PGN - REGIMEN DE INHABILIDADES - Tiene reserva legal según jurisprudencia del consejo de e

NULIDAD DE ELECCIÓN DE ALCALDE-Local del Distrito Especial de Barranquilla por no presentar renuncia al anterior cargo antes del acta de designación de la terna NULIDAD ACTO DE ELECCIÓN-Del Alcalde Local por no presentar la renuncia con antelación al momento de su elección Esta Delegada destaca que en la audiencia inicial la fijación del litigio se determinó de la siguiente manera : “ se declare la nulidad del acto de elección … como alcalde local … por estar incurso en las causales de inhabilidad consagradas en los artículos 38, 39 y 51 de la Ley 617 del 2000 y 175 de la Ley 136 de 1994, esto es, por haber sido nombrado como asesor Código y Grado 105-01 adscrito a la planta global de cargos de la administración central distrital desde el 16 de junio de 2008, sin presentar renuncia con una antelación de doce (12) meses al momento de su elección, puesto que hasta el 6 de abril de 2016 se encontraba vinculado a dicho cargo”. Sostiene el actor que las disposiciones de la Ley 136 de 1994, en especial los artículos 37, 38 numeral 7 y 39 de la Ley 617 de 2000 que le modificaron, son aplicables al caso en estudio por cuanto el Acuerdo Distrital número 017 del 7 de diciembre de 2002, en su artículo 35 estableció, como requisitos para efectos de ser Alcalde Local, los mismos que exige la Ley para el cargo de Alcalde Mayor. INHABILIDAD-Es el defecto o impedimento para ser elegido o nombrado en un cargo o para ocuparlo/REQUISITOS DEL CARGO-Es el conjunto de calidades

para acceder a un cargo o empleo En el entendido que el actor hace de la disposición ésta comprende igualmente el régimen de inhabilidades, es por ello que concluye que para la época de la expedición del Acuerdo 017 de 2002 a los alcaldes locales les eran aplicables las disposiciones que rigen en general para todos los alcaldes sin distinguir su grado, lo que comprendía dentro de esta normativa al alcalde de Barranquilla, entidad territorial que no había sido aún elevada a la categoría de Distrito Especial, por lo tanto el régimen que le cobijaba era el establecido en la Ley 136 de 1994. Conforme a la argumentación del demandante debe indicarse que hace sinónimos o equipara los términos, requisitos o calidades con el de inhabilidades, cuando los mismos obedecen a conceptos jurídicos distintos y diferentes los unos de los otros. En efecto, el concepto requisitos hace relación al conjunto de calidades para acceder a un cargo o empleo; es el estado de una persona, su edad y demás circunstancias y condiciones que se requieren para un cargo, dignidad, empleo u oficio; inhabilidad, por otra parte significa el defecto o impedimento para ser elegido o nombrado en un cargo o para ocuparlo, es la circunstancia de que la Constitución o la ley establecen como impedimento para tal acceso, aunque se posean las calidades para ello. RÉGIMEN DE INHABILIDADES-No es posible hacer extensivo el que corresponde al Alcalde Mayor para los Alcaldes Locales Así las cosas, sin que interese para el asunto en examen determinar si el Acuerdo 017 de 2002 está o no vigente, esta Delegada concluye que resulta claro que cuando el artículo 35 del Acuerdo se refiere a requisitos y efectúa la remisión a los del alcalde mayor está

haciendo referencia a las calidades para ser alcalde que fijaron en la Ley 136 de 1994 en Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado 1 Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co el artículo 86, vale decir: i) ser ciudadano colombiano en ejercicio; ii) haber nacido o ser residente del respectivo municipio o correspondiente área metropolitana durante un (1) año anterior a la fecha de la inscripción, o (iii) ser residente del respectivo municipio o correspondiente área metropolitana durante un período mínimo de tres (3) años en cualquier época. Ahora bien, lo que pretende el actor, de hacer extensivo el régimen de inhabilidades de los alcaldes a los alcaldes locales tampoco resulta de recibo por cuanto, por vía de Acuerdo, no es posible regular este régimen ni siquiera por vía de remisión o reenvío, pues su regulación es de competencia exclusiva del legislador. De encontrarse entonces que por vía del Acuerdo el concejo municipal estableció un régimen de inhabilidades para los cargos de alcalde menor de las localidades del municipio de Barranquilla éste sería inaplicable por su clara contradicción con el mandato superior, al estar este asunto sujeto a reserva legal y como tal solo puede ser fijado por el Congreso de la República o por el Constituyente, RÉGIMEN DE INHABILIDADES-Aplicable para los Alcaldes Locales se debe regir por las normas generales de los municipios

Conforme a esta regla, como el régimen de inhabilidades de los alcaldes locales no se reguló en las normas especiales, ni tampoco se remitió expresamente a disposiciones aplicables a los otros tipos de entidades territoriales, ni a las disposiciones establecidas para el Distrito Capital, se debe concluir que el mismo se ha de regir por las normas generales aplicables a todos los municipios, es decir, la Ley 136 de 1994 y la Ley 617 del 2000, disposiciones estas en las cuales no se hizo mención alguna al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los alcaldes locales. Se concluye de lo anterior que estos servidores no tienen un régimen de inhabilidades propias o individuales y por tal razón, como el supuesto de hecho que funda la pretensión no se puede subsumir dentro de norma alguna, el acto no infringe disposición alguna y en ese entendido la sentencia que denegó la pretensión se ha de confirmar. INHABILIDAD-Jurisprudencia del Consejo de Estado RÉGIMEN DE INHABILIDADES-Tiene reserva legal según jurisprudencia del Consejo de Estado Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado 2 Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Bogotá D.C., 1 junio de 2017 Concepto No. 55 Señores

CONSEJO DE ESTADO

Sección Quinta

M.P. Dra. LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

E. S. D.

Referencia: Proceso número: 08001 23 33 000 2016 00648 01

Radicado interno: 2015 00648

Actor: Romeo Edinson Pérez Field Demandado: Deivy Cásseres Cañate Asunto: Apelación de la sentencia de 10 de marzo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad electoral se incoara contra el acto de elección del señor Deivy Casseres Cañate, como alcalde local código 030 grado 05 de la Localidad Sur Occidente del Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla – Atlántico para el período 2016 - 2019.

Respetada señora Consejera: Dentro del término de traslado especial señalado en el proveído adiado a 12 de mayo de 2017, como Agente del Ministerio Público en el proceso de la referencia presento por su conducto a consideración de la Sala los siguientes razonamientos.

I. ANTECEDENTES  La demanda El ciudadano Romeo Edinson Pérez Field, actuando en su propio nombre y representación en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, demandó el Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado 3

Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co acto por medio del cual se designó al señor Deivy Casseres Cañate como alcalde local código 030 grado 05 de la Localidad Sur Occidente del Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla – Atlántico para el período 2016 - 2019

 Pretensiones De conformidad con lo señalado en el escrito por medio del cual se corrige la demanda la parte demandante propone como pretensión la que a continuación se transcribe: “1) DECLARATORIA DE NULIDAD DEL ACTO QUE DECRETÓ LA ELECCION DEL ALCALDE MENOR DE LA LOCALIDAD SUR OCCIDENTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, DECRETO No. 0473 del 26 de Mayo de 2016.(…)

1. (…) 3) (…)”  Supuesto fáctico De conformidad con lo señalado por la parte actora en el acápite de la demanda titulado “HECHOS “el elegido alcalde local se encontraba incurso en causal de inelegibilidad” por lo siguiente: “6)… tenía un vínculo contractual con el Distrito de Barranquilla desde el 16 de junio de 20008 hasta la presente con fecha 16 de abril de 2016 como consta la certificación expedida por el Distrito. Es decir, no cumplió con lo menos de renunciar 1 año como lo establece la ley y no cumplió con los 3 meses de anticipación según fallo de la procuraduría que estableció ese término antes del acta de designación de la Terna que se presentaría ante el Alcalde y su Nombramiento en su Calidad de Alcalde Menor, no cumple con este precepto, demostrando la inhabilidad. (…) 8) El señor DEIVY CACERES CAÑATE (sic), le es aplicable la inhabilidad porque la prohibición constitucional no solo está referida para quien aspira a ser elegido en cargos de elección si no también para los que son nombrados o

designados. En efecto, el artículo 5° de la Ley 768 de 2002, corrobora que la designación de los Alcaldes Locales se produce mediante nombramiento. “para asimilar expresiones de “elegido” y “nombrado”, en primer término porque al contener aquella una causal de inhabilidad, su interpretación es Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado 4 Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co restrictiva y, en segundo lugar, porque aquellos conceptos, corresponden a figuras jurídicas diferentes que no pueden ser asimilables quedando claro que de ninguna manera los alcaldes locales son nombrados; su arribo al cargo depende forzosamente de una expresión democrática de un órgano elegido por voto popular y directo”. (Sentencia del 11 de mayo de 2006, proferida por el Consejo de Estado (expediente 3923), Consejero Ponente Dr. Filemón Jiménez Ochoa). (…) 10) El señor DEIVY CACERES CAÑATE (sic), estaba inhabilitados (sic) para ser elegido alcalde la Localidad Sur – Occidente de Barranquilla, de acuerdo con el numeral 8 del artículo 179 de la Constitución Política y los artículos, nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público, ni para una corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente. 11) El señor DEIVY CACERES CAÑATE (sic), incurrió en la prohibición

establecida en el artículo 51 de la Ley 617 de 2000, toda vez que al haber sido nombrado como asesor Código y Grado 105 – 01 Adscrito a la planta Global de cargos de la Administración Central Distrital desde el día 16 de Junio de 2016 según certificado que fue expedido el día 6 de Abril de 2016, lo cual consta que el cargo es hasta la presente razón por la cual su período para aspirar debía de renunciar 1 año antes a su designación lo que su renuncia debería ser el 26 de Mayo de 2015 (tesis primera es el Período según la ley 136 de 1994), y según criterio La Procuraduría debía de renunciar 3 meses antes lo que es el día 26 de Febrero de 2016 (2 tesis), pero como este no renunció en ninguno de esos tiempos, vulnerando con ello lo establecido en los artículos 38 y 39 numeral 7 de la Ley 617 de 2000” Normas violadas y concepto de la violación Se indicaron como normas transgredidas las siguientes: i) Los artículos 38, numeral 7 en concordancia con los artículos 39 y 51 de la Ley 617 del 2000. Al explicar el concepto de la violación manifiesta que el designado Alcalde Local había sido designado como asesor código 105 grado 01 de la planta global de personal de la Administración Central Distrital, no obstante este hecho se inscribió y fue designado alcalde local, vulnerando con ello lo establecido en los artículos 38 numeral 7 y 39 de la Ley 617 por cuanto que para la fecha en que fue designado “aún no había transcurrido los 12 meses o los 3 meses de que habla la

Procuraduría”. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado 5 Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co

2. Decisión de primera instancia El Tribunal Administrativo del Atlántico en su decisión de primera instancia dispuso: “Primero: Niéguense las súplicas de la demanda…”.

Para arribar a esa decisión consideró lo siguiente:  Las inhabilidades son de creación legal, obedecen al principio de tipicidad y su aplicación es restrictiva.  La norma no se aplica retroactivamente, por ello no es aceptable la tesis del actor que pretende la aplicación retroactiva del artículo 40 de la Ley 1617 de 2013 que dice que “El concejo distrital reglamentará sus funciones y asignación salarial, inhabilidades, incompatibilidades y todo lo relacionado con el cargo conforme a las disposiciones legales vigentes. Su período será el del alcalde distrital y el costo de estas asignaciones salariales será cubierto por los recursos propios del distrito” debe interpretarse de manera restrictiva como a causales que a futuro establezca el Concejo Distrital de Barranquilla; aún más, si tenemos en cuenta que respecto de la vigencia de esta ley, su artículo 138 señala que la misma rige a partir de la fecha de su promulgación, lo cual ocurrió con su publicación en el Diario Oficial No. 48.695 de 5 de febrero de 2013”.  Las causales de inhabilidad a las que se refiere el demandante y que se hallan consagradas en los artículos 37 y 38 de la Ley 617 de 2000 están

dirigidas a personas que aspiren a ser elegidas, lo cual debe ser entendido respecto de aquellas personas que acceden a un cargo o corporación mediante el sistema de elección por voto popular y las normas que regulan la designación de los alcaldes locales preceptúan que estos los nombra el alcalde mayor de terna que elabora la correspondiente Junta Administradora Local.  La causal de inhabilidad no se configura “porque, como se estableció, el demandado no fue elegido como Alcalde Local, sino que su designación se produjo mediante la escogencia efectuada por el Alcalde del Distrito Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado 6 Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co especial Industrial y Portuario de Barranquilla, de la terna elaborada por la correspondiente Junta Administradora Local”.

3. Recurso de apelación Inconforme con la decisión de primera instancia el demandante interpuso recurso de apelación contra la misma. Considera el apelante que el a-quo se equivocó en el análisis que realizó y la conclusión a la cual arribó; se destacan como argumentos en contra de la decisión de primera instancia los siguientes:  El Acuerdo Distrital 017 de 2002, que no fue objeto de consideración por parte del a-quo, se encuentra vigente y allí se halla establecido que su régimen es el mismo que se aplica para el alcalde mayor, en materia de inhabilidades se dijo que éstos tendrán el mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades del Alcalde mayor.

 El artículo 40 de la Ley 1617 de 2013 no derogó el Acuerdo 017.  La designación del alcalde local tiene la misma connotación del elegido popularmente.  Admisión del recurso de apelación Por auto del 12 de mayo de 2017, la Consejera ponente admitió el recurso de apelación.

4. Alegatos de conclusión De la apoderada judicial del demandado y nombrado Alcalde Local

señor Deivy Casseres Cañate Señala lo siguiente:  Que de conformidad con el artículo 40 de la Ley 1617 de 2013, es facultad del concejo de barranquilla reglamentar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los alcaldes locales y a la fecha esta corporación no ha expedido este reglamento. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado 7 Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co  El designado alcalde no se encuentra inmerso en “inhabilidad alguna, entendiendo que para ser nombrado en el cargo de Alcalde local a falta de reglamentación las inhabilidades por parte del Concejo Distrital se deben aplicar las causales de inhabilidad para todos los servidores públicos”  El régimen de inhabilidades es taxativo “por lo cual se debe aplicar en la mayor medida posible el tenor literal y gramatical de los enunciados normativos, sin que pueda acudir prima facie a criterios interpretativos tales como la analogía, la interpretación extensiva para ampliar el

alcance de las causales legalmente fijadas”.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Se encuentra el asunto para estudio del Consejo de Estado –Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta – por razón de la interposición del recurso de apelación que la parte actora realizara contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, adiada a 10 de marzo de 2017, la cual negó las pretensiones de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad electoral se incoara contra el acto de elección del señor Deivy Casseres Cañate, como alcalde local código 030 grado 05 de la Localidad Sur Occidente del Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla – Atlántico para el período 2016 - 2019.

Esta Delegada destaca que en la audiencia inicial la fijación del litigio se determinó de la siguiente manera : “ se declare la nulidad del acto de elección … como alcalde local … por estar incurso en las causales de inhabilidad consagradas en los artículos 38, 39 y 51 de la Ley 617 del 2000 y 175 de la Ley 136 de 1994, esto es, por haber sido nombrado como asesor Código y Grado 10501 adscrito a la planta global de cargos de la administración central distrital desde el 16 de junio de 2008, sin presentar renuncia con una antelación de doce (12) Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado 8 Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955

Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co meses al momento de su elección, puesto que hasta el 6 de abril de 2016 se encontraba vinculado a dicho cargo”. Sostiene el actor que las disposiciones de la Ley 136 de 1994, en especial los artículos 37, 38 numeral 7 y 39 de la Ley 617 de 2000 que le modificaron, son aplicables al caso en estudio por cuanto el Acuerdo Distrital número 017 del 7 de diciembre de 2002, en su artículo 35 estableció, como requisitos para efectos de ser Alcalde Local, los mismos que exige la Ley para el cargo de Alcalde Mayor; el texto de la norma es como se cita seguidamente: “Artículo 35. Requisitos. Para ser alcalde local se debe cumplir con los requisitos que la ley exige para desempeñar el cargo de Alcalde Mayor” En el entendido que el actor hace de la disposición ésta comprende igualmente el régimen de inhabilidades, es por ello que concluye que para la época de la expedición del Acuerdo 017 de 2002 a los alcaldes locales les eran aplicables las disposiciones que rigen en general para todos los alcaldes sin distinguir su grado, lo que comprendía dentro de esta normativa al alcalde de Barranquilla, entidad territorial que no había sido aún elevada a la categoría de Distrito Especial, por lo tanto el régimen que le cobijaba era el establecido en la Ley 136 de 1994. Conforme a la argumentación del demandante debe indicarse que hace sinónimos o equipara los términos, requisitos o calidades con el de inhabilidades, cuando los mismos obedecen a conceptos jurídicos distintos y diferentes los unos de los

otros. En efecto, el concepto requisitos hace relación al conjunto de calidades para acceder a un cargo o empleo; es el estado de una persona, su edad y demás circunstancias y condiciones que se requieren para un cargo, dignidad, empleo u oficio; inhabilidad, por otra parte significa el defecto o impedimento para ser elegido o nombrado en un cargo o para ocuparlo, es la circunstancia de que la Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado 9 Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Constitución o la ley establecen como impedimento para tal acceso, aunque se posean las calidades para ello.1 Bien puede entonces, como lo señalara el Consejo de Estado en la sentencia que se dejó citada, “tener las calidades para un cargo, pero estar inhabilitado para ocuparlo; o no estar inhabilitado para ocupar un cargo, pero tampoco tener las calidades para ello; o tener las calidades del cargo y ser hábil para ocuparlo, pero tener ciertas incompatibilidades que en determinados casos impidan el ejercicio de las funciones del cargo”. Así las cosas, sin que interese para el asunto en examen determinar si el Acuerdo 017 de 2002 está o no vigente, esta Delegada concluye que resulta claro que cuando el artículo 35 del Acuerdo se refiere a requisitos y efectúa la remisión a los del alcalde mayor está haciendo referencia a las calidades para ser alcalde que fijaron en la Ley 136 de 1994 en el artículo 86, vale decir: i) ser ciudadano colombiano en ejercicio; ii) haber nacido o ser residente del respectivo municipio o

correspondiente área metropolitana durante un (1) año anterior a la fecha de la inscripción, o (iii) ser residente del respectivo municipio o correspondiente área metropolitana durante un período mínimo de tres (3) años en cualquier época. Ahora bien, lo que pretende el actor, de hacer extensivo el régimen de inhabilidades de los alcaldes a los alcaldes locales tampoco resulta de recibo por cuanto, por vía de Acuerdo, no es posible regular este régimen ni siquiera por vía de remisión o reenvío, pues su regulación es de competencia exclusiva del legislador. De encontrarse entonces que por vía del Acuerdo el concejo municipal estableció un régimen de inhabilidades para los cargos de alcalde menor de las localidades del municipio de Barranquilla éste sería inaplicable por su clara contradicción con el mandato superior, al estar este asunto sujeto a reserva legal y como tal solo puede ser fijado por el Congreso de la República o por el Constituyente, como lo dijera la Sección Quinta: 1 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta - Consejero Ponente: Dr. Mario Alario Méndez – sent. de 6 de abril de 2000. - Radicación número: 2364 - Actor: Nicolás Manuel Álvarez Ortíz - Demandado: Alcalde del Municipio de Purísima Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado 10 Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co “… sin la menor duda, que la fijación o asignación del régimen de

inhabilidades tiene reserva legal. Es decir, que únicamente el constituyente y el legislador son las autoridades habilitadas por el ordenamiento Superior para determinar las circunstancias constitutivas de inhabilidad para acceder al desempeño de cargos o empleos públicos o para continuar en su ejercicio (inhabilidades sobrevinientes). De contera, el Presidente de la República, en ejercicio de la facultad reglamentaria contemplada en el artículo 189 numeral 11 de la Constitución, no puede arrogarse la atribución de fijar régimen alguno de inhabilidades, mucho menos acudiendo a la técnica del reenvío para hacer que las inhabilidades dictadas por el legislador para ciertos servidores públicos sean a su vez aplicables a otros pero por voluntad del jefe del Gobierno Nacional. Si bien es cierto que tales inhabilidades tienen asiento en una ley, no es el legislador quien decide a qué funcionarios aplicárselas, sino que esa decisión la asume sin competencia el Presidente de la República, no obstante que es el órgano legislativo a quien le concierne hacerlo”. 2 Pues bien, conforme a lo anteriormente señalado, esta Delegada puede concluir que el Acuerdo 017 de 2000, expedido por el concejo del municipio de Barranquilla – Atlántico -, no consagra de manera expresa régimen alguno de inhabilidades para los alcaldes locales y que de haberlo realizado, el mismo sería inaplicable por ser manifiestamente contrario a la Constitución, luego entonces, se concluye que por este argumento que es el señalado por el actor que apela la decisión de primera instancia, no se pueden enervar los efectos de la sentencia. Empero, la conclusión a la que se arriba no significa que se esté afirmando que los

alcaldes locales carezcan de un régimen que establezca sus requisitos o calidades, inhabilidades y las incompatibilidades que les sean aplicables, de manera alguna se llega a esa conclusión menos si tenemos en cuenta que la norma que ha erigido a Barranquilla en Distrito Especial señaló lo siguiente sobre el particular: “ACTO LEGISLATIVO 01 DE 1993 (Agosto 17) Por medio del cual se erige a la ciudad de Barranquilla, Capital del Departamento del Atlántico, en Distrito Especial, Industrial y Portuario. 2 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta - Consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro – Sent. de(19 de septiembre de 2013 - Expedientes: 110010328000201200051-00 - 11001032800020120005200 - 110010328000201200057-00 - Demandante: Eduardo Carmelo Padilla Hernández y otros - Demandados: Director CAR – Dr. Alfred Ignacio Ballesteros A. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado 11 Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co El Congreso de Colombia, DECRETA ARTICULO 1º. La ciudad de Barranquilla se organiza como Distrito Especial, Industrial y Portuario. El Distrito abarcará además la compresión territorial del barrio de Las Flores de esta misma ciudad, el corregimiento de La Playa del Municipio de Puerto Colombia y el tajamar occidental de Bocas de Ceniza en el Río Magdalena, sector Ciénaga de Mallorquín, en el Departamento del Atlántico.

Su régimen político, fiscal y administrativo será el que determinen la Constitución y las leyes especiales que para el efecto se dicten, y en lo no dispuesto en ellas, las disposiciones vigentes para los municipios. A su vez la Ley 768 de 2002, “Por la cual se adopta el régimen político, administrativo y fiscal de los Distritos Portuario e Industrial de Barranquilla, Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta” estableció sobre este aspecto lo siguiente: Artículo 2°. Régimen aplicable. Los Distritos Especiales de Barranquilla, Cartagena de Indias y Santa Marta, son entidades territoriales organizadas de conformidad con lo previsto en la Constitución Política, que se encuentran sujetos a un régimen especial autorizado por la propia Carta Política, en virtud del cual sus órganos y autoridades gozan de facultades especiales diferentes a las contempladas dentro del régimen ordinario aplicable a los demás municipios del país, así como del que rige para las otras entidades territoriales establecidas dentro de la estructura político administrativa del Estado colombiano. En todo caso las disposiciones de carácter especial prevalecerán sobre las de carácter general que integran el régimen ordinario de los municipios y/o de los otros entes territoriales; pero en aquellos eventos no regulados por las normas especiales o que no se hubieren remitido expresamente a las disposiciones aplicables a alguno de los otros tipos de entidades territoriales previstas en la C.P. y la ley, ni a las que está sujeto el Distrito Capital de Bogotá, estos se sujetarán a las disposiciones previstas para los municipios. (Negrillas no

son del texto original) Por último la Ley 1617 de 2013, norma que consagra el régimen especial para los Distritos Especiales en su artículo segundo estableció en relación con su régimen jurídico lo siguiente: “Artículo 2°. Régimen aplicable. Los distritos son entidades territoriales organizadas de conformidad con lo previsto en la Constitución Política, que se encuentran sujetos a un régimen especial, en virtud del cual sus órganos y Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado 12 Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co autoridades gozan de facultades especiales diferentes a las contempladas dentro del régimen ordinario aplicable a los demás municipios del país, así como del que rige para las otras entidades territoriales establecidas dentro de la estructura político administrativa del Estado colombiano. En todo caso las disposiciones de carácter especial prevalecerán sobre las de carácter general que integran el régimen ordinario de los municipios y/o de los otros entes territoriales; pero en aquellos eventos no regulados por las normas especiales, o que no se hubieren remitido expresamente a las disposiciones aplicables a alguno de los otros tipos de entidades territoriales, previstas en la Constitución Política, la ley, ni a las que está sujeto el Distrito Capital de Bogotá, estos se sujetarán a las disposiciones previstas para los municipios. PARÁGRAFO. Las disposiciones contenidas en la presente ley, son aplicables a todos los distritos creados y que se creen, a excepción del Distrito

Capital de Bogotá”. Ahora bien, el a-quo en su decisión de primera instancia analizó la situación propuesta por el actor (quien afirma que esta disposición no ha derogado el Acuerdo 017 de 2002) en relación con el artículo 40 ibídem cuyo tenor es como sigue: Artículo 40. Requisitos para ser Alcalde Local. Para ser alcalde local se debe cumplir con los mismos requisitos que el alcalde distrital. El concejo distrital reglamentará sus funciones y asignación salarial, inhabilidades, incompatibilidades y todo lo relacionado con el cargo conforme a las disposiciones legales vigentes. Su período será el del alcalde distrital y el costo de estas asignaciones salariales será cubierto por los recursos propios del distrito” De su estudio el a-quo colige y concluye que no es posible aplicar la norma como lo pretende el actor por cuanto la regla que rige en materia de la vigencia de la ley en el tiempo es que ésta opera a futuro y no se aplica retroactivamente, de donde no es aceptable la tesis del demandante que pretende la aplicación retroactiva del artículo 40 de la Ley 1617 de 2012, y de igual manera que se entienda que por virtud de este mandato el régimen de inhabilidades de los alcaldes locales es el mismo que resulta común y general para todos los alcaldes del país y que así se