PGN - REGIMEN ADUANERO - Competencia del presidente de la república

ACCIÓN DE NULIDAD-Al Decreto que reglamenta el procedimiento para la devolución de vehículos hurtados en la República del Ecuador COMERCIO EXTERIOR-Regulación/REGIMÉN ADUANERO-Competencia/ REGIMÉN DE ADUANAS-Jurisprudencia del Consejo de Estado Tenemos, entonces, que el numeral 19 del artículo 150 de la Constitución faculta al Congreso de la República para dictar las normas generales, y señalar en ella los objetivos y los criterios a los cuales deben sujetarse el Gobierno para regular el comercio exterior. A su vez el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política faculta al Presidente de la República para modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas, y para regular el comercio exterior. Quiere decir lo anterior que en materia de régimen de aduanas, la competencia es compartida entre el Congreso de la República y el Gobierno Nacional, por cuanto el primero fija las políticas generales y el segundo regula, de acuerdo con las directrices fijadas, todo lo relacionado con el régimen de aduanas y el comercio exterior. REGIMÉN ADUANERO-Competencia del Presidente de la República Por todo lo expuesto, se puede concluir que el Presidente de la República es competente para regular todo lo relacionado con el régimen aduanero, en virtud de las amplias facultades conferidas por el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política, como se vio anteriormente. Bajo este entendido, el Presidente de la República, ante el vacío existente frente a la circunstancia particular relacionada con la devolución de los vehículos hurtados, robados o

vinculados a secuestro cometido en la República del Ecuador e ingresados posteriormente de manera ilegal al territorio colombiano, cuyo abandono o decomiso se hubiere declarado mediante acto en firme proferido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, expidió el decreto acusado que establece el procedimiento para ese efecto, sin que ello signifique violación del principio de derecho internacional “pacta sunt servanda”, por las siguientes razones: 1.- El Convenio de Esmeraldas fue suscrito el 18 de abril de 1990, entre Colombia y Ecuador; el instrumento regula en el Título Nueve, lo relacionado con el tránsito de personas, vehículos, embarcaciones fluviales y marítimas y aeronaves; y contiene disposiciones especiales sobre la recuperación de las embarcaciones o vehículos identificados por las autoridades nacionales competentes como robados o abandonados. 2.- El anexo 9.15 “Reglamento de Recuperación y Devolución de Embarcaciones y Vehículos”, se refiere a estos medios de transporte en virtud a que este Anexo se acordó y firmó para el mejor cumplimiento de las disposiciones del Título Nueve del Convenio y en el artículo 11 dispuso que las reformas al reglamento se efectuarán por acuerdo mutuo de las Partes, mediante canje de Notas Reversales. 3.- El Decreto demandado en el artículo primero, delimita su campo de aplicación, y se ocupa de reglamentar el procedimiento para la devolución de vehículos hurtados, robados o vinculados a secuestro en la República del Ecuador, que adicionalmente hayan ingresado de manera ilegal al territorio Colombiano, con posterioridad al hurto en dicho país y

respecto de los cuales se hubiese declarado su abandono o decomiso mediante acto administrativo por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 2 4.- Por su parte, el artículo 59 del Convenio de Esmeraldas y el artículo 8° del Anexo 9.15, regulan el trámite que se debe adelantar entre los dos Estados en el evento en que se haya identificado por las autoridades nacionales competentes el vehículo como robado o abandonado, el cual deberá ser puesto a disposición del funcionario consular del vecino país en un plazo no superior a quince (15) días. Agrega el artículo 60 que si el dueño acredita dicha calidad ante el funcionario consular, puede entrar de inmediato en posesión. En todo caso, el vehículo incautado, queda bajo custodia y responsabilidad de la autoridad administrativa que conoce el caso, y una vez efectuado el reconocimiento del vehículo incautado o trascurrido el plazo de los quince (15) días, la autoridad administrativa debe ponerlo a órdenes del cónsul de la jurisdicción, salvo los casos en que las leyes nacionales dispongan el comiso como sanción.

PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA

Bogotá D.C., 4 de octubre de 2011 Alegato No. 069/11 Honorables Consejeros de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera

Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González

Referencia: Expediente

11001032400020090057200

Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito

Público.

Demandante: Byron Germán Sangster Infante Asunto: Acción de nulidad

Procede esta Procuraduría Delegada1 a emitir alegato de conclusión en el asunto de la referencia, de conformidad con las facultades constitucionales y legales. 1 De conformidad con la competencia delegada por el Procurador General de la Nación mediante Resolución 194 de junio 8 de 2011, la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa tiene funciones de intervención ante la Sección Primera y ante la Sala Plena del Consejo de Estado. 3 ANTECEDENTES 1.- La demanda.- El ciudadano Byron Germán Sangster Infante, a través de apoderado, en ejercicio de la acción prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, promovió demanda con el objeto de que se declare la nulidad del Decreto No. 2239 de 11 de noviembre de 1999, proferido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, “por el cual se reglamenta el procedimiento para la devolución de vehículos hurtados en la República del Ecuador ”, toda vez que, en su concepto, viola los artículos 9 y 29 de la Constitución Política y el artículo 11 del anexo 9.15 que adopta el “Reglamento de Recuperación y Devolución de Embarcaciones y Vehículos”, suscrito entre Colombia y Ecuador, para darle cumplimiento al convenio suscrito entre Colombia y Ecuador, denominado Convenio Internacional de Esmeraldas, suscrito el 18 de abril de 1990, sobre tránsito de personas, vehículos, embarcaciones fluviales y marítimas y aeronaves. En el escrito de la demanda, el actor desarrolla el concepto de la violación con fundamento en los siguientes cargos: 1.1Violación del artículo 9 de la Constitución Política

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, al dar aplicación a la norma demandada desconoce el principio de derecho internacional aceptado por Colombia y la preexistencia de una ley superior como es el Convenio de Esmeraldas, suscrito entre Colombia y Ecuador sobre tránsito de personas, vehículos, embarcaciones fluviales y marítimas y aeronaves. 4 1.2Violación del artículo 29 de la Constitución Política y del artículo 11 del Anexo 9.15 Reglamento del Convenio de Esmeraldas, denominado “Reglamento de Recuperación y Devolución de Embarcaciones y Vehículos, suscrito entre Colombia y Ecuador”. La DIAN, al proferir la norma acusada, para reglamentar el convenio suscrito entre Colombia y Ecuador sobre transito de personas, vehículos, embarcaciones fluviales y marítimas y aeronaves, vulneró el debido proceso, por cuanto no contó con el concurso del gobierno Ecuatoriano, sino que lo hizo unilateralmente, con el pretexto de reglamentar lo que ya había sido reglamentado por el anexo 9.15 del Convenio de Esmeraldas, que como su nombre lo indica es el “Reglamento de Recuperación y Devolución de Embarcaciones y Vehículos, suscrito entre Colombia y Ecuador”, expedido el 10 de diciembre de 1992. Ante la posibilidad de que surja responsabilidad internacional, porque una norma interna derogue, modifique o cambie una norma internacional, informa el actor, que vía jurisprudencial existe un criterio interpretativo que reconoce la superioridad de los tratados internacionales sobre las normas internas y éstos sólo pueden ser derogados o modificados por otro acuerdo entre los mismos Estados signatarios.

Siendo éste un principio general del derecho internacional, “conocido como el de la superioridad del derecho internacional sobre el derecho interno, que ha sido consagrado por las Convenciones de Viena de 1969 y 1968, en el artículo 27.” Para sustentar lo expuesto, trae apartes de la Sentencia C-276 del 22 de julio de 1993 de la Corte Constitucional, relacionada con el principio pacta sunt servanda. .

2. La disposición acusada “DECRETO NUMERO 2239 DE 1999

(noviembre 11) Diario Oficial No 43.784, de 16 de noviembre de 1999 5 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO por el cual se reglamenta el procedimiento para la devolución de vehículos hurtados en la República del Ecuador. El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades constitucionales y legales que le confiere el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política, con sujeción a la Ley 6ª de 1971, y CONSIDERANDO: Que el 18 de abril de 1990 fue celebrado el Convenio entre Colombia y Ecuador, sobre Tránsito de Personas, vehículos, embarcaciones fluviales y marítimas y aeronaves; Que el Título Nueve del citado Convenio establece el compromiso para los dos países, de permitir la devolución de las embarcaciones o vehículos robados, incautados, abandonados y utilizados como instrumento; Que para el mejor cumplimiento del Convenio, los Ministros de Relaciones Exteriores de los dos países adoptaron el 10 de diciembre de 1992 el "Reglamento de Recuperación y

devolución de embarcaciones y vehículos", donde se fija de manera general el procedimiento; Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto número 1047 el 24 de mayo de 1994 publicado en el Diario Oficial número 41.373 del 31 de mayo de 1994, mediante el cual se promulgó dicho convenio; Que en Colombia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, es la autoridad que tiene a su cargo el servicio, apoyo y control de las operaciones de comercio internacional; así como las facultades de aprehender, decomisar y declarar el abandono de mercancías extranjeras, su administración y disposición; Que en desarrollo del Convenio de Esmeraldas es necesario fijar el procedimiento que debe seguir la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para el trámite interno de las solicitudes de devolución de vehículos que fueron hurtados o robados en la República del Ecuador, DECRETA: Artículo 1°. Campo de aplicación. El presente decreto se aplicará para resolver las solicitudes de devolución de los vehículos hurtados, robados o vinculados a secuestro cometido en la República del Ecuador e ingresados posteriormente de manera ilegal al territorio colombiano, cuyo abandono o decomiso se hubiere declarado mediante acto en firme proferido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. La competencia para resolver las solicitudes de devolución la tendrá el Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Los expedientes respectivos serán sustanciados por la División de Investigaciones Especiales de la Subdirección de Fiscalización Aduanera. 6 Las devoluciones de los bienes a los que se refiere este artículo se harán, mediante

resolución motivada, siguiendo el procedimiento previsto en el presente decreto, siempre y cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales no hubiere transferido el derecho de dominio y no exista requerimiento de autoridad judicial colombiana sobre los mismos. Artículo 2°. Solicitud y anexos. La solicitud de devolución se formulará a través del Consulado Ecuatoriano, por el propietario del vehículo o por quien se hubiere subrogado en sus derechos, y deberá contener: Nombres y apellidos o razón social completos del peticionario; su identificación; dirección de residencia; indicación de la calidad en que actúa (propietario o cesionario de los derechos); la descripción e individualización del vehículo, incluido cualquier dato o característica particular que a juicio del peticionario facilite su identificación, siempre deberá indicarse los números de chasis, motor y serial. A la solicitud se anexarán los siguientes documentos:

1. Copia de la matrícula, carta de propiedad o documento equivalente, expedido por la autoridad competente, que acredite plenamente la calidad de propietario de la persona natural o jurídica en cuyo favor se solicita la entrega del vehículo.

2. Copia de la denuncia penal por el delito del que derivó la pérdida del vehículo, con la constancia de su presentación dada por la autoridad judicial Ecuatoriana competente.

3. Poder debidamente otorgado, si se actúa por intermedio de apoderado.

4. Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica, o documento que haga sus veces, expedido de conformidad con la legislación Ecuatoriana, si el peticionario es persona jurídica.

5. Certificado de existencia y representación legal de la compañía que se subrogó en los

derechos del propietario del vehículo, si fuere del caso, y

6. Copia del documento mediante el cual el peticionario obtuvo la cesión de los derechos del propietario, si fuere del caso.

Parágrafo. Los documentos otorgados en el extranjero, deben cumplir las formalidades establecidas en el Código de Procedimiento Civil Colombiano. Artículo 3°. Inadmisión de la solicitud. Cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en este decreto, se inadmitirá para que se subsane dentro de los dos (2) meses siguientes, so pena de tenerse por desistida. El auto inadmisorio indicará claramente las omisiones y contra él procederá únicamente el recurso de reposición. Artículo 4°. Trámite. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la presentación de la solicitud o del documento que la subsane, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá decretar todas las pruebas que estime pertinentes, para establecer los hechos en que se funda la petición. El término para practicar todas las pruebas será hasta de quince (15) días. Cuando se trate de obtener pruebas en el exterior, el término será 7 hasta de tres (3) meses. La resolución que resuelva la solicitud de devolución del vehículo deberá proferirse dentro del mes (1) siguiente a la fecha de radicación de la misma, o de aquella en que se subsanó, o del vencimiento del término probatorio, según el caso. Dicha providencia debe ser notificada a quien intervino como interesado en el proceso que ordenó el decomiso administrativo o declaró el abandono del vehículo. Contra la misma procede el recurso de reposición dentro de los cinco (5) días siguientes a su

notificación. Artículo 5°. Gastos. Los gastos que conlleve la devolución serán de cargo del peticionario. Los gastos de bodegaje del vehículo que el mismo asumirá serán los causados desde la fecha de notificación de la resolución que ordena la devolución hasta su retiro, cuyo pago se acreditará al momento de la entrega del bien. Artículo 6°. Entrega del bien. La resolución que ordena la entrega del vehículo autorizará al Administrador de Aduanas o de Impuestos y Aduanas Nacionales, en cuya jurisdicción se encuentre la mercancía para hacer entrega física del bien. El peticionario, con la resolución debidamente ejecutoriada deberá acudir ante dicha Administración dentro del mes siguiente a la fecha de ejecutoria. De la entrega material del vehículo se levantará un acta que suscribirán el Administrador, el peticionario y el Cónsul Ecuatoriano, o su delegado, si estuviere presente, a quien se le citará para tal efecto con la suficiente anticipación; en ella se indicará la Administración de Aduanas o de Impuestos y Aduanas por donde saldrá el bien. La Administración correspondiente llevará un registro de los vehículos cuya devolución se ordene en desarrollo del presente decreto. El bien se entregará en el lugar y condiciones en que se encuentre de conformidad con el acta de aprehensión, salvo el deterioro natural y su salida del territorio nacional se producirá en un plazo máximo de quince (15) días contados a partir de la fecha del Acta de entrega. La resolución que ordena su devolución amparará el bien dentro del territorio nacional. Artículo 7°. Disposición de la mercancía. Si vencido el plazo señalado en el artículo

anterior no se ha solicitado la entrega física, o no se ha producido su salida del territorio nacional, acreditada mediante el registro en la Administración correspondiente, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá disponer del mismo con base en el acto administrativo de decomiso o abandono que ya hubiere proferido y no procederá solicitud de devolución posterior. Artículo 8°. Informes. La Subsecretaría Comercial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, informará al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia sobre las aprehensiones, decomisos y abandonos de vehículos ecuatorianos, para los efectos previstos por el Convenio de Esmeraldas y su Reglamento del Título Nueve. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia en desarrollo de dicho Convenio, reportará a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la información sobre los vehículos ecuatorianos que se encuentren en las circunstancias indicadas por el artículo primero de este Decreto. Si alguno de los bienes reportados se encontrare a 8 disposición de la DIAN, la Subsecretaría Comercial informará sobre tal hecho al citado Ministerio, para que promueva la localización del propietario, en los términos previstos por el Convenio. Si transcurridos cuatro meses contados a partir de la fecha en que se realizó la comunicación a que se refiere el inciso anterior, no se ha formalizado la solicitud de entrega, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá disponer del vehículo de conformidad con las normas legales vigentes y no procederá su reclamación posterior. Artículo 9°. Transitorio. Las solicitudes presentadas con anterioridad a la vigencia del

presente decreto, deberán ser devueltas a sus peticionarios para que se ajusten a las disposiciones aquí establecidas. Artículo 10. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.” 3.- Contestación de la demanda por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público La entidad demandada, mediante apoderado judicial, contestó la demanda y se opuso a las pretensiones, como argumentos de defensa expresó los siguientes: 3.1.- El Decreto demandado fue expedido no por la DIAN sino por el Presidente de la República. Así las cosas, el Gobierno Nacional promulgó el decreto en desarrollo de las facultades a él conferidas por la Constitución Política y “teniendo en cuenta que de su artículo primero se establece inequívocamente que la citada norma se aplica para resolver las solicitudes de devolución de los vehículos hurtados, robados o vinculados a secuestro cometido en la República del Ecuador e ingresados posteriormente de manera ilegal al territorio Colombiano, cuyo abandono o decomiso se hubiere declarado mediante acto en firme proferido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”. Agrega que, “Lo anterior tiene sustento legal en el hecho de que una vez decretado por parte de la DIAN el decomiso de una mercancía o haya quedado en situación de abandono a favor de la Nación, la propiedad de la misma pasa a ser de la Nación y debe ser ella, a través de la entidad competente, la que disponga del destino final de la mercancía, situación que no se presenta cuando 9 simplemente se ha ingresado al territorio nacional una mercancía hurtada en otro país sin que haya habido intervención de la autoridad aduanera, evento en el cual

el propietario de la misma es quien acredita dicha calidad mediante los mecanismos establecidos en el Convenio entre Colombia y Ecuador sobre tránsito de personas, vehículos, embarcaciones fluviales y marítimas y aeronaves suscrito entre los Ministros de Relaciones Exteriores de los dos países en la ciudad de Esmeraldas el día 18 de abril de 1990 y en el anexo 9.5 ‘Reglamento de recuperación y devolución de embarcaciones y vehículos.” 3.2.- El acto acusado se limita a reglamentar el procedimiento en el evento de que intervenga la autoridad aduanera, con el objeto de poder disponer de un vehículo decomisado o abandonado a favor de la Nación, aunque haya sido hurtado en Ecuador, ya que anteriormente el Decreto 2685 de 1999 y el Decreto 1909 de 1992, no contemplaban la entrega del vehículo a quien demostrara la calidad de propietario antes de la declaratoria de decomiso o abandono, por lo que al no existir esta reglamentación, no podría el Estado Colombiano entregar a Ecuador un vehículo que legalmente es de su propiedad. 3.4.- Indica finalmente, que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en acatamiento de la Constitución Política y de la Ley, está en la obligación de dar estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en el acto administrativo demandando, que dada su presunción de legalidad es de obligatorio cumplimiento para la autoridad administrativa. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Problema Jurídico El problema jurídico consiste en establecer si el Decreto No. 2239 de 11 de noviembre de 1999, proferido por el Gobierno Nacional, “por el cual se reglamenta

el procedimiento para la devolución de vehículos hurtados en la República del 10 Ecuador”, al establecer el procedimiento para resolver las solicitudes de devolución de los vehículos hurtados, robados o vinculados a secuestro cometido en la República del Ecuador e ingresados posteriormente de manera ilegal al territorio Colombiano, cuyo abandono o decomiso se hubiere declarado mediante acto en firme proferido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales vulnera el Convenio de Esmeraldas y su anexo 9.15, suscrito entre Colombia y Ecuador, vulneró normas jurídicas superiores en tanto desconoció el principio de derecho Internacional “pacta sunt servanda” (lo pactado obliga), y el debido proceso. Marco Normativo Constitución Política: Artículo 189: Artículo 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: (…)

25. Organizar el Crédito Público; reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio; modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas; regular el comercio exterior; y ejercer la intervención en las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos provenientes del ahorro de terceros de acuerdo con la ley.

(…) “. Convenio

"CONVENIO ENTRE COLOMBIA Y ECUADOR SOBRE TRANSITO DE

PERSONAS, VEHICULOS, EMBARCACIONES FLUVIALES Y MARITIMAS Y

AERONAVES

CONSIDERANDOS:

(…)

7. Que deben expedirse normas que permitan y agilicen la recuperación o

devolución de vehículos o embarcaciones robados, abandonados, incautados y utilizados como instrumento para actos penados;

TITULO -NUEVEDISPOSICIONES ESPECIALES

11 CAPITULO -XXIIEMBARCACIONES O VEHICULOS ROBADOS, INCAUTADOS, ABANDONADOS Y UTILIZADOS COMO INSTRUMENTO.- ARTICULO 59.- Las embarcaciones o vehículos identificados por las autoridades nacionales competentes como robados o abandonados, serán puestos a disposición del funcionario consular de la jurisdicción donde fueren localizados, sin dilación y en un plazo no mayor de quince (15) días. ARTICULO 60.- El dueño de la embarcación o vehículo robado o abandonado, en cuanto haya probado dicha calidad ante el funcionario consular del país de la matrícula, podrá entrar de inmediato en posesión. ARTICULO 61.- La recuperación de la embarcación o vehículo robado o abandonado estará exenta del pago de toda clase de tasas o gravámenes. ARTICULO 62.- Las embarcaciones o vehículos incautados quedarán bajo custodia y responsabilidad de la autoridad administrativa que conozca del caso. ARTICULO 63.- La autoridad administrativa determinará, en un plazo no mayor de quince (15) días, si el dueño, conductor, capitán o piloto de la embarcación o vehículo incautado cometió o no la infracción o delito que motivó la medida. ARTICULO 64.- En cuanto se hubiere efectuado el reconocimiento de la embarcación o vehículo incautado o hubiere transcurrido el plazo de quince (15) días, la autoridad administrativa lo pondrá a órdenes del Cónsul de la jurisdicción,

salvo los casos en que las leyes nacionales dispongan el comiso como sanción. ARTICULO 65.- Cuando la autoridad administrativa exima de responsabilidad al dueño, conductor, capitán o piloto, de inmediato y sin dilación pondrá la embarcación o vehículo a órdenes del Cónsul de la jurisdicción, para la entrega a su dueño. ARTICULO 66.- Las autoridades nacionales competentes intercambiarán, cada mes, las listas de las embarcaciones o vehículos robados, abandonados y utilizados como instrumento e informarán al Ministerio de Relaciones Exteriores de su país, para conocimiento de la otra Parte. Anexo 9.15 “Reglamento de recuperación y devolución de embarcaciones y vehículos.” “Los Ministros de relaciones Exteriores de Colombia y Ecuador, para el mejor cumplimiento de las disposiciones del Título Nueve del Convenio sobre Tránsito de Personas, Vehículos, Embarcaciones, Fluviales y Marítimos y Aeronaves suscrito en Esmeraldas el 18 de abril de 1999, adoptan el siguiente Reglamento: (…) 12 Artículo 8. La embarcación o vehículo, recuperado, encontrado o devuelto por la Autoridad Nacional Competente e identificado como matriculado en el otro país, será puesto a disposición, de inmediato, al cónsul más próximo. Se elaborará un acta de entrega-recepción, suscrita por el cónsul y el representante de la Autoridad Nacional Competente, en la cual conste la descripción de la embarcación o vehículo y el lugar, fecha y circunstancias de la recuperación, localización y devolución. Artículo 11. Las reformas al presente reglamento se efectuarán por acuerdo mutuo

de las Partes, mediante canje de Notas Reversales (…)”. Cargos 1.1Violación del artículo 9 de la Constitución Política Estima el actor que el acto acusado desconoce el principio de derecho internacional aceptado por Colombia y la preexistencia de una ley superior como es el Convenio de Esmeraldas, suscrito entre Colombia y Ecuador sobre tránsito de personas, vehículos, embarcaciones fluviales y marítimas y aeronaves. El artículo 9° de la Constitución Política, dispone: “(…) Artículo 9o. Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. De igual manera, la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe (…)”. El Decreto No. 2239 de 1999 fue expedido por el Presidente de la República, en virtud de las facultades que le confiere el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política, y con sujeción a la Ley 6 de 1971. El numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política, establece: ART. 189. —Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:

25. Organizar el crédito público; reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio; modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al 13 régimen de aduanas; regular el comercio exterior; y ejercer la intervención en las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el

manejo, aprovechamiento e inversión de recursos provenientes del ahorro de terceros de acuerdo con la ley. (Resaltado por fuera del texto). La Ley 6 de 1971, “por la cual se dictan normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno para modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas”, junto con la Ley 7ª. de 1991, son Leyes Marco, que fijan los parámetros generales a los cuales debe someterse el Gobierno Nacional para regular el comercio exterior y el régimen general de aduanas. Lo primero que hay que aclarar en el caso en cuestión, es que la norma acusada no fue expedida en uso de las facultades que le confiere al Presidente de la República el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, sino en virtud de la potestad que le otorga el numeral 25 del artículo 189 de la Carta Política. Lo anterior significa que el decreto acusado es un decreto reglamentario especial, porque desarrolla una ley marco. Al respecto sostuvo el Consejo de Estado2: De modo que, en términos de competencia, el Gobierno, amparado en el artículo 15019 - c) de la Carta, puede expedir disposiciones con igual fuerza normativa de las que hacían parte o estaban contenidas en el régimen de aduanas, emanadas del legislador con anterioridad a la reforma constitucional de 1.968, no obstante que los actos mediante los cuales las expida tengan la condición de decretos reglamentarios. Resulta entonces que se está frente a una potestad reglamentaria especial, distinta de la potestad reglamentaria prevista en el artículo 189 - 11 de la Carta, ya que su efecto

reglamentario está referido a las citadas leyes marco. De esta manera aparece que el Gobierno tiene dos tipos de potestad reglamentaria atendiendo su objeto y fuerza normativa, a saber: a. - La que emana del artículo 189, numeral 25, literal c) de la Constitución y que tiene como objeto la reglamentación de las leyes marco, entre ellas las aduaneras, cuyos decretos tienen un ámbito de reglamentación amplio del régimen aduanero, pues sólo están sujetos a las normas generales y dentro de ellas a los objetivos y criterios señalados en la ley marco objeto de reglamentación, sin que ello signifique desplazamiento ni usurpación de funciones o competencias del Congreso de la República en su condición de legislador. 2 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 2 de octubre de 1997. Rad. No. 4431. C.P. Juan Alberto Polo Figueroa. 14 Sobre las implicaciones de la potestad reglamentaria de leyes marco en materia aduanera, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de la Corporación, dijo lo siguiente: "...por sus características, cabe ser considerada como especial, por cuanto el campo que la Carta le ha reservado para su regulación jurídica y la fuerza normativa de sus disposiciones es mayor en co