PGN - REGIMEN OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD - Utilización de las armas fuera del servicio

NOTA DE RELATOR. SE SUPRIMEN LOS DATOS DE MENORES PARA PRESERVAR LOS DERECHOS DE MENORES ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Falla del servicio donde resultó muerta una persona en un operativo RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Por acción o por omisión El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. RESPONSABILIDAD GENERAL DEL ESTADO-Elementos/DAÑO ANTIJURÍDICO-Culpa como elemento tradicional de la responsabilidad/IMPUTACIÓN-Definición Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportar, presentándose un desplazamiento de la culpa, que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Aplicación de los elementos estructuradores en que descansa en la culpa/PRINCIPIO IURA

NOVIT CURIA-Aplicabilidad jurisprudencial del Consejo de Estado A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. RÉGIMEN OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD-Utilización de las armas fuera del servicio Se ha sostenido en reiterados fallos del Consejo de Estado, que cuando se trata del uso de las armas por parte de los miembros de la fuerza pública, se pueden presentar casos en los cuales aquellos actúan en orden a sus funciones y en _________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 850012331000-2012-00165-01 (47.787) Demandantes: Doris García Giraldo y otros cumplimiento de los deberes legales asignados, y en otras situaciones actúan completamente por fuera del servicio, causándose así que se aplique en el primer caso el régimen objetivo de responsabilidad y en el segundo caso se habla de una

falla probada del servicio. RÉGIMEN DE FALLA PROBADA DEL SERVICIO-Hechos a demostrar por la parte demandante Así pues de conformidad con la reiterada jurisprudencia del H. Consejo de Estado, bajo la óptica del régimen de falla probada del servicio, a la parte actora le corresponde demostrar con miras a enervar la responsabilidad administrativa de las demandadas: i) la existencia de un daño antijurídico, ii) la existencia de una falla atribuible a la administración y iii) la existencia de un nexo de causalidad entre el daño y la falla que se atribuye al Estado, lo anterior sin perjuicio de que en el estudio del caso se detecte la existencia de una causa extraña o de una causal eximente de responsabilidad. EXÍMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Causales según jurisprudencia del Consejo de Estado RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Elementos concurrentes según jurisprudencia del Consejo de Estado

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IUS 2013-320591 2 ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 850012331000-2012-00165-01 (47.787)

Demandantes: Doris García Giraldo y otros

PROCURADURIA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá, D. C., septiembre 18 de 2.013 Doctora

STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO

Consejera Ponente Sección Tercera - Subsección B

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

REF.: Concepto 13-179

Expediente: 850012331000-2012-00165-01 (47.787)

Demandantes: Doris García Giraldo y otros

Demandados: La Nación – Ministerio de Defensa

Nacional – Policía Nacional Honorable señora Consejera: El proceso de la referencia se encuentra en conocimiento del H. Consejo de Estado para decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte actora, en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare, que negó las súplicas de los demandantes, trámite dentro del cual esta agencia del Ministerio Público en su condición de sujeto procesal, interviene para emitir concepto de fondo.

ANTECEDENTES

 La Demanda

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Expediente: 850012331000-2012-00165-01 (47.787) Demandantes: Doris García Giraldo y otros En ejercicio de la acción de reparación directa1, los señores

FLOR MARINA OROZCO de CIFUENTES, CARLOS ALBERTO

CIFUENTES OROZCO, OLGA YANETH CIFUENTES OROZCO, LUZ STELLA CIFUENTES OROZCO y DORIS GARCÍA GIRALDO quien obra en nombre y representación de su menor hija MANUELA CIFUENTES GARCÍA, solicitaron al Tribunal Administrativo del Casanare declarar a LA NACIÓN –

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL administrativa y extracontractualmente responsable de los perjuicios materiales y morales ocasionados a los demandantes, por la ejecución extrajudicial de persona protegida del señor RAMIRO CIFUENTES OROZCO, en hechos ocurridos el día 23 de abril de 2010, en la vereda Guineo, en jurisdicción del municipio de Aguazul, Departamento del Casanare. Como fundamentos de las distintas pretensiones, se presentaron los que se sintetizan a continuación: Se afirma en la demanda, que el señor RAMIRO CIFUENTES OROZCO fue contratado a comienzos del mes de marzo de 2010 para realizar un “trabajo” consistente en secuestrar al menor XXX hijo del entonces alcalde del municipio de Aguazul (Casanare), conducta delictiva que se consumó el día 16 de abril de 2010, hecho por el que el grupo Gaula del Casanare inició el respectivo plan de búsqueda. Manifiestan además, que el día 23 de abril de 2010, se logró el rescate del menor en la vereda el Guineo, jurisdicción del mismo 1 Demanda presentada el 24 de mayo de 2.012

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IUS 2013-320591 4 ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 850012331000-2012-00165-01 (47.787) Demandantes: Doris García Giraldo y otros municipio, operativo en el que resultaron heridos los señores

RAMIRO CIFUENTES OROZCO y JUAN CARLOS RODRÍGUEZ PINTO. Así mismo, asevera la parte actora que no obstante encontrarse herido el señor RAMIRO CIFUENTES OROZCO, pedir auxilio y rogar por su vida para que no lo mataran, uno de los uniformados con su arma de dotación oficial lo ultimó con dos tiros de gracia, proceder que está prohibido por el derecho Internacional Humanitario. Aseveran además, que dentro del juicio oral que se siguió en el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Yopal en contra de JUAN CARLOS RODRIGUEZ PINTO, éste bajo juramento, manifestó que el día del rescate la víctima fatal había quedado viva y que los oficiales del Gaula lo remataron cuando se encontraba en el suelo, situación por la que se adelantó investigación penal ante la Fiscalía Delegada para asuntos militares.  La Contestación Policía Nacional Mediante apoderado judicial se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que era inexistente la responsabilidad de la entidad en la muerte del señor RAMIRO CIFUENTES OROZCO, ocurrida el día 23 de abril de 2010 en el municipio de Aguazul (Casanare), pues la parte accionante faltó a la verdad cuando manifestó que el referido señor quedó vivo y que fueron los oficiales del Gaula quienes lo remataron cuando se

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IUS 2013-320591 5 ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 850012331000-2012-00165-01 (47.787) Demandantes: Doris García Giraldo y otros encontraba en el suelo; y que por el contrario, su deceso se debió a su actuar agresivo contra los agentes estatales utilizando para ello el arma de fuego que portaba. Como excepciones propuso: i) Inexistencia de falla en el servicio, manifestando que al arribo de la Policía Nacional a lugar donde se encontraban los secuestradores y la víctima, el personal del ente estatal hizo llamados de alerta a los delincuentes, pero éstos hicieron caso omiso y en respuesta abrieron fuego contra el personal policial, por lo que no les quedó otra alternativa que la de repeler el ataque, fuego cruzado en el que falleció el señor Cifuentes de un solo impacto de bala. ii) Legítima defensa, sustentada en el hecho de que la única manera posible de repeler la agresión de Ramiro Cifuentes fue utilizando las armas de dotación, toda vez que la respuesta armada tuvo como propósito repeler el peligro y la agresión de que fueron víctimas los policías que se encontraban tas la pista de estos delincuentes para lograr la liberación del secuestrado, ni siendo cierto que al señor Cifuentes habiendo quedado herido los uniformados lo remataran con dos tiros de gracia, hacho que quedó esclarecido en el informe de necropsia practicado al cadáver de la víctima, en donde se registró que el deceso se produjo por un solo impacto de arma de fuego que se alojó en la región auricular derecha, detrás del pabellón de la oreja, en

cuya herida no se observa ningún tatuaje ni rastro de pólvora que permita concluir que el mismo fue rematado.

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IUS 2013-320591 6 ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 850012331000-2012-00165-01 (47.787) Demandantes: Doris García Giraldo y otros Adicionalmente, al momento de hacer el levantamiento del cadáver, el occiso empuñaba en su mano derecha un arma tipo revólver y que al extraerle el tambor, se encontraron cuatro vainillas percutidas y dos sin percutir. iii) Culpa de la víctima, manifestando que en el presente caso concurrió una conducta negligente, dolosa e irresponsable por parte del occiso al cometer el delito de secuestro, conductas que evidenció la producción de su propio daño, pues ante el pregón de la consigna de los miembros de la Policía Nacional en lugar de rendirse, abrió fuego en su contra disparándoles en repetidas ocasiones (4), por lo que el actuar de los uniformados al responder ataque real, cierto y contundente de persona armada, torna su proceder en legítima defensa, luego no puede calificarse de excesiva o desproporcionada la fuerza utilizada, habida cuenta que si los delincuentes se hubieran entregado sin oponer resistencia, se les habría detenido sin que se hubiera producido la muerte de uno de ellos.  La Sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo del Casanare, mediante sentencia del

23 de mayo de 2013, negó las pretensiones de la demanda, al declarar probadas las excepciones de inexistencia de falla del servicio y de legítima defensa, en el actuar de los miembros de la Policía Nacional en el operativo realizado el 23 de abril de 2010, en el que resultó muerto el señor RAMIRO CIFUENTES OROZCO. Así mismo, declaró probada la causal eximente de

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Expediente: 850012331000-2012-00165-01 (47.787) Demandantes: Doris García Giraldo y otros responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima en la ocurrencia del daño. Al respecto, el a quo manifestó lo siguiente: “(…) Conclusiones: Atendiendo el periplo probatorio atrás referido, se arriba

las siguientes conclusiones: a. Los miembros del Gaula de la Policía Nacional hicieron uso de sus armas de dotación para repeler ataque efectivo con arma de fuego por parte de los secuestradores y concretamente de Ramiro Cifuentes Orozco quien empuñaba un revólver calibre 38 con el cual hizo varios disparos contra los agentes del Estado cuando pretendían rescatar al menor plagiado. b. En el momento de la confrontación armada, los uniformados no tenían otro medio o contaban con otro procedimiento para repeler el ataque que no fuera el de utilizar sus armas de dotación. c. La respuesta armada por parte de los miembros de la

Policía Nacional se hizo en legítima defensa no solo para salvaguardar sus vidas, sino para proteger la integridad del secuestrado en cumplimiento de deber legal y constitucional, debido a que se encontraba en evidente peligro, máxime cuando la respuesta armada no fue producto del factor sorpresa o se hizo a mansalva, por el contrario, precedió la proclama de tratarse de miembros del Gaula y se les reconvino verbalmente para que bajaran las armas, pero hicieron caso omiso, quedándoles como último recurso, el uso legítimo de la fuerza, que de acuerdo con el panorama fáctico demuestra la inexistencia de falla del servicio, luego las excepciones propuestas por la defensa están llamadas a prosperar. d. La víctima fatal no solo consintió y logró la comisión de conducta punible al atentar contra el bien jurídicamente protegido (la libertad), sino que al verse descubierto por los miembros de la Policía y ser reconvenido por los mismos abrió fuego en su contra, sin dejarles otra

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IUS 2013-320591 8 ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 850012331000-2012-00165-01 (47.787) Demandantes: Doris García Giraldo y otros alternativa que la de repeler la agresión, luego el resultado dañoso se produjo exclusivamente por su culpa, pues su conducta desobediente y agresiva contra

los uniformados fue determinante para que se produjera su deceso, lo que impone exonerar a la parte accionada de los cargos endilgados, eximirlas de responsabilidad administrativa y de imponerle condena alguna. (…)”  La apelación El apoderado de la parte actora interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare con miras a que ésta sea revocada, argumentando que hay lugar al reconocimiento de indemnización de perjuicios dado que de la declaración de JUAN CARLOS RODRÍGUEZ PINTO no fue tenida en cuenta, afirmando que en esta declaración, el deponente dijo que el señor RAMIRO CIFUENTES “se encontraba vivo y que los oficiales lo remataron en el suelo”, aseveración con la que, en su criterio, queda demostrado que miembros de la Policía Nacional abusaron del poder, y con el mismo, de las armas que les proporciona la Nación “incrustándole al señor Ramiro Cifuentes un tiro de gracia”. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO PROBLEMA JURÍDICO  ¿De acuerdo con los elementos probatorios allegados al proceso, es posible configurar la responsabilidad a cargo del

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Expediente: 850012331000-2012-00165-01 (47.787)

Demandantes: Doris García Giraldo y otros

Estado en el caso concreto; o por el contrario, se configura alguna de las causales eximentes de responsabilidad? ANÁLISIS JURÍDICO El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportar, presentándose un desplazamiento de la culpa, que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño.

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IUS 2013-320591 10 ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 850012331000-2012-00165-01 (47.787)

Demandantes: Doris García Giraldo y otros

A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. La jurisprudencia del Consejo de Estado en lo referente a la aplicación del principio iura novit curia, ha dicho lo siguiente: “(…) Con relación al régimen de imputación de la responsabilidad a la entidad estatal, puede suceder que la parte demandante considere que el hecho dañoso se produjo por una actuación atribuible a la Administración a título de falla, por no haber funcionado el servicio o haberlo hecho mal o tardíamente y en consecuencia, sea ese el régimen de imputación que alegue; al respecto, se observa que en virtud del principio iura novit curia, cuando el demandante alega determinado régimen de imputación de responsabilidad -como en el sub-lite, donde se plantea una falla del serviciopero el juzgador encuentra que es otro el que se ajusta a los hechos narrados en el libelo introductorio, puede, si así lo considera necesario, apartarse de aquel y aplicar el

correcto; sin embargo, sea uno u otro el régimen de imputación procedente, los elementos que lo conforman deben aparecer plenamente demostrados; de otro lado, a pesar de que en casos como el aquí analizado el régimen que normalmente se maneja es el de la responsabilidad

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IUS 2013-320591 11 ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 850012331000-2012-00165-01 (47.787) Demandantes: Doris García Giraldo y otros objetiva, en el que resulta irrelevante la conducta culposa de la entidad demandada, nada obsta para que además, con las pruebas allegadas al plenario, se acredite que efectivamente hubo una falla del servicio que produjo el hecho dañoso. (…)”2

CASO CONCRETO Se ha sostenido en reiterados fallos del Consejo de Estado, que cuando se trata del uso de las armas por parte de los miembros de la fuerza pública, se pueden presentar casos en los cuales aquellos actúan en orden a sus funciones y en cumplimiento de los deberes legales asignados, y en otras situaciones actúan completamente por fuera del servicio, causándose así que se aplique en el primer caso el régimen objetivo de responsabilidad y en el segundo caso se habla de una falla probada del servicio. De acuerdo con el relato de los hechos de la demanda, se pretende atribuir a la Policía Nacional la comisión de una falla en el servicio por una “ejecución extrajudicial” en la persona de RAMIRO CIFUENTES, en hechos ocurridos el día 23 de abril de

2010, en la vereda el Guineo, en jurisdicción del municipio de Aguazul (Casanare), cuando miembros del grupo Gaula desarrollaban un operativo de rescate del menor XXXX, quien había sido secuestrado el día 16 del mismo mes y año, afirmándose que -según el dicho de la parte actorael señor CIFUENTES se encontraba herido y que pese a que manifestó que se rendía y que aunque pidió auxilio y clamó por su vida, 2 CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERAConsejero ponente: RAMIRO SAAVEDRA BECERRA - Bogotá D.C., veinte (20) de mayo de dos mil cuatro (2004) - Radicación número: 85001-23-31-000-1997-0395-01(15650)

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IUS 2013-320591 12 ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 850012331000-2012-00165-01 (47.787) Demandantes: Doris García Giraldo y otros uno de los oficiales del Gaula en un acto cruel, lo remató en el piso disparándole en dos oportunidades a quemarropa; luego en este orden de ideas, en aplicación del principio de Iura Novit Curia el régimen aplicable al presente caso debe ser el de falla probada del servicio.

Así pues de conformidad con la reiterada jurisprudencia del H. Consejo de Estado, bajo la óptica del régimen de falla probada del servicio, a la parte actora le corresponde demostrar con

miras a enervar la responsabilidad administrativa de las demandadas: i) la existencia de un daño antijurídico, ii) la existencia de una falla atribuible a la administración y iii) la existencia de un nexo de causalidad entre el daño y la falla que se atribuye al Estado, lo anterior sin perjuicio de que en el estudio del caso se detecte la existencia de una causa extraña o de una causal eximente de responsabilidad. De los folios 18 al 25 del c.1, obran los registros civiles de nacimiento de FLOR MARINA OROZCO de CIFUENTES, CARLOS ALBERTO CIFUENTES OROZCO, OLGA YANETH CIFUENTES OROZCO, LUZ STELLA CIFUENTES OROZCO y DORIS GARCÍA GIRALDO y de MANUELA CIFUENTES GARCÍA; así mismo, a folio 19 del c.1 reposa el registro civil de nacimiento de RAMIRO CIFUENTES OROZCO, con lo que estaría acreditada la legitimación en la causa de los demandantes. En cuanto a la acreditación del hecho dañoso, tenemos que a folio 26 del c.1 reposa el registro de defunción de RAMIRO CIFUENTES OROZCO, de igual forma, se allegó al expediente el

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IUS 2013-320591 13 ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 850012331000-2012-00165-01 (47.787)

Demandantes: Doris García Giraldo y otros protocolo de necropsia No. 0008-10N (fls. 146-151 c.1) y el acta de inspección técnica de cadáver (fls. 137-145 del c.1), con lo que está demostrado el deceso del precitado señor.

Las circunstancias de tiempo modo y lugar en que sucedieron los hechos, quedaron plasmadas en las documentales allegadas oportunamente al proceso como son entre otros, la noticia criminal elaborada por la Fiscalía General de la Nación (fls. 74 al 79 c.1), el informe No. 847 de la FUIN GAULA (fls. 112 al 136 c.1), la Inspección Técnica del cadáver de RAMIRO CIFUENTES OROZCO (fls. 137 al 145 c.1), Protocolo de Necropsia 008-10N elaborado en el Hospital Juan Hernando Urrego E.S.E. de Aguazul (fls. 146 al 151 c.1). Así mismo, se allegaron al proceso las declaraciones del S.I. FREDY MERCHAN BOLÍVAR y del AG. ARMANDO SEGUNDO PÉREZ SANTIAGO, quienes participaron en operativo en el que resultó muerto RAMIRO CIFUENTES, de las cuales se extracta que por información dada por una fuente humana, se dirigieron la vereda el Guineo siguiendo el cauce del río Charte y que a eso de las 13:50 horas hallaron a los sospechosos, a quienes les ordenaron rendirse, pero que éstos no hicieron caso y que por el contrario, procedieron a dispararles, por lo que tuvieron que regresar el fuego, dándose como resultado del operativo el

rescate del menor, la captura de uno de los secuestradores quien responde al nombre de JUAN CARLOS RODRIGUEZ PINTO, así mismo se dio de baja al señor RAMIRO CIFUENTES y que los otros dos secuestradores lograron escapar por lo espeso de la vegetación del lugar.

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IUS 2013-320591 14 ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 850012331000-2012-00165-01 (47.787) Demandantes: Doris García Giraldo y otros Revisando el Protocolo de Necropsia 008-10N elaborado en el Hospital Juan Hernando Urrego E.S.E. de Aguazul (fls. 146 al 151 c.1), tenemos que al examinar qué lesiones presentaba el cuerpo de RAMIRO CIFUENTES, se estableció que no tenía ningún tipo de lesión ni en su cuerpo, ni en sus extremidades, siendo la única lesión que había en su cuerpo era la producida por una herida de bala en la cabeza a la altura del pabellón auricular derecho, que fue además la que le ocasionó la muerte, herida que no presenta ni rasgos de pólvora, ni tatuaje alguno, resultado que no es consistente con un disparo a quemarropa, lo que de plano, da al traste con la fantasiosa versión del también secuestrador JUAN CARLOS RODRÍGUEZ PINTO, en la que sostuvo que su cómplice RAMIRO CIFUENTES estaba herido, que se había rendido y que pese a eso uno de los policías le

disparó a quemarropa dos veces, pues como viene de verse, todas esta afirmaciones carecen de todo fundamento, pues la evidencia que presentaba el cadáver no es consistente con lo manifestado por RODRÍGUEZ PINTO. También se pudo establecer, que en la mano derecha del cadáver de CIFUENTES OROZCO se encontró un revólver Smith and Weson calibre 38 plateado, arma que al ser analizada y examinada se pudo hallar en el interior del tambor cuatro vainillas de munición disparadas y dos sin disparar, hecho que es consistente con la versión de los policías y que demuestra que en efecto, RAMIRO CIFUENTES sí disparó contra los miembros del Gaula, lo que provocó en uso del derecho de legítima defensa, la respuesta armada de los uniformados.

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Expediente: 850012331000-2012-00165-01 (47.787) Demandantes: Doris García Giraldo y otros Así las cosas, no encuentra esta Agencia del Ministerio Público un procedimiento irregular atribuible a la Policía Nacional, pues como puede colegirse su accionar estuvo acorde con sus obligaciones legales y que si bien se presentó el hecho luctuoso, éste no fue producto de una ejecución –como equivocadamente lo pretende hacer ver la parte actora-, sino que ello obedeció a un enfrentamiento que fue provocado por los mismos secuestradores entre los que se hallaba el extinto señor

CIFUENTES, razón por la que no se configuran los elementos necesarios para atribuir responsabilidad administrativa al Estado bajo el título de imputación de falla probada del servicio. Ahora bien, frente a la existencia de una causal eximente de responsabilidad; no puede pasar inadvertida la conducta desplegada por el señor CIFUENTES OROZCO, pues está plenamente demostrado que él mismo se expuso imprudentemente a sufrir algún tipo de daño o lesión, dado que tal y como lo reconoce la misma parte actora en el escrito de demanda participó conscientemente en la realización de “un trabajo” consistente en llevar a cabo el secuestro extorsivo del menor XXXX, hijo del entonces alcalde del municipio de Aguazul (Casanare), delito que fue consumado por cuatro secuestradores entre los que se hallaba CIFUENTES, quienes para llevar a feliz término su empresa criminal se dieron a la fuga reteniendo al referido menor, siguiendo el margen del río Charte. Ya el día 23 de abril de 2010, en la vereda el Guineo en las riberas del río Charte, alrededor de las 2:00 PM, los criminales

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IUS 2013-320591 16 ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 850012331000-2012-00165-01 (47.787) Demandantes: Doris García Giraldo y otros fueron sorprendidos por el Grupo del Gaula que andaba en la zona en búsqueda del menor secuestrado a raíz de

informaciones recibidas por fuente humana, y es allí en donde el occiso decidió por su propia cuenta y riesgo exponerse irresponsablemente al daño, al desobedecer deliberadamente la orden de rendición que le dieron los miembros del Gaula tanto a él como a sus otros tres secuaces, cuando los policiales los conminaron para que se entregaran y dejaran las armas, orden que fue desatendida por CIFUENTES OROZCO y por el contrario, procedió a disparar en varias oportunidades en contra de los representantes de la ley, lo que forzó a que los Policías tuvieran que responder el fuego, lo que dio co