PGN - REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD - Identificación de la población beneficiaria

SALA DISCIPLINARIA Bogotá, abril seis (6) de dos mil seis (2006). Aprobado en Acta de Sala No. 19.

Radicación: 161-2795 (165-73809/02).

Disciplinado: Miguel Antonio Ruano Navarro.

Cargo y Alcalde de Mocoa.

Entidad: Origen: Queja.

Fecha queja: 25 de abril de 2002.

Fecha 16 de diciembre de 2001.

Hechos: Asunto: Apelación de fallo.

P.D. Ponente: Dr. ESIQUIO MANUEL SÁNCHEZ HERRERA.

La Sala Disciplinaria en ejercicio de la competencia otorgada en el numeral 1 del artículo 22 del Decreto 262 del 2000, conoce en virtud del recurso de apelación interpuesto por el apoderado del disciplinado MIGUEL ANTONIO RUANO NAVARRO, la decisión adoptada mediante providencia del 25 de abril de 2005 por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, mediante la cual sancionó al implicado con multa equivalente a sesenta (60) días del salario devengado para la época de los hechos en cuantía de $5.517.112.

ANTECEDENTES PROCESALES

1. El presente proceso disciplinario se originó con fundamento en el escrito de queja presentado por el señor Antonio Rincón Pérez el 25 de abril de 2002, mediante el cual solicitó se investigara al Alcalde de Mocoa Miguel Antonio Ruano por haber asignado cupos a la Administradora del Régimen Subsidiado ARS Salud Cóndor, desconociendo el artículo 17 del Acuerdo 77 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud CNSS y la Circular Externa conjunta 018-74 del Ministerio de Salud y la

Radicación No.161-2795. Superintendencia del ramo, igual solicitud de investigación presentó en relación con los Alcaldes de Orito, Puerto Asís y San Miguel (fl. 4 C.1).

2. La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal por auto del 6 de agosto de 2002 ordenó la indagación preliminar respecto a los hechos objeto de queja ocurridos en el Municipio de Mocoa, y determinó remitir copia de la queja a la Procuraduría Regional de Putumayo para que se investigara la sindicación efectuada respecto a los restantes tres municipios (fls. 8 a 10 C.1).

3. Por auto del 21 de febrero de 2003 dispuso la apertura de investigación disciplinaria contra el doctor Miguel Antonio Ruano Navarro, Alcalde de Mocoa, que le fue notificado personalmente (fls. 46 a 54 y 139 C.1) El 24 de febrero de 2003 se incorporaron al proceso las diligencias adelantadas por la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa bajo el radicado 01479339-02, que correspondían a las diligencias adelantadas por la Procuraduría Regional de Putumayo bajo el radicado 052-7603, dependencia que el 27 de mayo de 2002 dispuso indagación preliminar contra Miguel Antonio Ruano Navarro, Alcalde de Mocoa (fls. 59 a 111 C.1).

4. El 3 de marzo de 2004 se formuló pliego de cargos contra el implicado Miguel Antonio Ruano Navarro (fls. 162 a 174 C.1), decisión que le fue notificada

personalmente (fl. 185 C.1). El apoderado del doctor Ruano Navarro presentó memorial de descargos aportando y solicitando la práctica de pruebas (fls. 186 a 198 C.1), petición a la que se accedió por auto del 20 de septiembre de 2004, que fue notificado por estado, previa citación al disciplinado y su apoderado a la cual no concurrieron (fls. 200 a 202 y 232 a 236 C.1). Mediante auto del 10 de febrero de 2005 se corrió traslado para alegar, que fue comunicado y notificado por estado (fls. 285, 289 a 295 C.1), haciendo uso de este derecho el apoderado del disciplinado (fls. 296 a 305 C.1).

5. La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal profirió fallo de primera instancia mediante proveído del 25 de abril de 2005, declarando responsable disciplinariamente al implicado Miguel Antonio Ruano Navarro, e imponiendo la sanción de multa de sesenta (60) días del salario que devengaba para la época de los hechos, decisión que fue notificada por estado ante la no comparencia a las citaciones efectuadas al implicado y su apoderado (fls. 306 a 313, y 315 a 323 C.1)

2 Radicación No.161-2795. Se interpuso recurso de apelación que se concedió por auto del 9 de agosto de 2005 (fls. 327 a 335 C.1). DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA El Procurador Segundo Delegado para la Contratación Estatal mediante proveído del 25

de abril de 2005 declaró responsable disciplinariamente al implicado Miguel Antonio Ruano Navarro en calidad de Alcalde del Municipio de Mocoa (Putumayo), de la imputación que le fue formulada, sancionándolo con multa de 60 días del salario devengado para la época de los hechos. El a quo fundó su determinación en el siguiente análisis: -El material probatorio allegado al proceso, como la queja, el oficio suscrito por el Secretario de Salud Municipal mediante el cual adjunta la relación de contratos celebrados con las ARS y el número de afiliados a las mismas, el oficio suscrito por el implicado a través del cual informó a DASALUD la distribución de los afiliados a las diferentes ARS del Municipio para la nueva cobertura con vigencia del 16 de diciembre de 2001 al 30 de septiembre de 2002, refleja que es inobjetable la situación descrita en el pliego de cargos, que el disciplinado en su calidad de jefe de la administración local celebró el contrato 113 con Salud Cóndor S.A., de afiliación de 925 personas. -El epicentro del debate es ubicado por el defensor del disciplinado en el exiguo término de 2 días concedido por DASALUD mediante Circular 116 del 14 de diciembre de 2001, para celebrar los contratos de aseguramiento e informar la distribución de los afiliados, so pena de dejar a más de 900 personas sin la prestación de servicio público de seguridad social en salud, argumento que el a quo considera válido en cuanto a la protección que se brindó a este derecho, pero disiente de la forma como se hizo efectivo, porque las 925 afiliaciones se surtieron con la ARS Salud Cóndor S.A. en

forma desequilibrada, en perjuicio de las otras que existían en el mercado, Selvasalud, Caprecom y Emssanar, y se actuó en detrimento de la libertad de los afiliados de escoger entre ellas, a quienes era imperioso informar sobre la red de servicios disponibles, quienes habrían escogido la de su preferencia, desconocimiento de este derecho que constituye la esencia del reproche formulado. -Respecto al argumento defensivo que el comportamiento reprochado fue guiado por el interés público de garantizar el derecho fundamental de la salud y de manera conexa el de la vida de las 974 afiliadas, consideró el a quo que no resulta suficiente para desvirtuar la acusación, porque lo que se cuestiona es el modus operandi, y tampoco 3 Radicación No.161-2795. admite que el acusado haya creído garantizar la función pública para mejorar las condiciones de salud de los asociados como resultado de los ponderación de intereses de cumplir una función enfrentado al de cumplir un deber, porque era posible conciliar el cubrimiento de la salud y la observancia del deber de permitir que los interesados seleccionaran la entidad, concluyendo que no se podía estructurar una causal de exclusión de responsabilidad de colisión de deberes, ni de error. -Señaló que no resulta imprescindible para mantener la imputación demostrar el interés que motivó el comportamiento del disciplinado al efectuar las nuevas afiliaciones a la ARS Salud Cóndor, ni que no se haya quejado ninguno de los afiliado, ni que éstos hubiesen expresado sus agradecimientos, ni que la escogencia de Salud Cóndor obedeciera a que tenía menos quejas, porque todos esos criterios no constituían

ingredientes definitorios de la selección de la entidad prestadora de los servicios de salud. -Concluyó que con el comportamiento desplegado por el implicado infringió los artículos 2, 23 y 26 numerales 4, y 5 de la Ley 80 de 1993, en tanto que al vulnerar lo previsto en los artículos 16 y 17 del Acuerdo 77 de 1997 del CNSSS, desconoció abiertamente los principios de transparencia y responsabilidad y los cánones 6 y 209 Constitucional, desconociendo en el ámbito disciplinario el numeral 1º del artículo 40 de la Ley 200 de 1995; y confirmó la calificación de la falta como grave y dolosa (fls. 306 a 313 C.1). SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN El apoderado del disciplinado mediante memorial visible a folios 327 a 334 del C.1, interpuso y sustentó el recurso de apelación exponiendo los siguientes argumentos: -DASALUD Putumayo, a través de la Circular 114 del 29 de noviembre de 2001, comunicó a los Alcaldes Municipales del Departamento (Mocoa, Puerto Asís y Orito) que estaban en posibilidad de cofinanciar con recursos propios la ampliación de cobertura de los beneficiarios de régimen subsidiado, la información que era requerida, y que ésta debía ser enviada hasta el 3 de diciembre. El Alcalde y la Secretaria de Salud de Mocoa presentaron la documentación necesaria, el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud a través de la Resolución 2015 del 13 de diciembre de 2001 expidió la ampliación de cupos del régimen subsidiado para los municipios que

cumplieron los requisitos exigidos, correspondiéndole a Mocoa 974 nuevos cupos, resolución de la cual se enteró el implicado el 15 de diciembre de 2001, cuando recibió la Circular No. 116 del 14 de diciembre de ese año proferida por DASALUD, en la cual 4 Radicación No.161-2795. le fue informado que los contratos con las ARS debían estar diligenciados a más tardar el día 19 del mismo mes, o en su defecto se perderían los recursos. -El implicado actuó convencido que para evitar que se perdieran los 974 nuevos cupos del régimen subsidiado que se habían otorgado al Municipio por cofinanciación, debía ponderar el interés de cumplir la legalidad y realizar el procedimiento contractual de selección de las ARS, con el interés general de lograr la efectiva prestación del servicio público de seguridad social en salud a la población más vulnerable del municipio por su estado de indefensión económica o pobreza material, y así consideró que primaba el interés público del derecho a la salud de la comunidad sobre el cumplimiento de la ley que regulaba un proceso de contratación, que de orientarse hubiera generado que los recursos se perdieran, atentando contra el derecho a la salud y de manera conexa contra el derecho a la vida de las personas beneficiarias de los cupos. Colisión de deberes que el a quo no admitió sin argumentación o medios de prueba, desconociendo las pruebas indicativas de que se encontraba ante una situación de extrema necesidad, de no permitir que se perdieran los cupos del régimen subsidiado que garantizarían los derechos de salud y vida de los beneficiarios, y que al escoger el deber de mayor importancia estaba cumpliendo los fines superiores del ordenamiento jurídico y

actuando conforme a la esencia de la función social que cumple un Estado Social de Derecho. - Si no se admite que existió colisión de deberes, invoca la presencia de un error de derecho, pues el disciplinado a través de un juicio ponderado y razonable realizó una interpretación de los deberes que guiaban su obligación. El disciplinado actuó con la convicción plena e invencible de garantizar un derecho fundamental y las funciones del Estado Social de Derecho, no creyó quebrantar un deber sino cumplir su función de garantizar el derecho a la salud de los asociados, sin que obre prueba en contrario, ni indicativa que de su intención fue vulnerar la Constitución y la Ley. El a quo sobre el particular sólo manifestó, sin sustento ni fundamento probatorio, que la actuación desplegada por el disciplinado no justificaba la conducta, conculcando el derecho a la defensa y el debido proceso. -Sobre el argumento esgrimido por el a quo que fue forzosa la afiliación de las personas beneficiarias, aduce que fue probado que ninguna se quejó, lo que corrobora que la decisión fue oportuna, eficaz y no generó vulneración de los derechos de los beneficiarios de los nuevos cupos en salud subsidiados, por el contrario la comunidad manifestó su agradecimiento. -El derecho disciplinario exige un principio de antijuridicidad que no se reduce a la sola contradicción de la conducta con la norma, sino a la antijuridicidad sustancial donde toma relevancia la violación del deber funcional, teniendo la sanción por finalidad la 5 Radicación No.161-2795. garantía del ejercicio de la función pública, garantizándose en este evento la función

pública del servicio de seguridad social en salud, al no perder los 974 nuevos cupos de afiliación al régimen subsidiado, cumpliendo los postulados del Estado Social de Derecho en procura de mejorar las condiciones de salud de los asociados y una vida digna, que no es posible lograr sin el servicio de seguridad social en salud. El a quo sustentó la antijuridicidad y el dolo sobre la base del resultado de la firma del contrato, efectuando un juicio de responsabilidad objetiva, olvidando que el elemento subjetivo es requisito de la tipicidad y de la sanción, y que se debe verificar la finalidad dolosa o culposa en la ejecución de la acción, conculcando los artículos 29 Constitucional y 14 de la Ley 200 de 1995. No existe prueba que indique que el disciplinado actuó con un interés diferente al de cumplir con el mandato de DASALUD, de afiliar a las nuevas personas al régimen subsidiado del sistema de salud. -La presunción de inocencia tiene reconocimiento con rango de derecho fundamental en el artículo 29 Constitucional, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de la cual el acusado no esta obligado a presentar pruebas que demuestren su inocencia, sino las autoridades deben desvirtuar la presunción, obteniendo plena convicción y certeza de la culpabilidad del implicado, porque si existe duda sobre la realización del hecho y la culpabilidad del agente debe resolverse a favor del acusado. -Solicita el archivo de las diligencias a favor del implicado, y que se llame a declarar a cualquiera de las 925 personas afiliadas para que expongan si sufrieron menoscabo en

sus derechos o si fueron obligados a permanecer afiliados a la ARS Salud Cóndor.

CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA

1. CAUSALES DE NULIDAD.

En el recurso de apelación se invocó la vulneración del derecho a la defensa y el debido proceso, y aún cuando no lo plantearon como causal de nulidad, debe ser analizada como tal al amparo de los numerales 2 y 3 del artículo 143 de la Ley 734 de 2002. Se fundamentó el concepto de vulneración de estos derechos argumentando que el fallo impugnado, sin sustento ni prueba, descartó la colisión de deberes o en su defecto el error planteado por la defensa, y edificó la antijuridicidad y el dolo sobre la base del 6 Radicación No.161-2795. resultado, efectuando un juicio de responsabilidad objetiva, proscrito constitucional y legalmente. Sobre el particular debe precisar la Sala Disciplinaria que el fallador de primera instancia analizó el aspecto planteado por la defensa de la colisión de los deberes de garantizar la función pública representada en la salvaguarda del derecho fundamental a la salud de los asociados, y el de garantizar a los afiliados el derecho a escoger libremente la administradora del régimen subsidiado y a las ARS de efectuar mercadeo sobre la red de servicios disponibles, concluyendo que al disciplinado le era posible conciliar el cumplimiento de los dos deberes, lo que impedía “excluir la antijuridicidad sustancial” y el dolo y aceptar que hubiera actuado con la convicción errada e invencible que su conducta no constituía falta disciplinaria, porque esta causal de

exclusión de responsabilidad se había edificado sobre la equívoca interpretación de la colisión de deberes efectuada por el implicado, que era vencible en razón de las condiciones del agente. Se evidencia que lo que se plantea es una discusión sobre valoración probatoria y su repercusión frente a las causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria esgrimidos por la defensa, estamos entonces ante una disparidad de criterios jurídicos del disciplinado y el fallador de primera instancia que no constituye causal de nulidad, sino que es propio del análisis y valoración jurídica de las pruebas frente a los argumentos presentados por el recurrente, que abordará esta instancia en acápite posterior.

2. DE LA PRUEBA SOLICITADA EN APELACIÓN.

En el memorial de apelación, el apoderado del disciplinado solicita que se llame a declarar a cualquiera de las 925 personas afiliadas al régimen subsidiado en salud para que expongan si sufrieron menoscabo en sus derechos o si fueron obligados a permanecer afiliados a la ARS Salud Cóndor. El artículo 171 de la ley 734 de 2002, prevé que en segunda instancia sólo es viable la práctica de pruebas decretadas de oficio, pues el disciplinado ha tenido en el curso del proceso la oportunidad procesal para solicitar y aportar las que considere necesarias tendientes a desvirtuar la responsabilidad que se le imputa. Por lo tanto, se rechaza como prueba solicitada. Y al amparo de facultad oficiosa, la Sala Disciplinaria no considera necesario decretar la prueba referida por el apelante, pues el acervo probatorio recaudado en el proceso, valorado en conjunto conforme a las reglas de la sana crítica, permitirá a esta instancia

7 Radicación No.161-2795. efectuar la valoración de los hechos frente al cuestionamiento formulado al disciplinado y la normatividad aplicable al caso.

3. CARGO FORMULADO.

La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal por auto del 3 de marzo de 2004 formuló al doctor Miguel Antonio Ruano Navarro, en calidad de Alcalde del Municipio de Mocoa (Putumayo) el siguiente cargo: “(…) celebró el contrato No. 113 del 16 de diciembre 2001 (fls. 148 a 149 y 72 CO) por un valor de $142.357.500,oo cuyo objeto es la afiliación de 925 personas a la A.R.S. SALUD CONDOR, obviando la libre escogencia de los usuarios y el libre mercadeo entre las A.R.S que prestan el servicio en el Municipio de Mocoa – Putumayo.” Como normas presuntamente infringidas se citaron los artículos 6 y 209 de la Constitución Política; 3, 23 y 26 numerales 4º y 5º de la Ley 80 de 1993, 174 y 179 de la Ley 100 de 1993; 16 y 17 del Acuerdo No. 77 de 1997 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud; 40 numeral 1º de la Ley 200 de 1995. La conducta fue calificada como grave con fundamento en el numeral 1º del artículo 27 de la Ley 200 de 1995, y se imputó a título de dolo (fls. 162 a 174 C.1).

4. ANÁLISIS Y VALORACIÓN JURÍDICA DE LAS PRUEBAS Y ARGUMENTOS

DEFENSIVOS. 4.1. El hecho constitutivo de la falta disciplinaria imputada. La celebración del contrato 113 de 16 de diciembre de 2001 fue el hecho que originó el cuestionamiento disciplinario que se le formuló al doctor Ruano Navarro, por haber obviado el derecho de libre escogencia de ARS por parte de los 925 usuarios, y haber obviado el derecho al libre mercado entre las ARS que prestaban sus servicios en el Municipio de Mocoa. -Debe advertirse que aún cuando el contrato 113 del 16 de diciembre de 2001 referido no fue aportado en el proceso, otras pruebas indican sin equívoco su existencia y contenido, como son:  Cuadro de contratos celebrado por el Municipio de Mocoa en diciembre de 2001, remitido por el Ministerio de Protección Social, con especificación del número del contrato, fecha de inicio, fecha final, número de afiliados, cuantía, valor, recursos del Fosyga, recursos del ente territorial (fls. 148 y 149 C.1). 8 Radicación No.161-2795.  Cuadro de pagos de contratos de régimen subsidiado 2001-2002, donde se indica el número de contrato celebrado con la ARS Salud Cóndor, vigencia, valor y número de afiliados (fl. 70 C.1).  Oficio del 17 de diciembre de 2001 suscrito por el disciplinado y dirigido a la Directora de DASALUD Putumayo, informando la distribución de los afiliados en las diferentes ARS del Municipio de Mocoa para la nueva cobertura del régimen subsidiado, con vigencia del 16 de diciembre de 2001 al 30 de septiembre de

2002 (fl. 72 C.1).  Memorial de descargos y recurso de apelación (fls. 186 a 196, 327 a 334 C.1).  Versión libre rendida por el disciplinado el 19 de noviembre de 2002 (fls. 102 y 103 C.1).  Acta de visita del 5 de noviembre de 2002 en la Secretaria de Salud de Mocoa, donde se indicó que el Alcalde efectuó la distribución de cupos en las diferentes ARS, entre ellos a la ARS Salud Cóndor S.A. (fls. 91 y 92 Anexo). -Igualmente a proceso obran pruebas demostrativas de la comisión objetiva de la conducta objeto de reproche disciplinario, cual es que el disciplinado al celebrar el contrato 113 el 16 de diciembre de 2001 con la ARS Salud Cóndor, para la atención de 925 personas beneficiarias de la ampliación de cobertura del régimen subsidiado de salud, afectó el derecho de los 925 nuevos usuarios a la libre escogencia de la ARS de su preferencia, y afectó el derecho de las ARS que prestaban sus servicios en el Municipio de Mocoa de efectuar labores de libre mercado tendientes a divulgar y promover los servicios disponibles a los futuros beneficiarios del régimen subsidiado en salud. Las pruebas demostrativas de esta situación son las siguientes:  Versión libre rendida por el disciplinado el 19 de noviembre de 2002 (fls. 102 y 103 C.1).  Oficio del 17 de diciembre de 2001 suscrito por el disciplinado dirigido a la Directora de DASALUD Putumayo, informando la distribución de los afiliados en las diferentes ARS del Municipio para la nueva cobertura del régimen subsidiado,

con vigencia del 16 de diciembre de 2001 al 30 de septiembre de 2002 (fl. 72 C.1).  Constancia expedida por Caprecom EPS Putumayo el 27 de abril de 2002, indicando que no había recibido información de la Alcaldía de Mocoa de los 974 cupos de nueva cobertura, que iniciaron a partir del 16 de diciembre de 2001, para realizar las campañas de mercadeo (fl. 71 C.1).  Comunicación de EMSSANAR E.S.S del 15 de noviembre de 2002, informando que no recibieron información de ningún Municipio de Putumayo sobre ampliación de cobertura de la vigencia del 16 de diciembre de 2001 al 30 de septiembre de 2002 (fls. 99 y 100 C.1). 9 Radicación No.161-2795.  Comunicación de Selvasalud S.A EPS del 18 de noviembre de 2002, expresando que no recibieron comunicación de la Alcaldía de Mocoa sobre la ampliación de cobertura que inició el 16 de diciembre de 2001 (fl. 105 C.1).  Comunicación suscrita por el disciplinado calendada 19 de junio de 2003, en la cual expresó las razones por las cuales se asignó a la ARS Salud Cóndor el mayor cupo de atención de los nuevos beneficiarios del régimen subsidiado en salud por ampliación de cobertura (fl. 141 C.1).  Memorial de descargos y recurso de apelación (fls. 186 a 196, 327 a 334 C.1).  Acta de visita del 5 de noviembre de 2002 en la Secretaria de Salud de Mocoa,

donde se indicó que el Alcalde efectuó la distribución de cupos en las diferentes ARS, entre ellos a Salud Cóndor S.A., y que no fue posible que se efectuara el mercadeo por éstas (fls. 91 y 92 Anexo).  Acta de visita practicada el 7 de noviembre de 2002 en la Secretaria de Salud del Municipio de Mocoa, en la cual se expusieron las razones por las cuales la administración decidió contratar a la E.P.S. Salud Cóndor S.A., para la prestación de los servicios objeto del contrato 113 del 16 de diciembre de 2001, y no a las otras ARS (fl.79 C.1). 4.2. La normatividad fundamento de la decisión de responsabilidad efectuada por el a quo. La decisión de responsabilidad proferida por a quo se estructuró sobre la vulneración de los artículos 16 y 17 del Acuerdo 77 de 1997 del CNSSS, de la cual derivó la infracción de los artículos 2, 23 y 26 numerales 4, y 5 de la Ley 80 de 1993 (en los principios de transparencia y responsabilidad), 6 y 209 Constitucional, y el numeral 1º del artículo 40 de la Ley 200 de 1995. Siendo los artículos 16 y 17 del Acuerdo 77 de 1997 del CNSSS el eje central de la imputación y declaración de responsabilidad, es necesario hacer mención expresa a su contenido. -El Acuerdo 77 del CNSSS, publicado el 20 de noviembre de 1997, definió la forma y condiciones de operación del régimen subsidiado del SGSSS. “Artículo 16.- Prohibición de afiliación forzosa. Bajo ninguna circunstancia se permitirá

la asignación forzosa de beneficiarios del Régimen Subsidiado a una determinada Administradora del Régimen Subsidiado. 10 Radicación No.161-2795. En el caso en que un potencial afiliado seleccionado como beneficiario no haya hecho uso del derecho de libre escogencia, dentro de los términos establecidos en el presente Acuerdo, deberá esperar para su afiliación hasta el siguiente período de contratación dependiendo de la disponibilidad de recursos.” Artículo 17.- Actividades de promoción de servicios y mercadeo de Administradoras del Régimen Subsidiado. Para efectos de brindar una mayor información a la comunidad beneficiaria, las entidades administradoras seleccionadas podrán realizar actividades de divulgación y promoción de sus servicios, y deberán informar sobre la red de servicios disponibles, con el fin de que el usuario escoja libremente la mejor alternativa. Si la Administradora ofrece servicios adicionales a los contemplados en el Plan de Beneficios del Régimen Subsidiado, estos deberán mantenerse durante el tiempo que el afiliado permanezca en la Administradora, y no podrán financiarse con cargo a la Unidad de Pago por Capitación Subsidiada.

PARÁGRAFO: Las autoridades y entidades públicas de los órdenes Nacional, Distrital, Departamental y Municipal, diferentes a las Administradoras del Régimen Subsidiado no podrán promover o inducir la afiliación a una determinada Administradora del Régimen Subsidiado. En consecuencia, las Administradoras del Régimen Subsidiado no podrán tener personal, propaganda u oficinas al interior de las Gobernaciones, Alcaldías Municipales o Direcciones de Salud.” (fls. 41 a 75 Anexo). 4.3. Otras disposiciones que deben ser tenidas en cuenta.

Para efectuar el análisis del presente caso es necesario referirnos a otras disposiciones del Acuerdo 77/97 del CNSSS, que ilustran sobre el régimen subsidiado de seguridad social en salud. - Los beneficiarios del régimen subsidiado son la población pobre y vulnerable que no tiene capacidad de pago para cotizar en el régimen contributivo, y por lo tanto recibe un subsidio total o parcial para completar el valor de la Unidad de Pago por Capitación Subsidiada (art. 2º). - Los potenciales beneficiarios del régimen subsidiado se identifican de diversas formas: a través de la aplicación del Sistema de Selección de Beneficiarios de Programas Sociales – SISBEN; tratándose de comunidades indígenas a través de la información suministrada al Alcalde por el Gobernador del Cabildo; en el caso de la población infantil abandonada, por la certificación expedida por el Instituto Colombiano de 11 Radicación No.161-2795. Bienestar Familiar; las personas consideradas en estado de indigencia por la identificación que efectué la Alcaldía; y las personas que tienen la calidad de artistas, autores y compositores reconocida por los Consejos Territoriales, por la información suministrada por los Consejos de Cultura (arts. 3º a 5º). - Basados en la información anterior las Alcaldías deben elaborar la lista de potenciales beneficiarios de afiliación al régimen subsidiado, conformada por la población perteneciente a los niveles 1 y 2 del SISBEN y la identificada como población infantil abandonada, en estado de indigencia, y artistas, autores y compositores, teniendo en cuenta un orden de población (rural, indígena y urbana), y por cada grupo también

opera una priorización de potenciales afiliados (art. 9º). - Los procesos de afiliación a una Administradora de Régimen Subsidiado tienen un término de duración de un año, que debe coincidir con uno de los dos períodos de contratación establecidos: del 1º de abril al 31 de marzo, y del 1º de octubre al 3º de septiembre del siguiente año (arts. 12 y 30). - Los afiliados actuales al régimen subsidiado, como de lo que llegaran a afiliarse tienen derecho de libre elección de ARS (art. 13). - La voluntad de traslado entre ARS debería manifestarla el afiliado después de 6 meses de iniciado el período de afiliación y hasta 90 días antes del vencimiento del mismo (art. 14). - El proceso de selección de ARS por los nuevos afiliados del régimen subsidiado, se regiría por la libre escogencia de la Administradora de su preferencia, acorde al siguiente procedimiento: (art. 15) - Una vez identificados los beneficiarios de los subsidios que pueden afiliarse, la Alcaldía debe comunicarles entre los 90 y 60 días calendario antes de iniciar el período de contratación, personalmente o por edicto, y a través de un medio masivo de comunicación, que deben elegir una Administradora de Régimen Subsidiado, informando la lista de entidades posibles que se encuentran inscritas y autorizadas para operar en el Municipio de residencia, con sus respectivas direcciones. - Entre los 90 y 60 días calendario antes de iniciarse el período de contratación las Alcaldías o Direcciones Locales de Salud deben suministrar en la misma fecha a

las Administradoras de Régimen Subsidiado inscritas y autorizadas en su territorio, la lista priorizada de las personas seleccionadas para recibir el subsidio. 12 Radicación No.161-2795. - Para proceder a las inscripciones los beneficiarios del subsidio deben seleccionar una Administradora del Régimen Subsidiado entre los 60 y 30 días calendario antes de iniciarse el período de contratación. - Realizadas las inscripciones las Administradoras del Régimen Subsidiado a más tardar 20 días antes de iniciarse el período de contratación, entregarán a las Direcciones Locales de Salud la lista de los afiliados con sus formularios, para proceder a la celebración de los contratos. - Las Alcaldías y Direcciones Locales de Salud verificarán los listados enviados por las Administradoras del Régimen Subsidiado y les informarán a más tardar 5 días calendario antes de iniciar el período de contratación, sobre el listado definitivo de afiliados por los que se realizará el contrato. - Los beneficiarios de los subsidios se entenderán afiliados cuando se suscriba el contrato con la Adm