PGN - REGISTRADOR MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL. - Responsabilidad por violación de los proto

Dependencia: Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa Radicación Nº: 071 – 17521 – 06

Indagado: CARLOS EDUARDO CASTAÑEDA ALTAMAR

Cargo y entidad: Registrador Municipal del Estado Civil Quejoso: De oficio Fecha de la Queja: 13 de marzo 2006

Fecha de los hechos: 12 de marzo de 2006

Asunto: Fallo de segunda instancia

Bogotá D.C. 12 de Junio de 2009 Procede el Despacho a conocer la segunda instancia del presente proceso disciplinario, en el cual se dictó decisión de primera instancia de carácter sancionatorio al servidor vinculado como sujeto pasivo de la acción en curso Folios 366 al 385), providencia objeto de impugnación (folios 387 y ss.). Observa el Despacho que en su análisis la Procuraduría Regional de Atlántico, estimó y decidió el 26 de agosto 2008 (folios 366 y ss. Cuaderno principal), sancionar con suspensión en el ejercicio de funciones públicas al Señor CARLOS EDUARDO CASTAÑEDA ALTAMAR en su condición de Registrador Municipal del Estado Civil de Remolino (Magdalena), e inhabilidad general por el término de doce (12) meses. CARGOS. En auto del 15 de mayo de 2008, visible a folios 333 a 343 del Cuaderno Original, se formuló cargo disciplinario único, en el cual, en forma expresa, se le imputó al disciplinado: (...) “Que el Doctor CARLOS EDUARDO CASTAÑEDA ALTAMAR, en su condición de Registrador del Estado Civil de Remolino – Magdalena – haber diligenciado personalmente el

formulario E-14, en las elecciones del 12 de marzo de 2006”. (...) Se citaron como normas infringidas: El literal b) del numeral 1º. Del acápite de Funciones del Registrador Principal grado 05 de la Resolución No. 6053 de 2000 y, los artículos 22, 23, 27, 34 numeral 1º, 35 numerales 1º y 7º y, 50 de ley 734 de 2002. A folio 349 (Cuaderno Principal), aparece la notificación del auto del cargo disciplinario formulado. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA Sobre la base del objeto último de la acción disciplinaria, esto es, la verificación de la ocurrencia de los hechos, y de la decisión fundamentada en las pruebas legalmente aportadas al proceso; consideró la primera instancia responsable al disciplinado del cargo formulado, por lo cual procedió a imponerle la sanción que estimó correspondiente a la comisión de la falta disciplinaria decidida. Antes de entrar a las consideraciones de fondo sobre el asunto, la primera instancia estudió el tema de la nulidad propuesta por la parte disciplinada (folio 375 a 377), al presentar sus descargos y alegatos de conclusión, haciendo consistir su argumento, básicamente, en que no tiene elementos o medios para defenderse de la imputación, pues no sabe en que pruebas se basa la inculpación, lo cual llevó a que no se le haya garantizado el derecho a conocer plenamente el motivo por el cual debe responder y por consiguiente se le vulneraron sus derechos a la contradicción y a la defensa. Al respecto manifestó la primera instancia que la defensa material supone el

pleno conocimiento de los hechos, la absoluta comprensión de los cargos formulados y la consecuente defensa efectiva del sujeto pasivo de la acción, lo que (…) “implica la posibilidad de realizar todas las actividades encaminadas (sic) demostrar que la acusación que se le formula es infundada, para lo cual se requiere, sin lugar a dudas, la absoluta Procuraduría Segunda delegada para la Vigilancia Administrativa Cra 5 15-80 P 8 PBX 5878750 ext 10896 2 comprensión de los cuestionamientos efectuados” (…), lo cual se realiza a través de diversas actividades procesales que persiguen la defensa efectiva, como exponer los argumentos defensivos, solicitar las pruebas fundamento de tales argumentos y, controvertir las pruebas aportadas en su contra. En el caso estudiado, el cargo formulado se hizo acatando las reglas del artículo 63 de la ley 734 de 2002, pues se formula un cargo único donde se describe concretamente la conducta censurada con fundamento en los hechos que se les describieron previamente y en el acervo probatorio aportado oportunamente, sin recibir tacha de tales medios probatorios por el disciplinado a pesar de gozar del conocimiento pleno de éstos. Tuvo oportunidad de conocer, a través de las pruebas, las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ocurrencia de los hechos que se le censuraron, se le recibió versión libre, se le respetó el derecho al debido proceso y la defensa en todas las etapas procesales, se confrontaron la pruebas y la versión libre bajo las reglas de la sana crítica, por tanto la solicitud de nulidad debía negarse, estimó la Procuraduría Regional.

Partiendo de la precisión del cargo formulado, conforme a cita de los folios 335 336 del cuaderno principal, entró a estudiar el deber funcional infringido desde las descripciones realizadas por la H. Corte Constitucional en la sentencia C-280/96, estimando que tal deber fue evidentemente conculcado, como lo prueban los elementos de convicción aportados al expediente, como las declaraciones de Virgilio Antonio Torres Cuello F.158, Dagoberto López Bonett F. 152, Yamile Beatriz Machado García F. 152 Vto. y 153, Asneth Castillo Acosta F. 364, César Bustamante González F. 113, donde está claro que el disciplinado ordenó que no se diligenciara el E-14 por parte de los Procuraduría Segunda delegada para la Vigilancia Administrativa Cra 5 15-80 P 8 PBX 5878750 ext 10896 3 jurados de votación a pesar de encontrarse éstos capacitados para cumplir bien y fielmente ese deber. Transcribió parte de la versión libre del Dr. Castañeda Altamar, especialmente los apartes en los cuales afirma el sancionado que en las versiones dadas por los registradores delegados, ninguno dijo haber impartido la orden a los jurados de no llenar los E-14 y menos aún que el registrador lo hubiera hecho; en donde explicó que los jurados de los corregimientos, a través del delegado, manifestaron sus dudas, por lo cual les dijo que lo esperaran porque iba a ir a asesorarlos, pero en la cabecera municipal se presentaron los mismos problemas y debió atenderlos, por tanto no fue y nunca tuvo contacto con aquellos, no les pudo dar la orden de

llenar los E-14; cuando relató que en la sede de la Registraduría ante testigos electorales, algunos jurados, la fuerza pública y personalidades representativas del municipio, se transcribieron los datos que los mismos jurados habían hecho a los formularios E-14; afirmó que no hubo adulteración alguna, lo cual estaba corroborado con el acta general departamental de escrutinios, pues se abrieron los sobres en buen estado y se escrutaron las mesas una a una y voto a voto, todo el municipio de Remolino; que la decisión de transcribir los resultados consignados en hojas llevadas por lo jurados, fue colectiva, testigos electorales, jurados, fuerza pública y personalidades, como el Alcalde, el Presidente de la Asamblea y el exalcalde. Explicó la autoridad falladora la violación al deber funcional, formal y sustancial, para pasar a establecer que el disciplinado, justamente, faltó a sus deberes funcionales al diligenciar los formularios E-14, pues su cargo así Procuraduría Segunda delegada para la Vigilancia Administrativa Cra 5 15-80 P 8 PBX 5878750 ext 10896 4 se lo imponía, sin que la versión libre rendida fuera de recibo porque al confrontarla con la carga testimonial y documental, perdió credibilidad y cobraron certeza, la existencia de los hechos y la participación del sujeto pasivo de la acción. En el aspecto subjetivo de la falta disciplinaria, la primera instancia explicó: (…) “En materia de responsabilidad disciplinaria para que exista dolo basta que la persona haya tenido conocimiento de la situación típica aprehendida

en el deber que sustancialmente se ha infringido, y haya captado que le corresponde actuar conforme al deber. El conocer ya involucra el querer, pues si conozco y realizo la conducta es porque quiero. Citó como soportes doctrinarios, las sentencias C244 de 1996 y C-708 de 1999 (folio 384). APELACION Previamente a ocuparse de la defensa, avocó la exposición del planteamiento de la existencia de nulidad, el cual, dice haber manifestado desde la contestación al pliego de cargos, cuando expresó que la imputación no se ajustó a las exigencias legales previstas en el artículo 163 del C.D.U., en cuanto la censura omitió tres (3) ítems esenciales, así: la descripción y determinación de la conducta investigada, con la indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó; las normas presuntamente violadas y; el análisis en que se fundamenta cada uno de los cargos formulados; adicionó el tema del análisis de los argumentos expuestos por los sujetos procesales. Procuraduría Segunda delegada para la Vigilancia Administrativa Cra 5 15-80 P 8 PBX 5878750 ext 10896 5 En términos concretos dijo sobre el primer aspecto relacionado, luego de transcribir apartes significativos del folio 311 del Cuaderno Principal, que únicamente fue mencionado el hecho de haber ingresado la información al formulario E-14, cuyo diligenciamiento era exclusivo deber y responsabilidad de los jurados de votación, sin confrontar ese hecho con el material probatorio obrante en el expediente, pues así debió proceder para redactar

la conducta presuntamente irregular, precisando la información inadecuada ingresada a los formularios E-14, a cuales de esos (formularios E-14) se ingresó dicha información, de cuales mesas, de qué corregimientos, por lo que cuestiona la claridad de las circunstancias de tiempo, modo y lugar del pliego de cargos. De las normas presuntamente infringidas, critica que no se citaron las disposiciones sustantivas presuntamente transgredidas. Sobre el análisis de las pruebas soporte de los cargos, censura la ausencia de evaluación sobre las pruebas allegadas, pues se mencionan pero no se estudian las contradicciones hechas a las mismas en diversos escritos exculpatorios y en la versión libre. Respecto al análisis de los argumentos expuestos por los sujetos procesales, no dice expresamente el argumento defensivo, pero se interpreta que en el fallo no se evaluaron las justificaciones presentadas por el implicado y sus apoderados. Argumenta que las omisiones expuestas, conllevan a la ausencia de garantía de conocer adecuadamente el motivo por el cual debe responder Procuraduría Segunda delegada para la Vigilancia Administrativa Cra 5 15-80 P 8 PBX 5878750 ext 10896 6 respecto de una falta disciplinaria, afectándose el derecho a la defensa por la presencia de irregularidades sustanciales lesivas del debido proceso, razones para declarar la nulidad del pliego de cargos, como ocurrió en el radicado 093-08617-2000, de la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, en cabeza del Dr. Cesar Augusto Amaya Medina,

cuando se dictó nulidad por las mismas razones el 30 de mayo de 2003. El hecho de no haberse resuelto la nulidad antes del fallo, conllevó a no poder asumir la defensa apropiadamente, porque la imputación no está completa, no existen bases que fundamenten la decisión y por ende no hubo forma de defenderse. Citó la sentencia C-107 de 2004 como soporte para el argumento expuesto. Sobre las afirmaciones contenidas en el fallo de primera instancia, relativas al respeto a la defensa y el debido proceso, como a la confrontación de la versión libre con las pruebas testimoniales y documentales, a la luz de la sana crítica, dice el apelante, que nada más alejado de la realidad, pues las afirmaciones están fuera de contexto, pues en el pliego de cargos, en ningún momento se establecen con claridad las declaraciones en las que se fundamenta la imputación, simplemente se hizo un listado de las declaraciones obrantes en el proceso pero sin analizarlas, como tampoco se confrontó el material probatorio para redactar un censura precisa. Rogó se le analizaran sus razonamientos y se verificara si hubo tramitación irregular al no resolver la nulidad antes de la sentencia. Procuraduría Segunda delegada para la Vigilancia Administrativa Cra 5 15-80 P 8 PBX 5878750 ext 10896 7 Trata un párrafo del fallo en el cual se citan diversas declaraciones en las cuales, dice el fallador, se sostiene que el implicado, por su propia iniciativa ordenó a los jurados de votación no diligenciar los formularios E-14, existiendo prueba documental sobre la capacitación a dichos servidores de

cumplir bien y fielmente las obligaciones que sus funciones les imponían. Expresa el recurrente sobre esas consideraciones, que el Procurador interpretó las declaraciones a su acomodo, porque en ninguna parte del expediente se dice que el procesado ordenó el no diligenciamiento de los formularios E-14, por lo cual, las bases de la inculpación son inventadas, no existen no las hay, y eso se demuestra con la transcripción de las declaraciones. Estima muy triste, lo que califica, de parcialidad y falta de objetividad del fallador de primera instancia, de quien afirma se encuentra alejado de sus funciones, pues los testimonios dicen totalmente lo contrario a lo afirmado por éste, coinciden en que no hubo orden del Registrador Municipal de no llenar los E-14 y que las elecciones fueron transparentes y que el Registrador sólo transcribió los datos, no los llenó. Para efectos de soportar sus afirmaciones anexó copias de las declaraciones de Virgilio Antonio Torres Cuello, Augusto Cesar Visbal Gutiérrez, Pedro Modesto Pertuz Villamil, Cesar Bustamante González, Solfina Luz Vásquez Sánchez, Dagoberto López Bonett, Yamile Beatriz Machado García, Greis Patricia González Ojeda, Asneth José Cantillo Acosta. Asegura que los jurados fueron capacitados a medias, porque los de los corregimientos de Martinete, Corral Viejo y San Rafael, no asistieron a las capacitaciones ni fueron los que se nombraron inicialmente en su totalidad, por eso las dudas; de ahí que el fallador cercenó las pruebas para acomodarlas y poder condenar al procesado, infringiendo el principio de

Procuraduría Segunda delegada para la Vigilancia Administrativa Cra 5 15-80 P 8 PBX 5878750 ext 10896 8 imparcialidad y por ende el de investigar lo favorable y lo desfavorable. No hubo confrontación entre las diferentes versiones, reiteró el disciplinado. Con fundamento en apartes del fallo, en donde se le censura haber incumplido, a sabiendas, sus deberes y funciones, al diligenciar irregularmente los formularios E-14, sin que se le hubiere aceptado su dicho prestado en la versión libre, por la confrontación probatoria realizada, que daba credibilidad y certeza a la Procuraduría sobre la existencia de los hechos y la autoría del procesado en la conducta censurada conforme a las circunstancias de tiempo, modo y lugar; preguntó el apelante, de que manera irregular diligenció los formularios E-14?, que formularios E-14? Donde están esos formularios E-14, cuando no fueron confrontados en parte alguna de los cargos o la sentencia?, respondiendo que la sentencia se basa en teorías, pero no en un planteamiento real y pruebas contundentes contra el disciplinado. Dice que la Viceprocuraduría General, en segunda instancia decretó la nulidad del presente proceso y ordenó pruebas, pero el funcionario ninguna prueba nueva recogió, repitió las declaraciones que al final dijeron lo mismo, esto es, que el disciplinado no ordenó el no diligenciamiento del E-14. Se pregunta que deberes infringió, de los contenidos en la ley 734? Pues en la sentencia no se observa el artículo quebrantado, solo se nombra la

Resolución 6053 de 2000, pero no se coteja con el C.D.U. En relación con el aspecto subjetivo de la falta, cuestiona que se le impute la falta a título de dolo, pues cómo se le va a realizar tal indicación sino se le ha Procuraduría Segunda delegada para la Vigilancia Administrativa Cra 5 15-80 P 8 PBX 5878750 ext 10896 9 probado que haya dado orden alguna de omitir el diligenciamiento de los E14, pues cómo iba a saber que los jurados no diligenciarían esos formularios o que iban a enviar los resultados en un papel aparte? Acaso tiene el don de la adivinación? Reitera que transcribió los resultados que eran dictados por otra persona, delante de la autoridades del pueblo, porque los jurados no los colocaron pero que sí los hicieron y los consignaron en un papel aparte no en el formato, entonces cómo puede decir el fallador que él quería diligenciar los formularios E-14? En caso tal, no hubiese pedido permiso a los presentes, sobre lo que hay suficiente evidencia y fue analizado en el escrito de apelación contra la primera sentencia. Agrega que para que haya dolo debe realizarse la conducta con conocimiento y voluntad de querer contrariar la norma abiertamente, por tanto, no puede atribuírsele dolo alguno, por cuanto no ordenó el no diligenciamiento del formulario E-14 a los jurados. Pregunta que deber legal infringió? Que perjuicio causó a la administración? Cuando ni siquiera el funcionario de conocimiento lo sabe y no lo dice en la sentencia y todo se hizo en forma pública, transparente y con la asistencia de los interesados y diversas autoridades, quienes estuvieron de acuerdo

con la transcripción, la cual se realizó para salvar los derechos que podían salir lesionados, por lo que el servidor con la responsabilidad de vigilar la organización electoral debía inclinarse por privilegiar los derechos de terceros. Plantea la colisión entre el derecho y el deber, en los siguientes términos: (…) “En el presente caso existe una (sic) cualisión de derecho-deber Procuraduría Segunda delegada para la Vigilancia Administrativa Cra 5 15-80 P 8 PBX 5878750 ext 10896 10 traducida en que la transcripción de los formularios E-14 cuestionado, esta vinculada a unos derechos del Registrador como ciudadano, los que debe respetar y propiciar que sean respetado (sic), que se hacen valer frente al deber que como servidor público me asistía” (…). Cita un aparte de la Dogmática del Derecho Disciplinario, de Carlos Arturo Gómez Pavajeau, 2ª edición. Cuestiona la calificación de grave hecha a la conducta censurada, en cuanto solo se cita el artículo 43 del C.D.U. pero no se soporta en ningún argumento esa calificación. Sobre la sanción impuesta manifiesta que su inconformidad radica en la ausencia de dolo, pues los escrutinios no fueron anulados, ni se profirió perjuicio de clase alguna, ni hubo quebrantamiento del deber funcional porque al transcribir los escrutinios realizados por los jurados se evitó la anulación de las mesas correspondientes, es decir, protegió los escrutinios. Solicita la revocación de la sentencia y la absolución de responsabilidad y, decretar la nulidad.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Concretamente el apelante plantea la existencia de nulidad de lo actuado a partir de los cargos disciplinarios, en atención a la generalidad de éstos que no precisaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos motivo de reproche disciplinario y, por otra parte, ataca de fondo la decisión de la primera instancia negando que hubiere dado orden alguna de no llenar Procuraduría Segunda delegada para la Vigilancia Administrativa Cra 5 15-80 P 8 PBX 5878750 ext 10896 11 los formularios E-14 en los corregimientos del Municipio de Remolinos, desprendiendo de allí críticas a la calificación de la falta y de la conducta. 1.- Sobre el alegato de la existencia de nulidad por imprecisión de la imputación, estima este Despacho que no le asiste razón al recurrente, pues el cargo formulado si es preciso y, el propio disciplinado se ha referido desde el principio de sus intervenciones con toda exactitud, pues se le atribuye a Carlos Eduardo Castañeda Altamar, como Registrador del Estado Civil de Remolino, haber diligenciado personalmente el formulario E-14, en las elecciones del 12 de marzo de 2006, no se le censuró haber transcrito datos incorrectos o no coincidentes con las votaciones reales, ni haber dado órdenes en el sentido de omitir el diligenciamiento de los E-14 a los jurados de los corregimientos o de alterar los resultados de las elecciones en dichos lugares, no, se le criticó haber diligenciado esos formularios personalmente, porque? Pues era su deber vigilar y garantizar, tomando las medidas necesarias para que no se presentaran tropiezos en el trámite íntegro de las

elecciones, lo cual no ocurrió, como los hechos narrados por los declarantes y el propio procesado lo evidencian, al unísono, todos coinciden en que llegaron a la Registraduría en Remolinos algunos E-14 sin diligenciar, actuación asumida por el Registrador en presencia de una multitud de personas, entre diversas autoridades y testigos electorales. El texto de la versión libre rendida por el Dr. Carlos Eduardo Castañeda Altamar (folios 65 al 86 del Cuaderno Original 2) es prueba suficiente para entender y aceptar que el citado servidor desde el principio de las averiguaciones supo, con toda claridad y precisión, cual era su falta y, por ello emprendió una actividad defensiva enorme y acuciosa durante todo el Procuraduría Segunda delegada para la Vigilancia Administrativa Cra 5 15-80 P 8 PBX 5878750 ext 10896 12 curso del proceso, al punto de asumir su defensa personalmente, luego de la asistencia profesional de dos abogados; así puede afirmarse que en su diligencia de versión libre pudo oponerse a las declaraciones hasta allí aportadas al expediente, explicando su punto de vista y contradiciendo una a una las afirmaciones de las personas que habían dado sus testimonios, incluso, atribuyendo la omisión a los jurados para exculparse de las recriminaciones, que en ese momento preveía se le vendrían encima posteriormente. Cosa diferente es que la defensa se haya concentrado en combatir el hecho de la orden u orientación transmitida por los Delegados Janer Borja o Vladimir Pertuz, de omitir el diligenciamiento de los E-14 hasta cuando se les indicara la forma apropiada de hacerlo, lo cual, de suyo, ya era irregular, en

cuanto todos tenían el deber de conocer cómo debían despachar el tema, pues además contaban con las cartillas ilustrativas de todas las actividades por realizar, adicionalmente, había comunicación permanente y podía explicarse telefónicamente el asunto, que no era cosa del otro mundo, pues no es tan complicado diligenciar los formatos diseñados para las elecciones, por tanto, los esfuerzos defensivos se encaminaron hacia la eliminación de todo vínculo del procesado con la orden de omitir la tramitación de los formularios E-14, posición en la cual insiste luego de conocer el cargo único formulado, como consta en el escrito de apelación, donde incluso aporta copias de algunas declaraciones para soportar esa posición defensiva y dar traslado de esa responsabilidad a otros servidores. Al Dr. Castañeda Altamar no se le citó disposición alguna en el sentido de haber cometido delito alguno, concretamente se le reprochó haber Procuraduría Segunda delegada para la Vigilancia Administrativa Cra 5 15-80 P 8 PBX 5878750 ext 10896 13 diligenciado los E-14, no haberlos adulterado o incluido en ellos datos falsos, como tampoco se le recriminó haber ordenado no tramitar los E-14 en los corregimientos de Remolinos, no, nada de eso se le reprochó; en este proceso, sin excluir el inicio de otros, la imputación refirió sólo al hecho de gestionar los formularios, asunto ajeno a su deber de velar por un desarrollo de las elecciones conforme a la ley, esto incluye, por supuesto, el respeto a las competencias y deberes de otros servidores y a la implementación y

ejecución de las propias en la forma prevista por el ordenamiento. En los descargos, a folio 352, el disciplinado se refirió a la imputación en forma concreta y directa, así: (…) En cuanto al hecho de haber ingresado información a los formularios E-14” (…), lo cual prueba la precisión del cargo y la orientación correcta de la defensa, hechos demostrativos que no hubo infracción a la defensa y al debido proceso, pues el sujeto pasivo de la acción tuvo conocimiento exacto de la imputación que se le hizo y de ella se defendió indicando que la información ingresada ya había sido registrada por los jurados de votación en una hoja de papel porque no sabían llenar los E14, así es que dichos datos fueron el resultado de los escrutinios realizados por los jurados, él se limitó a transcribirlos en el formulario. En el documento de descargos, dijo el procesado: (…) “La endilgación se centró en el hecho de que “…incurrió en el incumplimiento de los deberes propios de su cargo, como quiera que en contraposición a lo dispuesto, procedió en forma irregular con su actuar al ingresar la información al formulario E-14, siendo en dicha conducta donde radica su actuar contrario a derecho, como quiera que el diligenciamiento del formulario E-14 era exclusivo deber y responsabilidad de los jurados de votación de cada mesa Procuraduría Segunda delegada para la Vigilancia Administrativa Cra 5 15-80 P 8 PBX 5878750 ext 10896 14 de votación, siendo esta conducta transgresora de las funciones propias del cargo de Registrador contenida en la Resolución número 6053 de 2000,

como es el de “tomar todas las medidas necesarias para que las votaciones se realicen de conformidad con las disposiciones legales y las instrucciones que impartan (sic) el Registrador Nacional y la Registraduría Delegada en lo Electoral”, Sin embargo, únicamente fue mencionado ese hecho” (…). Luego de lo cual critica que ese hecho no fue confrontado con las pruebas militantes en el expediente para lograr una mejor redacción de la presunta conducta irregular, precisando que información fue ingresada al formulario E14, a cual de éstos, pertenecientes a que mesa y de que corregimiento. De la sencilla y desprevenida lectura del aparte citado, surge libremente la concepción de haberse entendido correctamente la imputación por parte del destinatario de ésta, pero intencionalmente involucra o adiciona elementos independientes para reclamar una pretendida precisión sobre la imputación, lo cual no es cierto, pues haber dado la orden, es una conducta, realizar maniobras dilatorias para no acercarse a dar la tal instrucción, es otra, ingresar datos a los formularios es otra, consigna datos falsos es otra, así es que el pretexto para desviar la atención no se entiende más que como una estrategia defensiva, pues las otras conductas podrán y deberán ser estudiadas en otras actuaciones, escenario en donde se establezcan las responsabilidades de los Delegados y de los jurados de votación en la omisión en diligenciar los formatos y de aquellos en inducir, desorientar, desviar o distraer la atención con el fin de lograr la no gestión del documento electoral, pero, está claro que no hubo necesidad de recurrir a otro tipo o clase de redacción porque más claro imposible, independientemente del

entendimiento que ha querido darle la defensa para desviar la atención hacia esos aspectos y lograr establecer la existencia de la nulidad planteada. Procuraduría Segunda delegada para la Vigilancia Administrativa Cra 5 15-80 P 8 PBX 5878750 ext 10896 15 Fuera de lo anterior, de manera espontánea, en el escritorio exculpatorio dijo el apelante: (…) “No niego que hubo una especie de irregularidad, pero no se hizo con el fin de ir contra las disposiciones legales, no lo hice con el objeto de causar daño,” (…), de donde interpreta esta instancia que hay aceptación expresa de la realización de la conducta reprochada, no de otra conducta, de aquella contenida en el cargo disciplinario (artículo 194 del C.P.C.). Considera este Despacho que el cargo disciplinario no está afectado de imprecisión y por este conducto haya dificultado la defensa, por el contrario, es de tal claridad la imputación que el servidor involucrado en los hechos no sólo se refiere a ellos para desvirtuarlos, sino que hace recomendaciones para mejorar la redacción con otros elementos normativos, que lejos de precisar la conducta, incluyen otras, igualmente censurables y de estirpe delictual, como ingresar datos falsos. Respecto a la presunta falencia en la cita de disposiciones infringidas, no se comparte el planteamiento defensivo, en cuanto no se hizo mención expresa de norma sustantiva transgredida, no es cierto; pues bien sabido es que las normas sustanciales contienen la concesión de un derecho o la imposición de una obligación o deber o prohibición, como en el caso disciplinario, donde

se prevén los deberes de los servidores. Por ello, en nuestro caso, al citársele al procesado el literal b) del numeral 1º del capítulo de Funciones de la Resolución 6053 de 2000 (manual de funciones) se le citó la disposición sustantiva, de igual manera opera el artículo 22 del C.D.U. que obliga al sujeto disciplinable o lo que lo mismo, al servidor público, a Procuraduría Segunda delegada para la Vigilancia Administrativa Cra 5 15-80 P 8 PBX 5878750 ext 10896 16 cumplir los deberes, respetar las prohibiciones, por tanto, la formulación de la violación normativa se encuentra adecuada a la imputación hecha. Sobre el análisis de los argumentos del sujeto pasivo de la acción disciplinaria, observa el Despacho que el fallo contiene acápites completos dedicados a los descargos, a los alegatos y, en las consideraciones se estudia la posición presentada desde la versión libre, así es que no se encuentra motivo para atribuir irregularidad a le decisión de instancia. 2.- En cuanto a la apelación, en el fondo del asunto, los motivos de impugnación hacen relación, básicamente, a la aplicación e interpretación probatorias, en cuanto se califica por el recurrente de acomodada y parcializada la misma y de no haberse confrontado las piezas probatorias en forma adecuada. Para el primer aspecto citó un aparte del fallo de primera instancia en el cual se dice que se encuentra probada la falta, conforme a las declaraciones de Virgilo Antonio Torres Cuello F. 158, Dagobeto López Bonett F. 152, Yamile

Beatriz Machado García F. 152 vto. Y 153, Asneth Cantillo Acosta F. 364, César Bustamante González F. 113, quienes manifestaron que por iniciativa propia el Registrador ordenó a los jurados no diligenciar el E-14, a pesar de encontrarse capacitados para cumplir bien y fielmente con sus deberes; afirmac