PGN - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES - La inscripción y calificación da fe pública de la ca

Dependencia: Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública Radicación: 162-62299-2001 097-080-1997

Disciplinado: Laureano Roa Bonilla

Cargo y Entidad: Alcalde de Leticia Quejoso: Víctor Zambrano Pantoja Fecha Queja: 5 de junio de 1997

Fecha Hechos: febrero, abril, mayo y julio de 1997

Asunto: Fallo de Primera Instancia

Bogotá D.C. 11 de Febrero de 2002 ASUNTO Procede la Delegada a proferir fallo de primera instancia en el proceso disciplinario que se adelanta contra el doctor LAUREANO ROA BONILLA, en su condición de Alcalde Mayor de Leticia. SÍNTESIS DE LOS CARGOS FORMULADOS La Procuraduría Departamental del Amazonas, mediante resolución 008 del 17 de junio de 1999, formuló cargos disciplinarios (fl. 394) contra el doctor LAUREANO ROA BONILLA, por posible celebración indebida de contratos de obras públicas suscritos en el año 1997, por las siguientes razones: 1. “…celebró indebidamente contratos con personas “que no reúnen los requisitos profesionales exigidos por la Ley 64 de 1978, para celebrar contratos de obras públicas con la Alcaldía como construcción de pozos sépticos, pavimentación de carreteras(...) incumplió normas constitucionales artículos 6 y 123, al favorecer y con ello causó daño económico a la administración municipal de Leticia, al haber tratado con personas no autorizadas por la ley y haber ordenado igualmente el pago inmerecido

del valor de estos contratos...” 2. “…al haber celebrado indebidamente los contratos de obras públicas con personas que no reúnen los requisitos exigidos por la Ley 64/78, favoreció y facilitó el ejercicio ilegal de esta profesión de estas personas y puso en peligro los dineros del ______________________________________________________________________________ Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 12 Tel. 3 360011 Ext. 11203 e-mail: moralidadpub@procuraduria.gov.co Estado y la buena calidad de las obras para el servicio de la comunidad, puesto que al incumplir los requisitos exigidos y garantizables para una buena ejecución y calidad de las mismas obras, omitió aplicar las normas de la Ley en comento y caprichosamente con su actuar de gobernante discriminó a quienes efectivamente cumplían los requisitos de la ley 64 de 1978”1

PRUEBAS RECAUDADAS

Pruebas Documentales. Copia de Informe de contratos año 1997 de la Alcaldía Mayor de Leticia (folios 167 y 168 expediente 1), relación de contratos segundo semestre de 1996 (folios 169 a 198 expediente 1), oficio No.1103SG/97 suscrito por la Secretaría General Municipal (folio 205 expediente 1), Orden No. 075-97 (folios 207 a 209 expediente 1), contrato No. 59-96 celebrado entre Santo Crisanto Montenegro Cassiano y la Empresa de Energía del Amazonas S.A. Empresa de Servicios Públicos ( folios 252 a 258 expediente 1) y documentos soportes como Acta de Liquidación Final, Acta de Recibo Final, Acta de Suspensión de Obra, comprobantes de pago, Acta de entrada

de elementos a Almacén, Acta de Recibo Parcial, pólizas de cumplimiento, Otrosí al contrato No. 59-96, Acta de Inicio del Contrato No. 59-96, Recibos de caja, aprobación de pólizas, certificado de registro presupuestal (folios 216 a 302 expediente 1), documentación de Laureano Roa Bonilla como: fotocopia del acta de posesión, fotocopia del certificado de Registraduría, certificado de sueldo devengado, certificado de antecedentes disciplinarios internos, última dirección registrada, certificación de período durante el cual ejerció el cargo (folios 315 a 322 expediente 1), oficio C.P.N. No. 01621 del 16 de julio de 1998 que corresponde al concepto emitido por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares (folios 385 y 386 expediente 1), Oficio CAP 563 del 22 de julio de 1998 que conceptúa respecto de la consulta formulada por la Procuraduría Departamental (folios 387 y 388 expediente 1) También copia de los formularios que figuran en los archivos del Registro Único de Proponentes de Jorge Alirio Prado Machado, Pedro Carvalho Dosantos, José Moisés Orjuela Garzón, Omar Eliécer Agudelo Arango, Ángel María Moreno Rosso, Nazareno Pereira, Artemio Capto, José Guillermo Ruiz, José Libardo Martínez, Ferney Muñoz, Domingo More Fonseca, Libardo Torres Cabrera, Carmen Galvis Vargas y Julio Enrique Bardales (folio 415 a 512 expediente 1), Oficio JRMO26/97

suscrito por la Directora Ejecutiva (E) de la Cámara de Comercio del Amazonas con el cual envía a la Procuraduría Departamental de Amazonas documentación relacionada con el Registro Único de Proponentes como copia del formulario único 1 Folio 399 pliego de cargos, en el cuaderno original 1. ______________________________________________________________________________ Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 12 Tel. 3 360011 Ext. 11203 e-mail: moralidadpub@procuraduria.gov.co de registro de proponentes de la Cámara de Comercio, cartilla de instrucciones para el diligenciamiento del mismo, copia de la Ley 80 de 1993, Decreto 855 de 1994, Decreto 856 de 1994, Decreto 1584 del 25 de julio de 1994 (folios 33 a 147 expediente 2). Pruebas Testimoniales Declaración de ratificación y ampliación de queja de Víctor Alfonso Zambrano Pantoja (folios 200 a 202 expediente 1), declaración rendida por los señores José Aureliano González Bello, Nazareno Pereira, Germán Arce Bedoya (folios 329 a 331), Omar Eliécer Agudelo Arango, Artemio Capto Abreo, José Guillermo Ruiz Arenas, Pedro Carvalho Do Santos, Julio Enrique Bardales, Ángel María Moreno Rozo, Ferney Muñoz, Libardo Torres Cabrera (folios 349 a 361 expediente 1), Jorge Alirio Prado Machado, José Moisés Orjuela, Héctor María Angulo Quiñónez (folios 371 a 374 expediente 1). RESUMEN DE LOS DESCARGOS Con escrito de fecha 6 de julio de 1999 (folios...), el señor Laureano Roa Bonilla

presentó, dentro del término legal, los descargos al Auto No. 008 del 17 de junio de 1999 de la siguiente manera: Al primer cargo : “no es cierto por cuanto la Administración Municipal contrató con personas legalmente inscritas en la Cámara de Comercio, entidad facultada por la Ley 80 de 1993 para calificar y clasificar de acuerdo a su experiencia a los contratistas de diferentes modalidades (...)”; “yo, como Alcalde, debo presumir la Buena Fe de los contratistas debidamente acreditados por la Cámara de Comercio, quien les asigna una capacidad para contratar pues estas personas bajo la gravedad de juramento para obtener dicho documento han manifestado que tienen las calidades exigidas por la Ley 80/93 y sus decretos reglamentarios.” “Hay que entender que la Ley 80/93, es una norma de carácter especial para la contratación administrativa, que debe ser aplicada preferencialmente frente a otras normas; y es precisamente la Ley 80/93 la que estableció el procedimiento a seguir por las Cámaras de Comercio para expedirles el certificado correspondiente a cada contratista en particular, en donde se especifica su idoneidad y experiencia, por lo tanto que es la Ley 80/93 como norma especial que es la que debe cumplir, y en consecuencia en mi calidad de Alcalde no dejé de cumplir en el proceso contractual ninguna norma, es más, si observamos detenidamente los contratos, en todos se siguió el procedimiento establecido en la Ley 80/93.” “Tampoco es cierto que se haya causado daño económico a la región, ya que las obras fueron finalmente recibidas a entera satisfacción por el interventor que en este

caso siempre lo fue un ingeniero titulado en su calidad de Secretario de Obras Públicas, y además la ley establece que todas las obras estén amparadas por una póliza de estabilidad por cinco años la cual garantiza que en el evento de cualquier ______________________________________________________________________________ Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 12 Tel. 3 360011 Ext. 11203 e-mail: moralidadpub@procuraduria.gov.co defecto voluntario e involuntario por el contratista la compañía aseguradora entra a responder, en consecuencia, considero que la apreciación de la Procuraduría carece de sustento legal cuando afirma que se causó daño a la región cuando nunca existió.” (...) “ con estos argumentos solicito respetuosamente se decrete la atipicidad del cargo y se proceda al archivo definitivo.” En cuanto al Segundo Cargo señala el disciplinado que no es cierto, porque “La Alcaldía contrató con personas que según mis precarios conocimientos jurídicos reunían los requisitos para contratar con el Estado, todos aportaron el Registro de la Cámara de Comercio documento en el cual se acredita la idoneidad y experiencia. De otro lado la contratación toda se elaboraba en la Oficina Jurídica y el profesional encargado de ella como requisito indispensable le daba su viabilidad jurídica antes de pasar a la firma del Alcalde (...) En consecuencia, en este cargo también solicito el archivo.” ANÁLISIS JURÍDICO PROBATORIO De la solicitud de nulidad

1. Antes de entrar a examinar el fondo del presente asunto, se pronuncia el Despacho sobre la solicitud de Nulidad presentada por el alcalde LAUREANO ROA BONILLA quien mediante escrito de descargos manifiesta:

“ (...) Haciendo un análisis e interpretando la queja presentada por el arquitecto Víctor Zambrano Pantoja, en escrito de 5 de junio de 1997 y su correspondiente ratificación bajo la gravedad de juramento rendida ante esa Procuraduría el 15 de junio y agosto 28 de 1997, el quejoso sólo concreta su queja contra la Gobernación del Amazonas en ese caso contra el Gobernador de la época, por estar incurriendo en violación de la Ley 14/75 y Ley 64/78 por estar adjudicando contratos a personas no calificadas y continúa el quejoso Víctor Zambrano deponiendo que las personas o autoridades que ordenan la contratación con el departamento exigen el cumplimiento de Leyes y Decretos que rigen la profesión de ingenieros y arquitectos para que la persona no incurra en ejercicio ilegal de la profesión”. “(...) Así las cosas con meridiana claridad y siguiendo lo plasmado en el auto de cargos, encuentro que hay una inconsistencia mayúscula en la queja y lo que la Procuraduría investigó, la queja fue contra la Gobernación ratificada contra la misma y extrañamente se me formulan cargos a mí.” ______________________________________________________________________________ Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 12 Tel. 3 360011 Ext. 11203 e-mail: moralidadpub@procuraduria.gov.co “Al habérseme presentado cargos sin haber sido denunciado por persona determinada y la Procuraduría no lo hizo de oficio hace que en mi contra no se pueda iniciar la investigación.” “La Procuraduría puede iniciar investigación de tres formas a saber:

a. Por queja instaurada por persona determinada, debidamente ratificada bajo la gravedad de juramento de la misma. b. Por anónimo cumpliendo con unos requisitos específicos. c. De oficio.” “En mi caso no se dio ninguna de estas formas para iniciar la investigación en mi contra (...)” “El artículo 131 de la Ley 200/95 trae como causales de nulidad en el proceso disciplinario, cuatro (4), y en mi caso considero que dada las condiciones en que se adelantó la investigación se incurrió en la causal cuarta que reza: La comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso e igualmente al haberse presentado, se viola el debido proceso como causal de Nulidad.”

2. El artículo 47 del Código Único Disciplinario establece: “Oficiosidad y Preferencia. La acción disciplinaria se iniciará y adelantará de oficio, por información proveniente de servidor público, de queja formulada por cualquier persona o por cualquier otro medio siempre y cuando éste amerite credibilidad (...).” Según el escrito dirigido al Procurador Departamental del Amazonas el 5 de junio de 1997, el señor Víctor Zambrano Pantoja señaló: “Respetuosamente me permito denunciar la violación que las entidades del Orden Municipal, Departamental y Nacional, están efectuando a la Ley 64 de 1978, Ley 09 de 1990, artículos 9,10,11 y 14, Decreto 2500 de 1987 (…) normas que preceptúan que los funcionarios públicos que violen, autoricen, faciliten, patrocinen o encubran el ejercicio ilegal de la ingeniería o arquitectura (…) Por lo tanto, solicito que dentro de

la reserva necesaria, se practique una visita de verificación del cumplimiento de estas normas a la Gobernación del Amazonas, Alcaldía de Leticia, Secretaría de Salud, Cámara de Comercio del Amazonas y se tomen las medidas del caso” (…) . ______________________________________________________________________________ Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 12 Tel. 3 360011 Ext. 11203 e-mail: moralidadpub@procuraduria.gov.co Posteriormente, en la ratificación y ampliación de queja, el señor Zambrano Pantoja expresó: “PREGUNTADO. Bajo la gravedad del juramento que acaba de prestar en la presente diligencia, sírvase decir al Despacho en forma clara y precisa, si el documento que se le exhibe es el mismo es el mismo que usted presentó a este Despacho, si la firma que en él aparece es la suya y si se ratifica en todo su contenido, en caso afirmativo indique a éste Despacho en forma concreta, contra quién va dirigida su queja, cuáles son las razones o motivos, qué derechos considera vulnerados y qué personas pueden dar fe de sus afirmaciones y si es posible que usted aporte a esta diligencia documentos que corroboren sus afirmaciones. CONTESTO: si es el documento que presenté a este Despacho, la firma es la que utilizo en todos mis actos públicos y privados y me ratifico en el contenido firmado... En forma clara y concreta va dirigida contra los funcionarios que han suscrito y ordenado los contratos en forma irregular en especial: el gobernador del departamento y el Alcalde de Leticia (…)”.

3. Queda así establecido de manera inequívoca que en la queja formulada se

describen hechos en contra del Gobernador y del Alcalde y que no fue iniciada investigación alguna por parte de la Procuraduría Departamental del Amazonas de manera arbitraria.

4. Contrario a lo expresado por el memorialista, la Procuraduría Departamental, en el auto de cargos 008 del 17 de junio de 1999, hizo referencia, de manera ordenada y coherente, a cada uno de los puntos en que se fundamentó la queja.

Tampoco es procedente, como aduce el señor Laureano Roa Bonilla decretar la existencia de irregularidades que afectan el debido proceso, ya que no ha sido procesado de manera arbitraria; por el contrario, le han sido respetadas las garantías constitucionales de orden sustancial y procesal. Para el efecto, la Procuraduría Departamental, en cumplimiento de lo señalado en los artículos 28 y 29 del Código Contencioso Administrativo notificó al investigado las providencias proferidas en su contra permitiéndole así presentar sus pruebas y descargos que han sido tenidas en cuenta por esta Delegada al momento de adoptar decisiones de fondo. De igual manera, han sido acogidos y respetados plenamente los preceptos señalados en los artículos 23 y 77 del Estatuto Contractual con respeto de los Principios de transparencia, economía y responsabilidad, lo que conduce a negar la nulidad solicitada por el investigado.

DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES ______________________________________________________________________________

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5. El artículo 8 de la Ley 80 de 1993 señala algunas causales de inhabilidad e

incompatibilidad para la ejecución de contratos estatales: “ART.8. De las Inhabilidades e incompatibilidades para contratar. 1. Son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con las entidades estatales: a.) Las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitución y las leyes; b.) Quienes participaron en las licitaciones o concursos o celebraron los contratos de que trata el literal anterior estando inhabilitados; c.) Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad; d.) Quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas y quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con destitución; (...)

2. Tampoco podrán participar en licitaciones o concursos ni celebrar contratos estatales con la entidad respectiva: a.) Quienes fueron miembros de la junta o consejo directivo o servidores públicos de la entidad contratante. Esta incompatibilidad sólo comprende a quienes desempeñaron funciones en los niveles directivos, asesor o ejecutivo y se extiende por el término de un (1) año, contado a partir de la fecha del retiro; b.) Las personas que tengan vínculos de parentesco, hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con los servidores públicos de los niveles directivo, asesor, ejecutivo o con los miembros de la junta o consejo directivo, o con las personas que ejerzan el control interno o fiscal de la entidad contratante; (...)” En Complemento de la mencionada norma, la Ley 80 señala en su artículo 22 lo

siguiente: “ART. 22. De los registros de proponentes. Todas las personas naturales o jurídicas que aspiren a celebrar con las entidades estatales, contratos de obra, consultoría, suministro y compraventa de bienes muebles, se inscribirán en la Cámara de Comercio de su jurisdicción y deberán estar clasificadas y calificadas de conformidad con lo previsto en este artículo. El Gobierno Nacional adoptará un formulario único y determinará los documentos estrictamente indispensables que ______________________________________________________________________________ Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 12 Tel. 3 360011 Ext. 11203 e-mail: moralidadpub@procuraduria.gov.co las cámaras de comercio podrán exigir para realizar la inscripción. Así mismo, adoptará el formato de certificación que deberán utilizar las cámaras de comercio. Con base en los formularios y en los documentos presentados, las Cámaras de Comercio conformarán un registro especial de inscritos clasificados por especialidades, grupos o clases de acuerdo con la naturaleza de los bienes o servicios ofrecidos, y expedirán las certificaciones o informaciones que en relación con el mismo se les solicite. La certificación servirá de prueba de la existencia y representación del contratista y de las facultades de su representante legal e incluirá la información relacionada con la clasificación y calificación del inscrito. En relación con los contratos ejecutados incluirá la cuantía, expresada en términos de valor actualizado, y los respectivos plazos y adiciones. En la certificación constarán, igualmente, los datos e informaciones sobre cumplimiento en contratos anteriores, experiencia, capacidad técnica y administrativa,

relación de equipo y su disponibilidad, multas y sanciones impuestas y el término de su duración. No se requerirá de este registro, ni de calificación ni clasificación, en los casos de contratación de urgencia a que se refiere el artículo 42 de esta ley; contratación de menor cuantía a que se refiere el artículo 24 de esta ley; contratación para el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas; contratos de prestación de servicios y contratos de concesión de cualquier índole y cuando se trate de adquisición de bienes cuyo precio se encuentre regulado por el Gobierno Nacional. El registro de proponentes será público y por tanto cualquier persona puede solicitar que se le expidan certificaciones sobre las inscripciones, calificaciones y clasificaciones que contenga.” 22.6 De las Sanciones. Cuando se demuestre que el inscrito de mala fe presentó documentos o informaciones para la inscripción, calificación o clasificación que no correspondan a la realidad, se ordenará, previa audiencia del afectado, la cancelación del registro quedando en tal caso inhabilitado para contratar con las entidades estatales por el término de diez (10) años sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar”. ______________________________________________________________________________ Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 12 Tel. 3 360011 Ext. 11203 e-mail: moralidadpub@procuraduria.gov.co

6. De la clasificación anterior de inhabilidades e incompatibilidades se encuentra que no se diferenciaron claramente cada una de las situaciones definidas.

Aunque tanto las inhabilidades como las incompatibilidades poseen un denominador común consistente en tratarse de restricciones impuestas por la Ley a las personas que gozan de capacidad legal y que constituyen un presupuesto para la validez de

los contratos, poseen también diferencias incuestionables como son: las incompatibilidades hacen referencia a la imposibilidad que tienen los funcionarios públicos o particulares que desarrollen funciones públicas para celebrar contratos con el Estado; las inhabilidades constituyen una sanción impuesta a determinadas personas, que incurran en situaciones o conductas reprochables, con el fin de disminuir los riesgos que podría sufrir el Estado al momento de contratar con aquellos que por sus antecedentes personales no son dignos de confianza. Por lo tanto, en lo que respecta al artículo 22.6 de la Ley 80 de 1993 sobre cancelación del Registro de Proponentes, se establece como una causal de inhabilidad. “El régimen de inhabilidades está inspirado en la necesidad de proteger el interés público, que es el fin de la contratación administrativa, que se colocaría en grave riesgo si se le permitiera a las entidades públicas contratar con personas que no gozan de credibilidad profesional ni le brindan la confianza a la comunidad que administrarán eficiente y honestamente los recursos destinados al cumplimiento de los cometidos del Estado”2. Para que pueda configurarse jurídicamente la inhabilidad, es necesario que se encuentre en firme el acto mediante el cual se declara la cancelación de la inscripción del contratista en el Registro. Calificación en el Registro de Proponentes

7. Las personas que se encuentren interesadas en participar en Licitaciones o Concursos y celebrar contratos de obra, consultoría, suministro y compraventa de bienes muebles con la Administración Pública, deben reunir un requisito adicional a la capacidad legal y no encontrarse incursos en causales de inhabilidad e

incompatibilidad ; además que se encuentren previamente inscritas, clasificadas y calificadas en el registro de proponentes o contratistas tal como lo establece el artículo 22 y siguientes de la Ley 80 de 1993 y los Decretos 856 de 1994 y 92 de 1998. 2 Rodrigo Escobar Gil. Teoría General de los contratos de la administración Pública. Legis editores. Segunda reimpresión 2000. Pg. 104. ______________________________________________________________________________ Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 12 Tel. 3 360011 Ext. 11203 e-mail: moralidadpub@procuraduria.gov.co

8. La inscripción debe ser realizada previamente a la celebración del contrato, como requisito necesario para que el contratista acredite su aptitud en la ejecución del mismo.

La inscripción, clasificación y calificación en el Registro de Proponentes o Contratistas, permite determinar la capacidad económica, financiera, técnica y profesional que posee la persona de acuerdo con sus calidades para contratar con el Estado.

9. Por lo mismo, la inscripción registral, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y las garantías que debe otorgar el particular o contratista, son presupuestos legales que permiten a la Administración Pública poseer cierta seguridad que el contratista seleccionado reúne las calidades necesarias para la ejecución del contrato a realizar.

10. El Estatuto Contractual consagró el Registro Único de Proponentes y atribuyó exclusivamente a las Cámaras de Comercio la función de inscribir a los contratistas, organizar su clasificación y llevar el Registro Oficial.

Señala el autor Rodrigo Escobar Gil:

“La buena fe que es un principio básico en el procedimiento de formación de los contratos estatales y el interés público que es el fin de toda actividad administrativa, le imponen la exigencia a las entidades estatales de verificar las condiciones económicas, financieras, técnicas y profesionales de sus contratistas, para lo cual deberán solicitar a los proponentes, en los pliegos de condiciones o términos de referencia, cuando se trate de licitaciones o concursos, o en las invitaciones a cotizar, cuando se trate de contratación directa, los documentos necesarios para acreditar la información que éstos suministren en torno a su solvencia e idoneidad empresarial. Lo que ocurre con los contratos de obra, consultoría, suministro y compraventa de bienes muebles es que la Ley suple la exigencia a los interesados de probar sus calidades con el requisito de la inscripción previa, en razón a que la Administración Pública utiliza masivamente estos tipos contractuales en el tráfico jurídico y se trata del desarrollo de actividades a las que se dedican en forma habitual y permanente un grupo determinado de contratistas del Estado.”3 El caso concreto 3 Ob. Cit. Pg. 111. ______________________________________________________________________________ Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 12 Tel. 3 360011 Ext. 11203 e-mail: moralidadpub@procuraduria.gov.co

11. Para el caso que ocupa a esta Delegada, dentro de los documentos aportados al expediente, no se puede determinar la situación en que se encontraban los proponentes al momento de recibir la invitación para cotizar y si efectivamente los documentos por ellos presentados fueron considerados idóneos para la ejecución

contractual, pero lo que sí constituye en principio garantía de legalidad, es la manifestación de los diferentes contratistas de encontrarse inscritos, clasificados y calificados de acuerdo con lo exigido por la Ley. Para tal efecto, obran copias de la mayoría de formularios del Registro Único de Proponentes remitidos por la Cámara de Comercio de Leticia. Nazareno Pereira en su declaración manifestó estar registrado en la Cámara de Comercio como constructor (folio 330 expediente 1); según declaración de Germán Arce Bedoya, posee 30 años de experiencia como constructor y manifestó no solamente estar inscrito en la Cámara de Comercio de Leticia, sino también en la Cámara de Comercio del Valle y afirma haber contratado con la administración local obras cuya interventoría estuvo a cargo de la Secretaría de Obras Públicas (folio 331 expediente 1); Artemio Capto Abreo manifestó ser maestro constructor desde hace 36 años, estar inscrito en la Cámara de Comercio desde 1994 bajo la especialidad de construcción y afirmó igualmente haber contratado con la administración municipal de Leticia para realizar una pavimentación de 8 placas ubicadas frente a Zafra y 4 placas frente a la Internacional por la suma de $4’000.000 cuya interventoría fue llevada a cabo por el Secretario de Obras Públicas previa presentación de inscripción en la Cámara de Comercio y la respectiva póliza (folio 351 expediente 1). En igual sentido declararon José Guillermo Ruiz Arenas, Pedro Carvalho Dosantos, Julio Enrique Bardales, Ángel María Moreno Rozo, Ferney Muñoz Uni y Libardo Torres Cabrera (folios 352 a 361 expediente 1).

12. No se demostró en el dossier, que se hubiese declarado la inhabilidad de los contratistas con ocasión de decisiones relativas a la persona misma de ellos o a la caducidad que éstos hubieran podido generar en contratos celebrados con la administración.

En consecuencia, es aceptable, dentro de los postulados de la buena fe, que guían la actuación administrativa, el acogimiento de la Administración al juramento que sacramentalmente se expresa por los contratistas al momento de celebrar los contratos estatales a través del cual se expresa la inexistencia en su contra de alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la ley, así como a la inscripción en el Registro Único de Proponentes que en su oportunidad contractual existió como evidencia de la capacidad de dichos contratistas para la realización de los trabajos encomendados.

13. El Artículo 22 de la Ley 80 de 1993 consagra en su numeral 5º: ______________________________________________________________________________

Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 12 Tel. 3 360011 Ext. 11203 e-mail: moralidadpub@procuraduria.gov.co “De la impugnación de la clasificación y calificación. Cualquier persona inconforme con la calificación y clasificación de los inscritos, podrá impugnarlas ante la respectiva cámara de comercio. El acto administrativo de la cámara de comercio que decida la impugnación podrá ser objeto del recurso de reposición y de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en los términos del Código Contencioso Administrativo. Para que la impugnación sea admisible deberá prestarse caución bancaria o de compañía de seguros para garantizar los

perjuicios que se puedan causar al inscrito. Las entidades estatales deberán impugnar la clasificación y calificación de cualquier inscrito cuando adviertan irregularidades o graves inconsistencias. El gobierno reglamentará el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo”. El efecto de la impugnación enunciada termina con la decisión de la autoridad competente (Cámara de Comercio) bien sea ordenando modificar el registro, o bien ordenando su respectiva cancelación.

14. Tampoco se evidencia en el expediente constancia alguna de modificación o cancelación de alguno de los registros de los proponentes que pueda determinar alguna irregularidad respecto a su capacidad de contratación.

15. Vale la pena mencionar un pronunciamiento de esta Delegada en similar sentido al que nos ocupa: “ (..) El artículo 118 de la Ley 200 de 1995 establece: “PRUEBA PARA SANCIONAR. El fallo sancionatorio sólo procederá cuando obre prueba que conduzca a la certeza de la falta y de la responsabilidad del disciplinado”.

Desde luego que para la demostración de la certeza de la falta y de la responsabilidad del disciplinado puede acudirse a cualquiera de los medios probatorios legalmente reconocidos, siempre y cuando los que se aprecien y valoren correspondan a pruebas legalmente producidas, allegadas o aportadas al proceso y se haga en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, lo que significa que el Código Único Disciplinario adoptó el denominado sistema de per