PGN - REGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES - Su desconocimiento genera responsabi

Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública Radicación # 072-04163-2001 Disciplinado y/o investigado Alberto Camargo Rivera Cargo y entidad Director Hospital San Juan de Cimitarra Quejoso Carlos Esparcia Forero Fecha Hechos 1 de septiembre y 1 de diciembre de 2000 Asunto Fallo de segunda Instancia Bogota D.C. 24 MAYO 2005 l. ASUNTO Procede el despacho, en los términos del artículo 171 del Código Disciplinario Único, a resolver el recurso de apelación interpuesto por EFRAIN ARENAS CADENA contra la providencia de 28 de septiembre de 2004, proferida por la Procuraduría Regional de Santander mediante la cual se sancionó disciplinariamente a ALBERTO CAMARGO RIVERA con destitución e inhabilidad por tres años.

II. HECHOS La presente investigación se origina en una queja presentada por CARLOS ESPARCIA FORERO, quien puso en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación que el señor ALBERTO CAMARGO, como represalia por no haber votado por

su candidato, le declaró insubsistente pese a encontrarse en un cargo de carrera administrativa. Denunció además que familiares del señor CAMARGO laboraban en el Hospital que éste dirigía, concretamente señala que celebró contratos con su esposa y su hermano.

III. ACTUACION PROCESAL Con fundamento en la queja presentada, la Procuraduría Regional de Santander inició el 6 de marzo de 2001 la correspondiente indagación preliminar (Cfr. Folio 3),

posteriormente, el 31 de enero de 2002, esa Procuraduría Regional ordenó apertura de investigación disciplinaria en contra del implicado y la práctica de pruebas (Cfr. Folio 46), el señor CAMARGO RIVERA rindió versión libre y espontánea sobre los hechos objeto de investigación el 13 de septiembre de 2002 (Cfr. Folio 75). Agotada la etapa de investigación, la Procuraduría Regional evaluó su contenido y formuló pliego de cargos en contra del implicado por falta que calificó provisionalmente como gravísima y cometida a título de dolo (cfr. Folio 94), notificado de la decisión, el apoderado del implicado, interpuso en contra de la misma recurso de reposición (cfr. Folio 101), en otro escrito presentó las explicaciones correspondientes y no solicitó la práctica de pruebas (Cfr. Foli0106). Como quiera que no se solicitó la práctica de ninguna prueba la Procuraduría, mediante auto de 5 de agosto de 2003, señaló que no era necesario incorporar ningún otro elemento (Cfr. Folio 109), con fundamento en ello el 21 de agosto siguiente ordenó correr traslado de alegatos previos al fallo (Cfr. Folio 110) decisión notificada mediante estado de 17 de septiembre de 2003 (Cfr. Folio 111). No obstante lo anterior, el 3 de marzo de 2004 el Procurador Regional ordena de oficio, sin revocar el auto por medio del cual se corrió el traslado de alegatos previos al fallo, la práctica de diversas pruebas (cfr. Folio 118).

Posteriormente, el 28 de septiembre de 2004 la Procuraduría Regional profirió fallo de instancia de carácter sancionatorio frente al cual de manera oportuna se interpuso recurso de apelación que procede la Delegada a resolver.

IV. DEL PLIEGO DE CARGOS El 25 de marzo de 2003, se formuló pliego de cargos al implicado en los siguientes términos: ".. .Usted en su condición de Director del Hospital San Juan de Cimitarra, presuntamente pudo haber incurrido en falta disciplinaria por violación al régimen de inhabilidades al suscribir contratos el 1 de diciembre de 2000 con LINA MARIA HERNÁNDEZ su esposa, y con ELISEO CAMARGO su hermano el 1 de septiembre de 2000, por servicios profesionales.

Con este comportamiento puede estar incurso en lo preceptuado en el numeral 10 del Artículo 25 de la Ley 200 de 1995, "Actuar a sabiendas de estar incurso en causales de incompatibilidad, inhabilidad, impedimento o conflicto de intereses, establecidos en la Constitución y la Ley" Esta falta se calificó como Gravísima y se imputó a título de dolo, pues estimó la Procuraduría Regional que obró a sabiendas de estar incurso en causal de incompatibilidad.

V. DEL FALLO DE INSTANCIA La Procuraduría Regional en la determinación adoptada el 28 de septiembre de 2004, efectuó un recuento de la prueba incorporada y señaló que se demostró que hubo una violación al régimen de incompatibilidades pues suscribió contratos con Una María Hernández y Eliseo Camargo, esto es su esposa y hermano,

respectivamente. Señala el funcionario de instancia que el implicado adelantó diversas diligencias para solucionar problemas que se presentaban en el centro de salud de Cimitarra pero que el hecho que otras personas no quisieran laborar en ese lugar no es justificante del comportamiento. Agregó ese despacho, que no era creíble la excusa presentada por el implicado pues se presenta una crisis laboral y seguramente con mayor publicidad habrían llegado médicos de diferentes partes del país. Se indicó además, que a pesar de ser conocedor de la prohibición, incurrió en ella con conocimiento de causa.

VI. DEL RECURSO INTERPUESTO El apoderado del implicado se notificó del fallo de instancia el 14 de octubre de 2004

(Cfr. Folio 152) e interpuso de manera oportuna recurso de apelación que sustentó así: Sostuvo el apoderado que la razón de los nombramientos efectuados por el implicado subyace en que Cimitarra es un municipio clasificado geográficamente como de alto riesgo por ser una región conocida como de zona roja, "al pernoctar constantemente grupos alzados en armas, llámense guerrilleros o paramilitares, según decreto emanado de la resolución 180 de agosto 27 de 2000 donde "'se publicó la emergencia hospitalaria y se autoriza a crear estrategias para garantizar el servicio permanente, pudiendo por consiguiente contratar sin los límites fijados en el artículo 8 de la ley 80 de 1993". Sobre tal resolución añadió que era potestad de su defendido su expedición pues, según la Secretaría de Salud Departamental de Santander, se trata de hospitales autónomos administrativamente.

Agregó que, dadas las condiciones de orden público del municipio de Cimitarra, los profesionales de la medicina no prestan servicios allí y que prueba de ello son las declaraciones rendidas por FREDY RAUL HERRERA, ALEXANDER REYES, LUIS JORGE REYES, OSCAR MANTILLA y TERESA BRICEÑO, manifestó que esto no es una coartada inverosímil sino las explicaciones reales. Sostuvo que LINA MARÍA HERNANDEZ y ELISEO CAMARGO cumplieron a cabalidad con sus encargos pese a la intranquilidad de trabajar en Cimitarra, señaló que decidieron trabajar por poca remuneración, con demoras en el pago y en jornada completa. Agregó que la certificación expedida por la Brigada Militar Décima Cuarta es absurda y ambigua. Con fundamento en tales consideraciones solicita la revocatoria integral del fallo sancionatorio.

VII. CONSIDERACIONES Procede la Delegada a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del servidor sancionado. Para ello, se ocupará en primer término (i) de analizar lo relativo a la competencia que asiste a la Delegada para conocer de la actuación; en segundo lugar, (ii) se ocupará de la efectuar algunas observaciones en torno a la Legalidad de la actuación, (iii) posteriormente verificará la configuración de la falta imputada de cara a los argumentos expuestos por el recurrente a fin de establecer si existe o no responsabilidad disciplinaria y, en consecuencia, si resulta procedente la confirmación del fallo recurrido o si, por el contrario, se impone su revocación.

De la competencia En el presente caso se investiga la conducta del Director del Hospital San Juan de

Cimitarra, que depende de la Secretaría de Salud departamental de Santander, es decir se trata del Director Administrativo de un Organismo Descentralizado del orden departamental que conforme lo establece el literal c) del artículo 76 del decreto 262 de 2000 corresponde conocer en primera instancia a las Procuradurías Regionales y en segunda instancia, según lo señalado en el artículo 25 del mencionado Decreto, a las Procuradurías Delegadas. Ahora, por la naturaleza del asunto, conforme lo establece la resolución 017 de 2002 la competencia para conocer radica en esta Procuraduría Delegada De la inexistencia de algunos elementos probatorios. El apoderado del implicado en el recurso interpuesto se refiere a la certificación expedida el 9 de julio de 2004 (Cfr. Folio 138) por la Brigada Décima Cuarta del Ejército Nacional y la califica de absurda y ambigua. Sin embargo, sobre este aspecto y otros elementos incorporados, el despacho se abstendrá de hacer cualquier tipo de consideraciones de conformidad con el siguiente razonamiento: Para la Delegada es claro que el recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos contenidos dentro del recurso y los vinculados de manera inescindible al objeto de impugnación, en los términos del parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002. Ahora, el apoderado en el recurso interpuesto se limita a descalificar el contenido de la mencionada certificación pero lo hace sin efectuar reparos en torno a la aducción de ese elemento como medio de prueba. No obstante ello ser así, como se trata de

un aspecto inscindiblemente ligado al medio probatorio y por tanto a la impugnación, es preciso señalar que las pruebas practicadas con posterioridad al 21 de agosto de 2003 resultan extemporáneas y, en consecuencia, se considerarán inexistentes. Se tiene que mediante auto de 21 de agosto de 2003 (Cfr. Folio 110) el Procurador Regional ordena correr traslado de alegatos previos al fallo, en los términos del numeral 8 del artículo 92 de la Ley 734 de 2002, determinación que se notifica en debida forma (Cfr. Folio 111) es decir, hasta antes de ese momento era posible la práctica de pruebas, sin embargo, el 3 de marzo de 2004 (Cfr. Folio 118) ordena, de oficio, la incorporación de nuevos elementos, lo que efectivamente se lleva a cabo, y lo hace sin previamente revocar el auto de traslado. Los principios fundamentales sobre los cuales se erige el sistema probatorio del Código Disciplinario se encuentran consagrados en el título VI de la Ley 734 de 2002, allí se establece que los criterios que deben ser observados por la autoridad disciplinaria son el de contradicción, legalidad de la prueba y el de la libre valoración del material probatorio, dentro del principio de legalidad de prueba resalta este Despacho que el medio debe ser no solo legal sino oportunamente allegado a la investigación; si ello no ocurre la consecuencia prevista por el ordenamiento es la inexistencia del medio aportado en tales condiciones. En el presente asunto se observa que las pruebas practicadas con fundamento en este segundo auto, el de 3 de marzo de 2004, evidentemente son extemporáneas y

por tanto, en los términos del artículo 29 Constitucional, inexistentes de pleno derecho. Como quiera que se han practicado pruebas en la etapa posterior al pliego de cargos pero evidentemente por fuera del término establecido por el legislador, al haberse ordenado tal etapa cuando se había surtido, esta Delegada no podrá tener en cuenta dichas pruebas para efecto de la decisión y sólo se pronunciará apuntalándose en aquellas pruebas practicadas dentro de la oportunidad legal. El ejercicio que se impondrá entonces radica en hacer abstracción de las pruebas recaudas en forma extemporánea que por tal razón se convierten en ilegales. Considera la Delegada oportuno resaltar que las pruebas allegadas por fuera del término no generan la nulidad de ningún acto procesal ya que tal yerro tiene como exclusiva consecuencia la inexistencia de los elementos extemporáneos. Ahora bien, si el único fundamento para proferir fallo de carácter sancionatorio radica en tales elementos necesariamente deberá aplicarse el principio de in dubio pro disciplinado, sí, por el contrario, de las pruebas legal y oportunamente practicadas lo que se infiere es la responsabilidad del implicado así se declarará. Análisis de responsabilidad disciplinaria Se considera falta que da lugar a la acción e imposición de la sanción disciplinaria: la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en la ley que implique la inobservancia de los deberes, la trasgresión de las prohibiciones, la extralimitación de los derechos y funciones o la adecuación de la conducta a los comportamientos descritos en el artículo 25 de la Ley 200 de 1995, vigente al

momento de los hechos. La conducta reprochada en el presente asunto, como adecuada a las disposiciones en materia disciplinaria, se concreta en la celebración de dos contratos con posible violación del régimen legal de incompatibilidades e inhabilidades al suscribir, en su calidad de director del centro hospitalario, los contratos de prestación de servicios 042 de 1 de Diciembre de 2000 con la señora LINA MARIA HERNÁNDEZ y el contrato sin número de 1 de Septiembre del mismo año con ELISEO CAMARGO, esposa y hermano, respectivamente del servidor contratante. Es claro que las inhabilidades e incompatibilidades implican la limitación de derechos, pero se trata de limitaciones cuyo propósito lo constituye la salvaguarda del interés público. La Incompatibilidad es un impedimento o prohibición para ejercer una actividad determinada cuando se ocupa un cargo público es una limitación al servidor durante el tiempo que ostente dicha calidad, y en ocasiones hasta dentro de otro lapso, en aras de salvaguardar la transparencia, imparcialidad y moralidad que debe caracterizar el servicio público. Las incompatibilidades en punto a la contratación estatal han sido analizadas por el Consejo de Estado que sobre el particular, con ponencia del Magistrado Daniel Suárez Hernández en sentencia de 28 de agosto de 1997, señaló: “…De conformidad con la filosofía inspiradora de la normativa contenida en la Ley 80 de 1993 y particularmente en lo relacionado con la razón de ser de la normativa de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, se tiene que indudablemente han sido intereses públicos de carácter general los que han evidenciado la necesidad de que los procesos de selección de los

contratistas que establecen vínculos para con la administración se adelanten dentro de parámetros de transparencia, moralidad e igualdad para todos aquellos que concurren al proceso de selección. Esta es la razón de ser de la existencia de causales específicas de inhabilidad e incompatibilidad, que buscan impedir que tanto en la etapa del proceso licitatorio o de concurso como en el acto mismo de contratación se permita la participación de aquellas personas que por su condición de cercanía, afecto o alianza filial para con quienes ostentan posiciones directivas en la administración puedan participar en los procesos de selección, pues dicha circunstancia no resulta conveniente ni sana para la correcta ejecución de los cometidos estatales de la contratación..." (subrayas fuera de texto" Las inhabilidades por parentesco o por matrimonio encuentran fundamento constitucional en el artículo 209 y se justifican en la medida que preservan caros principios como el de transparencia y e selección objetiva que implica la manifestación en materia contractual del principio y del derecho de igualdad. Esta inhabilidad se predica no sólo de las personas vinculadas por parentesco con el servidor público sino además aquellas con las que existe un vínculo matrimonial o de unión marital Sobre el contenido específico de la inhabilidad por vínculo matrimonial o por parentesco, la Corte Constitucional ha precisado que tales circunstancias contradicen la imparcialidad entre otros valores fundamentales, en efecto, en sentencia C-429 de 1997 esa alta corporación señaló lo siguiente: "...La norma pretende asegurar la imparcialidad, eficacia, eficiencia, moralidad y

transparencia de la contratación administrativa, para lo cual inhabilita a los familiares de determinados servidores públicos que, conforme al criterio del Legislador, pueden incidir en la contratación. Este propósito armoniza con los valores, principios y derechos constitucionales, toda vez que se procura la salvaguarda del interés general que rige la contratación pública,.." Corresponde entonces observar sí efectivamente en el asunto bajo análisis se configura alguna causal de incompatibilidad o inhabilidad para la celebración de los contratos de 1 de septiembre y 1 de diciembre de 2000. Obra prueba que conduce a la certeza acerca de la existencia de dos contratos que se celebraron con violación de lo establecido por el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en efecto, además del texto de los citados contratos (Cfr. Folios 22 y 25) se ha establecido que los contratistas tenían vínculos de parentesco y de matrimonio con el servidor investigado. LINA MARÍA HERNANDEZ en declaración rendida el 15 de mayo de 2002 (Cfr folio 63) señaló lo siguiente: PREGUNTADO: Sírvase decir que tipo de vinculación tuvo y quien la contrató. CONTESTO Inicialmente contrato de prestación de servicios cada tres meses y después mes a mes se renovaba el contrato, fui contratada inicialmente por el Dr. ENNAN ELlAS VIDAL, director del hospital en esa época, a partir de mitad de septiembre fui contratada por el Doctor ALBERTO CAMARGO RIVERA, para terminar el desarrollo del PAB ... PREGUNTADO: Qué grado de parentesco tiene usted con el doctor Alberto Camargo Rivera CONTESTO: mi esposo" Más adelante agrega que la intención de su esposo fue siempre la de velar por la

salud del municipio de Cimitarra y que el hecho de que el la contratara no significó infracción de la Ley. Por su parte, el señor ELISEO CAMARGO RIVERA, en declaración rendida el 15 de mayo de 2002, sobre el particular señaló: PREGUNTADO: Sírvase decir quien era el director del Hospital para la época en la que usted estuvo vinculado laboralmente en esa institución.

CONSTESTO: El doctor Alberto Camargo Rivera. PREGUNTADO Que grado de parentesco tiene usted con el doctor Alberto Camargo Rivera CONTESTO:

Hermanos. Es decir, la materialidad de la falta se encuentra plenamente acreditada y así lo reconoce el implicado quien aceptó haber contratado con las, personas mencionadas, sin embargo tanto el implicado como su apoderado en el curso del proceso y con ocasión del recurso de apelación interpuesto han señalado que pese a ello ser así tal comportamiento no constituye falta disciplinaria, corresponde entonces ocuparse de analizar los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación a fin de determinar si existe responsabilidad disciplinaria. De la Resolución 180 de 27 de agosto de 2000. El apoderado del implicado ha señalado que a partir de la expedición de la resolución 180 de 27 de agosto de 2000 se autorizaba al director del Hospital para celebrar contratos sin observancia de las disposiciones consagradas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993. Sobre este argumento, que obviamente no comparte la Delegada, se tiene lo siguiente: Una resolución emanada de un ente como el Hospital de San Juan de Cimitarra no tiene el alcance que pretende darle el abogado, pues bajo ninguna circunstancia un acto administrativo de tal naturaleza puede permitir algo que la una Ley, emanada

del Congreso de la República, ha expresamente prohibido. No hay duda que el principio de legalidad debe ser observado por todas las autoridades en el desempeño de sus funciones; del artículo 6 de la Constitución se deriva la vinculación positiva de los servidores a la Ley y, por tanto, un sistema de responsabilidad que no les permite obrar si no es con fundamento en una norma jurídica, añora, conforme al artículo 123 ídem es clara la existencia de un orden de prevalencia pues el sistema normativo se estructura de manera jerárquica. Así las cosas, la Constitución prevalece, en los términos del artículo 4 frente a todo el ordenamiento jurídico, todas las leyes en consecuencia deben estar conforme a la Constitución y los reglamentos, decretos, acuerdos, ordenanzas, resoluciones, directivas de acuerdo con éstas Por regla general la Ley prima sobre las demás normas jurídicas salvo la Constitución ello significa que "puede derogar, modificar o suspender cualquier otra norma existente en el ordenamiento jurídico, y a su vez no puede ser modificada, derogada o suspendida si no es por otra ley. La Ley como expresión de la voluntad del Congreso de la República, es la fuente por excelencia de creación y modificación del derecho (norma originaria, sólo sometida a la Constitución) con el poder de innovar el ordenamiento jurídico, tanto frente a normas del mismo rango (fuerza activa), y la capacidad de resistir, no ser derogadas o modificadas por normas posteriores de rango inferior (fuerza pasiva)".1 Solo nuevas leyes y excepcionalmente otro.., tipo de actos administrativos (decretos ley y decretos legislativos) tienen la posibilidad de derogar o suspender los mandatos

o prohibiciones contenidos en una Ley, así entonces es absolutamente claro que el valor jurídico de la resolución emanada de la Dirección del Hospital, bajo ninguna circunstancia podía permitir comportamientos expresamente prohibidos por una Ley de la República, jamás una resolución como la expedida por el Director del Centro de Salud podía válidamente autorizar la contratación con personas ligadas por vínculos ya de parentesco o de matrimonio. ______________________________ 1 Cfr. SIERRA PORTO, Humberto. Concepto y tipos de Ley en la Constitución Colombiana. Universidad Externado de Colombia 1998. Resolución que no solo no goza de jerarquía normativa que le permita dar alcances diversos a los contenidos en leyes sino que si lo pretendido era derogar la prohibición que se analiza se trataba de un acto con contenido irracional, absurdo, desatinado e ilegitimo a todas luces inaceptable y por tanto de imposible aplicación. De la situación de Orden Público De otra parte, argumenta el apoderado que la razón que motivó a su poderdante a actuar radica en que el municipio de Cimitarra está ubicado en lo que denomina zona roja, señala que se trata de una zona de alto riesgo al "pernoctar constantemente grupos armados en armas, llámese guerrilleros o paramilitares" por lo que creó estrategias para garantizar el servicio de salud en el municipio, mediante la resolución 180 -cuyo alcance ya ha sido analizado-. Afirma el recurrente que como quiera que el orden público se veía continuamente afectado, los profesionales en áreas de la salud como médicos o enfermeras no querían trabajar en dicho municipio. Es posible que se trate de un municipio en el que el orden público se ve

continuamente afectado, el despacho no puede señalar que ello no sea así con fundamento en las certificaciones extemporáneamente aportadas, sin embargo con independencia de tal situación es claro que tales condiciones no permiten a los servidores obrar en claro desconocimiento de las leyes. Conforme a la Carta Política el mantenimiento del orden público es de aquellas funciones exclusivas del Presidente de la República (art 189), al punto que en esta materia tanto Gobernadores (art. 303) como Alcaldes (315) tienen la obligación de conservarlo de conformidad con la Ley, las instrucciones y órdenes del Presidente de la República y es claro que solo este funcionario, revestido de facultades extraordinarias, puede expedir decretos legislativos que suspendan temporalmente las leyes incompatibles con el estado de conmoción (150 n 10, 213.). Es absolutamente claro, además que el establecimiento de normas que garantizan la transparencia en materia de contratación no son ni pueden resultar incompatibles con estados de alteración del orden público y que, además en el hipotético caso de ello ser así, únicamente el Presidente puede ser revestido de facultades extraordinarias para suspender la vigencia de las leyes. En el presente caso, es evidente que solo abusando de su autoridad un funcionario como el investigado puede expedir una resolución en ese sentido y además como ya se ha señalado un acto jerárquicamente inferior a una ley no tiene fuerza vinculante de ninguna naturaleza y menos aún la posibilidad de obrar como excluyente de responsabilidad por el cumplimiento de un deber. Es más aún en situaciones de urgencia manifiesta, que no guardan relación con la situación que se evidenciaba al momento de los hechos, en las que se autoriza la

pretermisión de algunas normas de contratación no se permite contratar en las condiciones en que lo hizo el implicado violando el régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades. Otras consideraciones El apoderado en el recurso interpuesto señalo que las declaraciones de FREDY RAUL HERRERA, ALEXANDER REYES, LUIS JORGE REYES, OSCAR MANTILLA Y TERESA BRICEÑO demuestran que el implicado buscó la forma de solucionar la situación que se presentaba en la medida que ofreció los contratos sin que ninguno de ellos aceptara. La Procuraduría reconoce que posiblemente el implicado inicialmente buscó contratar con otras personas pero comparte plenamente lo que sobre el particular ha reseñado la Procuraduría Regional en el sentido de señalar que ha debido hacer una convocatoria mayor, lo que a juicio de esta delegada se traduce en la observancia del deber de selección objetiva que impone a la administración la obligación de buscar más ofertas y que si hubiese acatado del principio de transparencia es claro que si estas personas no aceptaron otros lo hubiesen hecho. No hay duda que aún tratándose de una convocatoria complicada ello jamás justifica ni permite al servidor investigado contratar con su esposa y su hermano. Conclusión Es claro que, como lo señaló la Procuraduría Regional, se ha comprobado la existencia de una falta disciplinaria; falta que al momento de su comisión era considerada como Gravísima al tenor de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 200 de 1995. Es preciso resaltar que dicho comportamiento en vigencia de la Ley 734 mantiene su carácter de falta disciplinaria y conserva la naturaleza de "gravísimo"

pero con consecuencias más drásticas que las consagradas en la Ley 200, así las cosas que por favorabilidad la ley aplicable es el derogado código disciplinario. La sanción prevista para el supuesto de hecho investigado era la destitución y la inhabilidad hasta por cinco años, observa la Delegada que la sanción de destitución impuesta al implicado es la que ' objetivamente corresponde ante el comportamiento que se ha acreditado. En punto a la inhabilidad es claro que el implicado obró dolosamente, conocía perfectamente la situación que se presentaba y las consecuencias de su comportamiento, transgredió de manera grave el ordenamiento y desconoció sus deberes, adicionalmente adecuó su comportamiento a descripciones de la Ley penal, sin embargo la segunda instancia encuentra también como límite el principio de la no reformatio in pejus por tanto, se confirmará la sanción de inhabilidad por el lapso de tres años impuesta en contra del señor ALBERTO CAMARGO RIVERA en su condición de Director del Hospital San Juan, en Cimitarra, Santander. En mérito de lo expuesto el Procurador Delegado para la Moralidad Pública, en ejercicio de las facultades legales, RESUELVE: PRIMERO. CONFIRMAR la providencia de 28 de septiembre de 2004, por medio de la cual la Procuraduría Regional de Santander encontró disciplinaria mente responsable a ALBERTO CAMARGO RIVERA, identificado con la C.C. 91.472.206 de Bucaramanga, e impuso en su contra la sanción de DESTITUCION DEL CARGO E INHABILIDAD POR TRES (3) AÑOS, de conformidad con lo señalado en la parte

motiva de este proveído. SEGUNDO.- NOTIFICAR esta determinación al recurrente a quien se le hará saber que contra la misma no procede recurso alguno. TERCERO.- DEVOLVER el expediente a la oficina de origen, para los trámites de rigor tendientes a la ejecución de la sanción y el cumplimiento del fallo, previas las anotaciones y comunicaciones a que hubiere lugar. La Unidad Coordinadora Administrativa de Contratación Estatal efectuará los trámites de rigor. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE ESIQUIO MANUEL SÁNCHEZ HERRERA Procurador Delegado para la Moralidad Pública (E)

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