PGN - REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS - Operatividad

Bogotá DC, 30 de abril de 2003

Dependencia: Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa.

Radicación: 013-84746 de 2003 (a # 154 CVV)/

Presunto responsable Disciplinado: 1.- Luis Eduardo Tobón Cardona 2.- Wilson Darío Toro Zapata 3.- Sergio Melo Castellanos 4.- Mabel Cecilia Monroy García 5.- Otros: Anny Margarita Jordi De Ostau De Lafont 6.- Luz Mélida Gamboa Mesa 7.- Hugo Ramiro Rosero Ortiz 8.- Víctor David Torres Gil 9.- Luis Hernán Ulchur Collazos 10.- Julio Ulises Ibarra Daza 11.- Isaías Anaya Morales 12.- Valentín Del Río Contreras

Cargo y Entidad: 1.- Director General del INVIAS

2.- Secretario General Administrativo 3.- Secretario General Técnico 4.- Abogada de la Oficina Jurídica.- Apoderada judicial secretaria técnica del comité de defensa judicial y conciliación del INVIAS. 5.- OTROS: Delegada del Director en el Comité 6.- Subdirectora de Construcción 7.- Subdirector del Medio Ambiente y Gestión Social. 8.- Jefe De La Oficina Asesora Jurídica 9.- Profesional Especializado Oficina Jurídica 1002. 10.- Profesional Universitario Oficina Jur. 10/02. 11.- Profesional Especializado de la Regional del INVIAS (1999 a 2002) 12.- Director Regional del INVIAS (1999 A 2002) En el Departamento de Bolívar.

Quejoso: De oficio.- Instituto Nacional de Vías.-INVIAS.

Fecha queja: 20-3-2003

Fecha hechos: 1999 A 5/21 JUNIO 2001

Asunto: Remisión para asumir poder preferente en la averiguación disciplinaria 0-33-2002 del INVIAS. Archivo de la queja por cosa juzgada.

Entra el Despacho conforme a lo dispuesto por el artículo 277 numeral 6 de la Constitución Política, desarrollado por la Resolución 346 del 3-10-2002, de la Procuraduría General de la Nación, que regula las competencias y trámites para el ejercicio del Poder Preferente, en concordancia con los artículos 7 numeral 58 y 25 del Decreto 262 de 2000, y su Resolución Reglamentaria 017 del mismo año, emanada igualmente de la Procuraduría General de la Nación, así como las disposiciones del actual Régimen Disciplinario, Ley 734 de 2002, en sus artículos 3 y 69, 72, 75, 82 y 155 inciso 2, a decidir lo que en derecho corresponda. / En el presente caso, dado que conforme al artículo 69 de la Ley 734 de 2002, la remisión por competencia implica de suyo el ejercicio del poder preferente para desplazar a la oficina de control interno que adelantaba el proceso d. 33-2002, del INVIAS, por parte de la Delegada, se deja presente que aún no se había avocado el proceso remitido bajo esta presentación, pues se requiere del pronunciamiento que deba hacer la oficina del señor Viceprocurador General de la Nación, que es el único autorizado para que se asuma el conocimiento por el poder preferente en la Procuraduría General de la Nación, no obstante que el proceso se remita alegando

como soporte la calidad del sujeto activo previsto en el artículo 75 de la Ley 734 de 2002. Dado además que el 75 de la Ley 734/02 y en su inciso tercero ordenan preservar la doble instancia, y prevé que donde ello no fuere posible, la segunda instancia le corresponderá al respectivo Procurador Regional, y que si no fuere posible garantizar la segunda instancia por razones de estructura organizacional, conocerá de asunto la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo con sus competencias. Esta precisión en cuanto se mencionan dos funcionarios del orden descentralizado territorialmente, que laboraban en la Regional de Bolívar del INVIAS. . / Todo lo anterior, en concordancia con la Resolución 346 DE 3. 10-2002, que regula dicha facultad que radica exclusivamente como decisión de doble vía, sea para su recepción como para el envío en cabeza del Señor Viceprocurador General por delegación de Ia potestad constitucional entregada al Jefe del Ministerio Público en cabeza del Señor Procurador General y que por dicha disposición ya no se ejerce directamente por las Delegadas o dependencias regionales de la Procuraduría General de la Nación, sino con la imprescindible mediación del Señor Viceprocurador. ANTECEDENTES Se recibió con fecha de radicación en la Delegada, el 21 de abril de 2003, como fecha de recibo efectivo de las diligencias fechadas el 20 de Marzo de 2003 (fl. 4 co # 1), la denuncia oficiosa recibida en la Procuraduría General de la Nación, y contenida en el oficio de registro; control y correspondencia no. 59522003 (28-3-2003), a la

que luego se le diera número de expediente, con la cual se nos enviaba el escrito de RAÚL FRANCISCO OCHOA JARAMILLO, a través del cual la funcionaria encargada del trámite, menciona que: "solicita a la procuraduría, ejercer preferentemente el poder disciplinario dentro de la causa adelantada por el INVIAS.- expediente d-332002”, remitida desde la ciudad de Bogotá, para el trámite respectivo, para lo cual, se rindió luego de su análisis, el informe negativo contenido en el oficio 1020 del 24 de abril de 2003, ( fl. 203 y ss ), actualmente cursante en el expediente 013-84746 de 2003 (a # 154 cvv). HECHOS La denuncia oficiosa del INVIAS, surge contra el Director General, contra el secretario general administrativo y contra el secretario técnico administrativo por la fecha de los hechos (1999 a 2003), y trata de la petición que hiciera en oportunidad legal, de oficio, el Instituto Nacional de Vías .-INVIAS, como establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Tránsito y Transportes, y sucesor natural del FONDO VIAL NACIONAL, no sólo de parte del mencionado quejoso Doctor RAÚL FRANCISCO OCHOA JARAMILLO, actual Secretario General Administrativo de la entidad, sino además por la existencia y emisión de un auto de remisión por competencia del INVIAS del 19-3-2003 (fls. 23, 24, y 25 co # 1), proyectado por la Jefatura y coordinación del grupo de control interno disciplinario (Fl. 3), a cargo en

este momento de la Doctora GLORIA FALLA LAISECA, y con la activa participación igualmente oficiosa de los nuevos servidores públicos quienes laboran hoy en la Oficina Asesora Jurídica del INVIAS, en torno a las comunicaciones cruzadas por la actual Jefe de la misma, Doctora DORALBA LÓPEZ ALBARRACÍN y la denuncia presentada por el asesor de su despacho, Doctor MARIO JOSÉ MARTÍNEZ RAMÓN, por el extravío de una documentación. El asunto refiere no a un sólo punto como parecería, sino a la presunta irregularidad en que hubieran podido incurrir servidores públicos de alto nivel, por tres aspectos: .Omisión en la atención y trámite de procesos a cargo del INVIAS. .Por el no registro previo de la escritura de tradición de un predio en Cartagena. .Por la no suscripción de actas y pérdida de un folio del comité de defensa judicial y conciliación. Irregularidades en que habrían incurrido los siguientes: a) De nivel directivo ejecutor: 1.- Luis Eduardo Tobón Cardona

DIRECTOR GENERAL DEL INVIAS

2.- Wilson Darío Toro Zapata

SECRETARIO GENERAL ADMINISTRATIVO

3.- Sergio Melo Castellanos

SECRETARIO GENERAL TÉCNICO

b) Del Nivel profesional/Apoderada Judicial: 4.- Mabel Cecilia Monroy García Abogada de la oficina jurídica.- apoderada judicial / secretaria técnica del comité de defensa judicial y conciliación del INVIAS. c) Otros: 5.- Anny Margarita Jordi De Ostau De Lafont delegada del director en el comité

6.- LUZ Méllda GAMBOA MESA

Subdirectora de Construcción. 7.- Hugo Ramiro Rosero Ortiz

Subdirector del medio ambiente y gestión social. 8.- Víctor David Torres Gil Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 9.- Luis Hernán Ulchur Collazos Profesional especializado, oficina jurídica (/01/ 02). 10.- JULIO Ulises IBARRA DAZA Profesional universitario oficina jur. (/01, /02) d) De la Regional del INVIAS nivel territorial: 11.- Isaías Anaya Morales Profesional especializado de la regional del INVIAS (1999-2002) y 12.- VALENTÍN DEL RÍO CONTRERAS. Director Regional Del INVIAS (1999 A 2002) En La Regional Del Departamento De Bolívar El proceso interno disciplinario 0-33-2002, fue remitido por competencia, para poder garantizar la doble instancia que es precisamente uno de los criterios de selección de asuntos, ) con miras a un pronunciamiento imparcial, y en especial en atención al debido proceso a los tres primeros enlistados, quienes por razón de la jerarquía y cargo, tenían en su momento tareas propias del nivel directivo en la entidad, lo que motivó el envío de siete (7) cuadernos originales que cumplen el papel de anexos de nuestra investigación, contenidos en 3.072 folios, c fin de agregar otros puntos de cuestionamiento, y concreta responsabilidades en los hoy ex directivos que desempeñaban las funciones de Director General; Secretario General Administrativo; y Secretario General Técnico, quienes arrastrarían por fuero de atracción a los restantes miembros de otras dependencias cuestionadas en el auto DE apertura de investigación de fecha 18 de septiembre de 2002, abierta inicialmente por el INVIAS

contra cinco implicados de menor jerarquía, ampliada para vincular a los dos anteriores Secretarios, sin mención del Director, en fecha 20 de Enero de 2003. (fls. 11 y 12 co # 1). / LA FECHA DE LOS HECHOS: -Procesos Judiciales reportados en curso desde 1999 a 2001 por asuntos que llevaban desde 20 años atrás en pugna judicial. -Actas de conciliación de JUNIO DE 2001 Denuncio por pérdida de documentos de 17 de febrero de 2003.

Y prescribe: Desde 1999 -2003 / a: 2004 / 2003

CONSIDERACIONES

/ El OBJETO DE CUESTIONAMIENTO.

Como bien se precisó ante el Despacho superior, realizadas las investigaciones ordenadas en el término legal por la Resolución 346 de 2002, de la Procuraduría General de la Nación, el asunto en estudio del INVIAS comprende puntualmente así pareciera uno, al menos tres aspectos distintos en la remisión a estudio del proceso ..D-33-2002, en estado de apertura de investigación, que para efectos de la responsabilidad de los directivos antes mencionados se analiza como sigue: PRIMER ASPECTO: Presuntas irregularidades surtidas en cuarenta (40) procesos civiles reivindicatorios que adelantaba el INVIAS en Cartagena, de los que se aporta una muestra de veintiuno (21) de ellos en copias, que hacen un paquete de siete cuadernos, (ver folio 21) que en sentir de la Delegada se hallan indebidamente acumulados, como si se tratara de una sola investigación, y en las que no aparecen determinadas en debida forma las

circunstancias de tiempo, modo y lugar, ni en qué consiste la responsabilidad que deba series atribuida a cada uno de tales directivos de INVIAS en cada una de esas actuaciones judiciales, rotuladas bajo el señalamiento de "falta de atención u omisiones en su curso legal frente a los intereses judiciales del INVIAS, por poca o nula oposición en ellos" (fl. 23). Sin embargo el auto remisorio De La Coordinación De La Oficina De Control Interno Disciplinario, de Fecha 19-3-2003, (Fls. 23 y ss CA # 1), Se Circunscribe Como Queja A Un Objeto Seleccionado Por La Propia Entidad, Que Es El Caso De Los Dos Lotes De Terreno En El "Paraje Punta Canoa.- ;,; Boquilla", Ubicado En El Municipio De Cartagena (Bolívar), que en 1986 con ocasión de la construcción de la "Vía al Mar", Se hallaba en pugna por numerosos campesinos que alegaban titularidades, particulares que se hallaban integrados al menos por dos asociaciones que se disputaban su ocupación, y una en particular denominada "Empresa Comunitaria Arroyo de Piedra", Frente a la que se adelantó un proceso reivindicatorio disputado contra el INVIAS, y fallado En 2001 en el Juzgado Tercero Civil Del Circuito de Cartagena, que concluyó por conciliación judicial, y el pago de una indemnización compensatoria a favor de los campesinos asociados, por la ocupación hecha por el Ministerio del Transporte, en la suma de $ 1.006.200.000,00 MIL. Fue adelantada en lo disciplinario en forma paralela, una indagación preliminar

(12-3-02), de parte de la Procuraduría Primera Distrital, que concluyó con terminación de procedimiento, y consecuente archivo en el expediente 14267883 DE 2002 (8-jul-2002). (fl. 99 y ss ca # 1). La apelación de archivo impulsada por Pedro Montera, representante legal y quejoso de la actuación concluida, se surtió por reparto en esta misma Procuraduría Primera Delegada para Vigilancia Administrativa, (25-112002) con lo que se CONFIRMÓ la terminación de procedimiento y consecuencial archivo de la actuación. (fl. 103 ss, ca # 1).

SEGUNDO ASPECTO: Aparece ahora una segunda denuncia de parte del propio INVIAS, fruto de la visita especial que se hiciera a la Tesorería del INVIAS el 13 de Marzo de 2003, en la que se detecta que podría haber una irregularidad, "porque los servidores públicos encargados de reconocer y ordenar el pago -Vgr: los ordenadores del gasto que en el caso serían los Secretarios y en últimas, el Director.- No exigieron previamente el cumplimiento de la inscripción en el registro. Es decir, que para el año 2003, cuando ya había sido decidido el proceso disciplinario agregan como algo "nuevo", (fl. 26) presuntas irregularidades por la oportunidad en el trámite posterior a la conciliación judicial, por presunta omisión o retardo, en la inscripción del inmueble "paraje punta canoa.- boquilla", ubicado en el municipio de Cartagena (Bolívar), en la oficina de registro de instrumentos

públicos y privados de Cartagena, en cuanto según nuevo criterio del INVIAS, "ha debido primero inscribirse la escritura y después realizar el pago" (ti. 25 ca # 1). Existe además un alegato adjunto en el sentido que se afirmó la existencia de un certificado de matrícula inmobiliaria, pero que no obraba la copia del mismo dentro del proceso.

TERCER ASPECTO: Por último, se plantea como otro "hecho nuevo" contra sus directivas, que debería ponderar el competente con ocasión de la remisión efectuada, el denuncio elevado a la Fiscalía General de la Nación en el que se indica que hay falta de firmas de unas actas de comité de defensa judicial y conciliaciones, y que se perdió una hoja final que las contiene, por lo que se compulsan copias para investigar lo correspondiente para establecer lo ocurrido con la última hoja original del acta #8 de 2001. (fl. 254 ca # 1).

Estos dos últimos cuestionamientos, deberían centrarse en los tres funcionarios de alto rango y en la en actividad de la Abogada MABEL CECILIA MONROY GARCÍA, en su calidad de apoderada especial, y funcionaria de la Oficina jurídica, abogada del proceso ARROYO DE PIEDRA, y en su carácter de Secretaria Técnica del Comité de Defensa Judicial y Conciliación del

INVIAS.

/ NON BIS IN ÍDEM.

Sobre la legalidad del reconocimiento y pago, y la titularidad de quien lo recibió a nombre de la comunidad, hay cosa juzgada, porque sobre ese predio y suma cancelada en la conciliación judicial que acordó su adjudicación, hubo

pronunciamiento en dos instancias de la Procuraduría General de la Nación que se halla en firme desde 2002, así para cuando se realice la visita especial a la Tesorería en 2003, mucho después, se deje la glosa sobre la oportunidad del desembolso y el requisito que se estima previo. Con la remisión hecha, previas las indagaciones efectuadas, surge con toda claridad de los soportes allegados en los siete cuadernos anexos originales en la Investigación Interna Disciplinaria 0-332002, pero en particular de la documentación obtenida por la Delegada en el cuaderno original #1, que se advierte la existencia de la cosa juzgada en materia disciplinaria, en cuanto la procuraduría general de la nación, ha decidido en determinaciones de fondo que se hallan debidamente ejecutoriadas, la existencia de un pronunciamiento definitivo que ha agotado ya la vía gubernativa, en el que se pronuncia sobre la legalidad y correcta entrega y pago efectuado en la conciliación que dio por concluido el caso de PIEDRA DE ARROYO.

/ LOS HECHOS CONEXOS y LOS ASPECTOS SEPARABLES.

La cosa juzgada debe comprender identidad de materia u objeto temático, de sujetos y decisión. Deben sí adicionalmente hacerse por ello, los pronunciamientos sobre los aspectos "nuevos" o surgidos a posteriori, que deban dejar en claro la actuación ahora cuestionada desde otros flancos de percepción, si es que ello cabe. Esos llamados "hechos nuevos"; de haberse hallado en curso la indagación en comento, obviamente se habrían debido anexar o acumular a la cursante, para

llevarles bajo una misma cuerda procesal. pero no es así. ya no puede agregarse a lo que se halla en firme si la investigación ha sido cabalmente decidida. se debería decantar pues, el alcance de la decisión de la procuraduría general de la nación y las justificaciones y soportes legales, así como los argumentos que encuentre para definir el punto y la remisión misma; y adicionalmente qué vocación o curso procesal debe darse a la determinación sin desatender el cuestionamiento sobre la oportunidad, así como de los efectos económicos y legales de la tradición y las falencias en actas que se arguyen. De no poderse adelantar unificados, debe plantearse cuál sea la situación legal de los encartados de alto rango y si aún es posible adelantar unas disciplinarias contra funcionarios de menor jerarquía, o si aparecen justificaciones que ameriten tomar otra determinación. / LAS GESTIONES DE LA RESOLUCIÓN 346 /2002. 1.- Allegan en primer lugar la prueba requerida en el investigativo y la certeza de que existe una causal de archivo por cosa juzgada que no se allegó con la remisión. Analizado el auto de 19 de marzo de 2003 del INVIAS, se observa que todos los datos incluidos en éste coinciden con la investigación que se adelantaba en el caso "empresa comunitaria arroyo de piedra", y versaba sobre el predio paraje punta canoa -boquilla, y el pago de la conciliación por valor de $1.006.200.000,00 Ambas decisiones de fondo de la Procuraduría General de la Nación, expediente 142-67883/02, se hallan en firme, proferidas en fechas:

87 -02 la primera instancia 25-11-02, la apelación en segunda instancia. Por ello, se rindió concepto negativo al impulso de la solicitud de poder preferente, la cual carece por sustracción de materia, de objeto. 2.- Las pesquisas hechas en el sistema de Gestión disciplinaria, GEDIS, indican que se adelantaron en el pasado múltiples procesos disciplinarios por distintos motivos y en diferentes lugares del país, seguimiento hecho por este Despacho en atención a la Resolución 346 del 3 de Octubre de 2002, en la que se concluye que en el pasado y desde que existen registros sistematizados en la procuraduría general de la nación, se han adelantado más de setecientos procesos en los que aparece cuestionado el INVIAS, y de ellos existen 389 activos, (fl. 28 y ss co #1), de modo que mal podría decirse que deben adelantarse otras diligencias, mal agregadas por el primer punto, de supuesta desatención de cuarenta procesos, que ya se pudieran haberse cuestionado en tales radicados, sin haberlos separado en debida forma.

/ ANÁLISIS PORMENORIZADO DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD DE lOS

DIRECTIVOS EN LOS TRES PUNTOS DE DEBATE.

POR OMISIÓN EN EL TRÁMITE DE PROCESOS.

Si se trata de vinculaciones por la forma irregular o poca actuación en 40 procesos judiciales, el objeto de cuestionamiento no puede series atribuido en la forma y términos de la denuncia. En primer lugar, porque en cada proceso debe haber un análisis separado o como expresaba el Juzgado de Cartagena, habría que ponderar "cada Juzgada", (sic) es

decir, uno por uno. En segundo lugar, los directivos no eran los apoderados judiciales especiales con facultades en cada uno de ellos. Su participación como miembros del Comité, era la evaluación jurídica de las propuestas y fórmulas de acuerdo a plantear, pues es precisamente una falencia que va en contravía de la inclusión de la conciliación como etapa preprocesal y como parte del proceso, el que la entidad no demuestre ánimo conciliatorio, lo que es objeto de crítica por el juez director de diligencias, si no se dan márgenes de negociación, así se actúe dentro de ciertos límites. En esa asistencia y participación radica la debida atención a los casos propuestos, y es su obligación debatir lo correspondiente a las pruebas y soportes de cada proceso en estudio. 1.- POR LA CONCILIACIÓN y PAGO Debe decretarse el archivo por cosa juzgada. Porque el tema ya fue decidido en toda su amplitud, precisando que pagaron bien, que lo hicieron al que correspondía, y que su desembolso y trámite fue legal. Por qué no hay responsabilidad objetiva que pueda series atribuida. Porque no puede hacerse un juzgamiento separado debido a la incorrecta acumulación de asuntos. Se remite un bloque de procesos sin desagregar dentro de cada una de esos cuarenta cursantes, sin decir por cuántas y cuáles falencias existen en cada uno y por cual razón. No se precisa la responsabilidad individual por culpa o por dolo debidamente separada en cada caso de los 40 posibles y no se determina cuál es la falta disciplinaria separándola en cada año de servicio, ya que se presentan acusaciones desde 1999.

Principalmente, porque el pago como tal, ya fue declarado como ajustado a derecho, primero por el Juzgado Civil del Circuito que avaló el proceso, y en lo disciplinario, porque por materia, sujetos, y decisión; se trata del mismo proceso sobre el caso del predio de arroyo de piedra, de la empresa comunitaria contra el INVIAS, y el monto pagado por acuerdo conciliatorio judicial son idénticos, de modo que los ordenadores del gasto: titular y delegatarios, así como todas aquellas otras dependencias o instancias involucradas en el reconocimiento y pago de la suma de $ 1.006.200.000,00, sea quienes acordaron la cifra en Comité, quienes realizaron la reserva presupuestal de la cifra, los que la impulsaron en la Tesorería, los que elaboraron el cheque, los que lo entregaron en la Pagaduría, quienes tenían las firmas depositadas en Bancos y giraron el título valor, quien recibió la suma que era el representante legal de la comunidad con facultades para recibir, y no otro sustituto o miembro de la otra asociación que se disputaba el caso; es decir, todo lo que tiene que ver con el reconocimiento y desembolso del pago, se hallan exonerados.

Conclusión: lo anterior, da certeza a la ocurrencia de la cosa juzgada en toda su dimensión, por lo que habrá decretarse el archivo por el fenómeno del non bis in ídem para los directivos y en general, para todos y cada uno de los doce enlistados en la apertura.

No existe tampoco como consecuencia, mérito para mal acumular otras treinta y nueve causas distintas, para proceder como si fuera un solo hecho conexo, las

"posibles omisiones por falta de diligencia o cuidado en la atención de todos los procesos del INVIAS en Cartagena" a uno ya fallado y decidido a favor, no solo de sus directivos, sino cualquier otro, en punto posterior relacionado e intrínseco al objeto de la decisión. Si se encontrara de parte del Instituto alguna falencia separada y autónoma que no haya sido objeto de juzgamiento disciplinario, así deberá hacerlo saber, para comenzar una nueva indagación si el caso lo amerita por separado y con los lineamientos e individualización que así lo permita, tal como ha ocurrido con la cuantiosa actuación procesal que se ha desarrollado con ocasión de su gestión institucional, según los reportes del GEDIS. 2.- FALTA DE FIRMAS EN ACTAS y PÉRDIDA DE UNA HOJA. No se efectúa una proposición de desvalor disciplinario de esta conducta en cabeza de sus directivos por las siguientes razones: Porque no era de su responsabilidad directa. Porque para ello se estableció la existencia de una Secretaría de Comité de Conciliaciones y otros mandos medios para su manejo. Porque el Director General actuaba por delegación de una asesora suya en el Comité, no personalmente. Porque su asesora con voz y voto en el Comité actuaba con responsabilidad, pero bajo su criterio personal. Porque no existe responsabilidad objetiva por el mero hecho de ser Director o por tener derecho a ser invitado y tener asiento en un Comité interno. Porque el Director en boca de su asesora, y los dos Secretarios, adhirieron a la propuesta de la apoderada judicial, para tratar de conseguir las firmas para un acta de vieja data, que debían firmar los que entonces hacían parte del Comité de

Conciliaciones, circularizando el documento para intentar lograr su recaudo. Porque era un hecho de público conocimiento, que trató de subsanarse por el conducto adecuado. Porque se trataba de actas que ellos no podían firmar en su integridad, sino previas. Porque no intentaron falsearlas con ningún propósito, y con ello evitaron caer en otra infracción peor, que sería el delito por falsedad ideológica o material de documento público o privado que deba servir como medio de prueba. Porque presentaron y adhirieron a la única propuesta viable, que era la de circularizar las actas bajo conminación. Porque no era su responsabilidad individual el hecho omisivo de un tercero porque el recaudo se dificultaba ante el retiro y no consecución actual de funcionarios retirados que ya no laboraban en la entidad. Dado que existía la posibilidad de poderlos ubicar por el mecanismo de revisión de sus direcciones últimas, registradas en la hoja de vida. Porque se optó por la constancia en el punto de varios, de dejar una nota aclaratoria sobre la situación y tropiezo hallado. Porque dicha constancia era válida y cierta justificación de la comprobación de un hecho actual. No hubo connivencia amañada, ni propuestas indebidas sobre el posible ocultamiento o sobre el dolo en torno a una situación especial, así los comprometiera. EI acta se podría reconstruir de lo actuado en el Juzgado al que debía haberse llevado y anexado en su protocolo de anexos. Porque los documentos aportados fueron suficientes para el Juez de la causa y sirvió

de base al propósito conciliatorio. Estuvo bien el que se presentara la denuncia por pérdida, lo que constituye un mecanismo normal de procedimiento, que busca precisamente establecer cómo y quién cometió el delito o la infracción o contravención especial de policía administrativa, compulsando copias a las otras oficinas competentes, ello fue lo correcto para salvar responsabilidades por parte de la actual oficina jurídica. De lo analizado, los directivos, cumplieron su deber, fueron citados, participaron y acudieron al Comité, firmaron las actas que les prepararon y correspondieron, dejando constancia sobre que las actas antiguas habían sido sintetizadas y transcritas, pero había imposibilidad o gran dificultad para el recaudo de firmas de exfuncionarios que lo integraron, no pueden por lo mismo ser sindicados por el mero hecho de tener asiento, voz o voto en el Comité.

CONCLUSIÓN: Deberá decretarse para ellos el archivo, pues no hay infracción disciplinaria, ilicitud sustancial alguna, ni responsabilidad o culpabilidad endilgable; sustancialmente porque ni el Director ni los secretarios tenían la elaboración de actas como función propia, ni el manejo o guarda o cuidado del archivo, ni la tenencia de los documentos para efectos judiciales y porque firmaron las actas que se les presentaron a firma, surtidas las actuaciones del Comité en las que sí participaron.

3.- POR EL PAGO ANTES DE EFECTUAR LA TRADICIÓN.

Las razones y porqués, se centran en las siguientes afirmaciones: Adelantar procesos judiciales hace parte de la gestión normal de toda entidad, y el representante legal no puede ceder su carácter de tal, pero sí puede entregar

poderes para adelantar por medio de mandatarios propios o externos, la representación judicial. La representación legal fue acreditada en debida forma, tanto de INVIAS como de la empresa comunitaria arroyo de piedra, y tan lo fue, que el autorizado para recibir la indemnización compensatoria, fue el reconocido, y no pudieron los campesinos de la otra asociación en pugna y su nuevo representante, triunfar en la tesis de que era a ellos a quienes se ha debido hacer el desembolso. La representación judicial del INVIAS estuvo siempre debidamente acreditada y fue aceptada por el Juzgado en cabeza de una funcionaria de la oficina jurídica, a la que se le dio el mandato judicial. No puede plantearse que es responsabilidad individual, la que se adopta en el seno de un Comité de Conciliación; ella involucra una decisión colegiada o colectiva. Lo convenido o el sentido de la decisión obrante en el Acta # 8 de Junio de 2001, fue lo que se hizo constar en el Juzgado, no hubo desviación de lo acordado. El llevar un tema a Comité no es descuido del mandato o función, sino que la asistencia y debate en su seno, es precisamente parte de la diligencia y cuidado previo, exigido en el proceso para poderle presentar al Juez la propuesta oficial y sus extremos, fijando los límites de operatividad y de facultades, con sus recomendaciones. Lo anterior, cobija no sólo a los directivos, sino que se aplica a la actividad procesal de la apoderada, que no debe ser cuestionada por cumplir su mandato. Existe norma legal que ordena obligatoria conformación de comités de conciliación.

Los ordenadores del gasto, cumplen al pagar y atender con el presupuesto lo previsto en la adjudicación judicial por medio de una conciliación, que a su vez, hace tránsito a cosa juzgada sobre el predio objeto de litis. Si el INVIAS paga una compensación económica, que según los campesinos habría debido ser PREVIA, ya que alegaban tener derecho a una expropiación con indemnización anticipada, la entidad a su vez, alegó siempre tener derecho a la USUCAPIÓN por haberlo ocupado presuntamente por más de 20 años, en algún momento posterior ha debido hacer el pago si no vencía en el proceso. El Juzgado como es obvio, ordena como consecuencia lógica, hacer tradición en la parte resolutiva. Todo ello lleva a que el pago sería el factor imprescindible de conciliación y necesario elemento del acuerdo. Su reconocimiento posterior al registro de la escritura, más bien, sería una improbable base de solución. Lo usual en casos de transacciones en que se involucran traspasos de derechos litigiosos, y en los que se debate la propiedad, más que en aquellos en que hay una simple compraventa, es la de entrega a satisfacción y paz y salvo por derechos económi