinado en el recurso de apelación interpuesto de manera personal, que su comportamiento presuntamente omisivo se debió al error generalizado de todas las instancias que intervinieron en el procedimiento que finalmente concluyó con la incorporación de la quejosa a la entidad mencionada. Se remite por ello a la misma petición que la quejosa elevó ante INDEPORTES, cuando lo que debió hacer era seguir el procedimiento contemplado en el Decreto 1568 de 1998, para el caso de un cargo equivalente al suprimido. Afirma, que en su condición de representante legal no tenía porque conocer la normatividad que rige los derechos de carrera. Y si bien la ignorancia de la ley no sirve de excusa, se remite a la confianza depositada en el asesor jurídico del IDEAR JHON ALBERTO RESTREPO, encargado de realizar todos los trámites tendientes a resolver la petición de la quejosa. Refirió que la primera instancia no analizó los argumentos de la defensa plasmados en la respuesta al pliego de cargos, ni realizó la valoración objetiva de la prueba, en especial de la declaración del referido asesor. Pretende que esta instancia analice, que su comportamiento se dio bajo el convencimiento que el hecho no constituía falta disciplinaria. Remitiéndose puntualmente a ese testimonio, señaló que él, refiere que la entidad, es decir el IDEAR, adelantaba un proceso de reestructuración y que el cargo que pretendía ocupar podría ser suprimido. Por ello considera que la responsabilidad que

se le endilga es porque desconoció un acto administrativo, pero aduce que si ello se dio fue con la convicción de que su conducta no constituía falta disciplinaria. Como quiera que al mismo tiempo se intentara por la quejosa agotar la vía gubernativa consideró, que perdía competencia no siendo él quien debía resolver la petición de reincorporación y por ende debía esperar la decisión de la Comisión del Servicio Civil. Por lo demás observa, que la interesada solo se presentó para efectos de la posesión el 28 de mayo de 1999, es decir por fuera de los términos, de donde concluye que se le pretende endilgar responsabilidad por un hecho que también fue desconocido por la destinataria. La decisión que finalmente tomó la Comisión del Servicio Civil fue acatada por él, una vez fue notificado en el mes de julio de 1999. En consecuencia, señala que no omitió el cumplimiento de sus funciones, fue diligente en el sentido de buscar la verdad real y legal, no configurándose en consecuencia los elementos tipológicos de la acción disciplinaria, al contrario de lo concluido por la primera instancia, imponiéndole una sanción con base en la responsabilidad objetiva.

CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA.

La comprensión y análisis del caso en examen, requiere destacar que la quejosa PAULA TATIANA SALAZAR en su pretensión de lograr su reincorporación a un cargo de igual o superior categoría, del que venía desempeñando como Jefe de la División Administrativa del Instituto Risaraldense de Cultura, acudió a tres vía distintas. a) La primera, que elevó ante la Comisión de Personal de la Gobernación de

Risaralda en escrito del 8 de enero de 1999, petición que se resolvió con la expedición de la Resolución 078 del 18 de enero de 1999, en la que se le notificó la imposibilidad de su incorporación por no existir en las entidades del orden departamental un cargo igual o equivalente. En dicho acto administrativo, la Comisión de Personal se pronunció en el sentido de considerar, que no se vulneraron los derechos de carrera de la peticionaria y que en el evento de tener conocimiento de la existencia de algún empleo vacante, equivalente al suprimido en entidades del orden territorial, podrá solicitar su incorporación ante la Comisión Departamental del Servicio Civil, dentro de los seis meses siguientes a la supresión del empleo. Contra esa decisión, interpuso el 22 de febrero de 1999, el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, el cual se resolvió negativamente mediante Resolución 089 del 24 de marzo de 1999, en consideración a la certificación expedida por la Directora de Recursos Humanos, sobre la inexistencia de cargos vacantes equivalentes, tanto en la planta de personal del Departamento, como en los establecimientos públicos del orden departamental. Por su parte, el recurso de apelación se resolvió por la Comisión Departamental del Servicio Civil, mediante Resolución 040 del 29 de junio de 1999, conforme a la competencia que le otorga el artículo 48 inciso 4 del Decreto 1568 de 1998, ordenando la incorporación de la peticionaria en el cargo de Jefe de la División Administrativa del IDEAR.

b) La segunda, se presentó el 11 de febrero de 1999 ante el Director del IDEAR, para que se le incorporara al cargo de Jefe de la División Administrativa y Financiera de ese instituto. De esa petición, se dio traslado a la Secretaría Jurídica de la Gobernación y a la Comisión Departamental del Servicio Civil, para concepto. La Secretaría Jurídica emitió el concepto solicitado el 3 de marzo de 1999, en el sentido de considerar que la incorporación era factible hacerla, expidiéndose por el Director de INDEPORTES del IDEAR, la Resolución 083 del 10 de mayo de 1999, por medio de la cual ordenó la incorporación de PAULA TATIANA SALAZAR al cargo de Jefe de la División Administrativa y Financiera, a partir del 24 de mayo de 1999. Por esa razón, se presentó el 28 del mismo mes para tomar posesión, pero no fue posible hacerlo, porque de acuerdo a lo informado por el asesor jurídico, deberían elevarse previamente unas consultas. c) La tercera, fue presentada el 24 de marzo de 1999 ante la Comisión Departamental del Servicio Civil, para su incorporación al cargo de Jefe de la División Administrativa y Financiera del IDEAR, respondida positivamente el 15 de abril de 1999, al encontrar posible su incorporación en ese cargo, después de analizar las funciones, su experiencia y desempeño profesional. Vencidos los términos legales, el 28 de julio el Director del IDEAR, le comunicó que debía presentarse el 3 de agosto para posesión. Quince días después de su vinculación en el IDEAR, le fue suprimido el cargo por reestructuración de la entidad.

La importancia del recuento precedente, estriba en el hecho de que con el se controvierte uno de los argumentos expresados por el disciplinado, en cuanto cuestiona el que la quejosa equivocó el procedimiento, al utilizar varias opciones para obtener el reintegro al cargo, pues ello, ninguna incidencia tiene frente al hecho motivo de investigación, si se tiene en cuenta que con las tres peticiones elevadas, lo que hizo fue agotar la vía gubernativa ante la Comisión de Personal del Departamento y la Comisión Departamental del Servicio Civil y de otra parte, intentar válidamente ante el Director del Instituto Departamental IDEAR su incorporación, funcionario a quien le competía la facultad de nominación. Dejando de lado tal argumentación, con la que se pretendió acreditar que lo que hizo la quejosa fue enredar el problema, debemos ocuparnos del tema objeto de investigación, que corresponde en este caso exclusivamente al incumplimiento del acto administrativo expedido por el Director del IDEAR, por medio del cual ordenó la incorporación de la quejosa al cargo de Jefe de la División Administrativa, incumplimiento que se materializó en su negativa a darle posesión, con el objeto de examinar las circunstancias en que esa negativa se produjo. En cuanto a las funciones del Director del IDEAR se tiene que en el artículo 7 de la Ordenanza 056 del 30 de septiembre de 1996, se le asignó entre otros asuntos, el de nombrar y remover al personal al servicio del instituto, atendiendo las normas legales vigentes sobre la materia y eso fue lo que hizo al expedir la Resolución No 083 del 10 de mayo de 1999, por medio de la cual ordenó la incorporación a la Planta de Personal de INDEPORTES Risaralda, a PAULA TATIANA SALAZAR MONTOYA,

apoyándose en el artículo 135 del Decreto 1572 de 1998 y el 39 de la Ley 443 de 1998 y respondiendo con ello a la solicitud de la mencionada ciudadana, toda vez que se encontraba vacante definitivamente el cargo de Jefe de la División Administrativa y Financiera y contaba para ello con los conceptos emitidos por la Oficina Jurídica y la Comisión Departamental del Servicio Civil. De ahí en adelante, corresponde analizar las explicaciones del Director del IDEAR en su negativa a posesionar a PAULA TATIANA SALAZAR en cumplimiento del acto administrativo por el mismo expedido. Los argumentos esbozados en torno a ese aspecto puntual, están encaminados a demostrar que no podía dar cumplimiento al acto administrativo hasta tanto no existiera pronunciamiento de la Comisión del Servicio Civil que ordenara la reincorporación, lo cual solo vino a producirse mediante Resolución 040 del 29 de 1999, decisión que fue notificada al Director del IDEAR en el mes de julio de 1999, por eso, el 28 de julio, envió a la interesada la comunicación para su presentación el 3 de agosto, para efectos de darle posesión. En síntesis lo que se alega, es primero la falta de competencia para ordenar la incorporación de PAULA TATIANA SALAZAR, pues en su opinión ello correspondía a la Comisión Departamental del Servicio Civil y en segundo lugar, el que con posterioridad a la expedición de la Resolución 083 fue necesario elevar consultas, toda vez que se tuvo conocimiento que la peticionaria había iniciado ante la Comisión de Personal de la Gobernación la vía gubernativa, situación que solo vino a definirse el 29 de junio de 1999. Con ello, aduce que lo que hizo fue actuar de manera

diligente evitando crear unos derechos a PAULA TATIANA SALAZAR que aún no habían sido reconocidos. El primero argumento no tiene respaldo, pues es evidente que en su condición de Director del IDEAR tenía la facultad de incorporar a la peticionaria, máxime cuando mediaba un concepto de la Oficina Jurídica del Departamento que lo ilustraba sobre el particular. Y respecto del segundo argumento debe precisarse que el está relacionado estrechamente con el primero, pues partiendo de la base de la atribución que tiene en su condición de nominador, no podía existir ningún argumento que rebatiera el factor de competencia con el cual había expedido el acto de incorporación, pues independientemente del trámite que paralelamente se estaba surtiendo en el agotamiento de la vía gubernativa, en realidad de verdad no existía razón de orden legal para negarse a darle posesión, cuando estaban dadas las condiciones requeridas para su incorporación, independientemente de que en virtud de la petición que la quejosa y por razón de la competencia que se adscribe a la Comisión Departamental del Servicio Civil, estuviese pendiente la resolución del recurso de apelación. Ahora bien, en cuanto a las razones que se invocan para considerar que se actuó bajo el convencimiento que su conducta no constituía falta disciplinaria, es preciso tener en cuenta que tal convencimiento está fundando en el razonamiento según el cual, consideró en su momento y luego de expedir el acto administrativo de reincorporación, que no era el competente para hacerlo, precisamente por encontrarse el asunto pendiente de definición ante la Comisión Departamental del Servicio Civil. No obstante, se trataba de una inquietud que estaba en condiciones de dilucidar, con

los elementos de juicio que le aportó el concepto de la Oficina Jurídica de la Gobernación y de la propia Comisión del Servicio Civil, pues para que pueda admitirse la causal de inculpabilidad que se invoca, es preciso que ese error sea invencible, es decir que el funcionario esté en condiciones tales que le sea imposible superarlas. Pero además hay que decir que todo el recuento de los hechos, lo que evidencia en realidad, es que no se tenía la intención de posesionarla y que se acudió a todas las disculpas posibles para impedir el acceso al referido cargo. Por esa razón luego de la expedición del acto administrativo de incorporación no se produce ninguna comunicación escrita por parte del Director del IDEAR hacia la interesada, limitándose a expresarle verbalmente a través del asesor jurídico, la imposibilidad de darle posesión. Tampoco es de recibo que se invoque como razón explicativa de su comportamiento, el artículo 46 del Decreto 1950 de 1973, pues si bien allí se contempla la posibilidad de suspender el acto de posesión, también se prevé que lo sea por causas justificadas, que en el presente caso no se vislumbran de ninguna manera. Así la cosas, se dan la condiciones probatorias para confirmar la sanción en los mismos términos en que fue impuesta por la primera instancia, no solamente porque obra la prueba requerida respecto de la certeza de la comisión de la falta y de su responsabilidad, sino porque la jerarquía del cargo por él ocupado, le demandaba solucionar el caso con el mayor cuidado, antes y después de la expedición del acto administrativo de reincorporación, lo cual en efecto no ocurrió en esta última etapa.

En mérito de lo expuesto, LA PROCURADORA SEGUNDA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA, en ejercicio de sus atribuciones legales, RESUELVE: PRIMERO: Confirmar el fallo de primera instancia contenido en la Resolución 042 del 22 de octubre de 2002, por medio del cual la Procuradora Judicial Penal 152, sancionó a RAMÓN RÍOS BERNAL en su condición de Director de INDEPORTES Risaralda, con Multa equivalente a 15 días del sueldo devengado para la época de los hechos.

SEGUNDO: Por la Secretaría de la Regional Risaralda, notificar esta decisión conforme lo disponen los artículos 84 y 85 de la Ley 200 de 1995, con la advertencia de no proceder recurso alguno contra esta providencia, quedando agotada la vía gubernativa y enviar las comunicaciones de ley.

Devolver las diligencias a la oficina de origen para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OLGA LUCÍA ZULUAGA VÁSQUEZ

Procuradora Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa.

OLZV-AJGG.

Exp. No.86-10562