PGN - REGLAMENTACION DEL SERVICIO PUBLICO - Regulación legal

ACTO ADMINISTRATIVO-Expedido por el Alcalde que autorizo ampliación de la capacidad transportadora de una empresa de taxis REGLAMENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO-Regulación legal AUTORIDADES FACULTADAS-Reglamentación en el distrito o alcaldía le corresponde al Alcalde De igual forma, el decreto reglamentario de este servicio de transporte, determina como autoridades competentes para reglamentar el servicio de transporte público mediante taxis, en la jurisdicción distrital o municipal, a los alcaldes municipales y/o distritales o los organismos en quien estos deleguen tal atribución (Art. 8º Dc 172/01) Visto lo anterior, considera este Despacho por vía de interpretación que como la autoridad local es quien debe dentro de su respectiva jurisdicción determinar la oferta existente de taxis y en caso de deficiencia, debe elaborar el estudio técnico con el fin de permitir el ingreso de los vehículos, se concluye que la capacidad transportadora en esta modalidad es del municipio y no de las sociedades transportadoras, toda vez que, la parte inicial del inciso 2 del artículo 35 del citado decreto. REPOSICIÓN DE AUTOMOTORES-Regulación legal para incentivarla DESVINCULACIÓN ADMINISTRATIVA-Única forma de sacar un vehículo de servicio público/DESVINCULACIÓN ADMINISTRATIVA-Aplicabilidad jurisprudencial de la Corte Constitucional La autoridad competente puede suspender el ingreso de vehículos nuevos al servicio público de transporte de pasajeros, pero no se puede prohibir que la vinculación de vehículos se realice para sustituir otro que se encuentre matriculado en el servicio público, es decir, debe permitir el ingreso de equipos por reposición, de tal forma que seria

procedente permitir el ingreso de un vehículo clase taxi por otro que sale definitivamente del servicio de la misma clase y es obligación de la empresa conservar la capacidad transportadora (cupo) y permitir la sustitución del automotor. La única forma de sacar un vehículo de servicio público de una empresa es a través de la desvinculación administrativa, mediante pronunciamiento judicial o por mutuo acuerdo entre las partes. Al respecto es importante traer a colación apartes de la sentencia T-026 del 26 de enero de 2006, mediante la cual el Ministerio de Transporte solicitó la revisión de la tutela de los fallos proferidos por un Juzgado de Cali, en relación con los cupos. La Corte Constitucional

Dependencia: PROCURADURIA PROVINCIAL DE GIRARDOT

Radicación 041-2374-2009

Disciplinado: ROGELIO CORREA RUEDA Cargo Y Entidad: EX ALCALDE - ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MESACUNDINAMARCA Quejoso: CRISTINA BONILLA CASTILLO Fecha de queja: 9 DE AGOSTO DE 2007

Fecha hechos: 17 DE JULIO DE 2007

Asunto: Auto de terminación de la actuación y archivo definitivo.(Articulo 73 y 161 ley 734 de 2002

Girardot, 10-03-2011

AUTO No. 000452

1. QUEJA Al despacho la queja instaurada por la señora CRISTINA BONILLA CASTILLO, donde reporta el presunto procedimiento irregular adelantado por el señor ROGELIO CORREA RUEDA en su calidad de Alcalde Municipal de La Mesa, en razón a haber expedido la Resolución 513 del 29 de diciembre de 2007, por la cual

se amplia la capacidad transportadora de la empresa de taxis “ASOTAXIS”, sin cumplir las formalidades de los arts. 35 a 376 de la ley 172 de 2001, así mismo de haberle vendido un cupo de estos. Adjunta a su escrito copia del acto administrativo en comento, copia de las certificaciones expedidas por la Empresa de taxis donde se determina que ella es socia de la empresa, así como del recibo a mano alzada donde consta el pago realizado a favor del señor Correa Rueda. A la diligencia, se allega copia de la Resolución No. 128 del 7 de mayo de 2008, por el cual la alcaldía de La Mesa revocó la resolución No. 513 del 29 de diciembre de 2007 y copia del cheque mediante el cual el señor Correa giró a favor de la señora Bonilla la suma de $7’000.000 con fecha 15 de agosto de 2008 hizo devolución del (Fol. 1-16)

2. INDAGACION PRELIMINAR Con fundamento en lo anterior, por auto No 00444 del 17 de marzo de 2009 (fol. 17-20) se dispuso adelantar indagación preliminar contra el señor ROGELIO CORREA RUEDA en su condición de alcalde municipal de La Mesa, para l época de los hechos, por las presuntas irregularidades enunciadas, por lo que se ordeno la práctica de pruebas, recepcionandose las siguientes:

1Oficio 0393 del 27 de marzo de 2009 por el cual la Secretaría General remite al Despacho la certificación laboral del implicado Rogelio Correa. (Fol. 25-26) 2Diligencia de visita especial practicada a la Alcaldía de La Mesa donde con

relación a las Resoluciones 0513 de 2007 y 128 del 7 de mayo de 2008, se explicó por parte de la Secretaría de la Inspección de Policía, Despacho encargado de los trámites y archivos relacionados con la expedición de tarjetas de operación del servicio público de taxis, la funcionaria aclaró que desde el año 2000 no se emitía acto administrativo alguno relacionado con la capacidad transportadora de la empresa, poniendo a disposición copia de la Resolución No. 066 de 2000, así mismo que a la fecha de la visita, se contaba con 50 carpetas correspondientes a los que vehículos que contaran con tarjeta de operación para prestar el servicio, las cuales puso a disposición y de la cual se trajo un relación de las mismas. Señaló la funcionaria que la Resolución 0513 de 2007 se expidió tomando como base el estudio previo de las condiciones para la prestación del servicio y accesibilidad en el municipio, así mismo que la Resolución 0128 del 7 de mayo de 2008 se adoptó en razón a un recurso interpuesto por un tercero, los documentos soporte de estas evaluaciones son de carácter jurídico, por en de reposan en los archivos de esa dependencia, pero que a la fecha de la visita no se encontraba la persona encargada. (Fol. 27-37) 3Mediante oficio del 12 de mayo de 2009, se comunicó por parte de la Secretaria de la Inspección de Policía que los documentos soporte de la actuación relacionada con la emisión de la Resolución 0513 de 2007 no fueron encontrados en el archivo desconociendo el lugar donde fueran ubicados actualmente. (Fol. 38-43)

4Versión libre brindada por el señor Rogelio Correa Rueda, ex Alcalde de La Mesa, quien manifestó que durante su período se presentó una solicitud por parte de la empresa ASOTAXIS, representada por el señor MARIO HERRERA REYES para que se ampliaran los cupos del servicio de taxis en La Mesa, para esto se hizo un estudio sugerido por la empresa ASOTAXIS y conforme a los requisitos de ley, para que se conociera la necesidad actual en la prestación de este servicio, pues desde el año 2000 no se habían hecho variaciones en este servicio, pero que, como se observa de las encuestas que se hicieron conjuntamente con la empresa, por el aumento de la población no solo de La Mesa, sino incluso de los municipios vecinos y las veredas cercanas, se hacía necesario hacer como una actualización de las necesidades para este servicio de taxis, pues los buses intermunicipales, por lo general, ya salen o llegan con el cupo, cuando pasan por el municipio de La Mesa. Aclara que los trámites respectivos se afianzaron en la parte jurídica para lo cual contaba no solo con asesor externo, sino que la Dra Marcela Herrera, quien se desempeñaba como Secretaria de Gobierno y Jurídica para la época, realizó los trámites requeridos para la ampliación de la cobertura del servicio en La Mesa. Para el año 2007 no se contaba sino con 50 vehículos, con la Resolución 513 se amplió esa capacidad en 5 u 8 cupos más, pero soportado en los requisitos de ley que fueron corroborados por la Secretaría de Gobierno quien realizaba la revisión de toda la parte jurídica de las actuaciones de la administración. Aclara que la Resolución 513 se expidió el 29 de diciembre

de 2007, porque los trámites se iniciaron por solicitud de la empresa que prestaba el servicio de taxis en La Mesa, posterior a esto se necesitaba realizar el estudio técnicos que implicaban, la verificación de la necesidad, lo cual se hacía mediante una serie de encuestas que debían realizarse en diferentes sectores de la población, fechas y niveles, esto no se hacía de una semana a la otra, por lo tanto ante la previa realización de estos trámites pues se demoró la expedición de la Resolución, pero como igual yo podía adoptar las decisiones que como Alcalde se requirieran en el municipio, incluso hasta el 31 de diciembre de 2007, por ser éste el día último de mi administración, pero reitera, estas determinaciones se adoptaron conforme a una verificación legal y jurídica de las actuaciones que se realizaron. Ya que posteriormente el Alcalde entrante modificó esta determinación, pues era su responsabilidad, aunque dejó en claro que si hubo reposición de vehículos, esto lo hicieron fue para ingresar carros nuevos pero en nada se modificó el número de carros que prestaban el servicio. De estos hechos el negocio con la señora Bonilla, no tuvieron relación alguna pues ese cupo lo recibió dentro de las actividades de comerciante que comúnmente hace con las personas del pueblo, y que no se valió de su condición de alcalde para comprar o vender ese cupo, además eso ocurrió después que dejó la Alcaldía, pero que a la señora le habían dicho que eso era de los cupos que presuntamente había ampliado con la resolución y que eso se había derogado por el otro alcalde y la señora se preocupó, pensó que se le iba a perder la plata, pero repito que

el numero de cupos nunca se modificó, ni el numero de vehículos, la idea del señor Herrera era traer unos taxis nuevos para modernizar la planta de vehículos que se deterioran con gran facilidad por el mal estado de las vías y más con el invierno, pero ese negocio que hizo con la señora Bonilla provenía del cupo recibido por una deuda pero como no se dedicaba a eso, pues se lo vendí a ella, tuvimos problemas y deshicimos el negocio, pero eso nada tenía que ver con la alcaldía, eso es algo personal que no lo hice ni como alcalde ni valiéndome de la condición de ex alcalde ni nada de eso. ( Fol. 44-46) 5Anexo 1 – Copia simple del estudio técnico de movilización transporte terrestre servicio de taxi. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO Agotada la etapa de indagación preliminar y recepcionados los elementos probatorios pertinentes, procede el Despacho a la calificación de la etapa a efectos de determinar la procedencia o no de ordenar la apertura formal de investigación disciplinaria, acorde a los parámetros del art. 152 del C.D.U. o en su defecto adoptar decisión de archivo, conforme al art. 73 ibídem. Fuera causa de la presente averiguación disciplinaria, el escrito allegado a esta Provincial por la Personería Municipal de la Mesa, del escrito radicado por la señora CRISTINA BONILLA CASTILLO donde reporta las presuntas irregularidades en que pudo incurrir el señor ROGELIO CORREA RUEDA al emitir la Resolución 0513 de 27 de diciembre de 2007, por la cual amplió la capacidad

de cupo de los vehículos de la empresa ASOTAXI, así mismo, por haber realizado la venta de un cupo de un taxi de dicha empresa, sin haber podido legalizarlo, motivo por el cual tuvo que hacer la devolución de las expensas canceladas por tal concepto. Como vemos son dos los eventos causa del reporte, de lo cual se procede a su evaluación: 1EMISION DE LA RESOLUCION 0513 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2007: El Decreto 172 de 2001 “Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en vehículos taxi”, señala en el artículo 35 y siguientes que las autoridades de transporte no podrán autorizar el ingreso de taxis al servicio público de transporte, por incremento hasta tanto no se determinen las necesidades del equipo mediante estudio técnico. Con el fin de determinar la oferta existente de taxis, la autoridad de transporte competente deberá contar con un inventario detallado completo y actualizado de las empresas y del parque automotor que presta esta clase de servicio en el respectivo municipio o distrito. En efecto, señala la norma en cita: ARTÍCULO 35. INGRESO DE LOS VEHÍCULOS AL PARQUE AUTOMOTOR. A partir de la promulgación del presente decreto, las autoridades de transporte competentes no podrán autorizar el ingreso de taxis al servicio público de transporte, por incremento, hasta tanto no se determinen las necesidades del equipo mediante el estudio técnico de que tratan los artículos siguientes. Entiéndese como Ingreso de taxis al servicio público individual de transporte, la vinculación de vehículos al parque automotor de este servicio en un distrito o municipio. El ingreso podrá ser por incremento o

por reposición. Será por incremento cuando la vinculación implique un aumento en el número de vehículos de esa modalidad que operan en la respectiva localidad. Será por reposición cuando la vinculación se realice para sustituir otro vehículo que se encuentre matriculado en el servicio público. ARTÍCULO 36. ESTADO DE LOS VEHÍCULOS. El ingreso de los vehículos por incremento y por reposición, solo podrá efectuarse con vehículos nuevos. ARTÍCULO 37. PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE EQUIPO. El estudio técnico se elaborará teniendo en cuenta el porcentaje óptimo de utilización productivo por vehículo, (…) (…) En todo caso, estos estudios deben remitirse al Ministerio de Transporte para la respectiva revisión. De igual forma, el decreto reglamentario de este servicio de transporte, determina como autoridades competentes para reglamentar el servicio de transporte público mediante taxis, en la jurisdicción distrital o municipal, a los alcaldes municipales y/o distritales o los organismos en quien estos deleguen tal atribución (Art. 8º Dc 172/01) Visto lo anterior, considera este Despacho por vía de interpretación que como la autoridad local es quien debe dentro de su respectiva jurisdicción determinar la oferta existente de taxis y en caso de deficiencia, debe elaborar el estudio técnico con el fin de permitir el ingreso de los vehículos, se concluye que la capacidad transportadora en esta modalidad es del municipio y no de las sociedades transportadoras, toda vez que, la parte inicial del inciso 2 del artículo 35 del citado decreto establece: “Entiéndase como ingreso de taxis al servicio público individual

de transporte, la vinculación de vehículos al parque automotor de este servicio en un distrito o municipio”, de donde se infiere que el parque automotor pertenece al distrito o municipio y no a las empresas de transporte, es decir, corresponde al concepto de capacidad transportadora global del ente territorial, el cual puede autorizar a las empresas la vinculación de equipos. En este orden de ideas y tomando en cuenta el contenido del la Resolución 0513 del 27 de diciembre de 2007, donde expresa: “Que en cumplimiento a los requisitos del Decreto 172 del 2001, el Alcalde Municipal es la autoridad competente para resolver lo peticionado por el señor MARIO HERRERA REYES representante legal de ASOTAXIS La Mesa, (…), revisado minuciosamente dicho estudio para efectos de la solicitud elevada, se observa que cumple a cabalidad con los requisitos exigidos en la norma citada, analizadas en el soporte ( Estudio Técnico), con las facultades conferidas por el Art. 35 del Decreto 172 de febrero 05 de 2001, se hace necesario incrementar (…)” Tales expresiones permiten denotar, bajo la presunción de legalidad y de buena fe de las actuaciones de las autoridades públicas, que dicho Decreto fue emitido tomando como base el Estudio Técnico de que trata el art. 35 del multicitado Decreto 172 de 2001, de allí que, pese a que no fue factible la ubicación de dicho documento, toda vez que no apareció en los archivos de la Alcaldía de La Mesa, se presume su existencia pues es parte de la parte motiva del acto administrativo en comento, a más de lo anterior, la funcionaria encargada de los archivos

correspondientes a las tarjetas de operación de los vehículos que prestan el servicio de transporte público en taxis, indicó en la visita practicada por este Despacho, que la Resolución 0513 del 27 de diciembre de 2007 fue expedida tomando en cuenta el estudio técnico, además que la capacidad transportadora no había sufrido modificación alguna desde el año 2000, anualidad en la cual se expidió la Resolución No. 066 del 23 de junio de 2000, fijándose en 50 vehículos, de lo cual, tomando en cuenta que habían transcurrido 7 años desde la última verificación de necesidad del servicio público de transporte mediante taxi, sería lógico pensar que en dicho lapso tanto la expansión urbana como demográfica del municipio, daría lugar a una posible modificación a la capacidad inicialmente señalada . Así mismo, a la fecha de la visita se pudo establecer que, pese a que mediante la Resolución 513 de 2007, se ampliaba la capacidad transportadora en 8 vehículos más, la cifra inicialmente fijada mediante Resolución 066 del 23 de junio de 2000, no había sido objeto de modificación, por ende, no hubo lugar a la expedición de nuevas tarjetas de operación, sino mediante la modalidad de reposición de vehículos. Sobre reposición de equipos es necesario aclarar que la Ley 105 de 1993, contempla en el artículo 6: “....Las autoridades competentes del orden Metropolitano, Distrital y Municipal, podrán incentivar la reposición de los vehículos, mediante el establecimiento de los niveles de servicio diferentes al corriente, que serán prestados con vehículos provenientes de la reposición. Así mismo podrán suspender transitoriamente el

ingreso de vehículos nuevos al servicio público de transporte de pasajeros, de acuerdo con las necesidades de su localidad, supeditando la entrada de un vehículo nuevo al retiro del servicio de uno que deba ser transformado o haya cumplido el máximo de su vida útil”. La autoridad competente puede suspender el ingreso de vehículos nuevos al servicio público de transporte de pasajeros, pero no se puede prohibir que la vinculación de vehículos se realice para sustituir otro que se encuentre matriculado en el servicio público, es decir, debe permitir el ingreso de equipos por reposición, de tal forma que seria procedente permitir el ingreso de un vehículo clase taxi por otro que sale definitivamente del servicio de la misma clase y es obligación de la empresa conservar la capacidad transportadora (cupo) y permitir la sustitución del automotor. La única forma de sacar un vehículo de servicio público de una empresa es a través de la desvinculación administrativa, mediante pronunciamiento judicial o por mutuo acuerdo entre las partes. Al respecto es importante traer a colación apartes de la sentencia T-026 del 26 de enero de 2006, mediante la cual el Ministerio de Transporte solicitó la revisión de la tutela de los fallos proferidos por un Juzgado de Cali, en relación con los cupos. La Corte Constitucional, concluyó entre otros aspectos lo siguiente: “En primer lugar, para esta Sala de Revisión como se dijo, de conformidad con el objeto de estas acciones de tutela, no existe la menor duda sobre la improcedencia de las mismas, dado que se trata de una discusión que debe ser resuelta por el juez competente y no por el juez constitucional, pues, la inconformidad de las empresas demandantes con el contenido de diversos actos

administrativos proferidos por la administración municipal sobre los cupos mínimos y máximos de vehículos de servicio público, corresponde a una clara discusión legal que no involucra derechos constitucionales. En estos eventos, es suficientemente sabido que si una persona natural o jurídica no está conforme con los actos administrativos dictados por la Administración, puede acudir a la jurisdicción competente, en donde, además, puede solicitar la suspensión provisional del acto. Es decir, el supuesto afectado con un acto administrativo cuando tiene a su alcance otro medio de defensa judicial, hace que la acción de tutela sea improcedente, salvo que esté probado que hay un perjuicio irremediable y que se demuestre que ese otro medio de defensa judicial no es suficiente para impedir que tal hecho ocurra. Agrega igualmente la Corte Constitucional que: “El servicio de transporte colectivo es un servicio público, al igual que el servicio de transporte individual en vehículos taxis. Introducir modificaciones a las decisiones adoptadas por las autoridades de tránsito, es una de las prerrogativas legítimas de las que puede hacer uso el Estado en su función reguladora en la prestación del servicio público de transporte…” “En consecuencia, La Secretaría de Tránsito y Transporte de Medellín, tiene la facultad discrecional de proferir las modificaciones que sean necesarias en materia de cupos de vehículos, como reflejo de las funciones y prerrogativas constitucionales de que goza el Estado en materia de regular la prestación eficiente del servicio público de transporte colectivo a todos los habitantes del territorio nacional. Es entendido que todos los actos administrativos pueden ser objeto de control de legalidad” Así las cosas, este Despacho concluye que la emisión de la Resolución 0513 de

2007 se ajustó a los parámetros legales fijados por el Decreto 172 de 2001, por otra parte y gracia de discusión, si dicho acto administrativo hubiese adolecido de ilegalidad, pese a su emisión, nunca tuvo efectos toda vez que la capacidad transportadora nuca fue objeto de modificación pues se ha mantenido en los 50 unidades vehiculares que se reportaron al momento de realizarse el estudio técnico, siendo el mismo número de cupos aprobados por el decreto de 2001 antes mencionado, y el mismo número de cupos vistos al momento de la visita realizada por el funcionario comisionado de este Despacho, por lo tanto, si bien el hecho tuvo ocurrencia, no se desliga del mismo conducta disciplinable que amerite la continuidad de la acción disciplinaria en contra del implicado, siendo procedente la adopción de decisión de archivo de estas diligencias. 2VENTA DE UN CUPO DE LA EMPRESA ASOTAXI Señala la señora Bonilla, que el señor ROGELIO CORREA RUEDA le vendió un cupo de los que amplió mediante la Resolución 0513 de 2007, lo cual, conforme a lo ya analizado, no es cierto, toda vez que la base de vehículos determinado mediante la Resolución No. 066 de 2000, no ha sido objeto de modificación manteniéndose el número de 50 unidades vehículares para prestar el servicio de transporte mediante taxis, en el municipio de La Mesa. Por otra parte, observa el Despacho que dicha negociación se realizó el 9 de febrero de 2008 (Fol. 7) fecha para la cual el señor Correa Rueda ya no se

desempeñaba como servidor público, ni ejercía función pública alguna, requisito sine qua non para ser objeto de la aplicación de la ley disciplinaria (Art. 6º C.P.), siendo así que los eventos narrados por la señora Bonilla corresponden a la órbita personal de los negocios privados del señor Correa, los cuales, en caso de incumplimiento de las obligaciones civiles inherentes a sus actividades comerciales, son objeto de regulación por la jurisdicción ordinaria, a la cual deberá acudir la señora Bonilla, en caso de persistir los eventos causa de su pedimento. En este orden de ideas, teniendo como fundamento las anteriores premisas, de acuerdo con los preceptos normativos y jurisprudenciales anotados, y de acuerdo a los principios generadores de la sana crítica, el Despacho considera que no hubo lugar a la vulneración de derechos constitucionales y el desconocimiento o incumplimiento de los deberes propios del cargo o función pública, asignados al señor ROGELIO CORREA RUEDA, siendo procedente ordenar el archivo de las presentes diligencias. Por ende y afianzando la decisión, no solo en el acervo probatorio, sino en las facultades otorgadas por el artículo 73 de la Ley 734 de 2002, que preceptúa: “En cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, (…), el funcionario del conocimiento, mediante decisión motivada, así lo declarará y ordenará el archivo definitivo de las diligencias”, se concluye que, ante la inexistencia de responsabilidad disciplinaria no es viable proseguir con la presente investigación, siendo precedente el archivo

definitivo de las presentes diligencias en el actual estado en que se encuentran, toda vez que con su actuar no contravino el orden legal y por ende no se infringió deber legal. Por lo anteriormente expuesto, el Procurador Provincial de Girardot ( E ), RESUELVE PRIMERO : Ordenar la terminación de la actuación y en consecuencia disponer el archivo definitivo del proceso adelantado contra en contra del señor ROGELIO CORREA RUEDA, como alcalde del municipio de La Mesa – C/marca., para la época de los hechos, con fundamento en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO : Notifiquese al implicado, haciendo saber que contra la presente decisión no procede recurso alguno y hace transito a cosa juzgada.

Por tratarse de queja, se requiere dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 102 y 109 de la Ley 734 de 2002. NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE GERMAN ALEXANDER ALMARIO DIAZ Procurador Provincial de Girardot ( E )

041-2374-2009/ LMBI P. U. G-17