PGN - REGIMEN DE INHABILIDADES - Definición según la jurisprudencia del consejo de estado

RECURSO DE APELACIÓN-Contra la sentencia por la cual el Tribunal Administrativo del Magdalena declaró la nulidad del nombramiento de la secretaria de Salud y Desarrollo Social de Ciénaga, Magdalena RÉGIMEN DE INHABILIDADES-Interpretación y aplicación RÉGIMEN DE INHABILIDADES-Definición según la jurisprudencia del Consejo de Estado Bogotá D.C., 28 de marzo de 2023 Concepto No. 2023-03-NE-048 Doctor

PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Magistrado Ponente Consejo de Estado-Sección Quinta

E. S. D.

RADICACIÓN: 47001-23-33-000-2022-00188-01

DEMANDANTES: YANET MARÍA GUTIÉRREZ

AGUILAR

DEMANDADO: JUANA MANUELA CUETO CORRO,

SECRETARIA DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL DE LA ALCALDÍA DE CIÉNAGA, MAGDALENA MEDIO DE CONTROL: NULIDAD ELECTORALSEGUNDA INSTANCIAASUNTO DE INTERÉS: ALCANCE DE LA INHABILIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 71 DE LA LEY 1438 DE 2011.

Respetado magistrado: Dentro del término otorgado mediante auto del 3 de marzo de 20231, como Agente del Ministerio Público ante esa Sección, presento concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1. Hechos 1.1.1. Mediante el Decreto 277 del 11 de julio de 2022, se nombra a la señora JUANA MANUELA CUETO CORRO, como Secretaria de Salud y Desarrollo Social de la

alcaldía municipal de Ciénaga (Magdalena), tomando posesión el 14 de julio de la misma anualidad. 1.1.2. En los términos de la demanda la señora CUETO CORRO al haber aceptado el cargo en cita y haberse posesionado, violó flagrantemente el régimen de inhabilidades e incompatibilidades aplicable a los miembros de las Juntas Directivas de las Empresas Sociales del Estado contenido en el artículo 71 de la Ley 1438 de 2011. 1 Admite recurso de apelación. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 2 1.1.3. Adicionalmente, luego de señalar que debían tenerse en cuenta las normas generales sobre el régimen de inhabilidades e incompatibilidades,2 se esgrime que la nombrada incurrió en conflicto de interés,3al no declararse impedida para posesionarse en el cargo designado, toda vez, que no transcurrió un año de haber pertenecido a la junta directiva de la ESE Hospital San Cristóbal de Ciénaga, Magdalena. 1.2. Fallo de primera instancia.

El Tribunal Administrativo del Magdalena mediante sentencia del 16 de diciembre de 20224, declaró la nulidad del nombramiento de la señora JUANA MANUELA CUETO CORRO como secretaria de Salud y Desarrollo Social del Municipio de Ciénaga. La corporación en cita planteó el problema jurídico, en el apartado 2.2 de la providencia

recurrida, en los siguientes términos: “(…) determinar, en primer lugar, si hay lugar a declarar la nulidad del acto de nombramiento de la señora Juana Manuela Cueto Corro contenido en el Decreto No. .277 del 11 de julio de 2011, conforme lo previsto en el numeral 5o del artículo 275 del CPACA, por encontrarse incursa presuntamente en la causal de inhabilidad contemplada en el artículo 71 de la Ley 1438 de 2011. Por otro lado, debe establecer esta Corporación si la señora Juana Manuela Cueto Corro incurrió en conflicto de intereses al infringir los preceptos legales y reglamentarios contenidos específicamente en el artículo 44 de la Ley 1952 de 2019 y el artículo 11 numeral 16 de la Ley 1437 de 2011, al no declararse impedida para posesionarse en el cargo de Secretaria de Salud del Municipio de Ciénaga, Magdalena, toda vez que no había transcurrido un año de haber pertenecido a la junta directiva de la ESE Hospital San Cristóbal de Ciénaga. Para resolver lo anterior, la Sala debe revisar i) si la Secretaría del municipio de Ciénaga es una entidad perteneciente al sector salud, ¡i) si el conflicto de interés puede generar inhabilidad y iii) si la demandada debe restituir las sumas pagadas por el municipio de Ciénaga”. En este orden de ideas, bajo la metodología argumentativa de anticipar la decisión, el ad quo señaló que declararía la nulidad del Decreto No. 277 del 11 de julio de 2022 por medio del cual se efectuó el nombramiento de la señora JUANA MANUELA CUETO CORRO,

como secretaria de Salud y Desarrollo Social del municipio de Ciénaga, con sustento en las siguientes consideraciones: 2 Verbigracia los artículos 122 y 126 superior y 40 a 45 de la Ley 1962 de 2019. 3 Artículos 44 de la Ley 1952 de 2019 y 11.16 de la Ley 1437 de 2011. 4 MP: María Victoria Quiñones Triana. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

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Página 3 Previo análisis de lo probado en el proceso,5 y de la temática relativa a las entidades pertenecientes al sector salud,6 no encontró el ad quo de recibo el argumento planteado por el municipio de Ciénaga en el sentido que dicho ente no era una entidad del sector salud, pues, en su entender, lo cierto es que dentro de sus competencias a los municipios les corresponde dirigir y coordinar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el ámbito de su jurisdicción, para lo cual cumplirán, entre otras funciones, adoptar, implementar y adaptar las políticas y planes en salud pública de conformidad con las disposiciones del orden nacional y departamental, así como formular, ejecutar y evaluar, los planes de intervenciones colectivas. Para el Tribunal de instancia, en el plenario quedó demostrado que, conforme las actas de supervisión de los convenios interadministrativos suscritos en el año 2021 y 2022 entre la ESE San Cristóbal de Ciénaga y el municipio de Ciénaga, la responsable de la supervisión

“es la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Ciénaga, que tiene como objeto realizar el seguimiento y monitoreo del cumplimiento en la ejecución de actividades del PAS y del plan de intervención colectiva (PIC)”. “Bajo esa premisa, comoquiera que la inhabilidad se pregona para los miembros de las juntas directivas de las Empresas Sociales del Estado, la señora Juana Manuela Cueto Corro no podía ser nombrada como secretaria de salud del municipio de Ciénaga, toda vez que ese cargo tiene como propósito principal formular, implementar, coordinar y evaluar planes, programas y proyectos del sector salud, cultura, recreación y deportes, y en materia de programas sociales y de atención a población vulnerable, que permitan el acceso de toda la población a los servicios sociales para el fomento del desarrollo social quienes no podrán ser representante legal, por lo que no puede tener esta, participación en el capital de estas en forma directa, por lo que concluye la Sala que se configura la inhabilidad alegada, debido a que como se anotó en el acápite anterior, la secretaría de salud y desarrollo social, es el órgano rector del sector salud en el municipio de Ciénaga, y la demandante se encuentra inhabilitada para tener participación en esta dependencia, inhabilidad que rige hasta por un año después de la dejación del cargo, y la demandada tomó posesión del cargo a partir del 14 de julio de 2022, es decir, cuando solo habían trascurrido un mes y 6 días tras haber dejado de ser miembro de la junta directiva de la Ese Hospital San Cristóbal de Ciénaga”. Por todo lo anterior, advirtió la vulneración del artículo 71 de la Ley 1438 de 2011, sobre

la base de considerar que, al momento del nombramiento como secretaria de Salud y Desarrollo Social del municipio de Ciénaga, la demandada estaba incursa en la causal inelegibilidad allí prevista, en atención a su condición de miembro de la junta directiva de la ESE Hospital San Cristóbal de Ciénaga, sin haberse desvinculado de la misma con un año de antelación. 5 Apartado 2.3.1. 6 Apartado 2.3.1. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

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Página 4 Respecto a la devolución de las sumas canceladas a la demandada,7sostuvo que la parte actora no desvirtuó la buena fe de aquella, por lo que no era procedente ordenar el reintegro de las sumas por ella percibidas. Finalmente, teniendo en cuenta que la decisión era la declararia de nulidad del acto acusado, por encontrarse configurada la causal de inhabilidad planteada, consideró innecesario realizar pronunciamiento alguno en torno a los demás problemas jurídicos. 1.3. Recurso de apelación Inconformes con la decisión tanto la parte demandada como el municipio de Ciénaga, apelaron el fallo del 16 de diciembre del 2022 expedido por el Tribunal Administrativo del Magdalena.8 1.3.1. Parte demandada. Para la recurrente, el ad quo realiza una interpretación equivocada de la inhabilidad

aplicándola a un caso distinto, la que en forma expresa realiza una salvedad frente a los alcaldes y gobernadores, quienes, sí pueden tener a sus familiares hasta el 4º grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, como representante legal, miembros de los organismos directivos, directores, socios, o administradores de entidades del sector salud, o tener participación en el capital, siempre que la participación en estos escenarios sea en razón que el ente territorial haga parte de la junta directiva. En el entender de la recurrente, el artículo 71 de la Ley 1438 de 2011, no aplica a los secretarios del despacho, pues, solo se configura cuando un miembro de junta directiva de una ESE tiene al mismo tiempo algunas de las circunstancias descritas en el apartado legal; esto es, hacer parte de una empresa prestadora de salud. Bajo ese entendimiento, precisa que la demandada ya no es miembro de junta directiva de una ESE, no aspira a serlo en la actualidad y adicionalmente, el cargo que ocupa no es de aquellos relacionados en dicho segmento, a saber, ser representante legal, miembro de los organismos directivos, directores, socios, o administradores de entidades del sector salud, ni tiene participación en el capital de estas en forma directa o a través de su pareja o 7 Apartado 2.3.4 8 En los términos del auto del 3 de marzo de 2023 los recursos de apelación fueron presentados por la demandada y el municipio de Ciénaga el 3 y 17 de febrero del 2023. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C.

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 5 parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil o participo a través de interpuesta persona, por lo tanto, el tiempo de un año de espera tampoco sería exigible.

En este orden de ideas, previo a esgrimir que el derecho como ciencia social permite que se den interpretaciones distintas a las normas, sin que una u otra, salvo las completamente contrarias a la norma, puedan tomarse como descartadas, sostiene que la inhabilidad contenida en el artículo 71 de la Ley 1438 de 2011, no era aplicable al caso, pues, no ocupa un puesto en entidades del sector salud, dentro de las cuales, equivocadamente, se incluye una secretaría de salud. En su entender, la sentencia se basa en la Ley 10 de 1990 artículo 5º, siendo esta norma anterior a la constitución política y a la Ley 100 de 1993, normas que indiscutiblemente reorganizaron el sistema de salud y todos sus conceptos referentes a las entidades que específicamente hacen parte de dicho sector. Por último, luego de considerar acertado y fundamentado el salvamento de voto,9 que consideró que no era aplicable la inhabilidad en el presente caso, se adhiere y coadyuva todas y cada una de sus consideraciones. 1.3.2. Municipio de Ciénaga, Magdalena. La secretaría de Salud del ente en cita no es una entidad del Sector Salud de las que trata el artículo 71 de la Ley 1438 de 2011. Luego de trascribir el artículo 71 de la Ley 1438 de 2011, señala que en la sentencia se

entiende vulnerada la primera de las prohibiciones de la norma, al nombrar a la demandada como Secretaria de Salud y Desarrollo Social, por presuntamente haber ocupado previamente un cargo en la junta directiva de la E.S.E. Hospital San Cristóbal, sin embargo, en su entender, esta situación “no constituye una violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, en cuanto el supuesto de hecho descrito en la inhabilidad señalada, no se observa en los hechos descritos en la sentencia, ni en las pruebas que obran en el plenario ni en las que se están aportando”. 9 El voto disidente fue presentado por la Magistrada Elsa Mireya Reyes Castellanos. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

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Página 6 Señala, entonces, que la providencia confunde, como si fueran sinónimos, el sector salud con el sistema de seguridad social, y parte de ese error, esgrime, radicaba en basarse en normas que no son aplicables al caso en concreto, y luego de realizar una explicación diferencial entre dichos conceptos, concluye que la demandada no se encuentra inmersa en la inhabilidad bajo examen. Por lo tanto, en su criterio la sentencia se equivoca al mencionar que la secretaría de salud municipal es el órgano rector de salud en el municipio, cuando es claro que dicha responsabilidad corresponde al ministerio de salud. La secretaría de salud solo acoge los planes, programas y políticas del ministerio.

“Por lo anterior es impreciso asegurar que la secretaria de salud vigila la E.S.S hospital San Cristóbal de ciénaga, Maxime cuando este pertenece al Departamento del Magdalena, tal como se planteó desde el problema jurídico en el presente caso”. De las inhabilidades e incompatibilidades frente al ente territorial. En el entender del recurrente, entre la E.S.E y el ente territorial precitados, no existe subordinación alguna, son entidades completamente distintas con presupuestos y autonomía administrativa y si bien, dicha ESE presta sus servicios en el Municipio de Ciénaga, su administración corresponde al nivel departamental; además, tal como consta en los actos administrativos aportados y en las certificaciones emitidas por el Gerente de la E.S.E., si bien, su jurisdicción territorial corresponde al ente precitado, este no tiene injerencia alguna en las dinámicas administrativas de la E.S.E., prueba que no fue valorada al momento de tomar la decisión. En cuanto al régimen de inhabilidades e incompatibilidades atribuido a la demandada, una vez, que trascribe lo expuesto por el salvamento de voto de la magistrada disidente,10expone que dicho régimen no debe interpretarse y aplicarse de forma restrictiva, 10 “Conforme con lo expuesto, resulta claro que en nuestro ordenamiento jurídico se establecieron las inhabilidades e incompatibilidades como medidas que buscan o tienden a proteger el interés general o valores tales como soberanía, trasparencia y moralidad. entre otros principios, sin embargo, es preciso anotar que tales medidas deben analizarse bajo criterios de interpretación restrictivo, no de manera analógica o extensiva, salvo en lo favorable. Descendiendo al asunto

objeto de debate es claro que la señora Juana Manuela Cueto Corro al haber ostentado el cargo de miembro de junta directiva de la ESE Hospital San Cristóbal de Ciénaga no le está prohibido asumir el cargo de Secretaria de Salud de ese mismo municipio, dado que la incompatibilidad expresada en el artículo 71 de la Ley 1438 de 2011 no apunta a este último cargo, ello porque evidentemente no es explícita o taxativa la prohibición contenida en aquella normativa, pues si nos atenemos a la expresión legal según la cual los miembros de juntas directivas de las Empresas Sociales del Estado no Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 7 salvo que sea en favor de la persona que se le acusa y que las “inhabilidades tienen razón de ser en que situaciones anteriores al nombramiento, no afecten el desempeño del funcionario público”.

Además que, aunque pudiesen existir vínculos entre la entidad territorial y la E.S.E., estas son eminentemente contractuales, mas no de administración o dirección de esa entidad, enmarcada en los postulados del acto que señala la obligación de las entidades territoriales de contratar el plan de intervención colectiva (PIC) con las empresas sociales del Estado que estén dentro de su jurisdicción territorial,11 relación que está en cabeza del alcalde, mas no del secretario de salud de turno, como se observa de la certificación que obra en el plenario, donde consta que la demandada, no realiza supervisión alguna respecto de

contratos con la E.S.E., prueba que no fue valorada al momento de tomar la decisión y que sin lugar a equívocos hubiese cambiado el sentido del fallo.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 2.1. Problema jurídico Corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado, determinar, si confirma o revoca la decisión del Tribunal Administrativo del Magdalena que mediante sentencia 16 de diciembre del 2022,12declaró la nulidad del nombramiento de la demandada como secretaria de Salud y Desarrollo Social de Ciénaga, Magdalena.

Para resolver este problema jurídico, el Ministerio Público considera necesario pronunciarse sobre i) la interpretación y aplicación del régimen de inhabilidades, y analizar ii) el caso concreto. podrán ser “miembros de los organismos directivos, directores, socios, o administradores de entidades del sector salud. no emerge con claridad ni hay certeza que el legislador estableció que el cargo de secretario de salud quepa como incompatibilidad para quien ejerza las funciones de miembro de junta directiva de la E.S.E., puesto que si nos atenemos a la estructura y clasificación que del sector salud hace el Decreto 780 de 2016, es evidente que las secretarias de salud si bien es cierto hacen parte del sistema de seguridad social, también lo es que no conforman o no hacen parte de la estructura del sector salud, dado que en la organización o clasificación contenida en aquella normativa se alude a entes y organismos distintos de las direcciones seccionales de salud o secretaría de salud, por ello entonces, no puede declararse la nulidad del acto acusado conforme al numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, en tanto, el legislador de

manera concreta o taxativamente no incluyó aquel cargo como incompatible con el ejercicio de funciones como miembro de junta directiva de la ESE”. 11 Resolución 518 de 2015, art. 14. 12 MP: María Victoria Quiñones Triana. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 8 2.1.1. Interpretación y aplicación del régimen de inhabilidades.13

El legislador tiene la discrecionalidad para prever las causales de inhabilidad e incompatibilidad, sin más limitaciones que las que surgen de la propia Carta Política. Es decir, que a esta corporación le corresponde evaluar y definir el alcance de cada uno de los hechos, situaciones o actos constitutivos de incompatibilidad o inhabilidad, así como el tiempo durante el cual se extienden y las sanciones aplicables a quienes incurran en ellas. Es así como la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que: “Las inhabilidades son restricciones fijadas por el constituyente o el legislador para limitar el derecho de acceso al ejercicio de cargos o funciones públicas. También han sido definidas por esta Corporación como aquellos requisitos negativos para acceder a la función pública, los cuales buscan rodear de condiciones de transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad el acceso y la permanencia en el servicio público, de tal suerte que las decisiones públicas sean objetivas y tengan como resultado el adecuado cumplimiento de los fines del Estado que asegure la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo

Cfr. Corte Constitucional”14. (Negrilla fuera de texto). En la sentencia C-200 de 2001, se estableció que el legislador tiene un margen de discrecionalidad amplio para regular las inhabilidades e incompatibilidades para acceder a la función pública, dentro de las limitaciones que la propia Carta define. Diferente a la situación del juez u operador jurídico, quien debe interpretar estricta y restrictivamente las causales de inelegibilidad, en tanto y cuanto son excepciones legales al derecho de las personas a acceder a los cargos públicos y, por tanto, cualquier interpretación en contra se entenderá contraria al artículo 40 constitucional y 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. En la sentencia C-439 de 2016, se indicó que la Constitución Política es la que le confiere al Congreso de la República el ejercicio de la función legislativa del Estado, para que por su intermedio se fijen las reglas jurídicas llamadas a gobernar las relaciones políticas, sociales y económicas en los distintos periodos de la vida estatal. 2.1.2. Análisis del caso concreto 13 Este apartado recoge en su integridad la postura que sobre el tema ha sostenido la delegada, como el expuesto en el Concepto No. 2023-03-NE-040, exp. 11001-03-28-000-2023-00010-00 y Concepto No. 2023-03-NE-041, exp 11001-0328-000-2023-00011-00. 14 Sentencias C-380/97, C-200/01 y C-1212/01. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C.

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Página 9 Analizado en su conjunto los argumentos expuestos por los recurrentes, el reproche se podría sintetizar en que la sentencia debe ser revocada como quiera la secretaría de salud del municipio de ciénaga no es una entidad del sector salud de aquellas a las que se refiere el artículo 71 de la Ley 1438 de 2011 En consecuencia, es necesario trascribir el contenido fidedigno de la norma que sustenta el reproche de la demanda y del fallo recurrido: “ARTÍCULO 71. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Los miembros de las juntas directivas de las Empresas Sociales del Estado no podrán ser representante legal, miembros de los organismos directivos, directores, socios, o administradores de entidades del sector salud, ni tener participación en el capital de estas en forma directa o a través de su cónyuge, compañero o compañera permanente o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil o participar a través de interpuesta persona, excepto alcaldes y gobernadores, siempre y cuando la vinculación de estos últimos a la entidad del sector salud obedezca a la participación del ente territorial al que representa. Esta inhabilidad regirá hasta por un año después de la dejación del cargo” De acuerdo con la norma transcrita, en lo que interesa para el caso que nos concita y que dan cuenta los hechos, las pretensiones y la fijación del litigio, los miembros de las juntas directivas de las Empresas Sociales del Estado, mientras ocupen el cargo y un año después de la dejación del mismo, no podrán vincularse como i) representante legal, ii) miembros

de los organismos directivos, iii) directores, iv) socios, o v) administradores de entidades del sector salud, excepto alcaldes y gobernadores, siempre y cuando la vinculación de estos últimos a la entidad del sector salud obedezca a la participación del ente territorial al que representa. Pues bien, de entrada, para esta delegada del Ministerio Publico, la sentencia recurrida debe ser objeto de revocatoria, habida cuenta, que el supuesto factico que fundamenta la demanda, esto es, que el nombramiento de la señora JUANA MANUELA CUETO CORRO como secretaria de Salud y Desarrollo Social, Código 020 Grado 01 del municipio de Ciénaga, Magdalena contenido en el Decreto No. 277 de julio 11 de 2022, no encuadra en la hipótesis normativa de que trata la norma transcrita. En efecto, los secretarios del despacho de los municipios, sin necesidad de analizar si el ente territorial pertenece o no al sector salud, no encuadran en la hipótesis normativa, como quiera que: Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

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1. No son representantes legales del municipio, habida cuenta, que en virtud del artículo 314 superior quien ostenta esta calidad es alcalde municipal.15

2. No son miembros de organismos directivos, como quiera, que, en los entes territoriales locales, no existe tal figura, sino que constitucionalmente se prevé la

existencia de concejos municipales con la naturaleza de ser corporaciones políticoadministrativa elegida popularmente,16órgano al que no pertenecen los secretarios del despacho.

3. No son directores ni socios, o administradores de la entidad territorial, por dos razones básicas, la primera, habida cuenta, que estas denominaciones son completamente ajenas al ente local, como se advierte, verbigracia del contenido del artículo 5º de la Ley 909 de 2004 que establece la clasificación de empleos en el Nivel central de las entidades territoriales.

En efecto la norma en cita17, prevé para el nivel central de los municipios para los empleos de libre nombramiento y remoción, que podría ser el nivel jerárquico de directores, además del Alcalde Municipal, rótulos, como Secretario General; Secretario y Subsecretario de Despacho; Veedor Delegado, Veedor Municipal; Director y Subdirector de Departamento 15 “Art. 314. (Art. modificado por el artículo 3 del Acto Legislativo 2 de 2002): “En cada municipio habrá un alcalde, jefe de la administración local y representante legal del municipio, que será elegido popularmente para períodos institucionales de cuatro (4) años, y no podrá ser reelegido para el período siguiente. (…)” 16 “Art. 312. (Artículo modificado por el artículo 5 del Acto Legislativo 1 de 2007.: “En cada municipio habrá una corporación político-administrativa elegida popularmente para períodos de cuatro (4) años que se denominará concejo municipal, integrado por no menos de 7, ni más de 21 miembros según lo determine la ley de acuerdo con la población respectiva. Esta corporación podrá ejercer control político sobre la administración municipal (…).

17 Art. 5. Clasificación de los empleos. Los empleos de los organismos y entidades regulados por la presente ley son de carrera administrativa, con excepción de: 1. Los de elección popular, los de período fijo, conforme a la Constitución Política y la ley, los de trabajadores oficiales y aquellos cuyas funciones deban ser ejercidas en las comunidades indígenas conforme con su legislación. 2. Los de libre nombramiento y remoción que correspondan a uno de los siguientes criterios: a) Los de dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas o directrices así (…). En la Administración Central y órganos de control del Nivel Territorial: Secretario General; Secretario y Subsecretario de Despacho; Veedor Delegado, Veedor Municipal; Director y Subdirector de Departamento Administrativo; Director y Subdirector Ejecutivo de Asociación de Municipios; Director y Subdirector de Área Metropolitana; Subcontralor, Vicecontralor o Contralor Auxiliar; Jefe de Control Interno o quien haga sus veces; Jefes de Oficinas Asesoras de Jurídica, de Planeación, de Prensa o de Comunicaciones; Alcalde Local, Corregidor y Personero Delegado. (…) b) Los empleos cuyo ejercicio implica especial confianza, que tengan asignadas funciones de asesoría institucional, asistenciales o de apoyo, que estén al servicio directo e inmediato de los siguientes funcionarios, siempre y cuando tales empleos se encuentren adscritos a sus respectivos despachos así: (…). En la Administración Central y órganos de Control del Nivel Territorial: Gobernador, Alcalde Mayor, Distrital, Municipal y Local. (…) c) Los

empleos cuyo ejercicio implica la administración y el manejo directo de bienes, dineros y/o valores del Estado; d) Los empleos que no pertenezcan a organismos de seguridad del Estado, cuyas funciones como las de escolta, consistan en la protección y seguridad personales de los servidores públicos. e) Los empleos que cumplan funciones de asesoría en las Mesas Directivas de las Asambleas Departamentales y de los Concejos Distritales y Municipales; f) Los empleos cuyo ejercicio impliquen especial confianza que tengan asignadas funciones de asesoría institucional, que estén adscritos a las oficinas de los secretarios de despacho, de los Directores de Departamento Administrativo, de los gerentes, tanto en los departamentos, distritos especiales, Distrito Capital y distritos y municipios de categoría especial y primera. (Adicionado por la Ley 1093 de 2006)” Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

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Página 11 Administrativo; Director y Subdirector Ejecutivo de Asociación de Municipios; Director y Subdirector de Área Metropolitana; Subcontralor, Vicecontralor o Contralor Auxiliar; Jefe de Control Interno o quien haga sus veces; Jefes de Oficinas Asesoras de Jurídica, de Planeación, de Prensa o de Comunicaciones; Alcalde Local, Corregidor y Personero Delegado. Lo anterior, se corrobora, con el contenido del mismo artículo 5 de la ley en cita, que, al

momento de clasificar los empleos de libre nombramiento y remoción, en cuanto al criterio de dirección, conducción y orientación institucionales, ubica a los directores, exclusivamente, en la Administración Descentralizada del Nivel Territorial, no en nivel central: “Art.5. Clasificación de los empleos. (…) Los de libre nombramiento y remoción que correspondan a uno de los siguientes criterios: a) Los de dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas