PGN - REGIMEN DE RESPONSABILIDAD - Según jurisprudencia del consejo de estado

FALLA DEL SERVICIO-Por el mantenimiento de las instalaciones del club de empleados oficiales y por atención médica prestada al menor FUERO DE ATRACCIÓN-Jurisprudencia del Consejo de Estado RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD-Según Jurisprudencia del Consejo de Estado/FALLA MÉDICA-La parte actora deberá acreditar el daño y que éste se produjo De acuerdo con los lineamientos jurisprudenciales la parte actora deberá acreditar el daño y que éste se produjo como consecuencia de una acción u omisión del servicio médico. De los elementos de juicio se evidencia de manera clara que CAJANAL y el HLVS incurrieron en una falla en la prestación del servicio médico brindado al menor

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 031 / 2012

Bogotá, D.C., 17 de febrero de 2012.

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C

Consejera Ponente Doctora OLGA MÉLIDA VALLE DE DE LA HOZ

E. S. D.

EXPEDIENTE: 20.941 (25000 23 26 000 1994 9658 01)

Acción de Reparación Directa

ACTOR: CARLOS ALBERTO GUZMÁN SORIANO Y OTROS

DEMANDADO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y OTROS El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co

Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 20.941 (25000 23 26 000 1994 9658 01)

I. ANTECEDENTES 1.1. Demanda.- El 21 de febrero de 1994 (fl. 21 C. 1), en ejercicio de la acción de reparación directa, los señores Carlos Alberto Guzmán Soriano, Gloria Esperanza Castiblanco1, Adán Castiblanco Cabra y Ana Silvia Arévalo Acosta, en su nombre y en el de sus hijos Óscar Adán y Eduardo Castiblanco Arévalo; Sandra Patricia Castiblanco Vivas, Luz Amparo Castiblanco Vivas, Blanca Cecilia Soriano Hernández, Luisa Margarita Soriano de Cante, en su nombre y en el de sus hijos Juan Pablo y Edna Yudit Cante Soriano, así como Nidia del Carmen Vargas y Cristo Enán Humanez Arzuza en su nombre y en el de su hija Aura Cristina Humanez Vargas, demandaron al Club de Empleados Oficiales (liquidado el 31 de diciembre de 1993), al Departamento Administrativo de la Función Pública, la Promotora de Vacaciones y Recreación Social PROSOCIAL (entidades que según la demanda asumieron las funciones del citado establecimiento público), la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL, la Caja de Compensación Familiar COMPENSAR y el Hospital Infantil Lorencita Villegas de Santos, para que se les declarara responsables de los perjuicios que sufrieron con la muerte del menor Juan David

Guzmán Castiblanco.

Señala que el 16 de enero de 1993, cuando se encontraban en familia en el Club de Empleados oficiales, el menor Juan David Guzmán Castiblanco se apoyó en una banca de concreto que por encontrarse sobre unos ladrillos le cayó a la altura del tórax; en el club ya no se encontraba el médico por lo que lo trasladaron a la Caja Nacional de Previsión Social en donde por falta de implementos no fue posible tomar la radiografía y colocarle tubo de tórax ordenado por la médica; por esa razón y como la madre estaba afiliada a COMPENSAR llevaron al niño al 1 No obra el poder otorgado por éstos, pero se advierte que al expediente le hace falta el folio 1 del C. 1 y en el auto de 4 de marzo de 1994 se reconoce personería al abogado “en los términos y con las facultades que obran a folios 1 a 6” , de lo que se infiere que el poder debía obrar en el folio faltante, pues no se indica por la Magistrada la omisión de tal requisito. Además, si bien el Estatuto Procesal Civil en el art. 140 numeral 7 califica la falta de poder como causal de nulidad del proceso, por su parte, el art. 143, en punto a los requisitos para alegarla, señala que ésta sólo podrá alegarse por la persona afectada y el art. 144 preceptúa que se considera saneada cuando la persona indebidamente representada, citada o emplazada actúa en el proceso sin alegarla. Entendiéndose que de haber existido en este caso se encuentra

saneada. 2 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 20.941 (25000 23 26 000 1994 9658 01) Hospital Lorencita Villegas de Santos donde falleció. Sostiene la demanda que el Club de Empleados Oficiales es responsable porque la banca de concreto estaba en la zona de juegos y era una trampa mortal para los usuarios; que en CAJANAL autorizaron el traslado del paciente en mal estado a otra clínica el mismo nivel y no a uno superior, además que se agotó tiempo valioso porque la remisión se hizo por falta de implementos; COMPENSAR no tuvo en cuenta las razones del traslado pues de haberse enterado lo mejor hubiese sido aconsejar a los padres la consecución del tubo de tórax que suministrado en tiempo oportuno hubiera podido salvar la vida del menor; y del Hospital Lorencita Villegas de Santos porque no realizaron o procedieron tardíamente en la atención al menor. 1.2. Contestación de la demanda CAJANAL (fls. 40 a 43 c. 1). Después de pronunciarse sobre los hechos, sostuvo que el menor salió vivo del servicio de urgencias, que la institución reconoció inmediatamente que su clínica no contaba con los implementos necesarios para brindar una debida atención al niño; los médicos y demás personal le practicaron el tratamiento adecuado y oportuno; el niño ingresó con grave dificultad

respiratoria se trató y se remitió al Hospital pediátrico porque CAJANAL es clínica de adultos. El Hospital Infantil Universitario Lorencita Villegas de Santos (fls. 86 y 87 c. 1). Hizo referencia al tiempo transcurrido desde el accidente hasta CAJANAL y de ahí al Hospital. Propuso como excepciones: a) el interés directo de los demandantes debe limitarse a los padres del menor; b) solamente es viable una condena para el Hospital si se prueba la responsabilidad de las agencias oficiales involucradas, porque de lo contrario habría falta de jurisdicción; c) la cadena de demandados se construye con eslabones diversos e incompatibles; d) los demandantes cuando narran los hechos personalizan la posible responsabilidad y en consecuencia exoneran al Hospital. 3 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 20.941 (25000 23 26 000 1994 9658 01) El Departamento Administrativo de la Función Pública y COMPENSAR Contestaron de forma extemporánea (fls. 89 a 92, 104, 132 a 142 y 148 c. 1). PROSOCIAL no fue vinculada al proceso2 1.3. La sentencia de primera instancia. El Tribunal Administrativo de Descongestión, en sentencia de 15 de marzo de 2001 declaró responsables administrativa y solidariamente al Departamento Administrativo de la Función

Pública y al Hospital Infantil Lorencita Villegas de Santos por los perjuicios causados a Carlos Alberto Guzmán Soriano, Gloria Esperanza Castiblanco Vivas y Blanca Cecilia Soriano por la muerte de su hijo y nieto Juan David Guzmán Castiblanco y los condenó a pagar a su favor por concepto de perjuicios morales el equivalente a 1000 gramos de oro para cada uno. Y la suma de $551.670,00 por gastos funerarios a favor de los padres del menor. Exoneró de responsabilidad a CAJANAL y a COMPENSAR. Sostuvo que a CAJANAL no se le podía imputar responsabilidad porque le prestó el tratamiento idóneo con los medios con los que contaba y el menor presentó evidente mejoría y que COMPENSAR concretó su función a asesorar y orientar a los padres al sugerir qué entidad cercana podía atender la lesión del menor. 2 Por auto de 4 de marzo de 1994 que admitió la demanda no se ordenó su notificación. El auto no fue impugnado (fls. 26 y 27 c. 1). No sobra destacar que por decreto 1250 de 1974 (28 de junio) se creó como una empresa industrial y comercial del estado vinculada al Ministerio de Trabajo y seguridad social. Se restructuró por DECRETO 2146 DE 1992 (Diciembre 30) de 31 de diciembre de 1992, manteniendo su naturaleza jurídica. Mediante decreto 1 de 2001 (enero 3), se dispuso la supresión y liquidación; y una vez concluida ésta se efectuaría el traspaso de bienes al FOPEP. El DECRETO 752 DE 1984 (marzo 30) “por el cual se reglamentan los programas de Capacitación y Bienestar Social

previstos en los Decretos 2400 y 3129 de 1968”, disponía: Artículo 11º.- Los organismos y entidades de la administración pública nacional elaborarán sus programas de Bienestar Social en coordinación con el Fondo Nacional de Bienestar Social y en forma armónica y complementaria con los que éste desarrolle. Artículo 12º.- Los programas de bienestar social se adelantarán con la Promotora de Vacaciones y Recreación Social, PROSOCIAL; el Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte, COLDEPORTES; el Instituto Colombiano de Cultura, COLCULTURA; el Club de Empleados Oficiales; las entidades oficiales de seguridad y previsión social y las cajas de compensación familiar, a fin de aprovechar sus servicios y evitar erogaciones adicionales. Cuando los establecimientos oficiales mencionados no estén en capacidad de ejecutar estos programas, lo certificarán así a los organismos y entidades de la administración pública nacional a fin de que puedan organizarlos con particulares. Conforme a esta norma los programas se realizarían por PROSOCIAL y el Club de Empleados oficiales entre otros, pero de allí no se puede sostener que éste último estuviera a cargo de PROSOCIAL. 4 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 20.941 (25000 23 26 000 1994 9658 01) Indicó que el Club de Empleados Oficiales inobservó el deber de mantener las

locaciones con las medidas mínimas de seguridad y que esa falla fue la causa de la lesión mortal sufrida por el niño. En relación con el Hospital Infantil Lorencita Villegas de Santos señaló que el menor fue trasladado a salas de cirugía sin la presencia de un médico ni de una enfermera, toda vez que en la UCI no conocían la disponibilidad de personal ni de salas en ese momento, motivo por el cual al llegar a sala de cirugía nunca se hizo entrega al personal médico o de enfermería, el paciente fue abandonado en el quirófano con un tubo de tórax clampeado, lo que produjo neumotórax derecho y paro cardiorrespiratorio que llevó a su deceso. Reconoció perjuicios a favor de los padres y de la abuela del menor; de los restantes demandante dijo que el grado de cercanía no les daba la calidad de integrantes del núcleo familiar y no se probó suficientemente el daño sufrido con la muerte del niño. 1.4. Apelación. Los actores y el Departamento Administrativo de la Función Pública impugnaron el fallo. La parte demandante (fls. 244 a 246 c. 3). Dijo compartir la decisión en cuanto declaró la responsabilidad y condenó del Departamento Administrado de la Función Pública y al Hospital Lorencita Villegas de Santos, pero señaló que no aceptaba lo resuelto en cuanto al valor de la condena porque debía corresponder a una suma superior. Afirmó que la muerte de un niño de 3 años produce un dolor y una afectación mayor y por ello solicitaba aumentar la condena a favor de Carlos Alberto Guzmán Soriano, Gloria Esperanza Castiblanco Vivas y Blanca Cecilia Soriano a 5000

gramos de oro. Que de la misma manera se debían reconocer perjuicios a favor de los otros demandantes, familiares y amigos de los padres del menor algunos de los cuales estaban reunidos el día de los hechos, pues la muerte del menor causó gran conmoción a la familia que es muy unida. 5 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 20.941 (25000 23 26 000 1994 9658 01) Departamento Administrativo de la Función Pública3 (fls. 261 a 268 c. 3). Adujo que: a) El Club de Empleados oficiales no era una persona jurídica sino solamente un programa del Fondo Nacional de Bienestar Social establecimiento público del orden nacional, adscrito al Departamento Administrativo del Servicio Civil, hoy de la Función Pública, Fondo que no fue demandado; que el DAFP y PROSOCIAL no asumieron las funciones del citado club y por tanto no están legitimadas. Que el DAFP asumía los bienes derechos y obligaciones del Fondo Nacional de Bienestar Social una vez concluida la liquidación de éste, circunstancia que no se probó. Agregó que sobre PROSOCIAL la sentencia no hizo ningún pronunciamiento. b) La lesión que sufrió el menor en las instalaciones del club de empleados oficiales no revestía el carácter de mortal; la fuente del daño es distinta por ello la condena debió establecerse con una graduación económica distinta y

diferenciada entre el causante de la lesión y el responsable de la muerte. Afirmó que CAJANAL y COMPENSAR omitieron el cumplimiento de sus obligaciones y coadyuvaron en el nefasto derrotero médico hospitalario que causó la muerte del menor. c) Las lesiones sufridas por el menor son atribuibles exclusivamente al descuido y negligencia de los padres en el cuidado de su pequeño hijo. d) El Consejo de Estado fijó el criterio de 100 smlm para indemnizar el perjuicio moral en los eventos de mayor intensidad

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema Jurídico. Consiste en determinar si las entidades demandadas incurrieron en una falla del servicio en el mantenimiento de las instalaciones del club de empleados oficiales y en la atención médica prestada al menor Juan David Guzmán Castiblanco luego de la lesión que le ocasionó la caída de una banca de 3 Por auto de 26 de octubre de 2011 se ordenó poner en conocimiento de la entidad apelante la nulidad saneable consistente en no haber dado traslado para que sustentara la impugnación (fl. 257 c. 3). Alegada la nulidad, Función Pública procedió a sustentar el recurso (fls. 261 a 275 c. 3). 6 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co

Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 20.941 (25000 23 26 000 1994 9658 01)

concreto, si por ello los perjuicios que sufrieron los actores le resultan imputables a todas, a una o algunas de las demandadas, y también cómo deberían liquidarse la indemnización. 2.2. Fuero de atracción. La jurisdicción contencioso administrativa resulta competente por conexidad para conocer las acciones u omisiones de particulares cuando además se ha demandado a una entidad pública respecto de la cual, desde la presentación de la demanda se evidencia, tras una análisis razonable que pueda resultar responsable4. “2.2. Sobre el factor de conexión como criterio determinante de la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer del proceso cuando uno de los demandados es una persona natural o jurídica de derecho privado. (…) Sin embargo, en relación con el factor de conexión el cual, como se advierte, es el que da lugar a la aplicación del denominado “fuero de atracción” la Sala estima oportuno destacar que su operatividad resulta procedente siempre y cuando desde la formulación de las pretensiones y la presentación del soporte probatorio de las mismas en el libelo contentivo de la demanda, pueda inferirse que existe una probabilidad mínimamente seria de que la entidad o entidades públicas demandadas, por cuya implicación en la litis resultaría competente el juez administrativo, sean efectivamente condenadas. Tal circunstancia es la que posibilita al mencionado juez administrativo adquirir  y mantener  la competencia para fallar el asunto en lo relativo a las pretensiones enderezadas contra aquellos sujetos no sometidos a su jurisdicción fuero de atracción, incluso en el evento de resultar absueltas,

por ejemplo, las personas de derecho público, igualmente demandadas, cuya vinculación a la litis determina que es la jurisdicción de lo contencioso administrativo la llamada a conocer del pleito, atendidos los otros cuatro factores atributivos de competencia recién referidos.” (Subrayas con negrilla fuera del texto) El hecho que la entidad pública demandada resulte absuelta no implica per se que esta jurisdicción no pueda resolver respecto de las pretensiones formuladas contra los particulares, porque la competencia por atracción se mantiene y con fundamento en los principios de celeridad y economía procesal, es pertinente resolver sobre el litigio puesto a su consideración. 4 SECCIÓN TERCERA sentencia de 29 de agosto de 2007. Radicación número: 25000-23-26-000-1995-0067001(15526) 7 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 20.941 (25000 23 26 000 1994 9658 01) En este caso, de conformidad con la demanda, las pretensiones y los hechos, se imputó responsabilidad al Departamento Administrativo de Función Pública (DAFP), CAJANAL, COMPENSAR y al Hospital Universitario Lorencita Villegas de Santos, por acciones y omisiones en que habrían incurrido cada uno de ellos, que confluyeron en la producción del resultado dañoso que se inició con el trauma por la caída de la banca de concreto sobre el menor y continuó y concluyó con una

supuesta falla en el servicio médico. Esa situación fáctica determinó la competencia por fuero de atracción para conocer de la responsabilidad de las entidades privadas, Hospital Universitario Lorencita Villegas de Santos –fundacióny COMPENSAR -Caja de Compensación Familiar- (fl. 82 a 84 144 c. 1; y 56 y 57c. 2). 2.3. Legitimación de las entidades demandadas Mediante DECRETO 2170 DE 1992 (Diciembre 30) -Diario Oficial No. 40.704, del 31 de diciembre de 1992se suprimió el Fondo Nacional de Bienestar Social: ARTICULO 1o. SUPRESIÓN Y LIQUIDACIÓN. Suprímese el Fondo Nacional de Bienestar Social, establecimiento público creado y organizado por el Decreto-Ley 3057 de 1968, el Decreto Reglamentario 1226 de 1970 y los Decretos Ley 612 de 19745 y 147 de 19766. 5 ARTÍCULO 50. DEL FONDO NACIONAL DE BIENESTAR SOCIAL. <Decreto derogado por el artículo 66 del Decreto 147 de 1976> El Fondo Nacional de Bienestar Social es un establecimiento público adscrito al Departamento Administrativo del Servicio Civil, encargado de administrar los recursos económicos y financieros destinados a la ejecución de los programas de bienestar social para los empleados oficiales y sus familias. El representante legal del Fondo es el Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil, y sus funciones se cumplirán á través de la Dirección de Bienestar Social. PARÁGRAFO. El Secretario General del Fondo Io será el Secretario General del Departamento Administrativo del

Servició Civil. ARTÍCULO 55. <Decreto derogado por el artículo 66 del Decreto 147 de 1976> El Fondo determinará la organización y el funcionamiento de cada uno de los clubes de los empleados oficiales, centros recreativos y vacacionales, y programas especiales, la forma de prestación de sus servicios y las condiciones para pertenecer a ellos, la cuantía del respectivo Fondo Rotatorio, la normas a que deberán sujetarse los usuarios de sus servicios, el monto de las cuotas institucionales y personales de sus afiliados y, en general, todas las disposiciones necesarias para garantizar su adecuado funcionamiento. 6 ARTÍCULO 60. <Decreto derogado por el artículo 41 del Decreto 2169 de 1992> Del Fondo Nacional de Bienestar Social. El Fondo Nacional de Bienestar Social es un establecimiento Público adscrito al Departamento Administrativo del Servicio Civil, encargado de administrar los recursos económicos y financieros destinados a la ejecución de los programas de Bienestar Social para los Empleados Oficiales y sus familias. El representante legal del Fondo es el Jefe 8 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 20.941 (25000 23 26 000 1994 9658 01) En consecuencia, a partir de la vigencia del presente Decreto, dicho establecimiento entrará en proceso de liquidación, el cual deberá concluir a más tardar el 31 de diciembre de 1993. La liquidación se realizará conforme al procedimiento que

establezca el gobierno Nacional. ARTICULO 5o. TRASPASO DE BIENES. Una vez concluida la liquidación de la entidad los bienes, derechos y obligaciones pasarán a la Nación-Departamento Administrativo de la Función Pública. La SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL del Consejo de Estado, 28 de marzo de 1996. Radicación número: 794, al dar respuesta a una consulta del Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, sobre el Fondo Nacional de Bienestar Social7 sostuvo: “El Fondo Nacional de Bienestar Social era un establecimiento público adscrito al Departamento Administrativo del Servicio Civil . Había sido creado por el Decreto 3057 de 1968 y su objetivo era administrar los recursos económicos y financieros destinados a la ejecución del programa de bienestar social para los empleados oficiales y sus familias . (…) De acuerdo con las disposiciones legales mencionadas, la existencia jurídica del Fondo Nacional de Bienestar Social concluyó para todos los efectos, incluida su representación legal, el día 31 de diciembre de 1993 . A partir del 1º de enero de 1994 la titularidad de todos sus bienes, derechos y obligaciones, por mandato del Decreto 2170 de 1992, quedó radicada en la Nación - Departamento Administrativo de la Función Pública (artículos 5º y 9º). Este decreto, como lo ha sostenido reiteradamente el Consejo de Estado respecto de los dictados en virtud del artículo 20 transitorio de la C.N., tiene la misma fuerza o entidad normativa de una ley, pues en circunstancias no excepcionales corresponde ejercitar dichas atribuciones al Congreso de la República, por mandato expreso del artículo 150 numeral 7 de la Carta Política.

del Departamento Administrativo del Servicio Civil, y sus funciones se cumplirán a través de la Dirección de Bienestar Social. PARÁGRAFO. Será Secretario General del Fondo, el Secretario General del Departamento Administrativo del Servicio Civil. ARTÍCULO 64. <Decreto derogado por el artículo 41 del Decreto 2169 de 1992> El Fondo determinará la organización y el funcionamiento de cada uno de los clubes de empleados oficiales, centros recreativos y vacacionales, y programas especiales, la forma de prestación de sus servicios y las condiciones para pertenecer a ellos, la cuantía del respectivo fondo rotatorio, las normas a que deberán sujetarse los usuarios de sus servicios, el monto de las cuotas institucionales y personales de sus afiliados y, en general todas las disposiciones necesarias para agilizar su adecuado funcionamiento. 7 Del que afirma recibió “Mediante acta de fecha 14 de febrero de 1995 se trasladaron los bienes inmuebles que pertenecían al suprimido Fondo Nacional de Bienestar Social al Departamento Administrativo de la Función Pública, incluyendo los bienes muebles allí inventariados a saber: (…) – Club de empleados oficiales en la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Acta de traspaso debidamente inscrita al folio de matrícula inmobiliaria de cada uno de los inmuebles citados. 9 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 20.941

(25000 23 26 000 1994 9658 01) A la anterior conclusión se llega armonizando los artículos 5º y 9º del Decreto 2170 de 1992. En efecto, el 9º ordena que concluido el término señalado en el decreto para la liquidación de la entidad terminaba su existencia jurídica y, por su parte, el 5º establece que terminada la liquidación de la entidad, los bienes, derechos y obligaciones pasarán a la Nación - Departamento Administrativo de la Función Pública. Por tanto, si el liquidador no retiró algunas sumas de dinero depositadas en cuenta corriente bancaria o de ahorro, o no canceló algunas deudas debidamente soportadas, corresponderá a la Nación - Departamento Administrativo de la Función Pública reclamar aquellas o pagar éstas. Si por alguna razón aparece el citado Fondo como titular de un bien, derecho u obligación, tal situación es un mero hecho que no desvirtúa la titularidad legalmente asignada al Departamento Administrativo de la Función Pública . (…)

LA SALA RESPONDE:

1. La titularidad que sobre bienes, derechos y obligaciones tenía el Fondo Nacional de Bienestar Social, por mandato legal (art. 5º Decreto - ley 2170 de 1992) se trasladó a la Nación - Departamento Administrativo de la Función Pública, a partir del 1º de enero de 1994 .

(…)

2. La Nación - Departamento Administrativo de la Función Pública, por mandato legal se subrogó en las obligaciones del extinguido establecimiento público Fondo Nacional de Bienestar Social . Por consiguiente podrá pagar las cuentas que por reunir los requisitos legales hayan sido exigibles dentro del

proceso de liquidación. El pago se sujetará a las disposiciones sobre presupuesto. (…) (Negrillas con subrayas fuera del texto) En ese orden de ideas el DAFP es el llamado a responder respecto de las obligaciones que resultaren imputables por fallas del Club de Empleados Oficiales. CAJANAL, COMPENSAR y el HOSPITAL LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS están legitimados por pasiva, como quiera que de la prueba practicada en el proceso se evidencia que cada una de estas instituciones tuvo participación en el trámite de la atención al menor Guzmán Castiblanco. 2.4. Lo probado. En sentencia de 9 de mayo de 2011, la SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C.

Radicación número: 05001-23-31-000-2001-01546-02(36912), dando alcance al principio de la buena fe y la lealtad procesal precisó: 10 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co

Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 20.941 (25000 23 26 000 1994 9658 01) “2.1. La entidad demandada allegó en copia simple varios de los documentos que integraron el expediente administrativo de protección a favor del menor Sebastián Rojo Jiménez, medios de convicción que serán valorados en esta instancia por las siguientes razones: i) porque son documentos cuyos originales se encuentran en poder del ICBF –concretamente en sus archivos–, ii) fueron

aportados por el propio instituto, razón adicional para reconocerles valor probatorio, y iii) en los términos de esta Subsección, es procedente apreciar las copias simples siempre y cuando hayan obrado a lo largo del plenario, conforme al principio constitucional de buena fe, puesto que han estado sometidas al principio de contradicción, por las partes. Sobre el particular, en reciente providencia se discurrió así: “Lo primero que advierte la Sala es que el proceso penal fue aportado en copia simple por la parte actora desde la presentación de la demanda, circunstancia que, prima facie, haría invalorable los medios de convicción que allí reposan. No obstante, de conformidad con los lineamientos jurisprudenciales recientes, se reconocerá valor probatorio a la prueba documental que si bien se encuentra en fotocopia, ha obrado en el proceso desde el mismo instante de presentación del libelo demandatorio y que, por consiguiente, ha surtido el principio de contradicción. “En efecto, los lineamientos procesales modernos tienden a valorar la conducta de las sujetos procesales en aras de ponderar su actitud y, de manera especial, la buena fe y lealtad con que se obra a lo largo de las diferentes etapas que integran el procedimiento judicial. “ En el caso sub examine , por ejemplo, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue acompañada con la demanda y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se entregó como anexo de la misma, circunstancia que no acaeció, tanto así que los motivos de inconformidad y que motivaron la apelación de la providencia de primera instancia por parte de las demandadas no se relacionan con el grado de validez de

las pruebas que integran el plenario sino con aspectos sustanciales de fondo que tienen que ver con la imputación del daño y con la forma de establecer la eventual participación en la producción del mismo. “Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor probatorio a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas. “El anterior paradigma fue recogido de manera reciente en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –que entra a regir el 2 de julio de 2012– en el artículo 215 determina que se presumirá, salvo prueba en contrario, que las copias tienen el mismo valor del original cuando no hayan sido tachadas de falsas; entonces, si bien la mencionada disposición no se aplica al caso concreto, lo cierto es que con la anterior o la nueva regulación, no es posible que el juez desconozca el principio de buena fe y la regla de lealtad que se desprende del mismo, máxime si, se insiste, las partes no han cuestionado la 11 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 20.941 (25000 23 26 000 1994 9658 01) veracidad y autenticidad de los documentos que fueron allegados al proceso.”8 “ (Subrayas y negrillas fuera del texto).

Esta Procuraduría Delegada venía sosteniendo la tesis según la cual las copias simples no tenían valor probatorio en ningún caso, posición jurídica que en razón al principio de lealtad procesal ahora replantea para sostener su validez cuando aqu