PGN - REGIMEN DE INHABILIDADES - Finalidad específica

DEPENDENCIA: PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA VIGILANCIA

ADMINISTRATIVA.

RADICACIÓN: IUS 086-11964/06

IMPLICADA: CLAUDIA BEATRIZ PUERTA AGUDELO

CARGO Y ENTIDAD: DIRECTORA OFICINA DANE PEREIRA

QUEJOSO: CARLOS ALBERTO OSORIO DUQUE

FECHA QUEJA: 04-05-2005

FECHA HECHOS: FEBRERO DE 2005

ASUNTO: DESATAR RECURSO DE APELACIÓN CONTRA FALLO DE

PRIMERA INSTANCIA.

Bogotá, D. C. 8 de Septiembre de 2009 Al Despacho de esta Delegada las diligencias radicadas bajo el IUS No. 08611964-2006, para resolver el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, proferido por la Procuraduría Regional de Risaralda, el 18 de junio de 2009, en virtud del cual se impuso a la disciplinada CLAUDIA BEATRIZ PUERTA AGUDELO, sanción principal de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de dos (2) meses, por encontrarla responsable disciplinariamente del cargo formulado (fs 196 a 211). ANTECEDENTES PROCESALES Dio origen a este proceso la queja presentada por el señor Carlos Alberto Osorio Duque contra la doctora Claudia Beatriz Puerta Agudelo en su condición de Directora de la Oficina del DANE de Pereira, ya que presuntamente cometió irregularidades dentro del proceso de evaluación de las propuestas del concurso llevado a cabo por esa entidad a principios del año 2005 para la contratación de un asistente de coordinación del I.P.C.

Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Cra 5 No. 15-80.Piso 8.PBX 5878750 Ext10830 1 (índice de precios al consumidor), y por presunto conflicto de intereses (fs 3 y 4). La Procuraduría Regional de Risaralda, el 1 de febrero de 2006, ordena adelantar indagación preliminar contra la doctora Claudia Beatriz Puerta Agudelo en su calidad de Directora de la Oficina del DANE, en los términos del artículo 150 de la ley 734 de 2002, disponiendo para el efecto la práctica de diversas pruebas (fs 12 y 13). Por auto de fecha 12 de octubre de 2006, la Procuraduría Regional de Risaralda, resuelve abrir investigación disciplinaria al reunirse los presupuestos establecidos en el artículo 152 de la Ley 734 de 2002 (fs 1 a 7). Mediante auto de 29 de julio de 2008, al considerar que existía mérito suficiente, la Procuraduría Regional de Risaralda formuló el siguiente cargo disciplinario a la implicada: “No haberse declarado legal y oportunamente impedida, debiendo hacerlo, para intervenir en la evaluación técnica y económica de las propuestas presentadas dentro del proceso de selección llevado a cabo entre los meses de enero y principios del mes de febrero del 2005 para la contratación para la prestación de servicios de asesoría técnica y metodológica al personal contratado para desarrollar actividades de recolección, supervisión, crítica y captura de información de Índices de Precios y Costos del DANE para la

ciudad de Pereira, en la cual participó su prima hermana, señora ZULMA

CASTAÑO AGUDELO”.

Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Cra 5 No. 15-80.Piso 8.PBX 5878750 Ext10830 2 Como normas presuntamente violadas los artículos 22, 34 numerales 1 y 38, 35 numeral 2, y 40 de la Ley 734 de 2002; artículo 123 de la Constitución Política de Colombia (fs 166 a 177). En cuanto al hecho relacionado con la presunta carencia de sustentos que soportaran la asignación de puntajes en las calificaciones dadas a las propuestas técnicas presentadas, se determinó el archivo, por cuanto la evaluación de las propuestas se ajustó a las características presentadas en cada una de ellas y por lo tanto la misma se realizó en forma objetiva. La Procuraduría Regional de Risaralda, el 18 de junio de 2009, luego de referirse a los cargos, los descargos y las pruebas recaudadas con ocasión de la investigación, consideró que se daban los requisitos establecidos en el artículo 142 de la Ley 734 de 2002 para proferir fallo sancionatorio contra la disciplinada CLAUDIA BEATRIZ PUERTA AGUDELO, en su condición de Profesional Especializada 3010-14, adscrita a la planta global del DANE y ejerciendo funciones en la Dirección Territorial Manizales, sede Pereira para la época de los hechos, imponiéndole sanción principal de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de dos (2) meses (fs 196 a 211).

RECURSO DE APELACION

Visto a folios 220 a 224, se lee el recurso de apelación, interpuesto por el Doctor MILTÓN MENA CORDOBA, abogado defensor de la inculpada CLAUDIA BEATRIZ PUERTA AGUDELO, el 30 de junio de 2009 contra el fallo sancionatorio de primera instancia, con fundamento en los siguientes argumentos: Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Cra 5 No. 15-80.Piso 8.PBX 5878750 Ext10830 3 Alega, que conforme a las pruebas recaudadas es innegable que su defendida y la señora ZULMA CASTAÑO AGUDELO, son primas hermanas y que se encuentran dentro del cuarto grado de consanguinidad, pero de igual forma no es menos cierto que la señora CLAUDIA BEATRIZ PUERTA AGUDELO tal como lo manifestó desde el inicio de la presente investigación y conforme a lo reglado en el numeral 6º del artículo 28 de la ley 734 de 2002, actuó bajo la convicción errada e invencible de que su conducta o proceder no constituía falta disciplinaria alguna al considerar que los primos hermanos no estaban dentro del grado de consanguinidad para las inhabilidades, y en segundo lugar por tratarse de un asunto técnico. “Respecto del presente engorro jurídico en el que nos encontramos, por solicitud del Honorable Despacho se pudo evacuar la práctica de una segunda evaluación o valoración por parte de la Coordinadora de índices e indicadores del DANE Nacional, sobre la cual se pudo evidenciar que la calificación efectuada por la disciplinada correspondía a los parámetros y se ajustó a las características que presento cada una de ellas y por lo tanto la

misma se realizó en forma objetiva, de allí que el despacho manifieste que no tiene ningún elemento de juicio para inferir que en tal evaluación se incurrió objetivamente en alguna falta disciplinaria, razón por la cual ordena el archivo de la actuación respecto de ese tema”. “Para la defensa no resulta lógico salvo que se impute o de aplicación a la existencia de una responsabilidad objetiva totalmente proscrita por la constitución y la ley que si producto de la evaluación en la cual ha participado la disciplinada y que ha constituido el aspecto importante para la apertura de Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Cra 5 No. 15-80.Piso 8.PBX 5878750 Ext10830 4 la investigación disciplinaria habida cuenta que una de las intervinientes de la convocatoria era su prima hermana ZULMA INÉS CASTAÑO AGUDELO, se haya evidenciado o probado que su proceder en la calificación de la propuesta fue claramente objetiva pueda derivarse o generarse de manera inexorable la existencia o comisión de una falta disciplinaria, pues de ser así resulta innegable la aplicación de la multicitada responsabilidad objetiva por el solo hecho de haberse acreditado la existencia del parentesco y la intervención de quien debía haberse declarado impedida”. “Un razonamiento lógico de los hechos que son objeto de cuestionamiento indudablemente nos llevarían a la conclusión de que el objetivo o finalidad de quien debiendo declarase impedida para intervenir en un proceso de evaluación o calificación como el que se registra en el caso sub judice y no lo hace, tendría como propósito obtener el favorecimiento, ayuda o colaboración en provecho y beneficio del familiar interviniente en el concurso

o selección que se realiza, situación esta que no se ha registrado y muy por el contrario a esa inferencia lógica no fue justamente la familiar de la implicada que obtuvo el mayor puntaje en la evaluación así este hubiese sido por la mínima diferencia de un punto como se ha podido corroborar con la segunda valoración de la prueba técnica”. “(…) Otro de los aspectos bien importantes es poder establecer si ese error de tipo en que incurrió mi representada era invencible o no, para lo cual debemos tener en cuenta que si bien mi representada tiene un grado de instrucción importante este no abarca o contempla el campo jurídico, del cual muchos connotados e importantes juristas no son exentos de cometer errores como suele ser de humanos que actúan de buena fe y de la cual no Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Cra 5 No. 15-80.Piso 8.PBX 5878750 Ext10830 5 es exenta la aquí disciplinada, por tal motivo debo reiterar que en tratándose de un error de interpretación normativa de expresiones propias del derecho, es importante examinar los conocimientos jurídicos del operador, su experiencia judicial y el texto mismo de la disposición interpretada para deducir la claridad o complejidad del tema, aspectos estos vinculantes dentro de la sentencia proferida por la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia, registrada en la providencia del 24 de mayo de 1983”. Reitera que el conflicto de intereses no puede edificarse en la simple comprobación de la existencia del cuarto grado de consanguinidad, y más aun cuando la evaluación realizada por la encartada no tuvo rasgos o elementos de los cuales se hubiese podido deducir la existencia de aspectos

subjetivos que hubieran motivado la no declaratoria del impedimento con el objeto de favorecer a su prima hermana, por lo que lo lógico y legal sería ordenar el archivo de la investigación por haberse desvirtuado el cargo formulado, ya que hay prueba concluyente de la objetividad en la actuación de su defendida, quien además manifestó en su versión que no conocía los grados de inhabilidad o incompatibilidad y estaba convencida que no existía conflicto de intereses, encuadrándose su conducta en una de las causales excluyentes de responsabilidad consagrada en el artículo 28 numeral 6º de la Ley 734 de 2002, pues siempre actuó con la convicción de que su proceder no tenía tacha alguna. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA Es importante mencionar, para el caso sub-lite, que el artículo 6 de la Constitución Política prevé la cláusula general de responsabilidad de los Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Cra 5 No. 15-80.Piso 8.PBX 5878750 Ext10830 6 ciudadanos y la específica y excluyente de los servidores públicos, los cuales deben responder ante las autoridades no solo por infringir la Constitución y las leyes, sino también por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Constituye elemento básico de la organización estatal y de la realización efectiva de los fines esenciales del Estado Social de Derecho, la potestad del mismo de desplegar un control disciplinario sobre sus servidores, dada la especial sujeción de éstos al Estado, en razón de la relación jurídica surgida por la atribución de una función pública; de manera que el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades se efectúe dentro

de una ética del servicio público y con sujeción a los principios de moralidad, eficacia y eficiencia que caracterizan la actuación administrativa y el cabal desarrollo de la función pública. En cumplimiento de esos cometidos estatales y en el ejercicio de las correspondientes funciones o cargos públicos, los servidores públicos no pueden distanciarse del objeto principal para lo cual fueron instituidos, como es el de servir al Estado y a la comunidad en la forma establecida en la Constitución, la Ley y el Reglamento; por lo tanto, pueden verse sometidos a una responsabilidad pública de índole disciplinaria, cuando en su desempeño vulneran el ordenamiento superior y legal vigente, así, por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones (arts 6 y 123 C.N). Por su parte, la Ley Disciplinaria tiene como finalidad específica: la prevención y buena marcha de la gestión pública, así, como la garantía del cumplimiento de los fines y funciones del Estado con relación a las conductas de los servidores públicos que los afecten o pongan en peligro. Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Cra 5 No. 15-80.Piso 8.PBX 5878750 Ext10830 7 La Corte Constitucional ha precisado que en materia disciplinaria, la ley debe orientarse a asegurar el cumplimiento de los deberes funcionales que le asisten al servidor público o al particular que cumple funciones públicas, pues, las faltas le interesan al Derecho Disciplinario en cuanto interfieran tales funciones. De allí, que el Derecho Disciplinario valore la inobservancia de normas positivas en cuanto ellas impliquen el quebrantamiento del deber funcional, esto es, el desconocimiento de la función social que le incumbe al

servidor público o al particular que cumple funciones públicas. Ahora bien, habiendo establecido el marco constitucional y legal, nos ocuparemos del caso en concreto: La investigación surge del presunto conflicto de intereses en que pudo haber incurrido la señora CLAUDIA BEATRIZ PUERTA AGUDELO, en su calidad de Profesional Especializado 3010-14 del DANE y ejerciendo funciones en la Dirección Territorial sede Pereira, al efectuar la evaluación técnica y económica de las propuestas presentadas por los participantes con ocasión del proceso de selección para la contratación de prestación de servicios, cuyo objeto era la asesoría técnica y metodológica al personal contratado para desarrollar actividades de recolección, supervisión, crítica y captura de información de índices de Precios y Costos del DANE, proceso en el cual participaba la señora ZULMA CASTAÑO AGUDELO, con la cual tiene parentesco en tercer grado de consanguinidad, razón por la cual debió haberse declarado impedida. Es importante determinar que la investigación se basa o fundamenta en el hecho que la señora Claudia Puerta Agudelo, presuntamente violó el régimen Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Cra 5 No. 15-80.Piso 8.PBX 5878750 Ext10830 8 de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, al no declararse impedida para evaluar las propuestas del mencionado procedimiento de selección, al percatarse que la señora Zulma Castaño Agudelo con la cual tenía parentesco por consanguinidad en tercer grado, estaba participando, como debió hacerlo según lo ordenado por el artículo 40

de la Ley 734 de 2002, valga aclarar, que no se está valorando si la evaluación efectuada estuvo conforme a los preceptos legales, pues dicho tema ya se debatió y analizó, llegando a la decisión de archivo en cuanto a ese hecho en particular. El problema radica en que la implicada en efecto, se encontró ante una circunstancia, que sin entrar a determinar e inferir que su actuación estuvo influenciada por los lazos sanguíneos, deja un manto de duda frente al participante vencido, que sin entrar a discernir si la decisión de la selección se basó en la evaluación de la señora Puerta Agudelo, simplemente deduce que el procedimiento estuvo viciado, pues uno de los calificadores tenía relación directa y familiar con uno de los participantes, lo que le restó a la actuación final, independencia, equidad y objetividad, elementos estos que salvaguarda el legislador al establecer el Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses. Del análisis anteriormente realizado se concluye, al igual que lo hizo el aquo, que, efectivamente, la Doctora CLAUDIA BEATRIZ PUERTA AGUDELO, incurre en conflicto de intereses, pues no se declaró impedida oportunamente cuando tenía la obligación de hacerlo, para intervenir en el proceso de evaluación y calificación de las propuestas con ocasión de la contratación para la asesoría técnica y metodológica al personal contratado Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Cra 5 No. 15-80.Piso 8.PBX 5878750 Ext10830 9 para desarrollar actividades de recolección, supervisión, crítica y captura de

información de índices de Precios y Costos, en el cual participó su prima hermana Zulma Castaño Agudelo. Con la conducta endilgada, la aquí implicada se apartó del deber funcional que su cargo le imponía, constituyendo falta disciplinaria, por lo tanto, fue y es viable la acción e imposición de la sanción correspondiente. El artículo 5 de la Ley 734 de 2002 consagra “La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna”. Significa ello, que para que un servidor público deba responder disciplinariamente, debe con su conducta quebrantar sustancialmente el deber funcional que como servidor público le asiste, extralimitarse en el ejercicio de sus derechos y funciones, incurrir en prohibiciones o violar con su conducta el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin que la misma esté amparada por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad establecidas en el artículo 28 de la Ley 734 de 2002”. No son de recibo los argumentos del apoderado de la disciplinada porque, en primera medida, no tiene cabida la causal de exoneración de responsabilidad invocada, pues se recuerda que los servidores públicos tienen el deber especial de sujeción que “impone la carga de acceder a los conocimientos requeridos para un adecuado ejercicio de la función pública; deberes especiales de sujeción que resultan vinculantes en grado sumo al punto que la jurisprudencia constitucional ha advertido que la ausencia de una formación profesional específica en quienes ejercen cargos públicos de elección popular, no los exime de responsabilidad frente a la comisión de

Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Cra 5 No. 15-80.Piso 8.PBX 5878750 Ext10830 10 ilícitos disciplinarios en temas relacionados precisamente con la existencia de inhabilidades e incompatibilidades pues se está ante uno de aquellos supuestos en los que “la ignorancia de la ley no sirve de excusa” (Corte Constitucional, Sentencia T-1093-04). Cabe mencionar que quien accede a un cargo público debe tener un grado mayor de exigencia en cuanto a los conocimientos sobre la materia de las funciones que debe cumplir y más cuando sus actuaciones van en nombre de la Administración Pública, lo cual indica, que están sometidas a las exigencias legales, por lo que resulta contradictorio asumir como excusa el desconocimiento de la Ley para evadir un deber propio de su cargo. Resulta entonces absolutamente claro que la conducta desplegada por la disciplinada es típicamente antijurídica, por infringir sustancialmente el deber funcional que debió haber observado en su condición de Profesional Especializada 3010-14, adscrita a la planta global del DANE y ejerciendo funciones en la Dirección Territorial Manizales, sede Pereira para la época de los hechos. En mérito de lo expuesto, la Procuradora Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, en ejercicio de sus facultades jurídicas. RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR el fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría Regional de Risaralda, el 18 de junio de 2009, dentro del proceso disciplinario IUS número 086-011964-2006, por el cual sancionó a la

Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Cra 5 No. 15-80.Piso 8.PBX 5878750 Ext10830 11 Doctora CLAUDIA BEATRIZ PUERTA AGUDELO, identificada con la cédula de ciudadanía número 42.070.480 en su calidad de Profesional Especializada 3010-14, adscrita a la planta global del DANE y ejerciendo funciones en la Dirección Territorial Manizales, sede Pereira con sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de dos (2) meses, en los términos expuestos en el numeral 2 de la parte resolutiva del referido fallo. SEGUNDO. Por la oficina de origen, Notificar personalmente a la disciplinada CLAUDIA BEATRIZ PUERTA AGUDELO y/o su apoderado en la Carrera 7 No. 18 – 21 Oficina 1302 Antonio Correa en el municipio de PereiraRisaralda de la decisión adoptada en este proveído, advirtiéndoles que contra la misma no procede recurso alguno por la vía gubernativa. TERCERO. Remitir el expediente a la Procuraduría Regional de Risaralda para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBA CRISTINA GRUESO SÁNCHEZ

PROCURADORA SEGUNDA DELEGADA

VIGILANCIA ADMINISTRATIVA

ACGS/YXLB. Exp. IUS 086-11964-2006

Septiembre 8 de 2009 Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Cra 5 No. 15-80.Piso 8.PBX 5878750 Ext10830 12