PGN - REGIMEN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO - Aplicación de los elementos estr

ACCIÓN DE REPARACION DIRECTA-Por los perjuicios causados por la retención de maquinaria destinada a la explotación minera RESPONSABILIDAD GENERAL DEL ESTADO-Elementos El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. DAÑO ANTIJURÍDICO-Culpa como elemento tradicional de la responsabilidad/IMPUTACIÓN-Definición Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportar, presentándose un desplazamiento de la culpa, que era el elemento tradicional de la responsabilidad, para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Aplicación de los elementos estructuradores en que descansa en la culpa/PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA-Aplicabilidad jurisprudencial del Consejo de Estado En cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores

de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA-Titulo de imputación objetiva y subjetiva/RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA-Falla del servicio/RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA-Aplicabilidad jurisprudencial del Consejo de Estado

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Carrera 5ª No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Pbx. 5878750 Exts.12076-12080 730012333000201300651 02 (57504) 5aCdeE/MIPC/Llms

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Ahora bien, el Consejo de Estado, por vía de evolución jurisprudencial, ha hecho diversas manifestaciones en lo que se refiere a los dos regímenes de responsabilidad administrativa, deduciendo de cada uno de ellos distintos títulos de imputación. En lo que corresponde al régimen de responsabilidad subjetiva, se impone el conocido como la falla del servicio, cuando en la producción del hecho dañoso interviene la

Administración, bien sea por una acción o una omisión de parte de sus agentes. Y en el ámbito del régimen de responsabilidad objetiva, entre otros, se ha construido el título conocido como daño especial, que se materializa cuando el Estado, en cumplimiento de funciones legítimas, ocasiona a los administrados un daño con el cual se rompe el equilibrio de las cargas públicas que deben soportar todas las personas y los bienes, haciendo más gravosa la situación de unos frente a los otros. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA-Imputación de riesgo excepcional/RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA-Aplicabilidad jurisprudencial del Consejo de Estado Igualmente manifiesta el H. Consejo de Estado que, dentro del campo de la responsabilidad objetiva, cabe predicar la existencia del título de imputación denominado riesgo excepcional, que se estructura cuando el individuo es expuesto a un riesgo mayor del que están obligados a aceptar todas las personas y con el cual se genera la ruptura del equilibrio de las cargas públicas; por manera que, al ocurrir el siniestro derivado del riesgo potencial creado por el Estado, se produce un daño a una persona o a sus bienes, lo cual origina para el Estado el deber de responder por los perjuicios que con la concreción del mismo se pudieran producir. LICENCIA AMBIENTAL-Actividad autorizada no podía tener medidas restrictivas Así las cosas, partiendo de la existencia de una concesión minera legalmente otorgada que, además, contaba con licencia ambiental emitida por la Corporación Autónoma Regional del Tolima, no existe justificación alguna para el proceder del municipio de Ataco, pues ante el ejercicio de una actividad que estaba autorizada legal

y administrativamente no podían adoptarse medidas restrictivas carentes de razones fácticas o jurídicas que hicieran imperioso proteger una posible afectación ambiental. IMPUTACIÓN DEL DAÑO-Responsabilidad de la máxima autoridad administrativa Así las cosas, tal como lo concluyó el Tribunal Administrativo del Tolima, por los hechos objeto de la demanda sólo puede ser responsabilizado el municipio de Ataco (Tolima), pues la autoridad policiva se limitó a cumplir las órdenes o instrucciones de la máxima autoridad administrativa del municipio, sin haber intervenido en el análisis de la legalidad, conveniencia o justificación de la misma, sino como un simple ejecutor de la voluntad del alcalde municipal. INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS-Procede sin importar su origen/INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS-Aplicabilidad jurisprudencial del Consejo de Estado 2 730012333000201300651 02 (57504) 5aCdeE/MIPC/Llms

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Frente al reconocimiento de este tipo de perjuicios el Consejo de Estado ha indicado que “hay lugar a indemnizar todo perjuicio moral, sin importar su origen, inclusive el derivado de la pérdida de bienes materiales o el causado con el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, siempre que, como sucede en relación con cualquier clase de perjuicios, aquéllos sean demostrados en el proceso”. SUBCONTRATOS-Beneficiarios de título minero según regulación legal PERJUICIOS MATERIALES-En abstracto debe el demandante promover el incidente de liquidación Por lo anterior, en consonancia con lo indicado en la decisión de primera instancia,

aunque deba declararse la responsabilidad del municipio de Ataco por los perjuicios materiales que a título de lucro cesante causó a la parte actora, al no existir soportes suficientes para su cálculo, se considera apropiada la condena en abstracto que se emitió en primera instancia, quedando el deber para la demandante que, en procura de sus intereses, promueva el respectivo incidente de liquidación en el que se demuestre y calcule el monto al que ascendió el daño que le fue causado. CONDENA EN ABSTRACTO-Regulación legal 3 730012333000201300651 02 (57504) 5aCdeE/MIPC/Llms

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PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Bogotá, 29 de septiembre de 2017

Doctor

DANILO ROJAS BETANCOURTH

Consejero Ponente – Sección Tercera – Subsección “B”

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Referencia: Concepto 17-82

Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 730012333000201300651 02 (57504)

Actor: Sociedad Lohi SAS.

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía

Nacional, Municipio de Ataco (Tolima) Honorable Señor Consejero, Estando dentro término del traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto dentro del proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado en virtud de los recursos de apelación interpuestos por las partes, mediante los cuales se solicita la revocatoria del fallo de primera instancia, con base

en las argumentaciones que a continuación se exponen:

I. ANTECEDENTES  La Demanda En ejercicio de la acción de reparación directa, por intermedio de apoderado judicial, la Sociedad Lohi S.A.S., solicitó al Tribunal Administrativo del Tolima que se declarara administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa– Policía Nacional y municipio de Ataco por los perjuicios materiales e 4 730012333000201300651 02 (57504)

5aCdeE/MIPC/Llms IUS-E-2017-801402 inmateriales que le ocasionó la retención de maquinaria destinada a la explotación minera en el citado municipio, pero que por acción de las entidades demandadas permaneció retenida y no pudo ser utilizada en dicha actividad entre el 3 de agosto y el 15 de septiembre de 2011. Contestación Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional La entidad indicó que no podía endilgársele responsabilidad alguna debido a que actuó con la finalidad de cumplir la orden impartida por el la Alcaldía del municipio de Ataco que solicitó su apoyo para impedir el ingreso de cualquier tipo de maquinaria destinada a la explotación minera, por lo cual indicó que en su favor se configuraba la causal de exclusión de responsabilidad del “hecho exclusivo y determinante de un tercero”. Municipio de Ataco El ente territorial expresó que de su parte nunca existió orden de retener la maquinaria, que los bienes siempre estuvieron en poder de la sociedad actora, que ésta podía disponer de ellos cuando lo considerara conveniente, y que por ello no podía endilgársele responsabilidad alguna

por los daños objeto de demanda. Sentencia de primera instancia Por providencia del 28 de abril de 2016 el Tribunal Administrativo del Tolima accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, teniendo como presupuesto las consideraciones de mayor relevancia que pasan a indicarse: 5 730012333000201300651 02 (57504) 5aCdeE/MIPC/Llms IUS-E-2017-801402 “(…) Así las cosas, pese a que la hoy accionante reunía todos los requisitos para el ingreso de la maquinaria a la zona de explotación minera (licencia ambiental, concesión minera y contrato de operación), aunado al hecho que contaba con los certificados de importación de la maquinaria expedidos por la autoridad correspondiente, el Alcalde encargado del Municipio de Ataco decidió ordenarle al Comandante de Policía no permitir el ingreso de dicha maquinaria al sitio de concesión, pues, a su juicio, no contaba con el título minero, afirmación totalmente ajena a la realidad tal y quedó demostrado en el plenario. En este orden de ideas, advierte la Sala del material probatorio arrimado a la foliatura, que lo que pretendió la administración municipal con su actuar fue poner en tela de juicio la legalidad de la licencia ambiental otorgada, pues en su criterio el proyecto traería un impacto ambiental negativo en su territorio y CORTOLIMA no lo habría considerado, sumado a que la Corporación nunca les puso en conocimiento los trámites y gestiones adelantados para el otorgamiento de la licencia, situación que se puede evidenciar del cuestionario enviado por el Concejo Municipal al representante legal de LOHI S.A.S… y los

motivos expuestos por la burgomaestre en el acto administrativo mediante el cual revocó el permiso de servidumbre que previamente había concedido a la Sociedad. (…) Vale la pena aclarar que si bien no está probado que se haya efectuado un decomiso propiamente dicho, pues lo ordenado fue la prohibición de ingreso de las retroexcavadoras a la zona de operación, para la Sala es diáfano que la autoridad administrativa - Municipio de Ataco-, limitó de manera caprichosa el derecho de propiedad de la Sociedad demandante. (…) Por último evidencia la Sala que el actuar de la Policía Nacional únicamente se limitó a acatar la orden emitida por la primera autoridad del municipio conforme los postulados del numeral 2° del artículo 315 superior,… (…) En este orden de ideas es evidente que el Comandante de Policía de Ataco ejerció la actividad de policía en estricto sentido, pues dio cabal cumplimiento a la orden emitida por la autoridad administrativa en cabeza del Alcalde Municipal de Ataco, sin extralimitarse en el ejercicio de sus funciones, es decir, actuó conforme a los mandatos constitucionales y legales que rigen su actividad, motivo por el cual la llamada a responder por los perjuicios ocasionados en el sub lite será única y exclusivamente la entidad territorial demandada - Municipio de Ataco. 6 730012333000201300651 02 (57504) 5aCdeE/MIPC/Llms

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Planteado el escenario procesal de la forma vista, y teniendo como fundamento el artículo 90 superior y la jurisprudencia reseñada, la Colegiatura encuentra que el Municipio de Ataco Tolima es responsable del daño antijurídico sufrido por la

Sociedad LOHI S.A.S. al impedir el acceso de las tres (3) retroexcavadoras de su propiedad a la zona de explotación minera en el periodo comprendido entre el 3 de agosto y el 15 de septiembre de 2011. (…)” Apelación

LOHI S.A.S.

El apoderado de la parte actora solicitó la revocatoria de la decisión de primera instancia por considerar que debieron concederse la totalidad de las súplicas de la demanda, y condenarse de manera solidaria a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y al Municipio de Ataco, pues además de estar demostrada la retención de la maquinaria y los perjuicios generados, también se comprobó que dicha institución actuó de manera arbitraria en los hechos causantes del perjuicio. Municipio de Ataco La entidad territorial solicitó la revocatoria de la decisión de primera instancia por considerar que sus actuaciones respondieron a la necesidad de proteger el medio ambiente por un proyecto que podría afectar la salud de los ciudadanos y la flora y fauna del municipio. Agregó que en el presente asunto lo que se debió presentarse fue una acción contractual, y que no era procedente la condena en abstracto por las utilidades dejadas de percibir por el alquiler de la retroexcavadora, ya que correspondía a la parte actora haber acreditado tanto el perjuicio generado como su monto. 7 730012333000201300651 02 (57504) 5aCdeE/MIPC/Llms

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II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Problema Jurídico  ¿Los daños ocasionados con la retención de maquinaria destinada

a la explotación minera por parte de la sociedad Lohi SAS., es atribuible a la Nación –Ministerio de Defensa – Policía Nacional y/o al municipio de Ataco? Análisis Jurídico. El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportar, presentándose un desplazamiento de la culpa, que era el elemento tradicional de la responsabilidad, para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. En cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. 8 730012333000201300651 02 (57504) 5aCdeE/MIPC/Llms

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A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que

tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. Ahora bien, el Consejo de Estado, por vía de evolución jurisprudencial, ha hecho diversas manifestaciones en lo que se refiere a los dos regímenes de responsabilidad administrativa, deduciendo de cada uno de ellos distintos títulos de imputación. En lo que corresponde al régimen de responsabilidad subjetiva, se impone el conocido como la falla del servicio1, cuando en la producción del hecho dañoso interviene la Administración, bien sea por una acción o una omisión de parte de sus agentes. Y en el ámbito del régimen de responsabilidad objetiva, entre otros, se ha construido el título conocido como daño especial2, que se materializa cuando el Estado, en cumplimiento de funciones legítimas, ocasiona a los administrados un daño con el cual se rompe el equilibrio de las cargas públicas que deben soportar todas las personas y los bienes, haciendo más gravosa la situación de unos frente a los otros. 1 Al respecto de este tema pueden consultarse sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado, tales como: Sentencia del 13 de mayo de 1996, expediente 10627; Sentencia del 5 de septiembre de 1996,

expediente 10654; Sentencia del 3 de abril de 1997, expediente 12378; Sentencia del 3 de febrero de 2000, expediente 14787; Sentencia del 2 de mayo de 2002, expediente, 13251; Sentencia del 23 de Octubre de 2003. 2 Pueden tenerse como referencia las siguientes sentencias emitidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: Sentencia del 8 de febrero de 1999, expediente 10731; Sentencia del 29 de abril de 1994, expediente 7136; Sentencia del 9 de febrero de 1995, expediente 9550. 9 730012333000201300651 02 (57504) 5aCdeE/MIPC/Llms

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Igualmente manifiesta el H. Consejo de Estado que, dentro del campo de la responsabilidad objetiva, cabe predicar la existencia del título de imputación denominado riesgo excepcional3, que se estructura cuando el individuo es expuesto a un riesgo mayor del que están obligados a aceptar todas las personas y con el cual se genera la ruptura del equilibrio de las cargas públicas; por manera que, al ocurrir el siniestro derivado del riesgo potencial creado por el Estado, se produce un daño a una persona o a sus bienes, lo cual origina para el Estado el deber de responder por los perjuicios que con la concreción del mismo se pudieran producir. Caso concreto Los hechos en los que la parte actora sustentó sus pretensiones fueron sintetizados en la decisión de primera instancia en los siguientes términos: “(…) Que en fecha 30 de mayo de 2011, la empresa LOHI S.A.S suscribió

un CONTRATO DE OPERACIÓN MINERA con la Sra. ELSY PACHECO DE OSPINA, titular del Contrato de Concesión Minera HF5-113 suscrito con el Instituto Colombiano de Geología y MineríaINGEOMINAS, el 08 de enero de 2006, el cual posee las siguientes características: Área: 129 Hectáreas y 7190.5 M2 Localización del Proyecto Municipio de Ataco - Tolima: Licencia Ambiental: otorgada por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMACORTOLIMA mediante Resolución 4344 del 01 de diciembre de 2010 incluye el permiso de concesión de aguas y aprovechamiento forestal. Que el 21 de junio de 2011 la empresa LOHI SAS logró un contrato de compra de maquinaria y puesta disposición del contrato de operación minera donde se comprometió a iniciar labores de explotación el 20 de junio de 2011; emprendiendo con las labores preparatorias como fueron la conexión de energía eléctrica, construcción de bocatoma para la recolección de agua necesaria para explotación, empezar al cumplimiento de plan ambiental-reforestación, importación y adquisición de maquinaria para la actividad minera. La empresa LOHI SAS en atención a que debía iniciar labores hace necesaria la adquisición del equipo para explotación correspondientes 3 En consideración de la aplicación del tema se relacionan las siguientes sentencias: Sentencia del 19 de abril de 2001, expediente 12179; Sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente 15571; Sentencia del 28 de junio de 2006, expediente 1995-00196. 10 730012333000201300651 02 (57504)

5aCdeE/MIPC/Llms IUS-E-2017-801402 en (adquisición de retroexcavadoras, bulldozer, motobombas, instalación de redes, energía, agua, inicio programas de reforestación, y demás equipo inherente para la extracción técnica de oro. Que dado que el señor Rafael Hierro Valcárcel era el socio capitalista inició las gestiones para la adquisición de la maquinaria y se pactó con los socios que se reconocería la suma de $ 200.000.oo hora y con la autorización de trabajar la maquina tres turnos (situación que garantiza la INOPERANCIA DE LA MAQUINARIA EN UN AÑO) POR EL SOBRE ESFUERZO DE TRABAJO AGOTANDO LA VIDA UTIL DE LA MISMA, ajustado a los precios del mercado para alquiler de retroexcavadoras de ese calibre. Con fundamento en lo anterior el señor HIERRO suscribe a su vez contrato de adquisición de maquinaria con la empresa EXPORTACIONES BAHI S.L. empresa de nacionalidad Española, cuyo objeto consistió en el arrendamiento de tres Retroexcavadoras, las cuales fueron entregadas en puerto colombiano en julio de 2013, con el trámite de importación realizado por LOHI SAS y una vez adelantados los trámites internos de legalización de entrada al país de la maquinaria se logra movilizarla de Cartagena el día 30 de julio con destino a Ataco Tolima. Que desde el 14 de junio de 2011 el representante legal de la Sociedad Lohi SAS inició labores de socialización del proyecto con las autoridades locales de Ataco (Alcalde Municipal, Comandante de

Policía, Comandante de Infantería del Batallón del área de Influencia para Ataco - Batallón Domingo Caicedo No 17. Que en fecha 18 de julio se le solicitó a la señora Alcaldesa convocar una reunión con las entidades del municipio y en compañía de Cortolima para el día 22 de julio para socializar el proyecto minero a iniciar. Que en fecha 28 de junio de 2011 mediante el comunicado MDNCGFM-CE-DIV5-BR6-CDO realizado por el Comandante de La Sexta Brigada (E) Coronel JAIRO MARTIN SANDOVAL MONCAYO se dio contestación de la solicitud de seguridad y acompañamiento al proyecto y a la movilización de la maquinaria. En fecha 28 de julio de 2011 la empresa LOHI SAS suscribió contrato de transporte con la empresa TRANSCONTINENTAL DE SERVICIOS PETROLEROS, a efecto de movilizar la maquinaria del Puerto de Mamonal Cartagena al Municipio de Ataco, por valor de $42.000.000.oo pesos m/cte. Que el 3 de Agosto de 2011, llegó la maquinaria al Municipio de Ataco-Tolima con destino al área de explotación del Contrato de Concesión HF5 -113, movilizándose en tres cama bajas que transportaban el siguiente equipo: Tres Retroexcavadoras de cadena con brazo Monobloc y cazo de 1600 cm3 Marca Komatsu. 11 730012333000201300651 02 (57504) 5aCdeE/MIPC/Llms

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Conteiner con herramientas varias para el montaje y operación minera. Cuando cruzaban por el pueblo fueron retenidos por miembros de la

Policía Nacional en un operativo coordinado por el Comandante de la Estación, el señor JAVIER QUIMBAYO quien al momento de la incautación manifestó que dicha maquinaria se retenía por orden directa de la Alcaldesa Municipal, junto con las cama bajas que las transportaban en total Tres (3). Que el señor AUGUSTO OSPINA JIMENEZ que para el momento era el Secretario de Gobierno estaba actuando como Alcalde Municipal (E) emitió un oficio 0422 de fecha 3 de Agosto de 2011, dirigido al Sargento JAVIER QUIMBAYO Comandante Estación de Policía de Ataco Tolima en los siguientes términos “Por medio del presente oficio me permito solicitarle la colaboración de no permitir el ingreso de ningún tipo de maquina con destino a la explotación minera, toda vez que por parte de ninguna autoridad ambiental se ha comunicado de manera oficial que se haya otorgado un título minero”. Que una vez iniciado el operativo se presentó la totalidad de documentación, los certificados de importación, la existencia del contrato de operación minera, el Contrato de Concesión HF5-113 debidamente otorgado, la Resolución de otorgamiento de la Licencia Ambiental y en general la totalidad de documentos necesarios para demostrar la existencia e intención de operar con ese equipo con el lleno de toda la documentación. Que la Alcaldía municipal de Ataco Tolima ya conocía del proyecto minero y de la existencia de la empresa operadora y las intenciones a desarrollar y participar en una explotación de oro de aluvión en el región y prueba de ello es que es la misma empresa LOHI SAS la que solicita una servidumbre para la instalación de una red eléctrica al

municipio, el cual autoriza mediante acto administrativo de fecha 27 de julio de 2011 el derecho de servidumbre sobre un ejido de propiedad de la Alcaldía. Que en fecha 4 de agosto de 2011 mediante oficio emitido por el administrador de la sociedad radican una solicitud de entrega de la maquinaria y aportan nuevamente la documentación de la maquinaría y del contrato de concesión minera que se iba a explotar. Que el día 4 de agosto el Presidente del Concejo Municipal cita a la Representante de LOHI SAS al recinto del Concejo a socializar el proyecto minero. Que el 5 de Agosto se vuelve a solicitar la entrega formal por parte de la Sociedad a la Alcaldía de Ataco. Que el 8 de agosto Cortolima emite comunicados dirigidos al Personero Municipal de Ataco Tolima, y a la Alcaldesa de Ataco Tolima informado: “En cumplimiento de lo ordenado por la Resolución (...) de Noviembre 1 de 2010, por la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras medidas solicitado por ELCY PACHECO 12 730012333000201300651 02 (57504) 5aCdeE/MIPC/Llms

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DE OSPINA informado que la misma licencia quedó ejecutoriada el 5 de mayo de 2011”. Que en fecha 9 de agosto volvió a radicar la solicitud de entrega de la maquinaria mediante oficio con destino a la Alcaldesa Municipal con copia a la procuraduría Delegada de la Función Pública. Que el 11 de agosto se radicó copia de la totalidad de las autorizaciones tanto mineras como ambientales al señor JAVIER QUIMBAYO Intendente Estación Policía de Ataco y solicitando la

liberación de la maquinaria. Que el 11 de agosto se informa a Cortolima y a Ingeominas de la situación que está aconteciendo y de los tramites avanzados a título de socialización y presentando el Operador Minero. Que el 10 de agosto se le realiza nuevamente la petición a la Alcaldesa de liberar las maquinas. Que el 9 de agosto emite la Resolución No. 422, la Alcaldía de Ataco revocando la autorización de otorgamiento de servidumbre eléctrica otorgada (sic). Que la sociedad demandante se vio obligada a interponer acción de tutela en contra de la Alcaldía Municipal de Ataco, por violación al derecho fundamental al debido proceso, la cual se instauró ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Ataco - Tolima. Que el 24 de Agosto de 2011, el Juzgado Promiscuo Municipal de Ataco-Tolima, falló la Acción de tutela interpuesta por la empresa LOHI S.A.S en contra de la Alcaldía Municipal de Ataco, decidiendo tutelar el derecho fundamental al debido proceso alegado por el accionante en contra del Municipio de Ataco-Tolima, y ordenando a la entidad territorial, que en el término de 48 horas y previa verificación de que las excavadoras de cadena con brazo Monobloc y cazo de 1600 cm3 Marca Komatsu PC 340 NLC - 7K año 2002, sean de propiedad o se encuentren a cargo de la sociedad comercial LOHI S.A.S. se hiciera entrega de las mismas a dicha entidad, decisión que fue notificada el 31 de Agosto de 2011 pero la misma fue impugnada de manera parcial tomando ejecutoria el 5 de septiembre de 2011.

Que el 15 de septiembre de 2011 la administración municipal libera la maquinaria sin mediar orden escrita, en un trámite netamente verbal permitiendo pasar al área del Contrato de Concesión Minera que iban a trabajar. Que en atención a que ya se venía deteriorando la relación con la titular del contrato de concesión minera HF5-113 la señora ELSY PACHECO, frente al Contrato de Operación Minera suscrito con la sociedad demandante en fecha 30 de mayo de 2011, frente a las exigencias de cumplimiento e iniciación de labores hizo que la sociedad incurriera en una serie de gastos de contratación de personal y equipo para lograr el inicio de actividades en fecha 20 de junio lo cual hizo gravosa su situación. 13 730012333000201300651 02 (57504) 5aCdeE/MIPC/Llms

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Que la concesionaria decidió instaurar demanda Ordinaria de resolución de contrato de mayor cuantía la cual cursa en el Juzgado Civil Circuito de Chaparral con radicado 2011 00210 con Admisión en fecha 21 de noviembre de 2011, en contra de la sociedad e impide el acceso a las diferentes áreas de explotación del contrato, obligando la terminación del mismo y colocando a la demandante en una situación bastante difícil ya que PERDIO LA TOTALIDAD DEL DINERO QUE INTRODUJO AL PAIS, quedó demandado y con deudas que a la fecha no ha podido cubrir por la falta de dinero. (…)” Daño Causado Se encuentra acreditado que entre el Instituto Colombiano de Geología y Minería y la señora Elsy Pacheco de Ospina se suscribió el contrato de

concesión No. HF5-113 que tenía por objeto la exploración y explotación de un yacimiento de minerales de oro, sus concentrados y demás concesibles, en un área de 129,71905 hectáreas localizadas en jurisdicción del municipio de Ataco (Tolima), por con una duración de treinta (30) años contados a partir de su inscripción en el Registro Minero Nacional4, trámite que fue realizado el 8 de enero de 2008. También consta que para la ejecución del citado contrato la Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA expidió la correspondiente licencia ambiental, y que su titular suscribió con la sociedad LOHI S.A.S., un contrato para la exploración técnica y económica de minerales de oro y sus concentrados y demás concesibles, dentro del área del contrato de concesión número HF5-113 suscrito con

INGEOMINAS.

Fue con ocasión del contrato suscrito entre la ti