PGN - REGISTRO PRESUPUESTAL - Prueba la solvencia de la administración para cumplir con la

Procuraduría General de la Nación

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Detalles

Título
PGN - REGISTRO PRESUPUESTAL - Prueba la solvencia de la administración para cumplir con la
Autor
Procuraduría General de la Nación
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
—

Dependencia: Procuraduria Segunda Delegada Para la Contratación

Estatal Radicación: 052-7394-2001

Investigado: Abelardo Perea Racines Cargo y entidad: Alcalde Municipal Orito (Putumayo).

Quejoso: Martha Cecilia Zambrano Murillo Fecha Queja: Mayo 2 - 2001

Fecha Hechos: Enero 25-2001.

Asunto: Fallo Segunda Instancia.

Bogotá D.C. 28 feb 2003 Procede el Despacho, a resolver lo relacionado con el recurso de apelación interpuesto por el señor ABELARDO PEREA RACINES, en contra de la Resolución N° 007 de fecha 25 de abril de 2002, proferida por la Procuraduría regional de Putumayo, mediante la cual fue declarado responsable disciplinariamente y se le sancionó con una multa de once (11) días de salario mensual que devengaba para la época de los hechos, en su condición de Alcalde del Municipio de Orito (Putumayo), no observándose causal que anule lo actuado, además de hallarse la acción disciplinaria vigente. ANTECEDENTES La actuación disciplinaria en contra del señor PEREA RACINES, tuvo su origen en queja presentada por la señora MARTHA CECILIA ZAMBRANO MURILLO, ante la Personería Municipal de Orito (Putumayo), en donde denunció posibles irregularidades cometidas por el sancionado, quien, en su condición de burgomaestre, suscribió con ella el contrato de compraventa N° 001 de fecha enero 25 de 2001, cuyo objeto era la adquisición de un lote de terreno, con la finalidad de

reservar el abastecimiento de agua para diversos acueductos de algunos barrios del municipio, sin que el mencionado servidor cumpliera con lo pactado. CARGOS Se le formularon al implicado, mediante auto de 11 de diciembre de 2001. Como falta, se le imputó el hecho de haber suscrito el contrato N° 001 de 25 de enero de 2001, a fin de adquirir para el municipio de Orito (Putumayo), un lote de terreno con la finalidad de ampliar y mejorar el acueducto municipal, sin que previamente se hubiera tramitado el certificado de disponibilidad presupuestal. Se consideró su conducta violatoria de los artículos 71 del Decreto 111 de 1996, 40, numerales 1°, 2°, 22 y 33 de la Ley 200 de l995, en concordancia con los artículos 6°, 123-2 y 315-1 de la Constitución Política. (Fls. 137 a 143). DESCARGOS Fundamentó el inculpado sus descargos, en el hecho de haber sido asaltado en su buena fe por parte del Secretario de Gobierno para la época de los hechos, reconociendo su error en haber suscrito el contrato en cuestión, con el pleno conocimiento de que su obrar se encontraba ajustado a la ley. (Fls. 150 a 154). FALLO DE PRIMERA INSTANCIA La Procuraduría Regional del Putumayo, por medio de la Resolución N° 007 de 25 de abril de 2002, luego de hacer un recuento de los hechos y pruebas obrantes, expone sus consideraciones, no acepta los descargos presentados por el señor

ABELARDO PEREA RACINES con relación al cargo que le fuera formulado, imponiéndole sanción de multa de once (11) días de salario mensual que devengaba para la época de los hechos. ( Fls. 170 a 178). RECURSO DE APELACIÓN El sancionado presentó, dentro del término de ley el recurso de apelación, el cual fuera concedido por auto de 19 de julio del año anterior en el efecto suspensivo. Fundamenta la impugnación, en esencia, en el hecho de habérsele imputado de manera objetiva la responsabilidad, simplemente por la existencia del nexo de causalidad material sin que se hubiera indagado el nexo subjetivo, según el cual no estaría llamado a responder por falta de capacidad de culpabilidad. ( Fls. 185 a 190). CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA Esta Procuraduría Delegada, previo a tomar la decisión que corresponda, encuentra que la acción está vigente y no existe causal de nulidad que la invalide, por lo tanto entra a decidir en segunda instancia. Fundamentó el implicado su recurso, en el hecho de habérsele imputado la responsabilidad de manera objetiva. Revisada en su totalidad lo actuado por el señor Procurador Regional de Putumayo, salta a la vista que en ningún momento se omitió investigar las circunstancias en que ocurrieron los hechos, lográndose establecer plenamente que el aquí sancionado suscribió el contrato 001 de fecha 25 de enero de 2001, sin el lleno de los requisitos de ley, esto es, el haber omitido solicitar el correspondiente registro presupuestal,

con el cual se probaba la solvencia de la administración para cumplir con la obligación contraída, aspecto que además, el alcalde no controvierte. El apelante, al parecer confunde la adecuación típica de su comportamiento con la atribución objetiva de la responsabilidad, circunstancias que son bien diferentes si se tiene en cuenta que la primera es la confrontación del comportamiento humano con la disposición violada, y la segunda es la deducción de una responsabilidad cuando se tiene que la conducta de un agente encaja materialmente en una norma sin entrarse a hacer ningún tipo de valoración con relación a la culpabilidad. En efecto, al observar el expediente, en particular los folios 2 al 24, se encuentra que no obra el documento que se hecha de menos, con lo cual se violó el artículo 71 del Decreto 111 de l996 y, por consiguiente, los demás preceptos que se citaron como infringidos en el auto acusatorio. Del fallo apelado, se infiere que se ha deducido la responsabilidad del señor PEREA RACINES, de un proceder sin cuidado, con falta de diligencia o sin atención, que se tradujo en una falta disciplinable y, tal como se dijo en la providencia recurrida, atribuida a título de culpa. Al no hallarse la forma de culpabilidad desvirtuada con las diligencias y pruebas recaudadas en el expediente, ella sin lugar a dudas se convierte en el soporte de la responsabilidad que justamente se sanciona con la resolución impugnada, siendo este el elemento subjetivo imputado al señor PEREA RACINES, con lo que se desvirtúa la sola atribución de la autoría material del hecho que se investigó.

En cuanto a la sanción impuesta, es de tenerse en cuenta que en el auto de cargos el Procurador Regional de Putumayo calificó en los cargos la falta como grave a título de culpa, lo cual sostuvo en la decisión apelada, graduación que comparte este Despacho si se tiene en cuenta que se observaron los criterios consagrados en el artículo 27 de la Ley 200 de l995 aplicable al presente caso por establecerlo así el artículo 223 del actual código disciplinario único, en concordancia con lo establecido en los artículos 29 y 32 de a citada ley, lo que nos lleva a concluir que la sanción impuesta corresponde al grado de culpabilidad y gravedad con que fue calificada la falta. De lo anterior, se desprende que el fundamento del recurso de apelación no tiene ningún asidero jurídico ni probatorio, razón por la cual se procederá a confirmar en todas sus partes la providencia recurrida. RESUELVE PRIMERO.- Confirmar la resolución N° 007 de 25 de abril de 2002, por medio de la cual la Procuradora Regional de Putumayo sancionó al señor ABELARDO PEREA RACINES, identificado con la c.c. 4.732.472 de El Patía (Cauca), en su condición de alcalde municipal de Orito (Putumayo), con multa de once (11) días del salario mensual que devengaba para la época de los hechos, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído. SEGUNDO.- Devolver las presentes diligencias a la Procuraduría Regional de Putumayo, para que sea notificada la presente decisión conforme a lo establecido en los artículos 100 a 109 de la ley 734 de 2002, advirtiéndose que en contra de lo aquí

decidido no procede recurso alguno en la vía gubernativa, así como para que envíe a la División de Registro y control de la entidad copia de los fallos de primera y segunda instancia, con las correspondientes constancias de notificación y ejecutoria, para lo de su cargo. TERCERO.- Por la Unidad Coordinadora de Contratación Estatal, háganse las anotaciones pertinentes y líbrense las comunicaciones del caso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIO ROBERTO MOLANO LÓPEZ Procurador Delegado MRML/HRZF: Fallo segunda instancia. Expediente N° 052.7394

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