PGN - REGIMEN DE RESPONSABILIDAD - Objetiva y subjetiva con distintos títulos de imputación 1116

Procuraduría General de la Nación

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Detalles

Título
PGN - REGIMEN DE RESPONSABILIDAD - Objetiva y subjetiva con distintos títulos de imputación 1116
Autor
Procuraduría General de la Nación
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
—

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Falla del Servicio por falta de señalización en la vía donde se produjo accidente de tránsito causando lesiones RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Por acción o por omisión El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. RESPONSABILIDAD GENERAL DEL ESTADO-Elementos/DAÑO ANTIJURÍDICO-Culpa como elemento tradicional de la responsabilidad/IMPUTACIÓN-Definición Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportarlo, presentándose un desplazamiento de la culpa, que era el elemento tradicional de la responsabilidad, para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Aplicación de los elementos estructuradores en que descansa en la culpa/PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA-Aplicabilidad jurisprudencial del Consejo de Estado

A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD-Objetiva y Subjetiva con distintos títulos de imputación/RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA-Es conocida como falla del servicio/RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA-El título conocido como daño especial

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Carrera 5ª No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Pbx. 5878750 Exts.12076-12080 050012331000200603498 01 (47771) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2014-13298 Ahora bien, el Consejo de Estado, por vía de evolución jurisprudencial, ha hecho diversas manifestaciones en lo que se refiere a los dos regímenes de responsabilidad administrativa, deduciendo de cada uno de ellos distintos títulos de imputación. En lo que corresponde al régimen de responsabilidad subjetiva, se impone el conocido

como la falla del servicio, cuando en la producción del hecho dañoso interviene la Administración, bien sea por una acción o una omisión de parte de sus agentes. Y en el ámbito del régimen de responsabilidad objetiva, entre otros, se ha construido el título conocido como daño especial, que se materializa cuando el Estado, en cumplimiento de funciones legítimas, ocasiona a los administrados un daño con el cual se rompe el equilibrio de las cargas públicas que deben soportar todas las personas y los bienes, haciendo más gravosa la situación de unos frente a los otros. Igualmente manifiesta el

H. Consejo de Estado que, dentro del campo de la responsabilidad objetiva, cabe predicar la existencia del título de imputación denominado riesgo excepcional, que se estructura cuando el individuo es expuesto a un riesgo mayor del que están obligados a aceptar todas las personas y con el cual se genera la ruptura del equilibrio de las cargas públicas; por manera que, al ocurrir el siniestro derivado del riesgo potencial creado por el Estado, se produce un daño a una persona o a sus bienes, lo cual origina para el Estado el deber de responder por los perjuicios que con la concreción del mismo se pudieran producir. 2 050012331000200603498 01 (47771)

5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2014-13298

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Bogotá, 24 de enero de 2014

Doctor

RAMIRO PAZOS GUERRERO

Consejero Ponente – Sección Tercera – Subsección “B”

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Referencia: Concepto 14-6

Acción: Reparación Directa

Radicado: 050012331000200603498 01 (47771)

Actor: Francisco Javier Ramírez y otros

Demandado: Nación – Ministerio de Transporte – Instituto

Nacional de Vías Honorable Señor Consejero: Estando dentro término del traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto dentro del proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado, en virtud de los recursos de apelación interpuestos por las partes, mediante los cuales se solicita la revocatoria del fallo de primera instancia, con base en las argumentaciones que a continuación se exponen:

I. ANTECEDENTES Demanda En ejercicio de la acción de reparación directa, por intermedio de apoderado judicial, el señor FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ y otros, solicitaron al Tribunal Administrativo de Antioquia que se declarara la responsabilidad administrativa de la NACIÓN – MINISTERIO DE

TRANSPORTES - INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS, por los 3 050012331000200603498 01 (47771)

5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2014-13298 perjuicios materiales e inmateriales ocasionados con el accidente de tránsito en el que se vio involucrado el actor principal, y que tuvo lugar el 12 de noviembre de 2005. Como consecuencia de la anterior declaratoria, solicitaron la condena al pago de los perjuicios materiales e inmateriales que tales hechos les ocasionaron. Contestación Instituto Nacional de Vías La entidad negó la ocurrencia de algunos hechos, manifestó que los demás debían ser demostrados y que la víctima debió tener suficiente

visibilidad para ver el derrumbe pero por el exceso de velocidad con la que se movilizarse no se percató de su existencia. Agregó que la vía si contaba con señales preventivas que advertían sobre la existencia de derrumbes en la vía, que los mismos provenían de una falla geológica, que conforme al croquis levantado en el sitio de los hechos el derrumbe no ocupaba la totalidad del carril por el que debía movilizarse el demandante, pero su exceso de velocidad no pudo maniobrar y terminó chocándose contra el mismo. En su defensa propuso las excepciones “culpa exclusiva de la víctima”, “inexistencia de nexo causal” e inexistencia de la relación causal”. Ministerio de Transporte Dicha accionada se opuso a las pretensiones, manifestó no constarle los hechos de la demanda y adujo que debía ser exonerada de responsabilidad, ya que, en su consideración, el estudio, construcción, 4 050012331000200603498 01 (47771) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2014-13298 conservación y pavimentación de las carreteras nacionales era una obligación a cargo del Instituto Nacional de Vías, razón por la cual, propuso las excepciones “falta de legitimación en la causa por pasiva”, “inexistencia del daño pretendido”, “ausencia de responsabilidad”. Sentencia Mediante decisión del 30 de octubre de 2012 el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala de Descongestión – Subsección de Reparación Directa, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Transporte, la responsabilidad

administrativa del Instituto Nacional de Vías – INVIAS y, en consecuencia, condenó a esta última al pago de los perjuicios materiales e inmateriales que encontró demostrados en el plenario, teniendo como presupuesto las consideraciones de mayor relevancia que pasan a indicarse: “(…) 5 050012331000200603498 01 (47771) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2014-13298 7.2 De la responsabilidad del INVIAS Conforme a las pruebas analizadas, la Sala concluye que el INSTITUTO NACIONAL DE VIASINVIAS, es administrativamente responsable por las lesiones sufridas por el señor FRANK ESTEBAN RAMÍREZ RESTREPO, con ocasión del accidente de tránsito sufrido el 12 de noviembre de 2005 en la vía que de Bolombolo conduce a Amagá en el kilómetro 68+100, al hacer contacto con un derrumbe que se encontraba sobre el carril por el cual se desplazaba la víctima, obstaculizando el paso del mismo, advirtiendo que dicho tramo de la vía carecía de iluminación, y además el deslizamiento de tierra no tenía señales preventivas que alertaran a los usuarios de la vía sobre su existencia. De acuerdo con los medios de prueba que obran en el plenario, para la Sala es claro que el deslizamiento de tierra era previsible, toda vez que tal como se infiere de la declaración de la Dra. DIANA MARIELA GARCÍA ORTIZ, quien para ese entonces fungía como Inspectora de Policía y Tránsito del municipio de Titiribí, y adelantó el trámite contravencional tramitado por el hecho, durante la época de los

hechos, la región atravesaba una ola invernal que ocasionó varios derrumbes en las vías, lo cual a su vez encuentra respaldo en la declaración del señor GONZALO DE JESÚS JIMÉNEZ MORENO, ingeniero civil y supervisor de carreteras, quien aseguró que es normal que en épocas de invierno se produzcan pequeños o incluso grandes derrumbes, lo cual quiere decir, sin lugar a dudas que el hecho era previsible, y por lo tanto, era deber de la entidad no sólo ejecutar las respectivas labores de mantenimiento sobre la vía, con el fin de remover los deslizamientos de tierra, sino al menos señalizarlos, con el fin de evitar accidentes como el que sufrió la víctima, y además instalar las iluminaciones necesarias para que pudiera ser avistado con antelación. (…) … Lo cierto es la entidad demandada no logró demostrar que el conductor de la motocicleta se desplazaba con exceso de velocidad, y en contraste con ello, de los testimonios de la señorita ELIZABETH MEJÍA RESTREPO y JAVIER ALCIDES RESTREPO, se infiere que la víctima iba a una velocidad normal, entre 40 y 50 kilómetros por hora, sin embargo no pudo esquivar el derrumbe, ya que por la falta de iluminación de la vía y la ausencia de señales preventivas, no pudo verlo a tiempo, circunstancia a la cual se suma el estado húmedo de la carretera, dado que en ese momento se encontraba lloviendo. En este orden de ideas, carece de relevancia si el demandante perdió el control de su motocicleta al hacer contacto directo con el derrumbe o

cuando hizo contacto con las piedras que del mismo se desprendían, pues lo cierto es que no había ninguna señal preventiva que lo alertara sobre la existencia de dicho fenómeno, lo cual constituye una falla en el servicio imputable al INVIAS, por ser éste el encargado del mantenimiento de dicha carretera. (…) 6 050012331000200603498 01 (47771) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2014-13298 Igualmente, carece de respaldo probatorio su hipótesis según la cual, el derrumbe tenía apenas un tamaño de ochenta centímetros y sólo tapaba la berma de la carretera, pues al contrario, son múltiples las pruebas que indican que en efecto el alud era de un tamaño considerable y ocupaba gran parte del carril por el cual se desplazaba la víctima. Aunque es cierto que no existe una expedición medición exacta del derrumbe, y que los dichos de los testigos se basan principalmente en sus apreciaciones visuales, las cuales podrían tener un viso de subjetividad, no es menos cierto que todos coinciden en tal circunstancia, lo cual además de revestirlo de un mayor grado de objetividad y razonabilidad, derrumba por completo lo sugerido por el INVIAS, quien para sostener que el derrumbe sólo tapaba la berma, únicamente cuenta con la declaración del señor GILDARDO DE JESÚS PALACIO ORREGO, quien acudió al lugar días después del siniestro, por lo cual su versión decae ante las de los señores JOSÉ ALCIDES RESTREPO, ELIZABETH MEJÍA RESTREPO y CARLOS ORLANDO ALCARAZ quien son testigos directos de los hechos y además se

encuentra la declaración del patrullero JUAN MARCELO SANTAMARÍA, quien elaboró el croquis del accidente, razón por la cual, para la Sala sus dichos ofrecen mayor credibilidad y proximidad a la realidad que los del señor PALACIO ORREGO. Tampoco se demostró que el RAMÍREZ RESTREPO no portara el casco de seguridad, ya que como lo dijo su prima ELIZABETH RESTREPO en la declaración rendida dentro del trámite contravencional, ambos portaban dicho elemento, a lo cual se une la declaración del señor ALCIDES RESTREPO, y en el croquis no se indica tal hecho de manera positiva ni negativa. Además, de la historia clínica se infiere que sí usaba el casco de seguridad, toda vez que de no haber sido así, por la magnitud de la caída, habría sufrido múltiples y graves lesiones en el cráneo, pero nótese que las lesiones que sufrió fueron en el abdomen y la pelvis, lo cual es un indicio grave de que en realidad sí usaba el casco, pero muy seguramente su prima se lo removió para tratar de ver en qué estado se encontraba, tal como lo manifestó en su versión… En conclusión, habida consideración de lo expuesto, para la Sala el daño sufrido por los demandantes, es imputable al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) a título de falla en el servicio, al haber omitido instalar las iluminaciones necesarias en la carretera que de Bolombolo conduce a Ciudad Bolívar, y las señales preventivas en el derrumbe que existía en el tramo del kilómetro 68+100, lo cual ocasionó el accidente de tránsito que sufrió FRANK ESTEBAN

RAMÍREZ RESTREPO.

En consecuencia, se declarará la responsabilidad del INVIAS y se ordenará indemnizar los perjuicios que se encuentren debidamente acreditados. (…)” 7 050012331000200603498 01 (47771) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2014-13298 APELACIÓN Instituto Nacional de Vías La entidad indicó que el Tribunal basó su decisión en pruebas insuficientes para demostrar su responsabilidad, ya que con las mismas no podía establecerse la relación entre la omisión imputada y el resultado dañoso objeto de demanda, máxime cuando el señor FRANK ESTEBAN RAMÍREZ no atendió los parámetros de seguridad establecidos en las normas de tránsito y condujo a exceso de velocidad. Finalmente se opuso al monto de los perjuicios materiales reconocidos a la parte actora, ya que se liquidó cesante como si se tratara de un empresario, cuando el expediente no dio cuenta del desarrollo de dicha actividad. Parte Demandante En primer término indicó que los perjuicios morales reconocidos no se compadecía con la realidad vivida por los actores, que la sentencia debía ser modificada para que se reconociera 200 salarios mínimos a cada uno de ellos, que se elevara el monto del daño a la vida de relación que fue reconocido y que, a su vez, se concediera al grupo familiar. Finalmente, en lo que atañe al lucro cesante, manifestó que debía reconocerse un 25% adicional por concepto de prestaciones sociales, ya que dicho aspecto era un imperativo legal que no podía ser omitido en la sentencia.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

1. Problemas Jurídicos 8 050012331000200603498 01 (47771)

5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2014-13298  ¿El hecho de tránsito ocurrido el 12 de noviembre de 2005 es atribuible a una falla del servicio Instituto Nacional de Vías y/o el Ministerio de Transporte?

2. Análisis Jurídico El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportarlo, presentándose un desplazamiento de la culpa, que era el elemento tradicional de la responsabilidad, para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de

aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que 9 050012331000200603498 01 (47771) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2014-13298 tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. Ahora bien, el Consejo de Estado, por vía de evolución jurisprudencial, ha hecho diversas manifestaciones en lo que se refiere a los dos regímenes de responsabilidad administrativa, deduciendo de cada uno de ellos distintos títulos de imputación. En lo que corresponde al régimen de responsabilidad subjetiva, se impone el conocido como la falla del servicio1, cuando en la producción del hecho dañoso interviene la Administración, bien sea por una acción o una omisión de parte de sus agentes. Y en el ámbito del régimen de responsabilidad objetiva, entre otros, se ha construido el título conocido como daño especial2, que se materializa cuando el Estado, en cumplimiento de funciones legítimas, ocasiona a los administrados un daño con el cual se rompe el equilibrio de las cargas públicas que deben soportar todas las personas y los bienes, haciendo más gravosa la situación de unos frente a los otros. Igualmente manifiesta el H. Consejo de Estado que, dentro del campo de la responsabilidad objetiva, cabe

predicar la existencia del título de imputación denominado riesgo excepcional3, que se estructura cuando el individuo es expuesto a un 1 Al respecto de este tema pueden consultarse sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado, tales como: Sentencia del 13 de mayo de 1996, expediente 10627; Sentencia del 5 de septiembre de 1996, expediente 10654; Sentencia del 3 de abril de 1997, expediente 12378; Sentencia del 3 de febrero de 2000, expediente 14787; Sentencia del 2 de mayo de 2002, expediente, 13251; Sentencia del 23 de Octubre de 2003. 2 Pueden tenerse como referencia las siguientes sentencias emitidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: Sentencia del 8 de febrero de 1999, expediente 10731; Sentencia del 29 de abril de 1994, expediente 7136; Sentencia del 9 de febrero de 1995, expediente 9550. 3 En consideración de la aplicación del tema se relacionan las siguientes sentencias: Sentencia del 19 de abril de 2001, expediente 12179; Sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente 15571; Sentencia del 28 de junio de 2006, expediente 1995-00196. 10 050012331000200603498 01 (47771) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2014-13298 riesgo mayor del que están obligados a aceptar todas las personas y con el cual se genera la ruptura del equilibrio de las cargas públicas; por manera que, al ocurrir el siniestro derivado del riesgo potencial creado por el Estado, se produce un daño a una persona o a sus bienes, lo cual

origina para el Estado el deber de responder por los perjuicios que con la concreción del mismo se pudieran producir. Caso concreto Los hechos de la demanda fueron sintetizados por el A quo en los siguientes términos: “(…) 1.- Del matrimonio de FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ MONTOYA y BLANCA LUZ RESTREPO OSORIO, nacieron los señores JAVIER GEOVANNY y FRANK ESTEBAN RAMÍREZ RESTREPO. 2.- El 12 de noviembre de 2005, aproximadamente a las 6:50 p.m., los jóvenes FRANK ESTEBAN RAMÍREZ y ELIZABETH MEJÍA RESTREPO, se desplazaban en la motocicleta marca Honda, modelo CG, de placas FLB 75, del municipio de Itagüí (Ant.) a Ciudad Bolívar (Ant.). 3.- El joven FRANK ESTEBAN conducía la motocicleta a unos 40 o 50 kilómetros por hora, cuando a la altura del kilómetro 68+100, en jurisdicción del municipio de Titiribí (Ant.), inesperadamente - dado que no existía ninguna señalización-, se encontró con un derrumbe que obstaculizaba casi en su totalidad la calzada o carril derecho por el cual transitaba, y al tratar de esquivarlo no pudo maniobrar la motocicleta, perdiendo el equilibrio, ya que la llanta delantera de la misma se clavó en el montículo de tierra y perdió estabilidad. Como consecuencia de ello fue expulsado hasta colisionar con el vehículo que transitaba en la calzada opuesta. La moto quedó delante del carro, y quien estaba de parrillera, ELIZABETH MEJÍA RESTREPO

cayó sobre el carril por el cual se desplazaba. 4.- El vehicula contra el cual colisiono el cuerpo de FRANK ESTABAN era un camión Dodge, de placas TNE 003, conducido por el señor

CARLOS ORLANDO ALCATRAZ V. 11 050012331000200603498 01 (47771)

5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2014-13298 5.- Señalan que para el día y hora del accidente, es decir, el 12 de noviembre de 2005 a las 6:50 p.m., la vía se encontraba mojada debido a la lluvia, por lo cual el joven RAMÍREZ RESTREPO transitaba a baja velocidad. Igualmente, según el croquis levantado por las autoridades de la Policía de Carreteras, había derrumbes en la vía, se encontraba húmeda, sin iluminación y no tenía ninguna señal. Además en el croquis se observa el derrumbe que cubría la calzada por la cual se desplazaba la motocicleta, lo cual se ve corroborado por los testimonios de los señores JAVIER ALCIDES RESTREPO MORENO, CARLOS ORLANDO ALCARAZ y ELIZABETH MEJÍA RESTREPO, quienes dieron sus versiones dentro del trámite contravencional adelantado por la Inspección Municipal de Policía y Tránsito de Titiribí CAnt.), la cual mediante Resolución No. 004 de 2006 exoneró de responsabilidad tanto al conductor de la moto como al del camión, por considerar que el siniestro obedeció al mal estado de la vía y a la falta de señalización. 6.- Luego del accidente, FRANK ESTEBAN RAMIREZ fue trasladado

al Hospital de Bolombolo (Ant.), y de allí fue remitido al Hospital San Vicente de Paúl, en donde permaneció hospitalizado desde el 12 de noviembre de 2005 hasta el 8 de enero de 2006, tiempo en el cual fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas. 7.- Como consecuencia del accidente, a FRANK ESTEBAN le quedaron varias secuelas, tales como minusvalía, incontinencia urinaria, y perdió el 70.66% de su capacidad laboral, tal como fue dictaminado por la Junta de Calificación de Invalidez de Antioquia en dictamen del 25 de abril de 2006. Además de las lesiones, también sufrió secuelas de tipo estético, según se aprecia en el primer reconocimiento médico legal, realizado por el legista del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 8.- El mantenimiento de la vía en la cual ocurrió el accidente, le correspondía al INVIAS, según Oficio del 25 de julio de 2006 expedido por esa entidad, en el cual además se reconoce el mal estado en el que se encontraba la vía. 9.- Para el mes de noviembre de 2005, FRANK ESTEBAN RAMÍREZ RESTREPO, laboraba de manera independiente en la comercialización y venta de equipos de cómputo. Los ingresos que percibía por dicha actividad, fueron certificados por contador público. (…)” Para el Tribunal Administrativo de Antioquia los hechos objeto de demanda eran atribuibles al Instituto Nacional de Vías por haber incurrido en una falla del servicio determinante en la ocurrencia del daño causado a la parte actora y, ante la ausencia de eximentes de

responsabilidad, declaró que era administrativamente responsable y la 12 050012331000200603498 01 (47771) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2014-13298 condenó al pago de los perjuicios materiales e inmateriales que encontró demostrados en el plenario. Se encuentra acreditado que el 12 de noviembre de 2005 en el kilómetro 68+100 - vía Bolombolo – Amaga (Antioquia), el señor FRANK ESTEBAN RAMÍREZ se vio involucrado en un accidente de tránsito en el sufrió diferentes lesiones de las que dio cuenta la historia clínica levantada en el Hospital San Vicente de Paúl y en los reconocimientos médicos que le practicaron. 13 050012331000200603498 01 (47771) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2014-13298 En la copia del informe del accidente que fue allegada con la demanda quedó consignado que la vía en la que ocurrieron los hechos no tenía iluminación, que se encontraba húmeda, sin señalización, con derrumbes, y que la vía era pendiente y recta. En la demanda se indicó que el siniestro ocurrió por un derrumbe que ocupaba casi todo el carril por el que se movilizaba el actor principal en su motocicleta, que por lo oscuridad de la zona, la humedad del terreno y la falta de señalización no pudo percatarse de su existencia antes de impactarlo y por ello salió lanzado hacía el otro carril por el que venía el camión que le produjo las lesiones. Dicha versión es corroborada con lo consignado en el informe de

accidente que elaboraron las autoridades de tránsito, el cual además graficó el tamaño del derrumbe y permitió establecer que ocupaba casi la totalidad de la calzada por la que debía ir el señor FRANK ESTEBAN

RAMÍREZ RESTREPO.

Con base en dicho informe la Inspección Municipal de Policía y Tránsito de Titiribí emitió la resolución No. 004 de 2006, mediante la cual decidió exonerar de responsabilidad por violación a las normas de tránsito a los señores FRANK ESTEBAN RAMÍREZ RESTREPO (conductor de la moto y lesionado), y CARLOS ORLANDO ALCATRAZ (conductor del camión), ya que conforme a dicho documento y las versiones de los testigos del hecho, el siniestro ocurrió porque el conductor de la motocicleta no pudo maniobrar por el mal tiempo, la poca iluminación, el mal estado de la vía, y la ausencia de señales preventivas que indicaran el derrumbe y el inminente peligro al que podían verse expuestos quienes transitaran por dicho sitio. 14 050012331000200603498 01 (47771) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2014-13298 El señor CARLOS ORLANDO ALCATRAZ manifestó que el día de los hechos (aproximadamente a las 6:45 p.m.), en el lugar de los hechos existía un derrumbe en el carril derecho, que había llovido mucho, y que el piso estaba todavía estaba mojado cuando se encontró con el muchacho que venía en la moto, quien no pudo esquivar el citado derrumbe y se fue contra su vehículo. Dicha persona también expresó que el accidente pudo obedecer a que en

el sitio no existía ninguna señalización que indicara la existencia del derrumbe, que el mismo ocupaba casi todo el carril, que por esquivar el derrumbe el motocicleta le dio a una piedra, perdió el control y se fue hacía su carril y colisiono contra el rodante que el conducía. Por su parte, la señora ELIZABETH MEJÍA RESTREPO (parrillera del motociclista lesionado), manifestó que por el sitio no existía cinta o señalización alguna que evidenciara la existencia del derrumbe, que en ese momento se movilizaban aproximadamente a 40 kilómetros por hora, que antes del derrumbe existían unas piedras, y que eso los hizo deslizar y chocar con el derrumbe. Mediante oficio del 25 de julio de 2006 el Instituto Nacional de Vías certificó que el kilómetro 68+100 – jurisdicción del municipio de Titiribí era una vía del orden nacional, que pertenecía a la nación, que dicha entidad era la encargada de realizar su mantenimiento, el cual cumplía por medio de contratistas y que el derrumbe ocurrido en dicho sector el día de los hechos solo ocupaba la berma de la vía. 15 050012331000200603498 01 (47771) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2014-13298 Con los elementos de juicio mencionados hasta este punto puede afirmarse que, tal como lo concluyó el A quo, el siniestro en el que resultó lesionado el señor FRANK ESTEBAN RAMÍREZ RESTREPO es atribuible al Instituto Nacional de Vías, ya que se demostró que el día de

los hechos existía un derrumbe que ocupaba casi la totalidad del carril por el que se movilizaba la víctima, y que no existía señalización alguna que advirtiera de su existencia y del peligro que podía existir para quienes transitan por dicho lugar. Por lo anterior se comparte la declaratoria de responsabilidad declarada en el fallo de segunda instancia, ya que la causa eficiente del hecho fue la existencia de un derrumbe en una vía a cargo del INVIAS, obstáculo que según se demostró en el plenario ocupaba casi la totalidad del carril por el que se movilizaba la víctima, y del cual no pudo tener conocimiento alguno por ausencia de señalización, lo cual se traduce en una falla del servicio que permite imputarle el daño y condenarla al pago de los perjuicios generados. Pese a lo anterior, encuentra la Delegada que en el presente asunto pudieron existir circunstancias que habrían contribuido en la ocurrencia del hecho y, para tal efecto, nos dispondremos a realizar su análisis. Concausa El Instituto Nacional de Vías adujo que no existían elementos de juicio que permitieran demostrar que el hecho le era imputable y que, por el contrario, el mismo obedeció a la culpa exclusiva de la víctima, ya que, además de existir un derrumbe de la magnitud consignada en el croquis, el señor FRANK ESTEBAN RAMÍREZ RESTREPO debió ir a mucha velocidad para no percatarse del derrumbe y poder esquivarlo. 16 050012331000200603498 01 (47771) 5aCdeE/IJJ/Llms

IUS-2014-13298 Aunque la Delegada comparte que el hecho se produjo porque la víctima no pudo prever la existencia del derrumbe (debido a la falta de señalización), tampoco puede desconocerse que la víctima si pudo transitar a una velocidad elevada para las condiciones de la vía por la que se movilizaba, ya que es un hecho reconocido y no discutido que la misma se encontraba húmeda porq

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