PGN - REGIMEN DISCIPLINARIO PARA LAS FUERZAS MILITARES - Acción pública de inconstituciona

ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Contra el numeral 21 del artículo 22 de la Ley 1862 de 2017, código disciplinario militar. medios para encauzar la disciplina de tipo correctivo y sancionatorio. “Artículo 22. Situaciones que dan lugar a la aplicación de medios correctivos. Son situaciones que dan lugar a la aplicación de medios correctivos, cuando se afecte en menor grado el servicio o la disciplina, las siguientes: (…)

21. Llevar de la mano o realizar expresiones o demostraciones eróticas en lugares o eventos no autorizados, a su cónyuge, compañera(o) o amiga(o), portando el uniforme”.

DECLARATORIA DE INEXEQUIBILIDAD-La norma acusada contraria a los derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad de los militares. En concreto, el demandante considera que la disposición acusada permite la aplicación de medidas correctivas cuando se lleve de la mano a otra persona (cónyuge, compañero o amigo) o se realicen demostraciones eróticas sin el permiso o autorización del superior jerárquico, a pesar de que tales acciones no tienen relación directa con el servicio, ni afectan el cumplimiento de los deberes institucionales o el correcto ejercicio de la función pública encomendada. En consecuencia, el accionante estima que la norma cuestionada constituye una “intromisión arbitraria en situaciones que son de la vida privada del individuo”. DERECHO A LA INTIMIDAD-Fundamento constitucional. La intimidad es un derecho fundamental consagrado en el artículo 15 de la Constitución Política. Se trata de una garantía de protección de las prácticas, costumbres, decisiones y

visiones de las personas que no afectan negativamente a los demás y pertenezcan a su ámbito privado, la cual manifiesta en distintas dimensiones, a saber: (i) La intimidad personal, esta es, aquella le permite al individuo no divulgar, publicar o fiscalizar aspectos íntimos y privados de su vida, lo cual incluye el derecho a ser dejado solo y a poder guardar silencio; (ii) La intimidad familiar, que “responde al secreto y a la privacidad en el núcleo familiar”; (iii) La intimidad social, es decir, aquella relativa a las relaciones o interacciones de una persona con un entorno, lo cual tiene que ver con los distintos vínculos públicos que se derivan de la interrelación de las personas. Esta perspectiva puede ser restringida a fin de satisfacer otros bienes constitucionales, siempre que se evite la afectación de derechos y garantías mínimas, como la dignidad humana; y (iv) La intimidad gremial, que “se relaciona estrechamente con las libertades económicas e involucra la posibilidad de reservarse -conforme a derechola explotación de cierta información, siendo, sin lugar a dudas, uno de sus más importantes exponentes, el derecho a la propiedad intelectual (C.P. art. 61)”. DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD-Se materializa con la posibilidad efectiva de todas las personas a auto determinarse/DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD-La posibilidad que tiene cada persona de escoger su propia opción de vida, limitada únicamente por los derechos de los demás y por el ordenamiento jurídico”. CÓDIGO DISCIPLINARIO MILITAR-Medios correctivos y sancionatorios para

encauzar su disciplina. Ahora bien, en los términos de los artículos 217 a 222 de la Constitución, el legislador tiene un amplio margen de configuración normativa para regular los derechos y las obligaciones de los miembros de las fuerzas militares, establecer sus regímenes de conducta, correctivos y disciplinarios, así como fijar los sistemas de promoción profesional, cultural y social de los mismos. Lo anterior, teniendo como límite el respeto de los derechos fundamentales de los individuos. En desarrollo de dichos mandatos superiores, en el capítulo primero del título segundo de la Ley 1862 de 2017, se señala que los medios para encauzar la disciplina son de dos tipos: (i) correctivos y (ii) sancionatorios. Los primeros son aquellos cuyo fin es el mantenimiento de la disciplina, y los segundos hacen referencia a las sanciones que se imponen agotando el debido proceso y tienen como finalidad el restablecimiento de la disciplina. RÉGIMEN DISCIPLINARIO PARA LAS FUERZAS MILITARES-Aplicación de medios correctivos en casos que afectan el servicio o la disciplina en un grado menor. Dentro de esas situaciones está el numeral demandado, así como también, para ilustrar, el desinterés en el desempeño de las obligaciones, deberes u órdenes de los superiores; el descuido en el aseo personal o en la correcta presentación en la persona o en el uniforme; hacer reclamaciones o peticiones en forma o términos irrespetuosos; y, encauzar la disciplina sin motivo a un subordinado. llo responde a la necesidad que el legislador advirtió de configurar un marco normativo en

relación con la ética militar, de manera tal que existiera un referente jurídico claro, específico y concreto sobre el comportamiento de los militares. Sobre el particular, en el debate parlamentario de cuerpo normativo en el que se encuentra contenido la norma demandada se sostuvo que: “Los valores éticos que estructuran la disciplina de las Fuerzas Militares no quedan [entonces] como meros señalamientos etéreos y abstractos, sino que de manera sencilla se puede apreciar cuál es el rol a desempeñar en los diferentes ámbitos en que actúa un militar: como comandante o subalterno, en la salud o en su cultura física, en las operaciones militares internas o en operaciones de paz, en cuestiones administrativas u operacionales; es decir, que de manera sencilla el militar va a saber cómo desempeñarse en las diferentes esferas en que puede actuar (…). [Lo que] permitirá encauzar la disciplina en forma rápida y expedita, siendo responsabilidad de todos los miembros de las Fuerzas Militares hacerlo”. CÓDIGO DISCIPLINARIO MILITAR-Medios correctivos disciplinarios/CÓDIGO DISCIPLINARIO MILITAR-Procedimiento para la aplicación de los referidos medios correctivos Además, se destaca que el artículo 23 de la Ley 1862 de 2017 enumera los medios correctivos para encauzar la disciplina, aclarando que estos no constituyen una sanción disciplinaria. En concreto, en dicha norma se describe, por ejemplo, que se podrá imponer como corrección la realización de trabajos manuscritos relacionados con la conducta que da lugar a la medida, exposiciones

2 orales, disminución de horas de salida en las que se cumplirán labores de servicio, entre otras. El procedimiento para la aplicación de los referidos medios correctivos quedó establecido en el artículo 24 de la normatividad en mención, el cual incluye el derecho del subalterno a ser escuchado antes de la imposición de la consecuencia jurídica respectiva, pues, en general, se trata de amonestaciones que se informan verbalmente sin ritualidades procedimentales especiales. 3 Bogotá, D.C., 2 de junio de 2021 Honorables Magistrados Corte Constitucional Cuidad

Expediente: D-14075

Referencia: Acción pública de inconstitucionalidad interpuesta por Cristian Fernando Cuervo contra el artículo 22 (parcial) de la Ley 1862 de 2017, “Por la cual se establecen las normas de conducta del Militar Colombiano y se expide el Código Disciplinario Militar”.

Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo.

Concepto No.: 6961

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 278.5 de la Constitución Política1, rindo concepto en el asunto de la referencia.

I. Antecedentes El ciudadano Cristian Fernando Cuervo Aponte interpuso acción pública de inconstitucionalidad contra el numeral 21 del artículo 22 de la Ley 1862 de 2017, cuyo texto se transcribe y subraya a continuación: “Artículo 22. Situaciones que dan lugar a la aplicación de medios correctivos. Son situaciones que dan lugar a la aplicación de medios correctivos, cuando se afecte en menor grado el servicio o la disciplina, las siguientes: (…)

21. Llevar de la mano o realizar expresiones o demostraciones eróticas en

lugares o eventos no autorizados, a su cónyuge, compañera(o) o amiga(o), portando el uniforme”. El actor solicita que la Corte Constitucional declare la inexequibilidad de la norma acusada al considerarla contraria a los derechos a la intimidad2 y al libre desarrollo de la personalidad3 de los militares, porque sanciona conductas que hacen parte de su plano privado y, por lo tanto, no deberían ser disciplinables. En concreto, el demandante considera que la disposición acusada permite la aplicación de medidas correctivas cuando se lleve de la mano a otra persona 1 “Artículo 278. El Procurador General de la Nación ejercerá directamente las siguientes funciones: (…) 5. Rendir concepto en los procesos de control de constitucionalidad”. 2 Artículo 15 de la Constitución Política. 3 Artículo 16 de la Constitución Política. 4 (cónyuge, compañero o amigo) o se realicen demostraciones eróticas sin el permiso o autorización del superior jerárquico, a pesar de que tales acciones no tienen relación directa con el servicio, ni afectan el cumplimiento de los deberes institucionales o el correcto ejercicio de la función pública encomendada. En consecuencia, el accionante estima que la norma cuestionada constituye una “intromisión arbitraria en situaciones que son de la vida privada del individuo”.

II. Concepto del Ministerio Público La intimidad es un derecho fundamental consagrado en el artículo 15 de la Constitución Política. Se trata de una garantía de protección de las prácticas, costumbres, decisiones y visiones de las personas que no afectan negativamente a los demás y pertenezcan a su ámbito privado, la cual manifiesta en distintas

dimensiones, a saber4: (i) La intimidad personal, esta es, aquella le permite al individuo no divulgar, publicar o fiscalizar aspectos íntimos y privados de su vida, lo cual incluye el derecho a ser dejado solo y a poder guardar silencio; (ii) La intimidad familiar, que “responde al secreto y a la privacidad en el núcleo familiar”; (iii) La intimidad social, es decir, aquella relativa a las relaciones o interacciones de una persona con un entorno, lo cual tiene que ver con los distintos vínculos públicos que se derivan de la interrelación de las personas. Esta perspectiva puede ser restringida a fin de satisfacer otros bienes constitucionales, siempre que se evite la afectación de derechos y garantías mínimas, como la dignidad humana; y (iv) La intimidad gremial, que “se relaciona estrechamente con las libertades económicas e involucra la posibilidad de reservarse -conforme a derechola explotación de cierta información, siendo, sin lugar a dudas, uno de sus más importantes exponentes, el derecho a la propiedad intelectual (C.P. art. 61)”. Por su parte, el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, establecido en el artículo 16 de la Constitución Política, se materializa con la posibilidad efectiva de todas las personas a autodeterminarse. “Ha sido definido constitucionalmente como la posibilidad que tiene cada persona de escoger su propia opción de vida, limitada únicamente por los derechos de los demás y por el ordenamiento jurídico”5. Ahora bien, en los términos de los artículos 217 a 222 de la Constitución, el legislador tiene un amplio margen de configuración normativa para regular los

derechos y las obligaciones de los miembros de las fuerzas militares, establecer sus regímenes de conducta, correctivos y disciplinarios, así como fijar los sistemas de promoción profesional, cultural y social de los mismos. Lo anterior, teniendo como límite el respeto de los derechos fundamentales de los individuos. 4 Corte Constitucional, Sentencia T-050 de 2016. 5 Corte Constitucional, Sentencia T-595 de 2017. Se ha sostenido que los elementos determinantes de la prerrogativa en comento son: (i) la capacidad libre y autónoma, y (ii) la expresión de la voluntad para determinar y escoger las opciones de vida, así como el desarrollo de la existencia. 5 En desarrollo de dichos mandatos superiores, en el capítulo primero del título segundo de la Ley 1862 de 2017, se señala que los medios para encauzar la disciplina son de dos tipos: (i) correctivos y (ii) sancionatorios. Los primeros son aquellos cuyo fin es el mantenimiento de la disciplina, y los segundos hacen referencia a las sanciones que se imponen agotando el debido proceso y tienen como finalidad el restablecimiento de la disciplina6. En ese contexto, la ley describe taxativamente las circunstancias que permiten la aplicación de medios correctivos, en los casos en los que resulte afectado el servicio o la disciplina en un grado menor. Dentro de esas situaciones está el numeral demandado, así como también, para ilustrar, el desinterés en el desempeño de las obligaciones, deberes u órdenes de los superiores; el descuido en el aseo personal o en la correcta presentación en la persona o en el uniforme;

hacer reclamaciones o peticiones en forma o términos irrespetuosos; y, encauzar la disciplina sin motivo a un subordinado. Ello responde a la necesidad que el legislador advirtió de configurar un marco normativo en relación con la ética militar, de manera tal que existiera un referente jurídico claro, específico y concreto sobre el comportamiento de los militares. Sobre el particular, en el debate parlamentario de cuerpo normativo en el que se encuentra contenido la norma demandada se sostuvo que: “Los valores éticos que estructuran la disciplina de las Fuerzas Militares no quedan [entonces] como meros señalamientos etéreos y abstractos, sino que de manera sencilla se puede apreciar cuál es el rol a desempeñar en los diferentes ámbitos en que actúa un militar: como comandante o subalterno, en la salud o en su cultura física, en las operaciones militares internas o en operaciones de paz, en cuestiones administrativas u operacionales; es decir, que de manera sencilla el militar va a saber cómo desempeñarse en las diferentes esferas en que puede actuar (…). [Lo que] permitirá encauzar la disciplina en forma rápida y expedita, siendo responsabilidad de todos los miembros de las Fuerzas Militares hacerlo” 7. Además, se destaca que el artículo 23 de la Ley 1862 de 2017 enumera los medios correctivos para encauzar la disciplina, aclarando que estos no constituyen una sanción disciplinaria. En concreto, en dicha norma se describe, por ejemplo, que se podrá imponer como corrección la realización de trabajos manuscritos

relacionados con la conducta que da lugar a la medida, exposiciones orales, disminución de horas de salida en las que se cumplirán labores de servicio, entre otras. El procedimiento para la aplicación de los referidos medios correctivos quedó establecido en el artículo 24 de la normatividad en mención, el cual incluye el derecho del subalterno a ser escuchado antes de la imposición de la consecuencia jurídica respectiva, pues, en general, se trata de amonestaciones que se informan verbalmente sin ritualidades procedimentales especiales. 6 Artículo 21 de la Ley 1862 de 2017. 7 Cfr. Exposición de motivos Proyecto de Ley Número 117 de 2015 Senado. Gaceta del Congreso 914 del 10 de noviembre de 2015. 6 El aparte normativo demandando contiene una situación que da lugar a la aplicación de una medida correctiva que se configura cuando un militar portando el uniforme, esto es, encontrándose en servicio activo, toma a su pareja de la mano o realiza expresiones afectivas o eróticas en público. Esto sin duda responde a los parámetros que la Ley 1862 de 2017 describe como de ética militar, es decir, del comportamiento esperado y deseado del servidor cuando está ejerciendo sus funciones. Así pues, contrario a lo que sostiene el accionante, la disposición demandada no hace alusión a una medida de carácter disciplinario, que implique la imposición de sanciones por conductas que sean ajenas al servicio o que hacen parte exclusiva del plano íntimo y personal del militar. En efecto, la ley en la que se encuentra contenida la norma acusada distingue las medidas correctivas de las sanciones

disciplinarias y, además, establece como presupuesto de las primeras la afectación del servicio en menor medida, con lo cual no se trata de circunstancias que acontecen en el plano de la intimidad del miembro de las fuerzas militares. Con base en lo expuesto, la Procuraduría estima que la norma demandada es constitucional, porque contempla una medida que supera los estándares de razonabilidad que le impone el ordenamiento superior a la labor legislativa8, porque: (i) Persigue una finalidad legítima, ya que en los términos de los artículos 217 a 222 de la Constitución, pretende encauzar la disciplina en el marco de la ética militar durante la prestación del servicio, la cual se puede ver afectada frente a ciertas expresiones o demostraciones de afecto o eróticas en público; (ii) Es adecuada para satisfacer dicha finalidad, pues la situación que se reprocha y da origen a la aplicación de medios correctivos no se configura en todos los escenarios de la vida del militar, sino que está supeditada a que: (a) se afecte en menor grado el servicio o la disciplina, (b) se realice en lugares o eventos no autorizados, y (c) se concrete portando el uniforme, como elemento distintivo para la ciudadanía de la prestación del servicio; (iii) Es necesaria, puesto que al tener la conducta que se estima causante de indisciplina como reproche un medio correctivo primordialmente de carácter pedagógico que no corresponde a una sanción disciplinaria, no se encuentra otra consecuencia jurídica menos lesiva para los derechos de militar que tenga la capacidad de generar el mismo grado de persuasión para lograr dicha finalidad; y (iv) Es proporcional, puesto que si bien prohibir ciertas expresiones o

demostraciones de afecto o eróticas en público durante la prestación del 8 La razonabilidad de la actuación del legislador puede controlarse por medio de diferentes métodos, entre ello, el test de proporcionalidad, el cual constituye “un instrumento hermenéutico que se materializa a través del desarrollo de un juicio de valor que: (i) evalúa las repercusiones negativas que unas determinadas medidas que tiendan por la consecución de unos fines constitucionalmente deseables, puedan llegar a tener en otros intereses jurídicos de igual jerarquía; y (ii) tiene en cuenta la conducencia e idoneidad del medio escogido para obtener el fin deseado, de forma que le sea posible determinar al juzgador de la causa si los intereses jurídicos en balanza se encuentran nivelados o si, por el contrario, existe alguno que se esté viendo claramente desfavorecido” (Sentencia C-144 de 2015, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez). 7 servicio se puede llegar a impactar el libre desarrollo de la personalidad y algunas dimensiones del derecho a la intimidad, lo cierto es que se trata de una afectación leve que busca procurar la mejor prestación de las labores que adelantan las fuerzas militares encauzando la disciplina de sus miembros, sin impedir que estos, cuando no estén ejerciendo sus funciones, desarrollen de forma libre y autónoma su voluntad en todos los aspectos de su vida, siempre que no afecten los derechos de otros, como lo establece el ordenamiento constitucional colombiano. Así las cosas, la disposición cuestionada no contempla una sujeción absoluta del militar a la autorización de un superior para desarrollar su personalidad de forma libre y autónoma en el plano de la intimidad (en cualquiera de sus dimensiones),

sino del simple reconocimiento de que mientras se porta el uniforme se presume la prestación del servicio, el cual requiere de altos estándares de comportamiento ético con el fin de que no se afecten los derechos y garantías de las demás personas ni el interés general, especialmente en labores tan sensibles y especiales como las que cumplen las fuerzas armadas.

III. Solicitud Por las razones expuestas, el Ministerio Público le solicita a la Corte Constitucional que declare la EXEQUIBILIDAD del numeral 21 del artículo 22 de la Ley 1862 de 2017, “Por la cual se establecen las normas de conducta del Militar Colombiano y se expide el Código Disciplinario Militar”.

Atentamente,

MARGARITA CABELLO BLANCO

Procuradora General de la Nación

Proyectó: Valentina Fajardo Gómez – Asesora Grado 19.

Aprobó: Juan Sebastián Vega Rodríguez – Procurador Auxiliar para Asuntos Constitucionales.

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