PGN - REFORMA DE PLANTA DE PERSONAL - Se justifica con base en estudios técnicos (1)

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra acto de retiro por supresión de cargo RECURSO DE APELACIÓN-La competencia del superior se ciñe a lo alegado contra la decisión de primera instancia NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Acto demandable en retiro por supresión de cargo Es así como en el presente caso, de las pruebas allegadas se concluye, prima facie, que el acto administrativo que hace referencia a la supresión del empleo del demandante, es la Resolución Administrativa No. 029 del 31 de mayo de 2001 del demandante suscrita por el presidente de la Asamblea Departamental, expedido con base en lo dispuesto en la ordenanza No. 007 de 2001, por medio de la cual se expidió la estructura administrativa de la Asamblea departamental de Santander. A juicio de esta Procuraduría Delegada, este es el acto administrativo que se relaciona con el retiro de demandante y que concretó los efectos de lo dispuesto en el acto administrativo de carácter general (Ordenanza 007 de 2001) cuando su cargo fue suprimido, lo que adicionalmente le fue comunicado mediante oficio del 31 de mayo de 2001, donde se le informa del retiro del servicio por la causal de supresión del cargo. Lo anterior, conlleva a que el marco del estudio de la acción de nulidad y restablecimiento, se debe centrar en el retiro del servicio del accionante por supresión de su cargo, empleado de carrera, mediante el acto administrativo de carácter particular antes citado, como quiera que tiene efectos particulares y concretos respecto a él. SUPRESIÓN DE CARGOS-Procede respecto a empleos de libre nombramiento y de carrera administrativa

Descendiendo al caso en concreto, la supresión de cargos que está prevista como una causal de retiro del servicio de los empleados públicos, sin importar que se trate de funcionarios de libre nombramiento y remoción, de período fijo o de carrera administrativa, facultad que puede ejercer la administración, previo el cumplimiento del procedimiento señalado en la ley 443 de 1998. REFORMAS DE PLANTAS DE PERSONAL-Deben fundarse en necesidades del servicio o razones de modernización de la Administración Dicha norma garantiza en forma especial los derechos de los empleados de carrera razón por la cual, las reformas de planta de personal que impliquen supresión de tales empleos, deben fundarse en necesidades del servicio o en razones de modernización de la Administración y con base en estudios técnicos que así lo demuestren. Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº204-2015 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0357-2014 AQUILEO SERRANO RODRIGUEZ vs Departamento de Santander

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REFORMAS DE PLANTAS DE PERSONAL-Se justifican con base en estudios técnicos Es decir, las razones que motivan la supresión de cargos se deben encontrar o estar consignadas en forma clara y expresa en el estudio técnico que acredite la causa de la decisión de la administración, bien sea reduciendo cargos de la planta de personal (simple supresión de cargos), o bien modificando la estructura orgánica de la entidad (restructuración orgánica-supresión de entidades), lo que debe obedecer a necesidades del servicio, originadas en la asignación de nuevas

funciones o competencias, o por la necesidad de realizar ajustes presupuestales, debido a las políticas públicas de austeridad o de modernización de las entidades, o como en el caso en estudio debido a tomar todas las acciones necesarias encaminadas a recobrar la viabilidad financiera del ente territorial por medio de un saneamiento fiscal aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. SUPRESIÓN DE CARGOS-Improcedencia por falta de solvencia financiera De la lectura del estudio técnico realizado, en el presente caso, se concluyó que el departamento de Santander no contaba con la solvencia para cumplir con los compromisos financieros adquiridos así como los proyectados, razón por la cual el departamento presentó ante el ministerio de Hacienda y Crédito Público un plan de reforma económica territorial en aras de realizar un proceso de saneamiento fiscal ante el diagnóstico de un departamento en crisis, caracterizado por una estructura administrativa ineficiente, con duplicidad de funciones, una planta de personal desbordada sobredimensionada y la existencia de entidades no viables financieramente. El problema radicó en la caída de los recaudos por ingresos tributarios, un excesivo gasto de funcionamiento, agotamiento de la capacidad de endeudamiento y un déficit creciente y acumulativo. SUPRESIÓN DE CARGOS-Derechos del empleado de carrera administrativa Por tratarse de un funcionario inscrito en carrera administrativa, tenía la posibilidad de optar por la incorporación en un cargo similar, o la indemnización de que trata el artículo 39 de la ley 443 de 1998, accediendo el demandante a la indemnización citada mediante oficio del 8 de junio de

2001 dentro del término legal. PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS-Por desaparecimiento de sus fundamentos de hecho o de derecho Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº204-2015 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0357-2014 AQUILEO SERRANO RODRIGUEZ vs Departamento de Santander

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PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 204-2015

IUS: 2015-76306

Bogotá, mayo 15 de 2015

Señores Magistrados:

H. CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA.- SUBSECCIÓN “A”

CONSEJERO PONENTE: Dr. GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN

E.S.D.

REFERENCIA : No. 680012331000200102557 01 (0357-2014) ACTOR : AQUILEO SERRANO RODRIGUEZ IDENTIFICACION : C.C. 5.644.992 de Girón

DEMANDADO : DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y OTRO

ASUNTO : APELACION SENTENCIA

ACCIÓN : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

CONTROVERSIA : SUPRESION CARGO ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER Procede esta Agencia del Ministerio Público, dentro de la oportunidad legal, a emitir el concepto de rigor en el proceso de la referencia, del cual conoce

el Honorable Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, en

virtud del recurso de apelación interpuesto por el demandante, contra la sentencia de fecha 17 de octubre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander en Descongestión.

I. Antecedentes: 1.1. Problema Jurídico La presente controversia se centra en determinar la legalidad de los actos demandados respecto a la supresión del cargo de Bacteriólogo que ocupaba el demandante en la Asamblea Departamental de Santander. 1.2. TRAMITE DE PRIMERA INSTANCIA 1.3. Lo que se demanda El accionante solicitó, la nulidad de: i) Inaplicar la ordenanza 007 del 20 de abril de 2001 mediante la cual la asamblea “expidió la estructura administrativa de la asamblea departamental de Santander y se dictan otras disposiciones”; ii) resolución No. 00029 del 31 de mayo de 2001, mediante la cual se suprimió el cargo de Coordinador Nivel Administrativo código 501 grado 46; iii) acto administrativo contenido en el oficio del 31 de mayo de 2001 expedido por el secretario general de la Asamblea Departamental mediante el cual se comunica la supresión del cargo de Coordinador Nivel Administrativo código 501 grado 46 al demandante.

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A título de restablecimiento solicita: i) su reintegro al cargo y el restablecimiento de sus derechos de carrera; ii) el pago de las sumas

dejadas de percibir por concepto de salarios y prestaciones, desde el momento de su desvinculación hasta su efectivo reintegro; iii) el pago de aportes correspondientes al sistema de seguridad social; y iv) la condena en costas al Departamento de Santander. 1.3.1.Hechos: - El señor AQUILEO SERRANO RODRÍGUEZ tras ganar concurso de méritos, comenzó a laborar el 14 de junio de 1994 en la Asamblea Departamental de Santander en el cargo de Auxiliar II, tomando posesión el 15 de junio de 1994; el 1 de diciembre de 1995 fue nombrado en el cargo de Auxiliar I; mediante resolución No. 006 del 1 de enero de 1996 fue nombrado en el cargo de Secretario Oficinista I, nivel administrativo, grado 29; mediante resolución No. 1232 del 31 de octubre de 1996; finalmente mediante resolución No. 1545 del 30 de diciembre de 1999 fue nombrado como Coordinador Nivel Administrativo código 501 grado 46. - Mediante Resolución No. 029 del 31 de mayo de 2001con base en la facultad concebida por la Asamblea Departamental de Santander procedió a dar cumplimiento a la ordenanza 007 del 20 de abril de 2001 y suprime casi la totalidad de los empleos pertenecientes a la planta de personal dela Asamblea Departamental de Santander entre ellos el ocupado por el señor AQUILEO SERRANO RODRÍGUEZ , desvinculado mediante oficio de fecha 31 de mayo de 2001. - En el oficio citado se le informó al demandante que por ser su cargo

un empleo inscrito en el escalafón de carrera administrativa podía recibir la indemnización a que por ley tenía derecho o tener un tratamiento preferencial y por ende ser incorporado a un empleo equivalente vacante o que de acuerdo a las necesidades se creara uno en la planta de personal, dentro de los seis (6) meses siguientes a la supresión del cargo. - El demandante mediante oficio calendado 8 de junio de 2001 manifestó al Secretario General de la Asamblea Departamental de Santander que se veía obligado a aceptar la indemnización de que trata el artículo 39 de la Ley 443 de 1998. 1.3.2. Normas violadas y concepto de violación: Cita como normas violadas los artículos 1, 125, 286, 288 y 299 de la Constitución Política y artículo 33 del Código de Régimen Departamental y determino como causales de violación las siguientes: 1.3.2.1Violación de las normas en las que debió fundarse el acto demandado: Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº204-2015 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0357-2014 AQUILEO SERRANO RODRIGUEZ vs Departamento de Santander Página: 5 - De la presunción de legalidad: Dentro del ordenamiento jurídico todos los actos administrativos deben estar sujetos a un orden jerárquico de las normas preexistentes al momento de su expedición, esto es de acuerdo a la Constitución, a la ley o el reglamento. - Jerarquía normativa con relación al acto demandado: La resolución 029 de 2001 tiene como sustento legal la ordenanza 007 del mismo

año, siendo entonces una unidad razón por la cual las reglas constitucionales y legales del acto genitor son a su vez del acto nacido a consecuencia del mismo y así mismo con los vicios que afecten al primero. De declararse la nulidad del primer acto, en este caso la ordenanza, misma suerte seguirá la resolución mencionada. - Violación del bloque de legalidad del acto demandado y de su fuente la ordenanza 007 de 2001: El desconocimiento del llamado bloque de legalidad conlleva a la nulidad del acto demandado. - Violación directa por inobservancia de las normas superiores sobre quórum y mayorías para decidir: Se encuentran establecidas condiciones constitucionales, legales y ordenanzales que deben ser cumplidas en su totalidad al momento de expedir cualquier acto por parte de las asambleas para que produzcan efectos jurídicos y así no sean declarados nulos. En el presente caso no se cumplieron con varios de los requisitos que deben ser tenidos en cuenta y de obligatorio cumplimiento por parte de los diputados. - Violación directa por falta de aplicación de las normas que exigen certificado de disponibilidad presupuestal para actos que modifica el presupuesto original: Es este un principio universal según el cual el documento presupuestal debe incluir la totalidad de ingresos y gastos que tendrá el estado durante una vigencia fiscal determinada; en el caso en concreto, no aparece presupuesto para la asamblea año 2001, violando las normas presupuestales. - Violación directa por falta de aplicación de las normas que regulan la carrera administrativa: Dentro de la constitución Nacional se estableció la carrera administrativa cuyo ingreso y ascensos serán

previstos por la ley previo cumplimiento de requisitos y condiciones previas establecidas, así como se determinó que el retiro se haría por calificación no satisfactoria, por violación del régimen disciplinario y demás causales taxativamente contenidas en la ley mediante actos debidamente motivados de acuerdo como bien se dijo a lo establecido en la ley y en el caso presente se violó el bloque de legalidad por dos vías por erro de hecho (falsa motivación) y en forma directa (no cumplir requisitos e imposiciones de la ley), también violó el los derechos de carrera de quienes resultaron afectados por la supresión de cargos. Concluye que al haber el demandante adquirido su cargo mediante concurso de méritos, esto le significó la adquisición de derechos que se encontraban amparados por la ley mientas no se hubieran configurado algunas de las causales de retiro previstas para estos cargos. - Violación directa por usurpación de competencias y extralimitación de funciones: El señor gobernador al presentar el proyecto de la ordenanza 007 de 2001 se extralimito en sus funciones por cuanto no era competente para lo mismo, usurpando la competencia de los diputados. Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº204-2015 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0357-2014 AQUILEO SERRANO RODRIGUEZ vs Departamento de Santander

Página: 6 1.3.2.2EXPEDICIÓN IRREGULAR DEL ACTO DEMANDADO Para la expedición de cualquier acto se deben respetar aspectos de forma y procedimiento que rodean dicho acto; las formalidades y

trámites pueden ser sustanciales que son aquellas cuya omisión implica que la decisión hubiera resultado diferente de la tomada, es decir que constituyen una verdadera garantía y un derecho para los asociados y su incumplimiento conlleva a la nulidad del acto expedido. 1.3.2.3.FALSA MOTIVACIÓN: Todo acto debe ser debidamente motivado, esto es que debe estar plenamente fundamentada a causa de la expedición de estos, es decir fundamentar el porqué del acto, las razones, motivos que tuvo la administración para proferir el respectivo acto, hechos o fundamentos que no pueden ser falsos que en el presente caso se materializó en que no había crisis fiscal, no se armonizó la planta de personal, no se contaba con un estudio técnico para la reestructuración de la planta. 1.4. Contestación de la demanda El Departamento de Santander contestó la demanda, alegando oponiéndose a todas y cada una de las declaraciones y condenas de la demanda, proponiendo las siguientes excepciones:

- IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE

INCONSTITUCIONALIDAD:.

Manifiesta que la violación argumentada por el demandante respecto al trámite del proyecto de la ordenanza 012 de 2001 en lo concerniente a las disposiciones sobre quórum y mayorías decisorias, esto de acuerdo a lo establecido en los artículos 142 inciso 2, 145, 146, 148 y 149 de la Constitución, afirma que las mayorías decisorias, adoptada por la asamblea por el artículo 67 del reglamento interno de la Asamblea que dice “ en todas las decisiones que deba adoptar la Asamblea Departamental la mayoría

simple declara la voluntad de la corporación exigen una mayoría simple” se consagra también una excepción no contenida en la Constitución exigiendo la mayoría absoluta para determinadas ordenanzas, y es a esta excepción a que hace referencia el demandante, razón por la cual no se violó ninguna norma constitucional. - INEPTA DEMANDA: Afirma que no es procedente la acción de nulidad y restablecimiento del derecho frente a la resolución No. 029 del 31 de mayo de 2001por ser un acto de carácter general., a su vez, el oficio del 31 de mayo de 2001 no es un acto que contenga una decisión de la administración, sino que es Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº204-2015 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0357-2014 AQUILEO SERRANO RODRIGUEZ vs Departamento de Santander Página: 7 simplemente una comunicación, razón por la cual no puede adolecer de vicio de legalidad. - PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD: Los actos administrativos impugnados están cobijados por el principio de presunción de legalidad, son actos que a la fecha de la demanda no han sido declarados nulos por autoridad competente. - INEXISTENCIA DE LOS CONCEPTOS DE NULIDAD INVOCADOS: Manifiesta que la Asamblea de Santander profirió los actos administrativos acusados ajustados a la Constitución y a la Ley, las normas sobre quórum y mayorías decisorias fueron aplicadas a cabalidad. Respecto al certificado de disponibilidad presupuestal se aclara que la ordenanza 012 de 2001 no

traía consigo una erogación presupuestal por cuanto fijo su misión, visión, funciones y estructura orgánica, caso contrario ocurrió con la expedición de la Resolución No. 029 de 2002 por medio de la cual se suprimieron cargos si conto con el respectivo registro presupuestal. Respecto a las motivaciones que sustentan la expedición de los actos impugnados, afirma que estuvieron motivados en razones plenamente justificadas y soportadas en la Ley 617 de 2000, Decreto Extraordinario1222 de 1986 y Decreto 1421 de 1993 normas tendientes a fortalecer la descentralización y a la racionalización del gasto público. El departamento de Santander presentó ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público un plan de reforma económica territorial encaminada a solucionar el diagnóstico institucional que mostró un departamento en crisis, por una estructura administrativa ineficientes, duplicidad de funciones, una planta de personal desbordada sobredimensionada y la existencia de entidades descentralizadas no viables financieramente, por lo cual el 24 de diciembre de 1999 se suscribió el convenio de desempeño con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para acceder a un empréstito con destino a la financiación del plan de saneamiento fiscal. De acuerdo con lo anterior, el Departamento de Santander profirió los actos administrativos destinados al cumplimiento del convenio de desempeño precitado obrando conforme a la ley y cumpliendo las disposiciones establecidas en la Ley 443 de 1998y sus decretos reglamentarios.

- INEXISTENCIA DEL DERECHO QUE SE DEMANDA

RESTABLECER:

Se opone a la pretensión de reintegro del señor SERRANO RODRIGUEZ en el cargo que ostentaba, toda vez que no expresó dentro del término legal su deseo de incorporación y además ya fue indemnizado conforme lo demuestras la resolución No. 0140 del 27 de julio de 2001. Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº204-2015 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0357-2014 AQUILEO SERRANO RODRIGUEZ vs Departamento de Santander Página: 8 1.5. Sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo de Santander en DescongestiónSala de asuntos laborales, en sentencia del 17 de octubre de 2013, decidió denegar las pretensiones de la demanda. Manifestó que se limitará analizar la procedencia de inaplicación por vía de excepción de la Ordenanza 007 del 20 de abril de 2001, dado su carácter general, con efectos particulares para el caso concreto, esto en línea con los pronunciamientos hechos por el Consejo de Estado1, respecto a tener que determinar cuál fue el acto que puso fin a la relación laboral, al ser este el acto que debe ser demandado. Enfocó su decisión en los siguientes aspectos: - De la potestad de los Gobernadores para formular proyectos de Ordenanza: De acuerdo con lo establecido en los artículos 300, 305 de la Constitución Nacional, del Decreto 1222 de 1986 Código de Régimen Departamental nada impedía al gobernador tomar la iniciativa de presentar el proyecto de ordenanza 12 de 2001, ya que

esta función le asiste también al gobernador en virtud de las leyes transcritas, nada impedía que el ejecutivo desempeñara esta función, circunstancia que no afecta la validez de la Ordenanza No. 007 del 20 de abril de 2001. - De la Disponibilidad presupuestal: La sala lo despachara desfavorablemente toda vez que el proyecto de la ordenanza No. 012 de 2001, no conllevaba una erogación presupuestal pues se limitó a expedir la estructura administrativa de la Asamblea Departamental, adicionalmente, del contenido de la ordenanza 007 de 2001 se deduce que no extinguió relaciones laborales o situaciones jurídicas individuales que conllevaran al pago de indemnizaciones o acreencias laborales, situación diferente a la realidad de los actos posteriores que si suprimieron cargos como es el caso de la resolución No. 029 de 2002. Concluye que en línea con lo dicho por el Consejo de Estado2, como la Ley 443 de 1998 no contempla el requisito del certificado de disponibilidad presupuestal, dicha exigencia es objetiva y su carencia no afecta la validez del acto. - Del estudio Técnico: Consideró el tribunal que la reestructuración administrativa de la Asamblea Departamental es consecuencia directa de la “desorganización laboral, de la difícil situación económica por la que atravesada y de la aplicación de la Ley 617 de 2000, que exigía políticas de saneamiento fiscal y de análisis de cargas de labores, lo que a todas luces constituye una razón

proporcional, razonable y respetuosa del interés general, tal y como se prevé el artículo 148 del Decreto 1572 de 1998”, lo anterior, con 1 Sentencia del 17 de mayo de 2001, exp. 1499-01 (1999-00) C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, sentencia del 11 de septiembre de 2003, exp. 5766-01 (5241-02); sentencia del 25 de febrero de 2004, expr. 0596-01 2 Sentencia del 22 de abril de 2010, rad. 08001-2331-000-2002-00280-01(2611-07) CP Bertha Lucia Ramírez de Paéz Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº204-2015 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0357-2014 AQUILEO SERRANO RODRIGUEZ vs Departamento de Santander Página: 9 fundamento en el estudio técnico titulado “ASAMBLEA DEPARTAMENTAL – ESTUDIO TÉCNICO –REESTRUCTURACIÓN 2001”, sumado al “ANÁLISIS FINANCIERO BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 617 DE 2000” - De los debates a los que fue sometido el proyecto de Ordenanza No. 012 de 2001: Afirma que revisadas las actas de los e debates surtidos de acuerdo como lo exige la normatividad, se evidencia claramente que el proyecto de ordenanza No. 029 de 2001 fue objeto de tres debates, en tres días diferentes, tal y como lo dispone el artículo 74 del decreto 1222 de 1986, en concordancia con el artículo

101 del Reglamento interno de la Duma. - Del quórum: De acuerdo al análisis hecho por el Tribunal de las actas y luego de verificar el quórum en cada una de ellas concluye que dentro de los debates se presentaron informes de minorías, hecho este que no debe interpretarse como una votación en contra del proyecto de ordenanza, así como tampoco su presentación puede detener el curso de la aprobación del mismo, de manera que en el curso de aprobación y debate del proyecto de ordenanza No. 012 de 2001, se cumplió con lo dispuesto sobre quórum y mayorías. Concluye el tribunal que “estudiados cada uno de los presupuestos planteados por la parte actora, le permiten a esta instancia judicial señalar que la Asamblea Departamental de Santander, en el curso de aprobación y debate del proyecto de ordenanza No. 012 de 2001, si observó los cánones establecidos en la constitución y la ley sobre: competencias, presupuesto, estudios técnicos, debates, quórum y mayorías; y en ese sentido, la pretensión de inaplicación de la Ordenanza No. 007 de 2001, no tiene vocación de prosperar, de tal suerte que no es viable declarar la nulidad del acto demandado Resolución No. 0029 de mayo 31 de 2001 expedido por el Presidente de la Asamblea Departamental, por medio de la cual se suprimió el cargo del actor 1.6. Recurso de apelación El demandante impugnó la decisión, afirmando que el Tribunal desatendió el precedente judicial de la misma corporación sin indicar las razones por las que se apartaba, configurándose de esta manera incongruencia en la sentencia ya que mediante fallo del 22 de octubre de 2009 el Tribunal

Administrativo de Santander rad. 2001-02624-00 declaró la nulidad de la ordenanza No. 007 de 2001en primera instancia, así como también el proferido por la misma entidad el 14 de marzo de 2013 rad. 6800133310132001028201 confirmando la sentencia del 31 de marzo de 2011 en la cual se inaplicó la ordenanza 007 de 2001 y se declaró la nulidad parcial de la ordenanza 029 de 2001. Respecto a la violación de normas superiores por violación directa por inobservancia delas normas superiores sobre quórum y mayorías para decidir y expedición irregular, insiste el demandante que no se cumplió con el número de debates razón por la cual el proyecto de ordenanza debió haber sido archivado. Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº204-2015 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0357-2014 AQUILEO SERRANO RODRIGUEZ vs Departamento de Santander

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Respecto a la violación directa, por falta de aplicación de las normas que exigen certificado de disponibilidad presupuestal, afirma que dentro de la ordenanza 029 de 2001 se expidió una nueva estructura de la Asamblea con la cual se modificaba la planta de personal y ya se dilucidaban la posibilidad de suprimir cargos lo cual le generaría el pago de indemnizaciones y acreencias laborales. Refiere respecto a la violación directa por falta de aplicación de las normas que regulan la carrera administrativa y la falsa motivación, manifiesta que no existe prueba que el informe técnico en el cual sustentan la modificación de la planta de la asamblea haya sido allegado a los diputados antes de los

correspondientes debates y toda vez que el mismo de acuerdo a lo manifestado por el demandante fue presentado 14 días después de haber sido sancionada la correspondiente ordenanza; manifiesta también que la hoja de vida de su mandante no fue estudiada ni tenida en cuenta, a pesar de contar con los requisitos mínimos contemplados en el manual de funciones para ocupar su cargo. Por último y respecto a la violación directa de usurpación de competencias y extralimitación de funciones, afirma que si bien no existe norma que reserve al gobernador la iniciativa para la reestructuración de las corporaciones, las asambleas por mandato constitucional tienen autonomía para darse su propia estructura. (Fls. 326 a 334 cuaderno principal) 1.7. Alegatos de conclusión La parte actora reiteró en su totalidad lo expuesto en el recurso de apelación (fls.463 y 464 cuaderno principal).

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚIBLICO: 2.1. Problema Jurídico: La presente controversia se centra en determinar la legalidad de los actos demandados respecto a la supresión del cargo de Bacteriólogo que ocupaba el demandante en la Asamblea Departamental de Santander. 2.2. De las pruebas en el proceso Del acervo probatorio se concluye que el señor AQUILEO SERRANO RODRÍGUEZ laboró en la Asamblea Departamental de Santander en

carrera administrativa en el cargo de Auxiliar II, desde el 15 de junio de 1994, que mediante resolución No. 029 del 31 de mayo de 2001 (fls 3 a 5 cuaderno ppal) su cargo fue suprimido con fundamento en la ordenanza No.

007 de 2001y que mediante oficio del 31 de mayo de 2001 fue comunicada dicha decisión al demandante, quien mediante oficio del 8 de junio de 2001 manifestó al Secretario General de la Asamblea que optaría por recibir la indemnización contenida en el artículo 39 de la Ley 433 de 1998. (Fls 6 y 7 cuaderno ppal) 2.3 Del caso concreto Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº204-2015 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0357-2014 AQUILEO SERRANO RODRIGUEZ vs Departamento de Santander

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Leído lo resuelto en la sentencia y los argumentos expuestos en el recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 357 del C.P.C., aplicable por remisión del artículo 267 del C.C.A., cabe recordar que la competencia del superior se ciñe a lo alegado contra la decisión de primera instancia, excluyendo cualquier asunto distinto al planteado en la demanda por el recurrente, es decir, solo cabe estudiar los argumentos expuestos en el recurso y que hayan sido objeto de discusión en la vía gubernativa y en la primera instancia. Ahora bien, en todos los casos de reestructuración administrativa, que incluye la supresión de cargos o entidades, como lo han afirmado esta Agencia del Ministerio Público y la jurisdicción contenciosa administrativa, se deben revisar y atender sus propias particularidades, para poder entrar a resolver la situación planteada. Es así como en el presente caso, de las pruebas allegadas se concluye,

prima facie, que el acto administrativo que hace referencia a la supresión del empleo del demandante, es la Resolución Administrativa No. 029 del 31 de mayo de 2001 del demandante suscrita por el presidente de la Asamblea Departamental, expedido con base en lo dispuesto en la ordenanza No. 007 de 2001, por medio de la cual se expidió la estructura administrativa de la Asamblea departamental de Santander. A juicio de esta Procuraduría Delegada, este es el acto administrativo que se relaciona con el retiro de demandante y que concretó los efectos de lo dispuesto en el acto administrativo de carácter general (Ordenanza 007 de 2001) cuando su cargo fue suprimido, lo que adicionalmente le fue comunicado mediante oficio del 31 de mayo de 2001, donde se le informa del retiro del servicio por la causal de supresión del cargo. Lo anterior, conlleva a que el marco del estudio de la acción de nulidad y restablecimiento, se debe centrar en el retiro del servicio del accionante por supresión de su cargo, empleado de carrera, mediante el acto administrativo de carácter particular antes citado, como quiera que tiene efectos p