PGN - REGIMEN DE INHABILIDADES - En materia disciplinaria según regulación legal

CONTRATO GRATUIDO-Con persona condenada penalmente CONTRATO ESTATAL-Inhabilidad para contratar con quien está condenado penalmente/RÉGIMEN DE INHABILIDADES-En materia disciplinaria según regulación legal Realizando la abstracción debida a la cuestión fáctica presentada la pregunta por usted planteada hace referencia específica a que si una persona que ha sido condenada penalmente e inhabilitada por el mismo período de la pena, puede contratar con el Estado. La respuesta a su interrogante está supeditada a varios eventos previstos en el ordenamiento jurídico relacionados con las inhabilidades para contratar con el Estado. En relación con el régimen de inhabilidades que consagra la Ley 734 de 2002 es necesario precisar que su fuente jurídica se origina en varios hechos generadores que vienen a conformar los títulos de imputación que justifican las restricciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos para acceder o permanecer en el ejercicio de la función pública o a establecer una relación contractual con el estado. IMPUTACIÓN JURÍDICA-Genera inhabilidad en razón a la existencia de una sentencia condenatoria Sobre el título de imputación jurídica que genera inhabilidad en razón a la existencia de sentencias condenatorias en materia penal que señala la consulta, tiene su génesis particular y concreta en el mandato constitucional previsto en el artículo 248 Superior, cuya fuente ha sido replicada en el ordenamiento jurídico interno en diversos estatutos, entre ellos el disciplinario. El objeto de análisis se centrará en la hipótesis de suscribir contractos con el Estado y coexistir una condena penal debidamente ejecutoriada en cabeza del aspirante, lo que está proscrito por nuestro

ordenamiento, bajo la figura de la inhabilidad consagrada por normas de rango constitucional y legal. … Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios Carrera 5 N° 15-80 piso 23 PBX 5878750 Ext. 12335. www.procuraduria.gov.co CONTRATACIÓN ESTATAL-Inhabilidades según regulación legal CONTRATACIÓN ESTATAL-Inhabilidad por el término de cinco años En este caso, así no se trate del cumplimiento de funciones públicas, por virtud del mismo artículo, se extiende la inhabilidad para contratar con el Estado por un término de cinco (5) años contados a partir de la ejecutoria de la sentencia que impuso la pena. En los casos en que se trate de un contrato para el cumplimiento de funciones públicas, la inhabilidad se extiende por el término total de la condena, que en todo caso, si es inferior a cinco (5), para efectos de la inhabilidad, se dará aplicación al enunciado anterior, por lo que la inhabilidad para contratar será como mínimo por los cinco (5) años referidos en la norma en cita. INHABILIDAD CONTRACTUAL-Generada por acciones u omisiones es de diez años según regulación legal INHABILIDAD PERMANENTE-Condenado por delitos que afecten el patrimonio del Estado según regulación Constitucional/CONTRATACIÓN ESTATAL-Sea oneroso o gratuito no se puede celebrar si está condenado penalmente La norma establece que no pueden celebrar contratos con el Estado, por si o por interpuesta persona, quienes hayan sido condenados en cualquier tiempo, por la comisión de delitos relacionados que afecten el patrimonio del Estado o quienes

hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios Carrera 5 N° 15-80 piso 23 PBX 5878750 Ext. 12335 www.procuraduria.gov.co financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o el exterior. Entonces, surge como conclusión que si la persona que está por celebrar un contrato de prestación de servicios del Estado, sin importar si el mismo es oneroso o gratuito, se encuentra en alguna de las situaciones anteriores, no es posible de su parte celebrar contrato alguno con el Estado, mientras persista el término que la ley o la Constitución señale. Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios Carrera 5 N° 15-80 piso 23 PBX 5878750 Ext. 12335 www.procuraduria.gov.co Bogotá D.C., 4 de septiembre de 2017. PAD 113837

C-011-2017

Señor

JUSTO PASTOR BERNAL GUTIÉRREZ

Profesional Universitario Procuraduría Provincial de Cali Cali – Valle del Cauca E mail: jpbernal@procuraduria.gov.co Ref.: Su consulta contratos de prestación de servicios gratuito.

Respetado señor: Solicita usted se le responda sobre si es posible que una alcaldía municipal pueda suscribir un contrato de prestación de servicios gratuito, cuya finalidad sea la de prestar asesoramiento y capacitación a los funcionarios de la Alcaldía, en diversos temas tributarios, con una persona condenada penalmente e inhabilitada para el ejercicio de derechos y funciones públicas

por el mismo período de la pena, así cuente con la autorización del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad a cargo de vigilar el cumplimiento de la pena impuesta. Antes de atender su consulta y en cumplimiento de la función asignada por el artículo 9º, numeral 3°, del Decreto Ley 262 de 2000, he de precisarle que en desarrollo de la función consultiva no es posible resolver casos particulares o concretos, pues ello corresponde a las autoridades competentes mediante los Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios Carrera 5 N° 15-80 piso 23 PBX 5878750 Ext. 12335 www.procuraduria.gov.co procedimientos de rigor y en tal virtud, tanto las preguntas como las respuestas deben darse en forma genérica de tal manera que puedan predicarse de cualquier asunto en circunstancias similares. Por tanto, en el presente caso esta oficina se limitará solamente a suministrar elementos de juicio generales que sirvan para ilustrar el tema que ocupa la consulta, sin que ello se entienda como resolución a un caso particular. Realizando la abstracción debida a la cuestión fáctica presentada la pregunta por usted planteada hace referencia específica a que si una persona que ha sido condenada penalmente e inhabilitada por el mismo período de la pena, puede contratar con el Estado. La respuesta a su interrogante está supeditada a varios eventos previstos en el ordenamiento jurídico relacionados con las inhabilidades para contratar con el Estado. En relación con el régimen de inhabilidades1 que consagra la Ley 734 de 2002 es necesario precisar que su fuente jurídica se origina en varios hechos

generadores que vienen a conformar los títulos de imputación que justifican las restricciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos para acceder 2 o 1 Inhabilidad: “Defecto o impedimento para obtener o ejercer un empleo u oficio”. Diccionario de la Real Academia Española. 2 Por inhabilidad se puede entender «aquellas circunstancias creadas por la Constitución y la Ley que impiden o imposibilitan que una persona sea elegida o designada en un cargo público». Sentencia C546 de 1993 M.P. Carlos Gaviria Díaz. Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios Carrera 5 N° 15-80 piso 23 PBX 5878750 Ext. 12335 www.procuraduria.gov.co permanecer 3 en el ejercicio de la función pública o a establecer una relación contractual con el estado. Sobre el título de imputación jurídica que genera inhabilidad en razón a la existencia de sentencias condenatorias en materia penal que señala la consulta, tiene su génesis particular y concreta en el mandato constitucional previsto en el artículo 248 Superior, cuya fuente ha sido replicada en el ordenamiento jurídico interno en diversos estatutos, entre ellos el disciplinario. El objeto de análisis se centrará en la hipótesis de suscribir contractos con el Estado y coexistir una condena penal debidamente ejecutoriada en cabeza del aspirante, lo que está proscrito por nuestro ordenamiento, bajo la figura de la inhabilidad consagrada por normas de rango constitucional y legal. Veamos:

1. La inhabilidad contenida en el artículo 8°, numeral 1°, literal d), de la

Ley 80 de 1993, referente a la causal de inhabilidad por haber sido destituido del cargo o condenado a la pena de interdicción de derechos y funciones públicas. 3 Es pertinente reiterar que: «Como lo ha explicado la Corte de manera reiterada, y puede apreciarse a lo largo de esa recopilación, la principal finalidad de las inhabilidades es la de procurar y, en la medida de lo posible, garantizar la pulcritud, probidad y capacidad de las personas que se vinculan al servicio público, para lo cual se impide entonces el acceso a éste de quienes no cumplan con los estándares que el legislador ha estimado adecuados y necesarios». (Sentencia C987 del 29 de noviembre de 2006. M.P. Nilson Pinilla Pinillla) Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios Carrera 5 N° 15-80 piso 23 PBX 5878750 Ext. 12335 www.procuraduria.gov.co En este caso, así no se trate del cumplimiento de funciones públicas, por virtud del mismo artículo, se extiende la inhabilidad para contratar con el Estado por un término de cinco (5) años contados a partir de la ejecutoria de la sentencia que impuso la pena. En los casos en que se trate de un contrato para el cumplimiento de funciones públicas, la inhabilidad se extiende por el término total de la condena, que en todo caso, si es inferior a cinco (5), para efectos de la inhabilidad, se dará aplicación al enunciado anterior, por lo que la inhabilidad para contratar será como mínimo por los cinco (5) años referidos en la norma en cita.

2. La inhabilidad contenida en el artículo 58, numeral 3°, de la Ley 80 de

1993, por declaratoria de la responsabilidad civil o penal, en los eventos en que esta responsabilidad se derive por acciones u omisiones que sean imputadas en relación con su actuación contractual. En el evento antes señalado, varía el término de la inhabilidad, pues debe predicarse que esta es de diez (10) años, contados a partir de la ejecutoria de la sentencia respectiva. Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios Carrera 5 N° 15-80 piso 23 PBX 5878750 Ext. 12335 www.procuraduria.gov.co

3. La inhabilidad permanente, en virtud del artículo 122 de la

Constitución Política de Colombia. La norma establece que no pueden celebrar contratos con el Estado, por si o por interpuesta persona, quienes hayan sido condenados en cualquier tiempo, por la comisión de delitos relacionados que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o el exterior. Entonces, surge como conclusión que si la persona que está por celebrar un contrato de prestación de servicios del Estado, sin importar si el mismo es oneroso o gratuito, se encuentra en alguna de las situaciones anteriores, no es posible de su parte celebrar contrato alguno con el Estado, mientras persista el término que la ley o la Constitución señale. En estos términos se deja rendido el concepto pedido y se precisa que éste sólo constituye un criterio auxiliar de interpretación y que no tiene carácter vinculante de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 230 de la Constitución

Política, 5° de la Ley 153 de 1887 y 28 de la Ley 1437 de 2011. Atentamente, Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios Carrera 5 N° 15-80 piso 23 PBX 5878750 Ext. 12335 www.procuraduria.gov.co

CAMILO ANDRÉS GARCÍA GIL

Procurador Auxiliar para Asuntos Disciplinarios

C-011-2017

Proyectó GACC Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios Carrera 5 N° 15-80 piso 23 PBX 5878750 Ext. 12335 www.procuraduria.gov.co