PGN - REGIMEN DE RESPONSABILIDAD - Por falla en el servicio según sentencia del consejo de

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Responsabilidad por daños acaecidos como consecuencia de inundación en predio DICTAMEN PERICIAL-Se apreciará de acuerdo con las reglas de la sana crítica según regulación legal RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Tiene su fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política REGIMEN DE RESPONSABILIDAD-Por falla en el servicio según sentencia del Consejo de Estado PRUEBAS-Que fueron destacadas por apelante reafirmaron que causa de inundación no está relacionada con embalse Riogrande En sentir de la Delegada, las pruebas destacadas por el apelante, en lugar de favorecer sus pretensiones, reafirman que la causa de la inundación no está relacionada con el embalse Riogrande. Sea lo primero aclarar que está fuera de discusión que el embalse Riogrande capta aguas directamente de este río. En el exhorto 221 se especifica que las corrientes en exceso son vertidas hacia Riogrande, y las que son utilizadas por la represa para la generación de energía se desvían hacia el río Medellín, dando a entender, esta prueba destacada por el apelante, que este también es un factor de disminución de las aguas que se vierten hacia el Río Grande. DICTAMEN PERICIAL-Se encuentra en consonancia con las pruebas técnicas allegadas ….las pruebas del expediente, en especial el dictamen pericial de la Universidad Nacional, que se encuentra en consonancia con las pruebas técnicas allegadas por las Empresas Públicas de Medellín, indican que el embalse Riogrande contribuyó a disminuir el caudal del río, en lugar de aumentarlo. Por lo tanto, a partir del material probatorio

obrante en el expediente se extrae que la presencia de la represa Riogrande no sería la explicación de por qué no se inundó el predio en 1995 y sí se inundó en los años 2008 y 2009, sino otras causas diferentes. Por su parte, de los testimonios del operador de lancha de EPM….. y del tecnólogo agropecuario y administrador de Cultivos Manzanares…., sólo se puede extraer que los días de los hechos se abrió la válvula para dejar salir mayores cantidades de agua. Estos elementos no tienen incidencia en los puntos significativos de la controversia, relacionados con el aumento del caudal del río por obra de la represa, ya que la sola acción de abrir una válvula no demuestra que los caudales del río se hayan aumentado. Esta información no dice nada sobre si esa cantidad es mayor al caudal que trae el río antes de llegar al complejo. Antes bien, los diferentes elementos ya reseñados en los apartados anteriores, muestran con argumentos técnicos que la apertura de esta válvula no significó un aumento del caudal Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (61290) 05001-23-31-000-2010-01747-01 del Río Grande al pasar por la represa, porque al complejo llegaron mayores cantidades de agua del río que las que se evacuaron de salida, siendo entonces la represa un factor

de mitigación del volumen de agua que llegaba arriba del embalse Riogrande y pasaba hacia abajo, donde se encontraba el predio de los demandantes. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA-Debe ser confirmado en sub examine Con base en los argumentos esbozados en el presente concepto, la Procuraduría Cuarta Delegada ante ese Despacho considera que la sentencia de primera instancia, que denegó las pretensiones de la demanda, debe ser CONFIRMADA. Lo anterior porque de los diferentes elementos probatorios obrantes en el expediente, se encuentra que el embalse Riogrande, durante las fuertes lluvias del 8 y 18 de junio de 2008; 4, 9 y 28 de julio de 2008; 27 de abril de 2009; 10 y 24 de julio de 2009, en lugar de contribuir a aumentar el caudal río abajo del embalse, la función que cumplió fue la de disminuir las cantidades de agua que pasaron. Por ello, la apertura de los mecanismos de evacuación de la represa no fue la causante de las inundaciones ocurridas en el predio la Vega de Manzanares, y así el daño no resulta imputable a Empresas Públicas de Medellín. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JCNE

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CONCEPTO No. 130 / 2018

Bogotá D.C., 30 de agosto de 2018

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A”

Consejera Ponente

MARÍA ADRIANA MARÍN

E. S. D.

EXPEDIENTE: 05001-23-31-000-2010-01747-01 (61290)

ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: MARÍA VICTORIA ARANGO MESA Y OTROS

DEMANDADO: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.

Sentido del concepto: Se conceptúa que el recurso de apelación interpuesto por los demandantes no debe prosperar // Caso de reclamación de perjuicios por inundación de predios presuntamente ocurridos por apertura de compuertas de embalse // Temas: Títulos de imputación procedentes de acuerdo con la Constitución // Requisitos del título de imputación de falla del servicio: daño, falla del servicio y nexo causal // Régimen de responsabilidad de las entidades estatales en relación con los daños acaecidos como consecuencia de fenómenos naturales // Antecedentes jurisprudenciales en relación con la responsabilidad por inundaciones ocurridas como consecuencia de fuertes lluvias.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, en ejercicio de la función de la Procuraduría General de la Nación de vigilancia del cumplimiento del orden jurídico, protección del patrimonio público y de los derechos y las garantías fundamentales. Para lo anterior presenta los siguientes elementos:

I. ANTECEDENTES

1.1. Objeto del litigio: 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JCNE

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La señora María Victoria Arango Mesa, actuando en nombre propio y en representación de las sociedades Promociones Oceánicas LTDA y CIA SCS, y CI Cultivos Manzanares S.A., radicaron acción de reparación directa ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en contra de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. Considera el accionante que las demandadas están obligadas a la reparación, porque son responsables de los daños acaecidos como consecuencia de inundaciones ocurridas en predio conocido como la Vega de Manzanares, ubicado en el municipio de Santa Rosa de Osos – Antioquia, las cuales sucedieron los días 8 y 18 de junio de 2008; 4, 9 y 28 de julio de 2008; 27 de abril de 2009; 10 y 24 de julio de 2009. Los demandantes atribuyen la inundación a la apertura de compuertas del embalse Rio Grande (complejo que es propiedad de Empresas Públicas de Medellín – EPM), que presuntamente aumentaron anormalmente el caudal del río. Así, solicitan reparación por perjuicios morales, daño emergente, lucro cesante, “desequilibrio de las cargas públicas”, pérdida de clientes y daño al Good Will,

entre otros. En respuesta a la demanda, la accionada se opone a las pretensiones, interponiendo las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, hecho de la naturaleza o fuerza mayor, inexistencia de la obligación, falta de legitimación en la causa por activa y ausencia de nexo causal. 1.2. Sentencia de primera instancia: Correspondió el conocimiento del asunto al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta, despacho que, a través de Sentencia del 13 de diciembre de 2017, denegó las pretensiones de la demanda. Como fundamento de tal decisión, el Tribunal Administrativo de Antioquia señala que la parte demandante no aportó elementos que llevaran al convencimiento de que existió una falla del servicio por parte de EPM. Agregó que, por el contrario, se acreditó que hubo abundantes lluvias en la época de los hechos, siendo este un factor determinante en las inundaciones, aunado a las condiciones topográficas del predio. Por lo anterior, concluye que no fue la operación de la represa de Riogrande lo que generó las inundaciones, sino un hecho de la naturaleza. 1.3. El recurso de apelación interpuesto por la parte accionante: La parte demandante interpuso recurso de apelación en contra del fallo de primera instancia, manifestando, en resumen, lo siguiente: 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JCNE

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Exp. No. (61290) 05001-23-31-000-2010-01747-01 Indica que no fueron tenidos en cuenta diferentes elementos probatorios que en su sentir conllevan a deducir la responsabilidad de la accionada, identificados como la respuesta a la demanda de C.I. Cultivos Manzanares; la respuesta al exhorto 221; varias declaraciones realizadas dentro del proceso, del ingeniero civil jefe del área de hidrometría e instrumentación de EPM Mauricio Correa Giraldo; del profesional técnico en generación de EPM Manuel Antonio Duque Hoyos; las del operador de lancha de EPM Miguel Fernando Yepes Álvarez; del tecnólogo agropecuario y administrador de Cultivos Manzanares Mauricio Castaño Calle; el interrogatorio de parte a María Victoria Arango Mesa; el testimonio del gerente de la empresa Chamusa S.A. Yhony Chejne Fayad; y el concepto técnico de las alegaciones del ingeniero Daniel Eduardo Arias. Agrega que se encuentra acreditado que EPM no tenía control sobre el flujo de agua en las condiciones que se presentaron en la ola invernal, hecho que originó que al subirse los niveles del embalse por encima del 100% de capacidad, la empresa demandada diera salida a mayor cantidad de agua hacia el río que originó posteriormente la inundación en el predio la Vega de Manzanares. El apelante atribuye que el embalse haya llegado a más del 100% de su capacidad, a que EPM no fue precavido respecto a la conservación de buena capacidad de la represa para situaciones excepcionales, y por acumular aguas imprudentemente ante la falta de venta de energía en el mercado.

Además, señalan que la inundación se presentó porque EPM abrió las compuertas para privilegiar la conservación de la estructura de la represa, en lugar de velar por el bienestar de los particulares que se verían afectados por el flujo de una mayor cantidad de agua, generándose un desequilibrio en las cargas públicas. Considera que no se le debió dar crédito al perito Evelio Andrés Gómez Giraldo (quien presentó el peritaje realizado por la Universidad Nacional), ya que no podía conceptuar sobre las causas de la inundación en el predio la Vega de Manzanares, por falta de información sobre evaluación del escenario con embalse lleno, vertimiento y descarga de fondo, para determinar los caudales resultantes aguas abajo de la represa, para las fechas concretas en que se presentaron las inundaciones. Indica el apelante que el predio la Vega de Manzanares contaba con buena infraestructura para el manejo de aguas, por lo que no está de acuerdo con que la sentencia de primera instancia considere acreditado que era propenso a las inundaciones. 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JCNE

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Además, anota el apelante que las empresas de los demandantes que funcionan en el predio la Vega de Manzanares comenzaron desde el año 1988 y no se

habían inundado hasta después de la construcción del complejo Riogrande, a pesar de los inviernos, por lo que estiman que la operación de la represa fue determinante en el aumento del caudal del río.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos a resolver.

De acuerdo con el trámite surtido y conforme los reparos manifestados en el recurso, el Ministerio Público, en su función de intervención en defensa del patrimonio público, y de los derechos y las garantías fundamentales, debe proceder a resolver el siguiente interrogante: ¿A partir de la posible desestimación del dictamen pericial recibido dentro del proceso y las pruebas destacadas por el apelante, puede inferirse la responsabilidad de Empresas Públicas de Medellín –EPMpor las inundaciones en el predio la Vega de Manzanares los días 8 y 18 de junio de 2008; 4, 9 y 28 de julio de 2008; 27 de abril de 2009; 10 y 24 de julio de 2009? 2.2. Marco teórico. Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público: 2.2.1. La responsabilidad extracontractual del Estado que es objeto de discusión en los procesos de reparación directa. La responsabilidad extracontractual del Estado encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política, cláusula general de la responsabilidad, que señala que el Estado será responsable por los daños antijurídicos que le sean imputables, por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

Cabe destacar que, en desarrollo de dicho artículo, el art. 86 del CCA consagró la acción de reparación directa que rige el presente asunto, así: “ARTÍCULO 86. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa”. 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JCNE

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Ahora bien, como puede advertirse, el art. 90 de la Constitución, permite la aplicación de diversos sistemas de imputación de responsabilidad del Estado1 , dentro de los cuales se encuentran tanto falla del servicio, como el daño especial, el riesgo excepcional, además del régimen objetivo en sentido estricto2. Teniendo en cuenta lo anterior, el régimen de imputación de responsabilidad del Estado, no es uniforme, sino que debe aplicarse aquel que resulte más adecuado de acuerdo con las peculiaridades del caso concreto3. 2.2.2. Régimen de imputación de responsabilidad del Estado por falla del servicio. 1 En efecto, al respecto, el Consejo de Estado ha señalado: “Con la expedición de la Carta Política de 1991, se introdujo una cláusula general de responsabilidad del Estado que

expresamente señala: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.”. Analizados los antecedentes históricos de esta disposición se tiene que el Constituyente estimó la necesidad de fundamentar un sistema de responsabilidad estatal que, en concordancia con la jurisprudencia ya decantada en principio por la H Corte Suprema de Justicia y posteriormente por esta Sección, fuera comprensiva no sólo de los regímenes tradicionales de falla y culpa, sino que, además, abarcara los de estirpe objetiva, entre ellos, expresamente, la concepción del daño especial. Así lo explicó el Constituyente Juan Carlos Esguerra Portocarrero al rendir ponencia ante la Asamblea Nacional: “Por otra parte, conviene señalar que el régimen que se propone en materia de responsabilidad patrimonial del Estado no se limita a su mera consagración expresa a nivel constitucional, sino que, además incorpora los más modernos criterios sobre la materia, consistentes en radicar el fundamento de esa responsabilidad en el daño antijurídico y en su imputabilidad al órgano estatal, De esta manera se resuelve el problema que hoy ya plantea la evidente insuficiencia del criterio de la llamada “falla del servicio público”, dentro de la cual no caben todas las actuales formas y casos de responsabilidad patrimonial, tales como el de “la responsabilidad por daño especial” Consejo de Estado, Sentencia del 19 de abril de 2012, Radicación 19001-23-31-000-1999-00815-01(21515), M.P. Doctor Hernán Andrade Rincón.

2 Al respecto, el Consejo de Estado, en Sentencia de Unificación, ha dicho:“En cuanto a la imputación, exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica, en la que se debe determinar la atribución conforme a un deber jurídico (que opera conforme a los distintos títulos de imputación consolidados en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio -simple, presunta y probada-; daño especial -desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal-; riesgo excepcional). Adicionalmente, resulta relevante tener en cuenta los criterios de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado”[Consejo de Estado, Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014, Radicación 66001-23-31-000-2001-00731-01(26251), M.P. Doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa]. 3 Al respecto, el Consejo de Estado, en Sentencia de Unificación, señala lo siguiente: “Esta Sala, en sentencia de 19 de abril pasado, unificó su posición en el sentido de indicar que, en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1.991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos “títulos de imputación” para la solución de los casos

propuestos a su consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas –a manera de recetarioun específico título de imputación. Por ello se concluyó en la mencionada sentencia de la siguiente forma: En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JCNE

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Ahora bien, uno de los regímenes de imputación aplicables para efectos de atribuir responsabilidad al Estado, es el clásico régimen de falla del servicio. Respecto a los requisitos de este régimen, el Consejo de Estado, ha señalado: "1.- En casos como el presente, en los cuales se imputa responsabilidad a la administración por el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de sus obligaciones, la determinación de si el daño causado al particular tiene el carácter de daño antijurídico, depende de acreditar que la conducta de la autoridad fue inadecuada. Si el daño que se imputa a ésta se deriva del incumplimiento de un

deber que legalmente le corresponde, o de su cumplimiento inadecuado, la antijuridicidad del daño surgirá entonces aquí de dicha conducta inadecuada, o lo que es lo mismo, de una FALLA EN EL SERVICIO. “(...). “2.- Para determinar si aquí se presentó o no dicha falla del servicio, debe entonces previamente establecerse cuál es el alcance de la obligación legal incumplida o cumplida inadecuadamente por la administración. Debe precisarse en qué forma debió haber cumplido el Estado con su obligación; qué era lo que a ella podía exigírsele; y, sólo si en las circunstancias concretas del caso que se estudia se establece que no obró adecuadamente, esto es, que no lo hizo como una administración diligente, su omisión podrá considerarse como causa del daño cuya reparación se pretende. “La falla de la administración, para que pueda considerarse entonces verdaderamente como causa del perjuicio y comprometa su responsabilidad, no puede ser entonces cualquier tipo de falta. Ella debe ser de tal entidad que, teniendo en cuenta las concretas circunstancias en que debía prestarse el servicio, la conducta de la administración pueda considerarse como ‘anormalmente deficiente’”4. En otras palabras, en los casos en que resulta aplicable el régimen de falla del servicio, para que resulte atribuible responsabilidad al Estado, deben acreditarse tres elementos por parte del actor: el daño, la falla en servicio por parte de la administración, y el nexo causal entre el daño y la falla del servicio acaecida. constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia”.

[Consejo de Estado, Sentencia de Unificación del 23 de agosto de 2012, Radicación 18001-23-31-000-1999-0045401(24392), M.P. Doctor Hernán Andrade Rincón]. 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de mayo de 2015, expediente 50001 23 31 000 1994 04485 01 (17037), C.P. Hernán Andrade Rincón. 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JCNE PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (61290) 05001-23-31-000-2010-01747-01 2.2.3. Régimen de responsabilidad de las Entidades Estatales, en relación con los daños acaecidos como consecuencia de fenómenos naturales. En el presente asunto, se atribuye responsabilidad a las accionadas, por la ocurrencia de un daño que tiene su origen inicial en un fenómeno natural. El hecho que los daños se originen en fenómenos naturales, no significa por sí mismo, que no pueda atribuirse la responsabilidad por su ocurrencia, a una acción u omisión de las autoridades públicas, por cuanto debe esclarecerse si la ocurrencia del daño estuvo mediada por una de sus acción u omisión determinante en dicho resultado. En este último supuesto, es posible que esté

comprometida su responsabilidad. Al respecto, el Consejo de Estado ha señalado: “La Sala ha estudiado la configuración de la falla del servicio en el caso de fenómenos naturales como lo es el desbordamiento de ríos y quebradas y ha estimado que la declaratoria de responsabilidad es posible si se logra demostrar que las entidades demandadas incumplieron con su deber de vigilancia y cuidado y se abstuvieron de adoptar las medidas de prevención requeridas para cada caso concreto, a pesar de haber tenido conocimiento de la posible ocurrencia del hecho natural”5. 2.2.4. Antecedentes jurisprudenciales en relación con inundaciones acaecidas como consecuencia de fuertes lluvias. Respecto a la responsabilidad cuando se dan inundaciones durante períodos de fuertes lluvias, el Consejo de Estado ha señalado: “En el presente caso concreto, si bien la parte actora acreditó ser el propietario de un predio que se encontraba en la zona que resultó inundada en el fuerte invierno que ocurrió en la zona de Ubaté (Cundinamarca) entre septiembre y diciembre de 1999, no aportó prueba alguna de la supuesta conducta –activa u omisiva– negligente que pretende endilgarle a la entidad pública demandada consistente en “el mal manejo que de las compuertas de la Represa de Fúquene se dio, ya que era indispensable abrirlas antes de abrir las compuertas del hato (sic)” (fl. 75 c ppal). Brilla por su ausencia medio probatorio alguno que pudiere indicar siquiera que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca hubiere realizado la conducta

que el actor le pretende endilgar o que de alguna manera se hubiere omitido la realización de algún deber funcional a cargo de la entidad pública demandada o que el fenómeno metereológico ocurrido tuviere el carácter de previsible para la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.”6. 5 Consejo de Estado - Sección Tercera – Subsección “A”, Sentencia del 12 de junio de 2013, Rad. 25000-2326-000-2001-02489-01(26582), M.P. Mauricio Fajardo Gómez. 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JCNE

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Del anterior apartado la Delegada destaca como regla que durante períodos de lluvias por encima de lo normal, se torna necesario que quien pretende el resarcimiento de perjuicios, demuestre que la ocurrencia del daño estuvo mediada de una manera determinante por una acción u omisión de parte del Estado, ya que en estos casos no puede negarse el importante protagonismo que tiene el hecho de la naturaleza en la ocurrencia de los hechos. 2.3. Material probatorio obrante en el expediente. Es preciso señalar que en el expediente existe abundante material probatorio, el cual correspondió sopesar al Ministerio Público. Una vez verificado lo anterior, la

Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado destaca las siguientes pruebas relevantes para emitir concepto de fondo: 2.3.1. Informe de Profesional de Recursos Hidráulicos del Área de Hidrometría e Instrumentación de EPM, presentado por la empresa demandada, a través del cual el profesional presenta sus análisis e indica que las inundaciones se debieron al aumento del volumen pluviométrico en las fechas de los hechos (Documento obrante a folios 147 a 156 del cuaderno 1 del expediente). 2.3.2. Copia de respuesta a queja sobre inundación en CI Cultivos Manzanares, fechada 1 de agosto de 2008 y suscrita por la Jefe del Área de Hidrometría e Instrumentación de EPM. Allí la empresa responde que las inundaciones obedecieron a la ocurrencia de crecientes importantes y continuas, que el embalse ayudó a reducir el caudal del río, pero que debido al alargamiento de la temporada invernal, el embalse no alcanzó a retener la creciente en su totalidad generándose vertimientos o descargas para evacuar los excesos de una manera más controlada (Folios 159 a 162 del cuaderno 1 del expediente). 2.3.3. Informe de evolución de los embalses e intercambios de energía eléctrica años 2008 a 2011, realizado por EPM (Folios 337 a 423 del cuaderno 2 del expediente). 2.3.4. Respuesta a exhorto 221 del Tribunal Administrativo de Antioquia, fechado 19 de diciembre de 2011, y suscrito por el abogado Víctor Manuel Duque

González, a través del cual EPM presenta respuesta a los interrogantes planteados por el Tribunal en relación con los hechos del caso (Documento obrante a folios 328 a 331 del cuaderno 2 del expediente). 6 Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección “A”, Sentencia del 12 de junio de 2013, radicación N° 25000-23-26-000-2001-02489-01(26582), M.P. Doctor Mauricio Fajardo Gómez. 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JCNE PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (61290) 05001-23-31-000-2010-01747-01 2.3.5. Testimonios rendidos al interior del proceso (Folios 442 a 449; 462 a 470; 489 a 494; 500 a 504; 542 a 554 del cuaderno 2 del expediente). 2.3.6. Análisis técnico de la información del dictamen pericial e información suministrada, realizado el 5 de junio 2017, por el ingeniero civil Daniel Eduardo Arias (Documento obrante a folios 912 a 915 del cuaderno 2 del expediente). 2.3.7. C.I. Cultivos Manzanares S.A., análisis general de recuperar, restablecer e iniciar el cultivo – fotografías entre 2007 y 2008 antes de las inundaciones (Cuaderno 5 del expediente). 2.3.8. Peritazgo Técnico Demanda Cultivos Manzanares – Empresas Públicas de

Medellín, de octubre de 2016, realizado por la Universidad Nacional de Colombia. (Dictamen obrante a cuaderno 4 del expediente). Dicho dictamen pericial fue solicitado por el demandante en el líbelo introductorio7 y por la empresa demandada en la respuesta a la demanda8, además de que resultó necesario pedirlo por el Tribunal de primera instancia, para aclarar los hechos objeto de controversia, debido a su alto contenido técnico y en atención a la presencia de alegaciones de las partes que apuntaban en sentidos diversos. 2.3.9. Aclaraciones y complementaciones a dictamen pericial de experto hidráulico de la Universidad Nacional, febrero de 2017 (Documentos obrantes a folios 806 a 823; y 851 a 855 del cuaderno 2 del expediente). Estas aclaraciones al dictamen pericial realizado por la Universidad Nacional son producto de las solicitudes de aclaración presentadas por la parte demandante9. Cabe añadir que el demandante objetó por error grave el dictamen10, objeción frente a la cual el llamado en garantía y la demandada se opusieron11, elementos que fueron decididos negativamente a través de la sentencia que definió el litigio en primera instancia, de acuerdo con lo señalado en auto del 27 de marzo de 201712. 2.4. Caso concreto Teniendo en cuenta los argumentos del recurso de apelación interpuesto por los demandantes, considerando el marco teórico expuesto en el apartado 2.2. y las pruebas destacadas en el acápite 2.3, el Ministerio Público procede a abordar el problema jurídico expuesto en el numeral 2.1. del presente escrito.

7 Folio 89 del cuaderno 1 del expediente. 8 Folio 134 del cuaderno 1 del expediente. 9 Folios 793 a 803 del expediente. 10 Folios 825 a 850 del cuaderno 2 del expediente. 11 Folios 851 a 862 del cuaderno 2 del expediente. 12 Folio 863 del cuaderno 2 del expediente. 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.p