PGN - REGIMEN OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD - Bajo el título de falla en el servicio

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Responsabilidad Administrativa por perjuicios por privación injusta de la libertad RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Tiene su fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Aplicación del In dubio pro reo según sentencia del Consejo de Estado PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD-Se fundamentó en testigos que con el transcurrir del tiempo perdieron credibilidad Este despacho procede a analizar las razones por las cuales le fue precluida la investigación al señor….,encontrando que un evidente atropello en el actuar de la administración de Justicia, con ocasión de la detención del actor, y por ende un rompimiento con el principio de la igualdad frente a las cargas públicas, pues no es aceptable para esta Delegada que se le vincule y detenga y por ende se le prive de la libertad a un ciudadano con la solo recepción de testimonios, de…..y del informe de la Sijín, que se fundamentó en esos testigos ya mencionados, que con el transcurrir del tiempo perdieron credibilidad. Por esta razón podríamos estar hablando de una “prueba débil”, toda vez que no fue lo suficientemente contundente y comprometedora a la hora de vincular al actor. Esta Delegada para el Ministerio Público, observa que efectivamente, en el caso sub lite, se presenta la privación injusta del señor….. puesto que la detención se realizó de manera arbitraria, y sin cumplir la ritualidad de la ley, las exigencias de la misma y la filosofía garantista de los derechos constitucionales y legales, tal y como quedó demostrado en la providencia de preclusión de fecha 24 de octubre de 2008 del

sindicado, pues sólo se contó con testimonios que perdieron fuerza probatoria, y en la diligencia de ampliación “ponen de presenten la no credibilidad de sus dichos, pues sólo se dedicaban a señalar ciudadanos a diestra y siniestra, pero no existe un sólo elemento probatorio que respalde esas incriminaciones que sobre ocho honorables ciudadanos del municipio de Durania efectuaron los testigos mencionados a lo largo de este proceso”. Adicionalmente uno de los testimonios se encuentra viciado, por esta razón, terminaron siendo descartados, toda vez que no aportaba credibilidad a lo declarado, y menos brindaba certeza; pues no estaba acompañado de otra prueba que le brindara credibilidad suficiente para derivar la existencia real del hecho investigado DETENCIÓN PREVENTIVA-Obligación de soportar las cargas públicas según jurisprudencia del Consejo de Estado PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD-Carácter de injusta según sentencia de la Corte Constitucional REGIMEN OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD-Bajo el título de falla en el servicio Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (60750) 54001233100020110000801 ….Este Despacho, encuentra que efectivamente con la privación de la libertad del señor…., se presentó una falla en el servicio, bajo el régimen objetivo, al detener y privar

del derecho de locomoción del actor, sin tener las pruebas pertinentes para decretar esta medida, tal como lo exige el artículo 232 del C.P.P; toda vez que la privación se realizó sin tener al menos dos indicios de responsabilidad atribuibles al sindicado que indiquen que haya sido el autor del delito imputado. INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS-Daños inmateriales por afectaciones a derechos constitucionalmente amparados según sentencia del Consejo de Estado PERJUICIO INMATERIAL-Por afectación a honra y buen nombre por privación injusta de la libertad CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA-No se configura para exonerar a la demandada …De conformidad con los lineamientos expuestos en el marco teórico y teniendo en cuenta los medios de prueba al expediente, para esta Delegada del Ministerio Público, es posible concluir que en el presente caso no se encuentran demostrada la culpa exclusiva de la víctima, toda vez que de acuerdo con lo citado en el numeral 2.2.7 del marco teórico, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que así la parte demandante haya sido absuelta por la justicia penal, ello no quiere decir, per se, que se configure la responsabilidad patrimonial de la administración, pues debe revisarse la culpa del penalmente investigado, pues, pese a que su actuación no haya tenido la magnitud para configurar el delito endilgado en su contra, sí puede exonerar patrimonialmente a la entidad demandada. Del estudio del caso, no se evidencian factores para determinar una culpa que se pueda endilgar a la víctima, ya que de conformidad con el acervo probatorio nada permite inferir

que la víctima con su comportamiento hubiere dado lugar a las medidas adoptadas por la fiscalía, el investigado fue detenido presuntamente, por encontrarse vinculado con grupos paramilitares, con base en una declaración imprecisa y no concluyente, con lo cual, no es posible atribuir ninguna culpa al comportamiento del señor…… por ende este eximente de responsabilidad no es procedente en el caso sub lite. DAÑO ANTIJURÍDICO-El procesado no estaba obligado a soportar la carga pública de la privación de la libertad/RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Es administrativa y patrimonial atribuible a la Nación-Fiscalía General de la Nación … Así mismo es preciso aclarar, que la entidad que estuvo a cargo de la detención y privación de la libertad, efectivamente fue la Fiscalía General de la Nación, como puede ser evidenciado en las pruebas señaladas en el numeral 2.3.2 de este concepto, circunstancias que la hace directamente responsable administrativamente a la entidad demandada y aquí condenada, por ocasionarle un daño antijurídico al señor….,como SCPK 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (60750) 54001233100020110000801 consecuencia de la privación de la libertad que fue soportada por la parte actora, cuando estos no tenían la obligación, ni el deber legal de hacerlo…..

….Así las cosas, este Despacho concluye que efectivamente se causó un daño por parte de la entidad administradora de justicia, por su actuar; que conlleva a que la Fiscalía General de la Nación, deba responder administrativamente frente a los daños causados al señor……y otros SCPK 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (60750) 54001233100020110000801

CONCEPTO No. 111 / 2018

Bogotá, D.C. 17 de julio de 2018 Señores

CONSEJO DE ESTADO

Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección A

Consejero Ponente: Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

E. S. D.

EXPEDIENTE: 540012331000-2011-00008-01 (60750)

Acción: Reparación Directa

Actor: Beatriz Salazar Torres y otros.

Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación.

Sentido del concepto: solicitud para CONFIRMAR y MODIFICAR el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander de 31 de agosto de 2017 / Se configuró la responsabilidad por parte de la entidad demandada / Faltó sustento probatorio y motivación por parte del Tribunal para el reconocimiento pecuniario a la parte actora, respecto de los daños derivados de la vulneración o afectación a bienes o Derechos Constitucional y Convencionalmente Amparados / Preclusión de la

investigación debido a carencia probatoria / Testimonios contradictorios y viciados sin fundamento probatorio / Falta de rigor jurídico en la construcción de los indicios/ el daño al buen nombre debe ser resarcitorio con medidas reparatorias y solo de manera excepcional, pecuniarias / Sentencia de Unificación del Consejo de Estado – Sección Tercera del 28 de agosto de 2014./ No se probó debidamente el daño al buen nombre. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento del ordenamiento jurídico, la protección del Patrimonio Público y de los derechos y las garantías fundamentales.

1. ANTECEDENTES

1.1. Demanda SCPK 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (60750) 54001233100020110000801 El señor Nelson Enrique Barón Torres y otros, actuando en calidad de víctima directa, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, entablaron demanda contra Nación – Fiscalía General de la Nación, para que se les declare administrativamente responsables por los perjuicios causados al demandante, con ocasión de la privación injusta del señor Barón Torres, desde el

veintiuno (21) de junio al 28 de julio de 2006, es decir durante un (1) mes y siete (7) días, por causa de la investigación penal que se le adelantó, por el delito de rebelión y desplazamiento forzado. Narra brevemente en la demanda1, presentada el 16 de diciembre de 2010, que el 21 de junio de 2006, el señor Nelson Enrique Barón Torres, fue capturado por orden emanada de la Fiscalía General de la Nación acusado por el delito de rebelión y desplazamiento forzado, por lo cual estuvo privado de la libertad durante treinta y siete días, en la Cárcel Modelo de la ciudad de Cúcuta, detención que fue revocada el 28 de julio de 2006 Posteriormente el 24 de octubre de 2008, la Fiscalía Segunda Delegada ante el Juzgado Promiscuo de los patios, Norte de Santander por resolución interlocutoria número 0402 PRECLUYE LA INVESTIGACIÓN, por ser la conducta atípica. Lo narrado fue noticia en prensa local como nacional, radio y televisión local y nacional, donde se mencionó al señor Nelson Enrique Barón Torres, como un peligroso guerrillero, cuando jamás existió respaldo probatorio suficiente para imputarle la comisión del hecho, por lo que no se le debió decretar en su contra medida de aseguramiento. Como consecuencia de los hechos plasmados, se produjeron perjuicios morales consistentes en la pena que el hecho causó en el detenido injustamente y a sus familiares como lo son sus hijos Hector Andrés, Orlando Enrique, Nelson Enrique Barón Rangel y Jose Alejandro Martínez Rangel, sus padres Juan de la Cruz

Salazar Barón y Rosalba Torres, sus hermanos Cándida, Beatriz, German Raúl y Alexander Salazar Torres. 1.2 Sentencia de primera instancia. El Tribunal Contencioso Administrativo de Norte de Santander, mediante fallo de fecha 31 de agosto de 20172, resolvió declarar administrativamente responsable a la Nación – Fiscalía General de la Nación, argumentando lo siguiente:  Para el caso en particular, indicó que la orden de captura proferida contra el señor Nelson Enrique Barón Torres, configuró una clara violación a su 1 A folio 1 a 15 del cuaderno No. 1 2 A folio 240 a 259 del cuaderno principal del Consejo de Estado. SCPK 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (60750) 54001233100020110000801 derecho fundamental a la libertad, consagrado en el artículo 28 de la Constitución Política, toda vez que esta se derivó de una prueba testimonial desmeritada y contradictoria.  Expuso que respecto a la responsabilidad de la entidad demandada, quedó demostrado que su actuación fue determinante en la causación de los perjuicios reclamados, pues esta entidad es quien tiene la obligación de investigar los hechos antes de detener y procesar a una persona soportado con el material probatorio suficiente.  Indicó que con ocasión de la privación de la libertad del señor NELSON

ENRIQUE BARÓN TORRES, se generó un daño antijurídico, el cual no estaba en la obligación de soportar dicha carga, puesto que no existían los elementos de juicio concretos y categóricos, máxime cuando se basó todo en una serie de testimonios los cuales fueron perdiendo credibilidad y veracidad durante el trámite procesal.  Consideró que el Estado en cabeza de la Fiscalía General de la Nación debe responder administrativa y patrimonialmente por los daños antijurídicos irrogados al actor, en razón que no existía mérito para privar de la libertad al señor NELSON ENRIQUE BARÓN TORRES, más cuando su situación fue resuelta mediante la preclusión de la acusación y se ordenó la libertad inmediata.  Aclaró que aunque la Fiscalía no hace referencia del señor José Alejandro Martínez Rangel, hijo de crianza de la víctima, para la fecha que se produjo la captura del señor NELSON ENRIQUE BARÓN TORRES, tenía tres hijos como se menciona en la indagatoria encontrada a folio 225 y en las declaraciones testimoniales encontradas a folios 186 al 193 que acreditan el vínculo con la víctima.  Encontró probado que el señor NELSON ENRIQUE BARÓN TORRES, estuvo recluido en las instalaciones del INPEC desde el 23 de junio al 28 de julio de 2006, es decir durante un lapso de un mes y cinco días, trayendo como consecuencia una afectación al derecho de honra y buen nombre visible a folio 55 del cuaderno de pruebas, por lo cual el Tribunal Administrativo de Norte de Santander reconocerá por concepto de daños inmateriales derivados de la vulneración o afectación a bienes o Derechos

Constitucional y Convencionalmente Amparados la suma de diecisiete (17) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.  En mérito de lo expuesto, mencionó que con la aplicación de la providencia de unificación, se complementa los criterios de acuerdo con la evolución SCPK 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (60750) 54001233100020110000801 jurisprudencial de la Sección Tercera en los términos del cuadro siguiente:  Así las cosas, en el caso en estudio, el tribunal falló: “PRIMERO: DECLARAR patrimonialmente responsable a la NACION FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN por los daños causados, con ocasión de la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor NELSON

ENRIQUE BARÓN TORRES.

SEGUNDO: CONDENAR a la NACIÓN – FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar por concepto de reparación por los PERJUICIOS MATERIALES en la modalidad de LUCRO CESANTE al señor NELSON ENRIQUE BARÓN TORRES la suma de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECISIETE PESOS ( $ 9.339.117), la suma que deberá ser actualizada a la fecha de la ejecutoria de la providencia.

TERCERO: CONDENAR a la NACIÓN – FISCALIA GENERAL DE LA

NACIÓN a pagar por concepto de reparación por los PERJUICIOS MORALES, lo correspondiente a:

ACTOR MONTO A PARENTESCO

INDEMNIZAR NELSON ENRIQUE TREINTA Y Víctima directa de BARÓN TORRES CINCO (35) la privación SMLMV injusta de la libertad SCPK 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (60750) 54001233100020110000801 MARIA ANTONIA TREINTA Y Compañera RANGEL BAEZ CINCO (35) permanente de la SMLMV víctima directa HÉCTOR ANDRES TREINTA Y Hijo de la víctima BARÓN RANGEL CINCO (35) directa SMLMV OMAR ENRIQUE TREINTA Y Hijo de la víctima BARÓN RANGEL CINCO (35) directa SMLMV NELSON ENRIQUE TREINTA Y Hijo de la víctima BARÓN RANGEL CINCO (35) directa SMLMV JOSE ALEJANDRO TREINTA Y Hijo de crianza de MARTINEZ CINCO (35) la víctima directa RANGEL(CRIANZA) SMLMV CUARTO: CONDENAR a la NACIÓN – FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar por concepto de reparación por DAÑOS INMATERIALES

DERIVADOS DE VULNERACIÓN O AFECTACIÓN A BIENES O

DERECHOS CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE AMPARADOS al señor Nelson Enrique Barón Torres, al suma de diecisiete (17) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES los cuales deberán ser liquidados de acuerdo al S.M.L.M vigente para la fecha en que se cobre firmeza la presente providencia. 1.3. Argumentos de la apelación. Por parte de la apoderada de la Nación – Fiscalía General de la Nación, quien interpuso recurso de apelación contra la sentencia adversa a sus intereses de su representado, argumentando lo siguiente:  Expuso que para la época de los hechos quien tenía la obligación constitucional de asegurar la comparecencia de los presuntos infractores y para el cumplimiento de la misma debía desplegar la actividad conducente, apegándose en todo momento, a lo dispuesto en los códigos en materia de derecho de defensa, debido proceso y demás garantías de los procesados.  Mencionó que el actuar de la Fiscalía General de la Nación dentro de la investigación adelantada en contra del señor Nelson Enrique Barón Torres, se encuentra ajustada con las obligaciones y funciones establecidas en el artículo 250 de la C.P y del estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación. SCPK 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (60750) 54001233100020110000801

 Concluyó que la actuación surtida por la Fiscalía General de la Nación, no indica la existencia de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, error jurisdiccional, ni privación injusta de la libertad, los pronunciamientos judiciales correspondieron a la naturaleza del proceso y a las pruebas decretadas y aportadas, por la cual no primó la arbitrariedad o conductas inapropiadas.  Consideró que la Fiscalía tiene la obligación constitucional de asegurar la comparecencia de los presuntos infractores y para el cumplimiento de la misma debía desplegar la actividad conducente, apegándose en todo momento, a lo dispuesto en los códigos en materia de derecho de defensa, debido proceso y demás garantías de los procesos.  Finalmente respecto a la afectación al buen nombre, señaló que la fiscalía no fue quien realizó dichas publicaciones que “claramente se puede leer de las páginas de los periódicos aportados a la demanda, que fue la Policía Nacional quien publicó la noticia”, así mismo citó lo contemplado por el Honorable Consejo de Estado en sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014, con relación al daño inmaterial, por afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados expresando: “procederá siempre y cuando, se encuentre acreditada dentro del proceso su concreción y se precise su reparación integral. Se privilegia la compensación a través de medidas reparatorias no indemnizatorias a favor de la víctima directa y a su núcleo familiar más cercano”.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

2.1. Problemas jurídicos Pueden ser expresados de la siguiente manera: 2.1.1 Problemas jurídicos planteados por la parte demandada Fiscalía General de la Nación :  ¿Es posible declarar responsable administrativamente a la Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios ocasionados a los actores con la privación de la libertad, de que fue objeto el señor Nelson Enrique Barón Torres, entre el 23 de junio y 28 de julio de 2006 por el delito de rebelión y desplazamiento forzado?  ¿Existieron indicios graves de responsabilidad que le permitieron a la Fiscalía General de la Nación, adoptar tal medida, privando de la libertad al señor Nelson Enrique Barón Torres durante un mes y cinco días? SCPK 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (60750) 54001233100020110000801 2.1.2. Problemas jurídicos planteados por parte del Ministerio Publico:  ¿Le asiste responsabilidad administrativa y patrimonial a la NaciónFiscalía General de la Nación, por la supuesta privación injusta, de la que fue objeto el señor Nelson Enrique Barón Torres, entre el 23 de junio y 28 de julio de 2006 por el delito de rebelión y desplazamiento forzado, que adelantó en su contra en la Fiscalía Primera Seccional de los patios

Cúcuta?  ¿Es procedente la reparación pecuniaria concedida por parte del Tribunal Administrativo de Norte de Santander en el fallo del 31 de agosto de 2017, respecto de los daños derivados de la vulneración o afectación a bienes o Derechos Constitucional y Convencionalmente Amparados, al “buen nombre” del señor Nelson Enrique Barón Torres, con ocasión a la privación de la libertad entre el 23 de junio y 28 de julio de 2006, por el delito de rebelión y desplazamiento forzado y la cual fue difundida en el diario local “La Opinión”?  ¿En el presente proceso bajo estudió, se estructuraron los factores determinantes para establecer que se presentó culpa exclusiva de la víctima? 2.2. Marco Teórico. Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. Responsabilidad extracontractual del Estado. Todos los asuntos de responsabilidad del Estado (contractual y extracontractual) deben ser desatados bajo la luz del Artículo 90 Superior, que es el principio general sobre el particular: “Art. 90. - El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas...” y bajo la invocación del régimen subjetivo, a la parte actora le corresponde demostrar la concurrencia de los siguientes presupuestos, para que sea viable declararla: a. Una falla, representada en una actuación ilegítima,

b. Un daño o perjuicio, y c. Un nexo causal entre el daño y la actuación. SCPK 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (60750) 54001233100020110000801 2.2.2. Carácter injusto de la privación de la libertad. Para evaluar si el ciudadano tiene o no el deber jurídico de soportar la carga impuesta por la administración de justicia conviene recordar la sentencia C-037 de 1996 en la cual con respecto a la privación injusta de la libertad la Corte Constitucional señaló: “Conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales en forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido apropiada, ni razonada ni conforme a derecho sino abiertamente arbitraria…”3 2.2.3. Aplicación del in dubio pro reo. En este orden de ideas, El Consejo de Estado4, señala que de manera unánime, ha adoptado el criterio conforme al cual quien hubiera sido sometido a medida de aseguramiento de detención preventiva, pero finalmente hubiera sido exonerado de responsabilidad mediante sentencia absolutoria definitiva o su equivalente con fundamento en: “Que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era

constitutiva de hecho punible, tiene derecho a la indemnización de los perjuicios que dicha medida le hubiera causado, sin necesidad de acreditar que la misma fue ilegal, errada, o arbitraria, dado que en dicha norma el legislador calificó a priori la detención preventiva como injusta. En otros términos, cuando en la decisión penal definitiva favorable al sindicado, el juez concluye que las pruebas que obran en el expediente le dan certeza de que el hecho no existió, o de que de haber existido, no era constitutivo de hecho punible, o de que el sindicado no fue el autor del mismo, la medida de aseguramiento de detención preventiva que en razón de ese proceso se le hubiera impuesto deviene injusta y por lo tanto, habrá lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que la misma le hubiera causado, tanto al sindicado, como a todas las demás personas que demuestren haber sido afectadas con ese hecho, sin que para llegar a esa conclusión, en los precisos términos del último aparte de la norma citada, se requiera realizar ninguna otra indagación sobre la legalidad de la medida de aseguramiento que le fue impuesta a aquél”5. 3 Corte Constitucional Sentencia No. C-037/96 de 5 de febrero de 1996 Ref.: P.E.-008 Revisión constitucional del proyecto de ley número 58/94 Senado y 264/95 Cámara, “Estatutaria de la Administración de Justicia”. Magistrado ponente Dr. Vladimiro naranjo mesa. 4 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección TerceraSubsección B Consejero ponente: Danilo

Rojas Betancourth (8) de junio de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 05001-23-31-000-2003-01318-01(44482) Actor: Héctor Evelio Vásquez Correa Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro Referencia: acción de reparación directa 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2011, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. SCPK 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (60750) 54001233100020110000801 2.2.4. La obligación de soportar las cargas públicas, en materia de detención preventiva. Al respecto, el Consejo de Estado sintetizó, que a los asociados les corresponde soportar la carga pública que implica participar, por voluntad de la autoridad, en una investigación, sin embargo adicionó que: “Carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas.” Ya que “en cada caso concreto deberá establecerse si el daño sufrido es de tal entidad que el afectado no está en la obligación de soportarlo, y resulta, en consecuencia, antijurídico, sea que

tenga causa en una providencia errada o en una providencia ajustada a la ley”, toda vez que “No puede considerarse, en principio, que el Estado deba responder siempre que cause inconvenientes a los particulares, en desarrollo de su función de administrar justicia; en efecto, la ley le permite a los fiscales y jueces adoptar determinadas decisiones, en el curso de los respectivos procesos, en aras de avanzar en el esclarecimiento de la verdad, y los ciudadanos deben soportar algunas de las incomodidades que tales decisiones les causen”6. 2.2.5. Carácter injusto de la privación de la libertad. Para evaluar si el ciudadano tiene o no el deber jurídico de soportar la carga impuesta por la administración de justicia conviene recordar la sentencia C-037 de 1996 en la cual con respecto a la privación injusta de la libertad la Corte Constitucional señaló: “Conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales en forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido apropiada, ni razonada ni conforme a derecho sino abiertamente arbitraria. …”. 2.2.6. Derecho fundamental a la libertad - Control de convencionalidad Del preámbulo y de otros preceptos constitucionales se deriva la consagración de la libertad como un principio sobre el cual reposa la construcción política y jurídica 6 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera - Subsección A veintiséis de agosto de dos mil quince. Rad.: 250002326000200700543 01 (39.950) Consejero Ponente: Dr. Hernán Andrade Rincón Actor: Elcida Molina

Méndez y otros Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación Asunto: Acción de reparación directa.

SCPK 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (60750) 54001233100020110000801 del Estado y como derecho fundamental, dimensiones que determinan el carácter excepcional de la restricción a la libertad individual. “La efectividad y alcance de este derecho se armoniza con lo dispuesto en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, por medio de los cuales se estructura su reconocimiento y protección, a la vez que se admite una precisa y estricta limitación de acuerdo con el fin social del Estado”7 De acuerdo con tal precepto, nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino i) en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, ii) con las formalidades legales y iii) por motivo previamente definido en la ley. El texto precisa así mismo que iv) la persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley, y advierte finalmente que v) en ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles. Así mismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por

Colombia dispuso en su artículo 7°, el derecho a la libertad como derecho fundamental que los estados deben garantizar, estableciendo: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguri