PGN - REGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES - Alcance ideológico y político según

Diciembre 15 de 2004. Doctor

LUIS CAMILO OSORIO ISAZA

Fiscal General de la Nación Ciudad.

REFERENCIA: Sumario 7105

Contra: Humberto Tovar Herrera y

Héctor German Hernández Nieto,.

Cargo: Ex Gobernadores del Departamento de

Guainia. En mi condición de Agente del Ministerio Publico, en el proceso de la referencia, me permito presentar ante su despacho el correspondiente alegato de conclusión, previo a la calificación del merito del sumario adelantado contra los doctores Humberto Tovar Herrera y Rector German Hernández Nieto, gobernador titular y encargado respectivamente, del departamento del Guainía, dentro del termino legal consagrado en el art1culo 393 del Código de Procedimiento Penal y sin que se encuentre causal de nulidad que invalide lo actuado. 1.- ACONTECER FACTICO: Se fundamenta la presente investigación en copias compulsadas por la Contraloría General de la Republica, relacionadas con presuntas irregularidades en la celebración del contrato de obra pública 026 de 1997, suscrito el 11 de junio de 1997, por el doctor Lector Germán Hernández Nieto, en su calidad de gobernador (E) del departamento del Guainía, y el señor Juan Evangelista Maria Bedoya el que tuvo por objeto la construcción de un puente de madera sobre el caño Ramón en la vía HuesitoPuerto Caribe, localizado en el kilómetro 72 de la citada carretera, por un valor de $32.183.600.00. Igualmente se investiga el Contrato Adicional 01 suscrito el 17 de septiembre de 1997 por el gobernador titular, doctor Humberto Tovar Herrera y el mismo contratista, cuyo único objeto fue

la modificación de la cláusula tercera, relacionado a ampliar el plazo de ejecución de la obra,

2.- ACTUACION PROCESAL.

Con fundamento en el articulo 322 del Código de Procedimiento Penal, la fiscalía abrió la correspondiente investigación previa, ordenando y practicando pruebas documentales y testimoniales, entre otras, declaración bajo juramento al contratista Juan Evangelista Marín Bedoya y en diligencia de versión a los imputados. En proveído del 13 de agosto de 2003, se ordenó la apertura de instrucción en relación con la conducta de los doctores HUMBERTO Tovar Herrera y Héctor Germán Hernández Nieto, gobernador titular y encargado del departamento del Guainia, quienes fueron vinculados mediante diligencias de indagatoria. Previo análisis de la prueba recaudada en dicho memento procesal, la Fiscalía en proveído del 23 de Diciembre de 2003, resolvió la situación jurídica al doctor Humberto Tovar Herrera, ex gobernador del departamento del Guainía, como presunto responsable de los delitos de contrato sin el lleno de los requisitos legales esenciales, violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades de que trataban los artículos 146 y 144 del Código Penal de 1980, respectivamente. Se abstuvo de resolverle la situación jurídica por el delito de peculado culposo, ya que la pena privativa de la libertad que aparece contenida en el articulo 137 del anterior Código Pena! tiene un mínimo de 6 meses de prisión y según el artículo 357 del Código de Procedimiento Penal, a ello hay lugar "… cuando el delito tenga pena prevista pena de prisión, cuyo mínimo sea o exceda de cuatro (4) años...," .

La detención preventiva fue sustituida por detención domiciliaria, previo pago de caución prendaria de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes. En lo concerniente al doctor Héctor German Hernández Nieto en su calidad de gobernador encargado del departamento del Guainía y funcionario que celebró el contrato cuestionado, el ente acusador se abstuvo de imponerle medida de aseguramiento por considerar que la conducta del investigado se tipifica en el punible de peculado culposo, delito que como quedó antes dicho no amerita tal figura jurídica. Tanto el doctor Humberto Tovar Herrera como su defensor, interpusieron recurso de reposición contra la mencionada decisión reclamando la revocatoria de la misma para que, en su lugar, se revocara la medida de aseguramiento que le fue impuesta al procesado Tovar Herrera." ya que en criterio de los impugnantes, no se satisfacen los requisitos de orden sustancial para afectarlo con dicha medida, impugnación que fue despachada en forma favorable por el ente acusador consignada en proveído del 3 de febrero de 2004. (fls. 290 a 307 del C.Co No. 3). Igualmente Se ordena la practica de algunas pruebas mediante comisionado con un termino de cuarenta 40 días; a cargo a la Fiscalía 33 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Inírida (Guainía.). CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURIA Esta demostrado en el expediente que los sindicados fungieron para la época de los hechos como Gobernadores del Departamento del Guainía, lo que se aprecia, en el acta de posesión No. 005 de 1995, parcial de escrutinio, credencial a nombre del ex Gobernador doctor Tovar

Herrera, certificación y actas de posesión del doctor Héctor German Hernández Nieto, las cuales obran a folios 97 a 104 del cuaderno de copias No. 1… En diligencia de indagatoria el procesado doctor Humberto Tovar Herrera afirma que por ser el departamento del Guainía de conformación selvática, amazónica y el medio de comunicación más frecuente es el fluvial y el aéreo, dentro de su plan de gobierno propuso el mejoramiento de la trocha -Puerto Caribe de longitud de cien kilómetros para comunicar las comunidades indígenas del río Inírida con las del río Guainía y así poder hacer presencia del Estado en las zonas fronterizas entre Venezuela y Brasil, proyecto que fue sugerido al aforado por “::: el Plan de Mantenimiento de Vías a cargo de la Secretaría de Obras Públicas, el cual fue debatido en la Asamblea y legalmente aprobado por dicha corporación para la vigencia Fiscal de 1997.. ..” Puso de presente el indagado el trámite que se surtía al interior de la administración en los procesos contractuales, afirma que no tuvo participación alguna en la etapa precontractual, ya que para ese momento, se encontraba fuera de Inírida. Que la celebración del contrato estuvo a cargo del doctor HECTOR GERMAN HERNANDEZ NIETO, quien para esa época se desempeñaba como gobernador encargado, luego tenía plena autonomía para proceder de tal manera. Resalta el indagado respecto del contrato adicional, que efectivamente fue suscrito por el, pero que exclusivamente se modificó el plazo para la ejecución, previa solicitud del contratista y con el visto bueno del secretario de Obras Públicas.

En lo relacionado con la ejecución del contrato, afirma que la verificación de la obra era asunto que le competía a la secretarla de Obras Públicas y de manera especial al ingeniero Elker Torres, quien jamás informó irregularidad alguna, como un posible incumplimiento de parte del contratista, todo lo contrario, suscribió un acta de recibo de obras a satisfacción. Agrega, que amparado en el principio de buena fé, expidió los actos administrativos que le correspondían para la liquidación del contrato. Las imputaciones jurídicas que la fiscalía endilga al doctor Humberto Tovar Herrera en su calidad de Gobernador del Guainía, se contraen 1.-.- Contrato sin el cumplimiento de requisitos legales esenciales, 2.- Violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades. 3.- Peculado. 1. 1. Contrato sin el cumplimiento de requisitos legales esenciales. La conducta de los imputados debe evaluarse por el principio de favorabilidad frente al tipo penal que trataba el artículo 146 del Código Penal y no la prescrita en el artículo 410 del estatuto penal vigente, pués en este la pena de multa resulta más gravosa para el procesado,; norma que debe ser confrontada con el cumplimiento de los principios en las actuaciones contractuales de las entidades estatales de transparencia, economía y responsabilidad (Ley 80 de 1993.) . El artículo 146 del anterior Código Penal preceptuaba: “. El empleado oficial que por razón del ejercicio de sus funciones y con el propósito de obtener un provecho ilícito para sí, para el contratista o para un tercero, tramíte contratos sin observancia de los requisitos legales esenciales o los celebre o liquide sin verificar el

cumplimiento de los mismos, Incurrirá en prisión de seis (6) meses a tres (3) años, multa de un mil a cien mil pesos e interdicción del ejercicio de derecho y funciones públicas de uno a cinco años…” En efecto, de conformidad con los postulados del articulo 24 de la ley 80 de 1993, la escogencia del contratista se efectuara siempre a través de licitación o concursos públicos, salvo, entre otros, en caso de la llamada menor cuantía para la contratación, la cual se establece a partir de la cuantía del presupuesto anual del ente territorial. El presupuesto del departamento del Guainía, para la vigencia fiscal del año 1997, ascendió a la suma de $3.360.782.975,oo establecida en la ordenanza 043 de 1996 (fl. 77 a 114 del C.Co.2) Ahora bien, teniendo en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente para el año 1977 señalado en, $172.005,oo, ésto es $16.538.00, diarios, es decir esto indica que la menor cuantía alcanzaba la suma de 250 salarios mínimos legales mensuales, imponiendo la escogencia del contratista por licitación, siempre y cuando la contratación superara los $43.001.250,oo. El contrato cuestionado fue celebrado por un valor de $32.183.600,oo, suma ajustada a la menor cuantía, imponiéndose en aras de cumplir los principios que rigen la contratación estatal, los siguientes requisitos: a. Invitación y obtención de por lo menos dos ofertas Públicas b. Fijación de Avisos Publicas: a.- Invitación y Obtención de por lo menos dos (2) Ofertas:

En diligencia practicada en la dependencia de la Tesorería de la Gobernación fueron hallados, entre otros documentos tres (3) propuestas relacionadas con dicho contrato así: Una presentada por el señor EVANGELISTA MARIN B., por un valor de $32.183.600, oo (fI.27 C2) La Segunda presentada por el señor CAMILO TORRES R, por un valor de $45.287.900,oo (fI. 29). Y una tercera por un valor de $61.054.100,oo presentada por el señor IGNACIO ARDILA (Fi. 31 C..2)….", lo que fue ratificado por los oferentes en testimonios vertidos en este investigativo (fls. 6, 7, 11 y 13 del C. 3). b.- Avisos Públicos de Invitación: Como prueba de la observancia a este requisito se cuenta con el testimonio del señor Ignacio Ardila quien afirma: "… Yo pasé por la Gobernación Departamental y vi en la cartelera una convocatoria para cotizar la hechura de ese puente descrito en la cotización y fui y la deje en la entrada de la Gobernación D (fI. 6 del C. 3) A su vez, Camilo Torres Rodríguez afirma sobre el mismo tema: “... Con respecto al origen o razón para haber presentado esa cotización se debió a que cierto día me acerque a la Gobernación Departamental y en el primer piso había en una cartelera una convocatoria para la construcción en unos puentes en la vía huesitoCaribe .D(fI. 12 C 3) En cuanto al cumplimiento del principio de planeación de los contratos, existen en el plenario

testimonios que afirman el posible cumplimiento a tal requisito, entre ellos conviene resaltar el del señor Mauricio Bernal Lizarazo, quien manifiesta: Que conoce al doctor Tovar Herrera por haber desempeñado en los años 1995 - 1997 el cargo de Director de la Unidad Departamental Especializada en Confinanciación cuyas funciones eran la evaluación, seguimiento de proyectos de inversión, además la capacitación a la comunidad y a la instituciones en la formulación de proyectos, quien al respecto afirma que si bien no recuerda exactamente sobre la realización del puente sobre el Caño Ramón está seguro que la oficina donde el exponente laboraba prestó la asesoría a la gobernación y a la oficina de proyectos.

Agrega el testigo: “... para ésto se hicieron cuatro visitas en esa vía, que incluso dos de estas visitas se hicieron con funcionarios de FINDETER y de otras dos con funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas y en una ocasión la Policía Nacional nos prestó seguridad…… "… los proyectos antes de ser presentados a los diferentes fondos de confinanciación tenían un filtro técnico que era la UDECO, y entre los requisitos que se pedían estaba la formulación del proyecto en la metodología adecuada, los Análisis de precio unitario, la cantidad de obra,

en algunos casos memoria de cálculos y levantamiento topográfico.. ..." (fls. 37, 38 C. No.3). ; Esta demostrado que la escogencia del contratista, señor Juan Evangelista Marín Bedoya, quien desempeñaba la profesión de peluquero y persona a la que conocía el ex gobernador, estuvo precedida de la aceptación del ex mandatario, quien inclusive resaltó dicha

Circunstancia con el visto bueno respectivo en la oferta presentada por el favorecido para adelantar la obra en mención, sin desconocer que en dicha tarea colaboraron diversas dependencias adscritas a la administración departamental del Guainía, Testimonio del señor Mauricio Bernal Lizarazu (fl. 37 C.3) al quien al examinar las rubricas que aparecen en la oferta presentada por el señor Evangelista Marín Bedoya, expuso: ", ,. El visto bueno de arriba es del señor Gobernador, doctor Humberto Tovar, las otras dos son la primera vez que las veo, la de abajo me parece que es del señor CESAR MELENDEZ la otra debe ser de señor Juan Evangelista..." (fl. 37)C.3) Confrontado dicho testimonio con el contenido de la constancia expedida por la Secretaria de Gobierno -Talento Humano allegada al proceso, se advierte, que, el señor Cesar Humberto Meléndez Sáenz desempeñó en la administración del doctor Humberto Tovar Herrera el cargo de Secretario de Obras Públicas y Transporte nombramiento que se efectuó por decreto 0184 de 30 de agosto de 1996. (fl. 23 C.Co 3), es decir se trata de una persona que en cumplimiento de sus funciones pudo haber firmado tal oferta, pues no se trata de persona ajena a la Gobernación. De lo aquí examinado, se concluye que si bien se cumplieron ciertas formalidades previas a la adjudicación y celebración del contrato, estas no fueron lo suficientemente claras o contundentes para garantizar los principios que rigen la contratación estatal y así alcanzar el propósito o finalidad que debe mover toda administración, cual es la de satisfacer el interés

público, procurando que en estos negocios jurídicos del Estado, la escogencia del contratista, la celebración del contrato, la ejecución y liquidación de los mismos, no sean producto de improvisación o capricho del funcionario o representante de la entidad estatal. No obstante ese aparente cumplimiento formal de los requisitos que hacen buena la; contratación, para el caso que nos ocupa tenemos que la escogencia del contratista Juan Evangelista Marín Bedoya, recayó en una persona que carecía de idoneidad para ejecutar dicho contrato, su oficio, peluquero, en nada garantizaba la realización del mismo. Ello pone de manifiesto que el interés del procesado HUMBERTO TOVAR HERRERA, no se perfiló hacia el cumplimiento de los fines de la contratación estatal, sino al favorecimiento de intereses particulares, concretamente el de el señor Edgar Manuel Garzón Cruz y de su compañera Luz Marina Muñoz, diputada a la Asamblea Departamental, quien por el ejercicio del cargo se encontraba inhabilitada para realizar contratos con la administración. Motivo por el cual no son de recibo sus explicaciones para justificar su actuar en la escogencia del contratista, conducta que desde todo punto de vista amerita reproche penal. Este reproche se fundamenta en que el mandatario atorado tenia conocimiento que el contratista que seleccionó era una persona que se desempeñaba en dicha localidad como peluquero y que dada su incapacidad, todo apuntaba que eran otros los que doblan ejecutar el contrato; apreciación que sopesada con el acervo probatorio recaudado y obrante en el expediente comparte esta representación del Ministerio Publico.

Sobre el tema, la Fiscalía puntualiza: "Por lo demás, las relaciones de orden político y personal entre la señora la diputada LUZ MARINA MUÑOZ y el doctor TOVAR HERRERA, sin duda, facilitaron el desarrollo de esa corrupta contratación…." Agrega además, que a lo anterior se suma el hecho de que la citada señora y su compañero acompañaron al ex mandatario en campana para la gobernación del Guainía, inferencia que sustenta con lo dicho por el contratista Juan Evangelista Marín Bedoya en cuanto a que la Diputada junto con su esposo le propusieron que firmara el contrato.(fI. 7-17. C.2). En efecto el contratista Juan evangelista Marín Bedoya, afirma bajo juramento, que solamente prestó su nombre para aparecer como tal en el contrato y que los "verdaderos" contratistas eran los señores Edgar Manuel Garzón Cruz y la Diputada Luz Marina Muñoz, personas que le solicitaron su intervención para la firma de contrato, y los dineros que recibió se los entregó al compañero de la diputada Garzón Cruz., testimonio que como bien lo resalta la Fiscalía encuentra convergencia con otros medios de prueba recaudados en la investigación. Así: El señor Clemente Sánchez Filia, manifestó que fue contratado por el señor Garzón Cruz para que se encargara del corte de madera que habría de ser utilizada en la construcción del puente (fl. 46-47 C.1) Hernando Jiménez Garzón, igualmente indicó que fue contratado por el señor Edgar Garzón Cruz para trasladar la madera que había cortado el señor SÁNCHEZ.

Nuestro ordenamiento jurídico establece un régimen de inhabilidades e incompatibilidades, que se traduce en prohibiciones, limitando los derechos políticos y negociables con aquellas personas que en virtud de sus cargos pueden poner en peligro los intereses comunes y el bienestar de la sociedad, por ello nuestra carta política le imprime y exige la mayor transparencia al manejo de los dineros del erario público. El Consejo de Estado ha explicado el alcance ideológico y político de estas prohibiciones: “De conformidad con la filosofía de la normativa contenida en la Ley 80 de 1993 y particularmente en lo relacionado con la razón de ser de la normativa de causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar se tiene que indudablemente han sido intereses públicos de carácter general los que han evidenciado la necesidad de que los procesos de selección de los contratistas que establecen vínculos para con la Administración se adelanten dentro de los parámetros de transparencia, moralidad, e igualdad, para todos aquellos que concurren al proceso de selección. Esta es la razón de ser de la existencia de causales especificas de inhabilidad e incompatibilidad, que buscan impedirnos tanto en la etapa del proceso Iicitatorio o de concurso como en el acto mismo de contratación se permita la participación de aquellas personas que por su condición de cercanía, afecto o alianza filial para con quienes ostentan posiciones directivas en la Administración puedan participar en los procesos de selección, pues dicha circunstancia no resulta conveniente ni sana para la correcta ejecución de los cometidos estatales de la contratación..."(Consejo de Estado, Sala de Consulta Civil. Concepto del 30 de octubre, de 1996. C.P. Roberto Suárez Franco).

3.- De otro lado, se tiene con los elementos de juicio allegados al investigativo, que las obras en el caño Ramón, en la vía denominada Huesito-Puerto Caribe, objeto del contrato 026 del 11 de junio de 1997, no fueron ejecutadas no obstante se pagó al contratista el valor total del mismo. Respaldan las anteriores apreciaciones, las constancias allegadas por el perito, Ingeniero Harol Ojeda Benavides, funcionario de la Contraloría General de la Republica, el contratista señor Juan Evangelista Marín Bedoya y Clemente Sánchez Filia (quien cortó la madera); los cuales se hicieron presentes en el lugar donde debía ejecutarse el contrato, verificando que allí “no se encuentra ejecutado ningún tipo de obra (FI. 66 CI). Las fotografías tomadas en el sitio donde debían ejecutarse las obras (fl. 71-79) también lo ponen de manifiesto. No obstante la situación irregular puesta de presente, el señor Elker Torres Torres, en su calidad de Secretario de Obras Públicas y Transporte (E.) y el contratista Juan Evangelista Marín Bedoya, el día 29 de diciembre de 1997 suscribieron un acta en la cual consignan que las obras se recibieron a satisfacción (fl 126127 C-1-), constancia que llevó al aforado a liquidar el contrato y a expedir un paz y salvo para las parte. (f!. 129 C.1) No son de recibo para esta Delegada las exculpaciones ofrecidas por el aforado al considerar que al ordenar la liquidación del contrato confió en la constancia expedida por el interventor

quien igualmente dio el concepto previo a la firma de la adición del contrato. Es evidente, que la responsabilidad derivada del contrato estatal, reglamentada en la forma que se ha visto, se fundamenta en el deber, en la obligación, y vigilancia que deben observar los servidores públicos en el desarrollo de la contratación a efecto de garantizar el manejo económico que la obra a ejecutar conlleva, y la efectiva legalización de la misma, materia del convenio. No hay duda que todos los sujetos que intervienen en el proceso contractual, entre quienes se cuenta el Interventor, responden penal y civilmente cuando por motivo de sus actuaciones y omisiones se causen daño o perjuicios a la entidad estatal, por oponerse a los lineamientos constitucionales y legales tendientes a la satisfacción del interés general. La responsabilidad del Interventor como consecuencia de su conducta desarrollada frente a las obras que le correspondió inspeccionar, esta claramente señalada en le ley (art. 51 Ley 8093), y es personal; no absorbe ni subsume la del gobernador, pues claro es el mandato del parágrafo del artículo 12 de la Ley 498 de 1998 al señalar que "En todo lo relacionado con la contratación el acto de la firma expresamente delegada no exime de responsabilidad legal, civil y penal al agente principal.." Es claro entonces, que la responsabilidad atribuible al interventor que actúa por delegación, no libera del compromiso penal al servidor público que ostentando la capacidad jurídica necesaria para representar el Estado, ejerce no sólo la competencia en la celebración de los contratos a nombre de la respectiva entidad sino que debe estar atento al desarrollo del contrato en ejecución. Esto es, la eventual responsabilidad que se vislumbra en cabeza del Interventor, al

suscribir el acta de recibido de la obra a que se refiere contrato cuestionado, no elimina de tajo la responsabilidad del doctor Humberto Tovar Herrera a la sazón gobernador del departamento del Guainía para el momento de los hechos y por ende ordenador del gasto. Así mismo, la jurisprudencia constitucional ha señalado, que al delegar se establece un vínculo especial y permanente entre delegante y delegatario para el ejercicio de las atribuciones delegadas y que en virtud de tal delegación, el delegante conserva y ejerce la facultad para reformar o revocar el acto de delegación (art. 211 del C.P.). Estas particularidades se desprenden del principio de unidad de acción administrativa a que hace referencia el Articulo 209 de la Carta Política y el deber de dirección, instrucción que corresponde al jefe de la entidad u organismo estatal (Corte Constitucional, Sentencia 382 de 2000 M.P. Antonio Barrera Carbonell). Toda obra por llevar implícita una expectativa de progreso, mueve la atención del mandatario de turno, genuino garante de la buena marcha de la administración y, depositante de la confianza de sus gobernados. De manera mayoritaria tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, hay acuerdo en el sentido que el dolo exige que el sujeto conozca y quiera la realización del tipo delictivo. De ahí que se afirme que "... dolo es, por lo menos, comisión del hecho con conocimiento de las circunstancias de este que pertenecen al tipo legal "... o ", … la voluntad de una acción u omisión de la cual se deriva un resultado lesivo previsto y querido por el sujeto activo " (Ramón

Ragues I Valles - El Dolo y su Prueba en el Dolo y su prueba en el proceso Penal (J:M: BOSCH EDITOR), 1999, página 32. Pero, como para la concurrencia del dolo, hace falta algo más: “La opinión dominante afirma que el dolo no solo es conocer, sino también querer la realización de un tipo penal” mirado el horizonte del proceso, y particularmente las pruebas de cargo, fácil resulta colegir que el doctor Humberto Tovar Herrera gobernador titular del departamento del Guainía, no sólo conoció la ilicitud de su proceder sino que la quiso. No sobra recordar que cuando los principios o postulados que ordenan la Constitución y la ley (artículos 209 de la constitución política y 23 y ss de la Ley 80 de 1993) resultan violados o quebrantados por los funcionarios encargados de la contratación estatal, la conducta desarrollada es ilícita y amerita reproche penal. Esta compilación de conductas manifiestamente contrarias al ordenamiento jurídico imputadas al gobernador HUMBERTO TOVAR HERRERA, se subsumen en los delitos de Contrato sin cumplimiento de requisitos legales, Interés indebido en la celebración de contrato, y Peculado por apropiación. Es claro que la sola escogencia de JUAN EVANGELISTA MARÍN BEDOYA, peluquero de Inírida, desempeño que el doctor TOVAR sabia y conocía por cuanto era "cliente de la peluquería" (fI.16 c.2) le indicaba su falta de idoneidad, lo que unido a su ajenidad frente al mismo, esto es, que simplemente prestaba su nombre haciéndole un favor a EDGAR MANUEL

GARZÓN CRUZ y a la diputada LUZ MARINA MUÑOZ, lo que la Fiscalía con acierto ha calificado coloquialmente como un "testaferrato contractual", son particularidades indicativas del fracaso del propósito señalado en la convención, desviado hacia contornos vedados por la ley. De ahí que a la selección objetiva se le tenga como uno de los principios rectores de la contratación estatal, emanando de la misma la obligación por parte del funcionario de escoger al contratista que ofrezca mejores condiciones inherentes al cumplimiento, entre lo que se destaca, precisamente su experiencia en el trabajo materia de la contratación, conforme al artículo 29 de la Ley 80 de 1993, además de la organización, maquinarias disponibles, plazo razonable de entrega, aspectos estos de conocimiento objetivo, advertidos en la información que el aspirante suministra anexo a la propuesta (art.29, L.80/93). Unido a este fundamental principio se alza el de la transparencia, desarrolllante del principio de igualdad de oportunidades de los administrados para acceder al ente territorial, contribuyendo a su desarrollo a través de sus servicios, garantizados por la idoneidad de quien los ofrece. Principios estos de ineludible cumplimiento soslayados con excesiva brusquedad, en claro desobedecimiento a la ley y al ordenamiento superior, según el cual la función administrativa está al servicio de los intereses generales, desarrollados con fundamento en los principios de igualdad y moralidad, entre otros (art. 209, C.N.) Roto el equilibrio normativo preservador de la paz social y del ordenamiento jurídico, el proceso de subsumción de la conducta transgresora dentro de la norma que la punifica resulta un

imperativo categórico de ineludible cumplimiento. El mandatario del Guainia conocía la ilicitud de su proceder, que el contrato era para el campanero de la diputada LUZ MARINA MUÑOZ (fI.284-285 c.1.); sabia de la falta de idoneidad de JUÁN EVANGELISTA MARÍN BEDOYA, para construir un puente, por que no hay en el plenario ni siquiera una simple referencia que lo señale como carpintero, o con alguna experiencia en la construcción de puentes, menos que sea ingeniero, aún cuando no todo carpintero, ni todo ingeniero, de hecho, está capacitado para la construcción de un puente, así éste sea de madera, por que hay que calcular su grado de resistencia a efecto de tolerar el peso (tráfico) a que va a ser sometido. Hasta ahora, que se sepa un peluquero no tiene la capacidad para estos menesteres. Y no sólo la conoció, sino que la quiso, por que auspició con su firma, con su visto bueno, la etapa anterior y culminante de la cuestionada contratación; cumpliéndose así la exigencia doctrinal pregonera que, para la existencia del dolo no es suficiente conocer, sino querer. Todos los pormenores de este “testaferrato contractual" pone de manifiesto además, que el peculado asomado es por apropiación, por que como está debidamente acreditado en el plenario, el puente no se construyó. Y todo indicaba desde el comienzo, que tal no se haría, dada la falta de idoneidad del contratista, tal como ha quedado puntualizado. Surge así mismo en contra del ex gobernador del Guainía la imputación de interés indebido en

la celebración de contrato, lo que se pone de manifiesto, con el expreso conocimiento que el ex mandatario del Guainía tenía acerca de que el contrato suscrito con JUÁN EVANGELlSTA MARÍN BEDOYA, era para beneficiar al compañero de la diputada a la asamblea, señora LUZ

MARINA MUÑOZ.

Es clara la proyección jurisprudencial en el tema, al precisar que "..., basta el interés entendido como la falta de imparcialidad para intervenir dado el ánimo de beneficiarse o de beneficiar a un tercero, para que se entienda consumado ese elemento subjetivo del tipo penal (C. Const. Sent. C-128, febo 18/2003.M.P. Álvaro Tafur Galvis). En Régimen Penal Colombiano, envío No. 76, diciembre de 2003, página 411. Dicho provecho no es, de otra parte, necesariamente económico". Acerca de la violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades o incompatibilidades que se le endilga al ex funcionario, conviene aclarar que tal imputación no le es atribuible, ya que conforme a la descripción legal hecha por el articulo 408 del Código Penal, lo sería a la diputada, por ser ella, la que por interpuesta persona contrató con el departamento del Guainia; no el gobernador, quien para este caso particular y concreto, actuó en la etapa precontractual, ni siquiera suscribió el contrato, lo hizo HÉCTOR GERMAN HERNANDEZ NIETO, en su calidad de gobernador encargado. Respecto a este procesado, la Delegada comparte la apreciación hech