PGN - REGIMEN DE TRANSICIÓN EN PENSIONES - Nulidad y restablecimiento del derecho en pensi

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO EN PENSIONES-Contra acto administrativo ficto de petición de reliquidación de pensión de vejez a COLPENSIONES REGIMEN DE TRANSICION EN PENSIONES-Factores salariales que se deben incluir para funcionarios de la Rama judicial y el Ministerio Público FALLO RELIQUIDACION PENSIONAL-Debe modificar la liquidación aplicando el Art 21 Ley 100/93 La impugnación está llamada a prosperar, en el entendido que la pensión reconocida al demandante debe liquidarse según lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, esto es, teniendo en cuenta el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los últimos diez (10) años, los que se hallan previstos en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994, pero incluyendo la prima especial consagrada por la Ley 332 de 1996 y la bonificación por compensación también denominada bonificación por gestión judicial o bonificación por compensación orden judicial creada por el Decreto 610 de 1998

Actor: Jairo Hernando Gutiérrez García

Demandado: Administradora Colombiana de PensionesCOLPENSIONES

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PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

183

CONCEPTO No.

IUS PGN E-2020-591623

Bogotá, D.C., 07 de diciembre de 2020

Doctora SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ Consejera ponente Sección Segunda-Subsección “B” Consejo de Estado

E. S. D.

Referencia: Expediente No. 73001233300020170062801

No. Interno: 5492-2019

Demandante: Jairo Hernando Gutiérrez García Demandado: Administradora Colombiana de PensionesCOLPENSIONES Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Asunto: Apelación sentencia - Ley 1437 de 2011

I. ANTECEDENTES El señor Jairo Hernando Gutiérrez García, actuando a través de apoderado judicial, invocó1 la nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para solicitar se declare la nulidad de acto administrativo ficto o presunto producto de la petición de fecha 26 de julio de 2016, por medio de la cual solicitó la reliquidación de la pensión de vejez, por cuanto, a su juicio, vulnera normas superiores.

A título de restablecimiento, pidió como pretensiones principales que se ordene a la Administradora Colombiana de PensionesCOLPENSIONES2, reliquidar la pensión de vejez que le fue reconocida sobre el 75% de la totalidad de todos los salarios y prestaciones devengadas por el accionante durante el año inmediatamente anterior (20102011) al cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo de servicio, para acceder a la pensión a la luz de la Ley 71 de 1988. Solicitó ordenar a la demandada pagar las diferencias que resulten entre lo pagado y lo dejado de percibir, desde el 13 de enero de 2012 y hasta la fecha en que cesen los

derechos que le dan origen. 1 Folios 28 a 43 del c. pral. 2 En adelante COLPENSIONES

Actor: Jairo Hernando Gutiérrez García

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Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 2 Que en el evento en que la pensión supere los 15 salarios mininos, se efectué su reconocimiento de conformidad con la Ley 797 de 2003, sin que dicho monto supere el equivalente a 25 salarios mínimos. Pidió además que se reconozcan intereses de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y que las sumas pagadas sean debidamente indexadas. También solicitó que el cumplimiento de la sentencia se haga conforme a los artículos 192 y 195 del C.P.A.C.A., y condene en costas a la parte accionada. Como pretensiones subsidiarias, pidió que en el evento de que se acoja la tesis de la Corte Constitucional, se declare la nulidad del acto acusado y a título de restablecimiento de derecho, se ordene a la entidad demandada reliquidar la pensión de vejez con el 75% de la totalidad de los factores salariales y prestacionales devengados durante los últimos 10 años anteriores al cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo, que no fueron tenidos en cuenta para liquidar la prestación como son: asignación básica mensual, prima especial, bonificación por compensación en porcentaje del 80%, gastos de representación

y bonificación por servicios prestados y, como consecuencia de lo anterior, ordenar a la Procuraduría General de la Nación realizar los aportes sobre los factores salariales que no fueron utilizados para realizar los aportes a COLPENSIONES. De igual forma, solicitó ordenar a la demandada pagar las diferencias que resulten entre el pago y lo dejado de pagar, desde el 13 de enero de 2012 hasta la fecha en que cesen los hechos que le dan origen, y las demás pretensiones antes citadas como principales en lo que resulte compatible. 1.1. HECHOS La parte actora señaló como supuestos fácticos los siguientes: Fue beneficiario del régimen de transición. COLPENSIONES, a través de la Resolución No. 02870 del 24 de mayo de 2012, le reconoció pensión de vejez conforme a las reglas de la transición, teniendo en cuenta como Ingreso Base de Liquidación3, los últimos 10 años anteriores al 11 de febrero de 2013. Prestó sus servicios a diferentes entidades del sector privado y público desde 1975 hasta el 10 de abril de 2011, siendo el último empleador la Procuraduría General de la Nación, para un total de 1.113 semanas cotizadas. Los salarios devengados durante el último año desde el 1º de enero de 2010 al 10 de abril de 2011, fueron los siguientes: sueldo, gastos de representación, prima especial, diferencia de bonificación por compensación, bonificación por compensación, prima de navidad, prima de servicios, prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados, indemnización por vacaciones. Que el status fue adquirido con anterioridad a la sentencia SU-230 de 2015 y que es

procedente la reliquidación de la pensión de vejez, conforme al IBL del último año de servicios prestados. 3 En adelante IBL

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Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 3 1.2 NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN El demandante citó como normas infringidas el artículo 150 de la Constitución Política, Ley 1437 de 2011 y Ley 4 de 1992, articulo 14. Después de citar las normas que consideró infringidas, adujo que el acto administrativo que se acusa vulnera las normas en las que se debía fundarse, especialmente los artículos 48 y 53 Superiores, relacionados con los principios de inescindibilidad de la ley y de favorabilidad. Adujo que se le reconoció la pensión de vejez en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, teniendo como marco la Ley 71 de 1988, que establece como status de pensión la edad de 60 años y el equivalente a 20 años de servicios prestados, debiéndose liquidar con el promedio de salarios devengados durante el último años de servicio y no con el promedio de lo devengado durante los últimos 10 años de servicios prestados. Señaló que tiene derecho a la reliquidación pensional, tomando como base el promedio del último año de salarios y sobre los cuales se haya aportado al ente de previsión social.

Indicó que tanto el Consejo de Estado como el Tribunal Administrativo del Tolima, a través de reiteradas providencias, concluyeron que las pensiones del régimen de transición deberán liquidarse conforme a la norma que regula la situación concreta y que para el caso corresponde a las Leyes 88 y 62 de 1985 y 71 de 1988. (fls. 37-41). 1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La apoderada de la Administradora Colombiana de PensionesCOLPENSIONES contestó la demanda y se opuso a que todas las pretensiones prosperen, expresando que carecen de asidero jurídico y factico. Enfatizó que la información correspondiente a los factores salariales devengados por la parte actora no reposan en el fondo de pensión, porque al momento de efectuarse la correspondiente cotización al sistema los mismos no son discriminados, pagándose una única suma mensual por concepto de cada afiliado, encontrándose estos por consiguiente en poder directo de todos y cada uno de sus empleadores, quienes conocían de primera mano los factores salariales y prestacionales devengados por el actor, siendo estos quienes determinaban aquellos que servían para integrar el IBL. Adujo que al momento de entrar a determinar los factores salariales que integran el IBL, el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debe entenderse conforme con los ingresos recibidos por el afiliado que sirvan de base para el cálculo de cotización al sistema. Expuso que para dar integra aplicación a la sentencia SU-230 de 2015, proferida por la Corte Constitucional, el IBL no es un aspecto de la transición y, por tanto, se aplican las

reglas contenidas en el régimen especial al que se pertenezca, en cuanto a edad, tiempo y tasa de reemplazo.

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Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 4 Señaló que la parte actora debe desvirtuar la presunción de legalidad del acto demandado, so pena de que se presuma que el mismo fue emitido conforme a derecho y propuso las excepciones de inexistencia de la obligación y también la excepción de prescripción. (fls. 69-77). 1.4. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA El Tribunal Administrativo del TolimaSala de Oralidad, mediante sentencia del 15 de agosto de 2019, decidió negar las pretensiones invocadas y no condenó en costas. Consideró la primera instancia que no hay discusión que el actor es beneficiario del régimen de transición y que su pensión fue reconocida a la luz de la Ley 71 de 1988; en cuanto al IBL, el a-quo expresó que el Consejo de Estado unificó su criterio en la sentencia del 28 de agosto de 2018, acogiendo la posición de la Corte Constitucional en torno al inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de modo que debe aplicarse frente a las pensiones reconocidas bajo el régimen de transición; en consecuencia, la regla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez

beneficiarios del régimen de transición, son únicamente aquellos sobre los que se haya efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema General de Pensiones. Concluyó el a quo indicando que dentro del plenario no está acreditado, que el demandante haya efectuado aportes a pensión sobre factores salariales que no fueron incluidos en la base de liquidación y que la sola afirmación de que ni la asignación básica fue factor de liquidación, no resulta de recibo, en consideración a que el acto de reconocimiento de la pensión señaló que las partidas de liquidación son las que sirvieron de base de cotización y de acuerdo con el resumen de las semanas obrantes a folios 99 a 100, durante el periodo en el que estuvo vinculado a la Procuraduría General de la Nación, el IBC fue aproximadamente cuatro veces superior al valor que devengó por concepto de salarios, permitiendo desvirtuar la aseveración. (fls. 116-1). 1.5. RECURSO DE APELACIÓN El apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, exponiendo que el juez colegiado arguye su decisión en la postura dada por el Consejo de Estado en el fallo del 28 de agosto de 2018, con ponencia del doctor Cesar Palomino Cortés, y que en ese orden de ideas no será procedente acceder a las pretensiones principales formuladas, pero que, sin embargo, no sucede lo mismo con las subsidiarias en razón a que el Tribunal paso por alto que el inciso primero del Decreto 610 de 1998, creó la bonificación por compensación para magistrados de

Tribunales, auxiliares y equivalentes, consagrando expresamente que esta será factor salarial solo para efectos de determinar la pensión de vejez, invalidez y sobreviviente. Adujo que, en ese orden de ideas, son factores salariales para reliquidar la pensión de los magistrados de Tribunales y auxiliares de las cortes, entre otros, el equivalente al 46% de la remuneración de los magistrados de las altas cortes y no solo los plasmados en el Decreto 1158 de 1994, sino que además ser la bonificación por compensación un ingreso a incluir.

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Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 5 Expuso que COLPENSIONES al momento de reliquidar la pensión de vejez, no le tuvo en cuenta la totalidad de la asignación básica devengada por él, e inclusive omitió la bonificación por compensación, que es un factor salarial a tener en cuenta para su liquidación, según el inciso primero del artículo primero del Decreto 610 de 1998 y solicitó revocar la sentencia y acceder a las suplicas subsidiarias de la demanda. (fls. 130-132).

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA DELEGADA Para esta agencia del Ministerio Público, el problema jurídico a definir se contrae en determinar si el accionante tiene derecho a que se le reliquide la pensión de vejez, con el

75% de la totalidad de todos los factores salariales y prestacionales devengados durante los últimos 10 años anteriores al cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo, que no fueron incluidos en la liquidación de la prestación como son: asignación básica mensual, prima especial, bonificación por compensación en porcentaje del 80%, gastos de representación y bonificación por servicios prestados. Para resolver el problema jurídico planteado, esta agencia del Ministerio Público encuentra conveniente analizar la normativa que establece: i) el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, ii) Acto Legislativo 01 de 2005, iii) Pensión de la Ley 71 de 1998, iv) las reglas jurisprudenciales del Consejo de Estado en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, v) Régimen jurídico y jurisprudencia de la prima especial y bonificación por compensación y vi) desarrollo del caso concreto. 2.1. Régimen de Transición de la Ley 100 de 1993. La Ley 100 de 1993, por medio de la cual se creó el sistema general de seguridad social, consagró en su artículo 36, el régimen de transición con la finalidad de proteger las expectativas de las personas que habían cotizado mínimo 15 años, o a quienes tuvieren 35 años de edad o más si son mujeres, o 40 años o más si son hombres, al momento de entrada en vigencia de la citada ley. A partir del 2005, luego de la expedición del Acto Legislativo 01, este régimen se aplicó hasta el 31 de julio de 2010, con algunas excepciones hasta el 31 de diciembre de 2014,

en cuanto a que los beneficiarios contaran con 750 semanas cotizadas o su equivalencia en tiempo de servicios al momento de entrar en vigencia. Por su parte la Corte Constitucional en la sentencia C-258 del 7 de mayo de 2013, en aplicación de los principios y criterios constitucionales de solidaridad, orden justo y de sostenibilidad financiera y fiscal del Sistema General de Participaciones, determinó que la interpretación constitucional y legal válida respecto de la aplicación del régimen de transición, es que si bien se mantienen algunos conceptos del régimen anterior (edad, tiempo y monto), en todo caso el concepto del IBL debe entenderse conforme a las reglas señaladas por la Ley 100 de 1993, esto es, ajustado únicamente a los factores determinados por el legislador con incidencia pensional y sobre los cuales se hayan realizado las cotizaciones al sistema. La Corte Constitucional estableció una serie de línea jurisprudencial uniforme en la materia a partir de la sentencia C-258 de 2013, pasando por la SU-230 de 2015, la SU427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, para finalmente concluir con la SU-023 de 2018,

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Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 6 señalando que para la liquidación de las pensiones beneficiadas por la transición, se debe tomar el IBL preceptuado por el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en

concordancia con el artículo 21 de la misma Ley. Es preciso traer a colación lo definido por esa alta corporación sobre el ingreso base de liquidación (IBL), en la sentencia de unificación 023 del 2018, al ponderar las reglas jurisprudenciales aplicables al régimen de transición, veamos: “(…) 97. Como conclusión del análisis que antecede, las principales reglas jurisprudenciales, en cuanto al alcance del régimen de transición que estatuyó el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, derivadas del ejercicio del control abstracto de constitucionalidad (Sentencia C-258 de 2013) y del alcance de los derechos fundamentales que involucra, decantadas en las sentencias de unificación antes citadas, son las siguientes: […] 101. (iv) A los beneficiarios del régimen de transición les son aplicables las reglas previstas en las normas anteriores a la Ley 100 de 1993 sobre: (i) edad para consolidar el derecho; (ii) tiempo de servicios o semanas cotizadas; y (iii) monto de la pensión. 102. (v) El monto corresponde a la tasa de reemplazo o, en términos de la Corte Suprema de Justicia, al porcentaje que se aplica al calcular la pensión. 103. (vi) El Ingreso Base de Liquidación (IBL), para el caso de las personas a las que se refiere el inciso 2º del artículo 36 de la Ley 100 del año 1993 (regla iii supra), es el que regula el inciso 3º del referido artículo 36, en concordancia con el artículo 21 ibídem y otras normas especiales en la materia. (…)”. 2.2. Acto Legislativo 01 de 2005

El propósito del Acto Legislativo 01 de 2005, fue adicionar al artículo 48 de la Constitución Política modificaciones sustanciales al Sistema General de Pensiones, para garantizar los derechos que se desprenden de la seguridad social y la sostenibilidad financiera del mismo sistema; de igual forma, señaló la vigencia del régimen de transición hasta el 31 de julio de 2010, extendió con alguna excepción estos efectos hasta el 31 de diciembre 2014, a quienes cumplieron un número mínimo de 750 semanas cotizadas al Sistema General de Pensiones, precisando que para la liquidación de las pensiones sólo se tendrían en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones. Sobre este asunto, en reciente pronunciamiento el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso AdministrativoSección Segunda, dentro del radicado 05001-23-33-00-201200572-01 e interno 1882-2014, emitió sentencia CE-SUJ-SII-020-2020 el 11 de junio de 2020, con ponencia de la doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez, en la que dijo: “75. De esta manera, el Acto Legislativo 01 de 2005, reiteró la gran preocupación que ya generaba la efectiva financiación de las pensiones y es por ello que, de un lado, asignó al Estado la responsabilidad de garantizar los derechos y la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, respetando los derechos adquiridos y pagando la deuda pensional que esté a su cargo, y de otro, estableció que hacia futuro las leyes que se expidieran en materia pensional debían asegurar la sostenibilidad financiera de lo consagrado en las

nuevas normas. En este mismo orden, dispuso que en la liquidación de las pensiones sólo se tendrían en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones, resaltando de esta manera la importancia que revisten los aportes en la financiación de la pensión y la equivalencia que debe existir entre estos aportes y la prestación”.

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Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 7 2.3. Pensión de la Ley 71 de 1988. La Ley 71 de 1988 estableció el régimen que regula la posibilidad de reconocimientos pensionales por acumulación de tiempos tanto en el sector público como en el privado y previó que el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes se haría en los siguientes términos: “Artículo 7:.A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias entidades de previsión social o de las que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación, siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.

El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las entidades involucradas” Este sistema permitió a quienes, durante su vida laboral, hubieren prestado sus servicios a entidades de naturaleza pública y empleadores del sector privado, a consolidar su derecho a la pensión, de ahí que la norma que regula la situación del actor es, precisamente, la contenida en la Ley 71 de 1988, en virtud de la transición contenida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, aspecto que el accionado y el a quo reconocieron. 2.4. Reglas jurisprudenciales del Consejo de Estado en cuanto al ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante sentencia del 28 de agosto de 2018, dentro del radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01, con ponencia del doctor César Palomino Cortés, fijó una regla jurisprudencial sobre el ingreso base de liquidación en el régimen de transición, determinando lo siguiente: “91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso 3 del

artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados para el Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables. Fijación de la Regla Jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición

92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sienta la siguiente regla jurisprudencial: “El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del

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93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de liquidar el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes

subreglas:

94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:

-Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. -Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE” (…). “96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones” (Negrillas del texto). De otra parte, advierte esta Delegada que en la sentencia de unificación antes citada, la alta corporación señaló que la aplicación del precedente juridicial no solo tiene un carácter vinculante y obligatorio, sino que por regla general para resolver los casos de reliquidación de pensiones de jubilación, se aplicará a los pendientes de resolver: “115. La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado aplicación al precedente en forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia, disponiendo que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se

aplican a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables”. 2.5. Régimen jurídico y jurisprudencia de la prima especial y bonificación por compensación. El Congreso de la Republica con la expedición de la Ley 4ª de 1992, creó una prima especial de servicios consagrada en el artículo 14, en los siguientes términos: «ARTÍCULO 14. El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993. (…)”. Luego, con la expedición de la Ley 332 del 19 de diciembre de 1996, el carácter no salarial de la mencionada prestación fue modificado, en el sentido de que esta debía tenerse en cuenta para efectos de liquidar prestaciones, pero únicamente respecto a la pensión de jubilación de los funcionarios señalados en la norma.

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Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 9 En la precitada la Ley 4ª, el Congreso concibió una nivelación entre funcionarios y empleados de la Rama Judicial, en cumplimiento del principio de igualdad y ordenó al gobierno hacer el ajuste de ese año en la escala de remuneración, cumpliéndose y materializándose en el Decreto 610 de 1998,,, subrogado por el Decreto 1239 de 1998, mediante el cual se creó la denominada bonificación por compensación, que no es otra cosa que fijar el salario base de los beneficiarios por un porcentaje de salarios que devengaban los magistrados de las altas cortes y a partir de 2001 el porcentaje correspondió al 80%. La Sala Plena de Conjueces, Sección Segunda, Sala lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante sentencia SUJ-016-CE-52-2019 del 2 de septiembre de 2019, dentro del radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02(2204-18), con ponencia de la doctora Carmen Anaya de Castellanos, fijó las reglas jurisprudenciales sobre la prima especial de servicios y la bonificación por compensación, así: “PRIMERO. UNIFICAR JURISPRUDENCIA respecto a la prima especial de servicios de que trata el artículo 14 de la ley 4 de 1992 en los siguientes términos: 1.- La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación

básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación. 2.-Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente (…). 6.- La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo. La reliquidació