PGN - REGLAMENTACION FUNCIONES ELECTORALES - Reglas de interpretación

REGLAMENTACIÓN FUNCIONES ELECTORALES-Solamente pueden hacerse por ley estatutaria Esta Delegada considera que el estudio de casos como el presente no se debe realizar a la luz de la teoría de la potestad reglamentaria, pues resulta claro que ella está asignada al Consejo Nacional Electoral, el que la deberá desarrollar en los precisos términos en que lo señala la jurisprudencia, que se deja plasmada de forma antecedente. Para esta Delegada, el asunto se debe considerar a la luz de lo que se ha dicho en relación con las funciones electorales y su exclusiva regulación por ley estatutaria. DERECHO FUNDAMENTAL-Alcances sobre elegir y ser elegido Este Despacho no alberga duda alguna en cuanto al tema regulado por la Resolución 0921 de 2011, expedida por el Consejo Nacional Electoral. Su contenido se refiere y está destinado a reglamentar un procedimiento que enerva el ejercicio de un derecho fundamental, el señalado en el numeral 1º del artículo 40 de la Constitución Política, conforme al cual «Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político» y que para hacer efectivo este derecho puede: 1. Elegir y ser elegido, derecho más intrínsecamente ligado con una función electoral como es el de autorizar la inscripción de los candidatos que aspiran a cargos de elección popular, la que les permite participar en elecciones populares y en el debate electoral, con todas las garantías que ello supone, y además, con la posibilidad de acceder a todas aquellos beneficios que se han establecido en favor de los candidatos de los partidos políticos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos, tales como el financiamiento de las campañas y el acceso a los medios de comunicación.

REGLAMENTACIÓN FUNCIONES ELECTORALES-Es competencia del Congreso de la república. Los derechos fundamentales, así como todo lo relacionado con las funciones electorales, el Constituyente de 1991 los dejó a salvo de ser regulados por vía de ley ordinaria; en relación con estos derechos y funciones el Constituyente limitó el poder y facultad de configuración legislativa que le es propia al órgano encargado de hacer las leyes; consideró que lo relacionado con derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección así como la función electoral debería hacerse por el Congreso de la República mediante leyes estatutarias, las que en su aprobación , modificación o derogación exigen unos especiales requisitos, como la mayoría absoluta de los miembros del Congreso y su trámite dentro de una sola legislatura. Además, del sometimiento a revisión previa por parte de la Corte Constitucional; es una protección que se le brindó a estos derechos fundamentales que los sustrae del procedimiento legislativo normal para aprobar leyes ordinarias, y que permite que las mismas perduren en el tiempo, al tener mayores exigencias para su aprobación, modificación y derogación. DERECHO FUNDAMENTAL-No toda su regulación se hace por ley estatutaria En lo relacionado con la regulación de derechos fundamentales, ha señalado la H. Corte Constitucional, que lo expuesto en las circunstancias anteriores no supone considerar ni entender que «toda regulación en la cual se toquen aspectos relativos a un derecho fundamental deba hacerse por vía de ley estatutaria. De sostenerse la tesis contraria, se

vaciaría la competencia del legislador ordinario».

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considerar como función electoral una actuación que a primera vista pareciera no ser, como es la de señalar la fecha en la cual se debe efectuar la elección. Como lo señaló la Corte Constitucional :la ley estatutaria debe regular no sólo los elementos esenciales de las mismas sino todos aquellos aspectos permanentes para el ejercicio adecuado de tales funciones por los ciudadanos, lo cual incluye asuntos que podrían en apariencia ser considerados potestades menores o aspectos puramente técnicos, pero que tienen efectos determinantes en la dinámica electoral, como la fijación de las fechas de elecciones, el establecimiento de los términos de cierre de las inscripciones de candidatos o registro de votantes, la organización de las tarjetas electorales o de los sistemas de escrutinio, etc. Por su propia naturaleza, la ley estatutaria de funciones electorales es entonces de contenido detallado. FALTA DE COMPETENCIA-El Consejo Nacional Electoral no puede reglamentar asuntos puramente electorales Por lo tanto, cuando el reglamento expedido por el Consejo Nacional Electoral comprende aspectos relacionados con funciones electorales excede sus competencias funcionales, pues ello es de reserva exclusiva del legislador que es el titular natural de la potestad de regularlos y reglamentarlos, con el agregado de que la misma es exclusiva y excluyente y debe ejercerla siguiendo el trámite de las leyes estatutarias, por cuanto la naturaleza y contenido de la función así lo impone. REGLAMENTACIÓN FUNCIONES ELECTORALES-Reglas de interpretación La H. Corte Constitucional, analizó lo relacionado con las funciones electorales y su reglamentación por ley estatutaria en la sentencia C-145 de 1994, al decidir sobre las

acciones públicas de inconstitucionalidad incoadas contra la Ley 84 de 1993 , disposición por medio de la cual se expidieron algunas disposiciones en materia electoral. De la sentencia anterior se pueden inferir las siguientes reglas de interpretación:

1. Que las materias relacionadas con las funciones electorales deben ser reguladas por medio de las leyes estatuarias

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2. Que la noción de función electoral establecida por el artículo 152 desborda el campo del desarrollo del derecho al voto y a la participación ciudadana consagrados por la

Constitución

3. Que si las funciones electorales que deben ser desarrolladas mediante ley estatutaria fueran sólo aquellas directamente ligadas a los derechos, mecanismos e instituciones de participación ciudadana, la expresión "funciones electorales" del artículo 152 superior carecería de todo sentido y eficacia normativa puesto que, conforme a los literales a y d de ese mismo artículo constitucional, esas materias ya son objeto de reserva de ley estatutaria.

4. Que las funciones electorales desbordan el marco del ejercicio de los derechos de participación. Esto significa que si bien en materia de derechos fundamentales se impone una interpretación restrictiva de la reserva de ley estatutaria -por cuanto una interpretación diversa vaciaría de contenido la actividad del legislador ordinario-, en materia electoral la situación es diversa. En este caso la regulación de la ley estatutaria debe ser mucho más

exhaustiva por las siguientes razones:

4.1. De un lado, porque es la propia Constitución la que ordena regular las funciones electorales mediante ley estatutaria y no solamente los aspectos esenciales de las mismas. 4.2. De otro lado, porque -como se ha señalado anteriormente en esta sentenciauna definición restrictiva de la noción de funciones electorales haría perder su especificidad normativa al mandato constitucional del artículo 152 literal c, ya que las funciones electorales se disolverían en los mecanismos y derechos de participación. 4.3. Porque no se puede aducir que una reglamentación exhaustiva de las funciones electorales vacía al Legislador ordinario de su competencia -como sí sucede en el caso de los derechos fundamentalespuesto que las funciones electorales son un campo jurídico delimitado. 4.4. Porque esta concepción amplia de la reserva de ley estatutaria en materia de funciones electorales encuentra una sólida justificación democrática y constitucional cuando se analiza el sentido de las reglas electorales en el funcionamiento del principio democrático. Es sabido que la democracia, como procedimiento formal para la adopción de decisiones, se fundamenta en el predominio del principio de mayoría en el juego político. Esto significa que por regla general las decisiones colectivas son adoptadas por las mayorías. Sin embargo, lo cierto es que el funcionamiento adecuado del procedimiento democrático basado en la alternancia de mayorías, requiere el reconocimiento por los actores sociales y políticos de reglas básicas previas, encaminadas no sólo a garantizar la igualdad y universalidad del sufragio sino también a proteger los derechos de las minorías en la dinámica democrática. En efecto, la democracia no es el gobierno exclusivo de las mayorías

ni un mecanismo para que éstas atropellen a las minorías; por eso sólo hay verdadera democracia allí donde las minorías y la oposición se encuentran protegidas a fin de que puedan eventualmente llegar a constituirse en un futuro en opciones mayoritarias, si llegan a ganar el respaldo ciudadano necesario.

5. A diferencia de lo que ocurre con los derechos fundamentales, en el caso de las funciones electorales, la ley estatutaria debe regular no sólo los elementos esenciales de las mismas sino todos aquellos aspectos permanentes para el ejercicio adecuado de tales funciones por los ciudadanos, lo cual incluye asuntos que podrían en apariencia ser considerados potestades menores o aspectos puramente técnicos, pero que tienen efectos determinantes en la dinámica electoral, como la fijación de las fechas de elecciones, el establecimiento de los términos de cierre de las inscripciones de candidatos o registro de votantes, la organización de las tarjetas electorales o de los sistemas de escrutinio, etc. Por su propia naturaleza, la ley estatutaria de funciones electorales es entonces de contenido detallado

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Bogotá D.C. julio 18 de 2012 Concepto No. 034 Señores

CONSEJO DE ESTADO

Sección Quinta

M.P. Dr. MAURICIO TORRES CUERVO

E. S. D.

Referencia: Proceso número: 110010328000201100068 00

Radicado interno número: 2011-0068

Actor: PEDRO FELIPE GUTIERREZ y OTRO Asunto: Nulidad de la Resolución No. 0921 del 18 de Agosto de 2011, expedida por el Consejo Nacional Electoral - «Por medio de la cual se adopta el procedimiento para revocar la inscripción de candidatos a cargos de elección popular».

Respetado señor Consejero: De la manera más atenta procedo a descorrer el traslado para alegar de conclusión, ordenado mediante providencia del 4 de julio de 2012.

IANTECEDENTES 1.- La demanda instaurada por el ciudadano JOSÉ MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR  La demanda y su pretensión El ciudadano de la referencia demandó la nulidad de la Resolución 0921 del 18 de agosto de 2011, expedida por el Consejo Nacional Electoral por la cual estableció el procedimiento para revocar las inscripciones de candidatos a cargos de elección popular.  Normas violadas – concepto de la violación

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co El demandante en el acápite de la demanda titulado «Fundamentos y conceptos de la violación» señaló lo siguiente: «El Consejo Nacional Electoral al expedir el acto administrativo denominado resolución 0921 de 2011, el cual estamos

demandando su nulidad en este escrito excedió la competencia que le fija la Constitución Nacional en el artículo 265 y viola los artículos 152 literal c, 189 numeral 11 y 29 de la Constitución Política y el artículo 1 del Código Contencioso Administrativo» Conforme a la demanda, señaló que el primer cargo en torno al cual desarrolla la pretensión de nulidad el demandante es la falta de competencia del Consejo Nacional Electoral para «expedir el acto demandado». Dijo igualmente que la atribución constitucional que invocara el Consejo Nacional Electoral para expedir el acto acusado sólo le permite revocar la inscripción de los candidatos pero no establecer el procedimiento que se debe seguir para la revocatoria, señala en la demanda que lo cuestionado es precisamente «haber regulado el procedimiento que debe aplicarse en la revocatoria, que debe ser el que disponga la ley y no un acto administrativo, y en caso de vacío debe aplicar lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo». Indicó el actor que el «Consejo Nacional Electoral debió limitarse a expedir con la resolución 0921 de 2011 normas de naturaleza operativa y administrativa, respetando la legislación vigente sobre actuaciones administrativas y revocatorias de actos de carácter particular que regula el Código Contencioso Administrativo», ello por cuanto que allí en donde se presentan vacíos nada se opone a aplicar las normas del Código Contencioso Administrativo, es más el inciso 2º del artículo 1º ejusdem así lo dispone. Señala además que «El Consejo Nacional Electoral se extralimitó en sus

funciones relacionadas con el proceso electoral, ya que en ninguna parte el acto

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co legislativo le concedió facultades para reglamentarlo en ninguno de sus artículos» y más adelante precisó que conforme a la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional la actividad reglamentaria del Consejo «se limita a la expedición de normas de naturaleza operativa y administrativa, destinadas a regular los temas propios de su competencia». Manifiesta que conforme a los pronunciamientos de la H. Corte Constitucional todo lo relacionado con las funciones electorales debe ser tramitado de acuerdo con el procedimiento indicado para los proyectos de ley estatutaria, conforme lo señala el literal c) del artículo 152 de la Constitución Política y que el Consejo Nacional Electoral debe ejercer esta atribución dentro de los precisos límites que señale la ley y como ésta no existe el vació legislativo que existe se subsana aplicando las normas del Código Contencioso Administrativo. En el acápite de la demanda denominado «DISPOSICIONES QUEBRANTADAS Y FUNDAMENTOS LEGALES» reitera lo dicho de manera anterior, en particular que el Consejo nacional Electoral excedió el marco de las competencias que le señala la Constitución en el artículo 265 y transgrede los artículos 152 literal c), 189, numeral 11 y 29 de la Carta Política y el artículo 1 del Código Contencioso

Administrativo. Indica que conforme a fallo proferido por esa H. Sección se tiene que el Consejo Nacional Electoral tiene capacidad para expedir reglamentos pero que ésta tiene carácter residual y subordinado y concluye, señalando que a quien corresponde regular o desarrollar la Constitución es al Congreso y en cuanto a las leyes, de conformidad con el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, esta facultad le corresponde al Presidente de la República. En relación con la revocatoria de la inscripción de los candidatos por violación de la prohibición de la doble militancia, manifiesta que si esta se sanciona por los partidos o movimientos y de conformidad con sus estatutos «la función de revocar la inscripción debe ser aplicada por los partidos y no por el Consejo Nacional Electoral.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co En la parte final de este acápite se refiere al principio de legalidad, el cual, cumple diversos roles en el desenvolvimiento de la actividad pública. En el cuerpo de la demanda en un capítulo especial solicita la suspensión de los efectos jurídicos del acto demandado; funda su solicitud en los argumentos que señaló en la demanda, de manera específica la falta de facultades para expedir el acto acusado  Admisión de la demanda Por auto del 20 de febrero de 2012 se admitió la demanda y se ordenaron las

notificaciones de rigor. La solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto demandado se denegó considerando que determinar i) si la materia que regula el reglamento expedido por el Consejo está reservada a ley estatutaria; ii) si el reglamento de la norma corresponde al Presidente de la República; iii) si se trata de una norma puramente operativa o técnica que pueda ser expedida por otras autoridades; iv) si materialmente el acto demandado corresponde o no a las facultades que le otorga el artículo 265 de la Carta al Consejo Nacional Electoral, etc., es un ejercicio hermenéutico de mayor complejidad que resulta ajeno a la etapa procesal que se está adelantando. En este entendido, señala la decisión, la infracción manifiesta y ostensible que exige el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo para que proceda la medida de suspensión no es clara ni evidente.  Contestación de la demanda El apoderado judicial del Consejo Nacional Electoral contestó la demanda manifestando:

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co  Que el Consejo Nacional Electoral es un órgano autónomo e independiente.  Que la aplicación de las disposiciones del Código Contencioso Administrativo no es posible por cuanto estas disposiciones no son compatibles con los procesos electorales por razón de los términos que operan en uno y otro procedimiento.  Que el Código Electoral no regula en ninguna de sus partes este

procedimiento.  Que el vació legislativo que existe es posible de ser subsanado “apelando a la facultas que la misma Constitución da en el artículo 265 al Consejo Nacional electoral (sic), para que en un marco de autonomía e independencia pueda darse su propio reglamento.  Que la afirmación del actor según la cual las decisiones adoptadas en el acto acusado son de competencia exclusiva del Legislador no es cierta por cuanto fue el propio Congreso quien en ejercicio de su función constituyente le confirió al Consejo Nacional Electoral la facultad de revocar las inscripciones de aquellos candidatos en los cuales concurran causales e inelegibilidad.  Que la expedición del acto demandado no es más que el ejercicio de una facultad constitucional del Consejo Nacional Electoral.  Que la regulación que se hace en el acto demandado comprende aspectos inherentes al proceso electoral.  Las atribuciones o facultades asignadas al Consejo Nacional Electoral vía Constitución Política no requieren de una ley que la desarrollen para su aplicación, son competencias que se ejercen en aplicación directa de la norma constitucional. Concluye el representante judicial del Consejo manifestando: «… podemos concluir que el acto demandado es Constitucional en cuanto desarrolla y permite el ejercicio de una función esencial para la democracia, como la es el evitar el abuso del derecho a ser candidato por parte de quienes se encuentran en circunstancias personales previas a la elección que lo hace inelegibles, a pesar de lo cual persisten en vulnerar el orden jurídico presentándose como candidatos a elecciones; en este sentido tal resolución cumple con el propósito de dar

eficacia al interés general, al interés dela comunidad y al cumplimiento

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co de las finalidades estatales, estando revestida de esta forma de legalidad teleológica. En cuanto al debido proceso, cumple con sus preceptos básicos, al ser una disposición anterior y garantizar la contradicción y defensa, la presunción de inocencia y el derecho a audiencia previa entre otros elementos centrales que lo caracterizan. En relación con la posibilidad de revocatoria de la inscripción de candidatos incursos en doble militancia, es la ley 1475 de 2011 la establece (sic) esa posibilidad , y si bien no define quien es el competente para ello, una interpretación sistemática de la norma, y en especial del principio del “non liquet” debe dar como conclusión que la misma autoridad revestida de competencia para revocar las inscripciones del candidatos (sic) inhabilitados, es la competente para revocar la de los incursos es (sic) doble militancia… » 2.- La demanda formulada por el ciudadano PEDRO FELIPE GUTIERREZ SIERRA  La demanda y su pretensión El ciudadano indicado en la referencia en ejercicio de la acción contemplada en el artículo 84 del C.C.A., demandó la nulidad de la Resolución número 0921 del 18 de agosto de 2011, expedida por el Consejo Nacional Electoral, por medio de la cual estableció «… el procedimiento para revocar inscripciones de candidatos a

cargos de elección popular»  Hechos de la demanda Señala el libelista que el pasado 18 de agosto de 2011, del Consejo Nacional Electoral expidió la Resolución 0921, a fin de establecer el procedimiento para revocar la inscripción de candidatos a cargos de elección popular.  Normas violadas y concepto de la violación Señaló como violados los artículos 29 y 152 de la Constitución Política y los artículos 44, 45, 46 y 47 del Código Contencioso Administrativo.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co En desarrollo del concepto de violación tituló el argumento esencial de su escrito así: “Extralimitación de la facultad reglamentaria y vulneración del derecho fundamental al debido proceso” y lo explica, señalando lo siguiente:  El Consejo Nacional Electoral no puede so pretexto del ejercicio de la facultad de reglamento que se le asignó, expedir normas que excedan los límites que le impone la Carta Política y la Ley pues ello implica extralimitación de sus atribuciones.  Que la Carta Política al establecer como función del Consejo Nacional Electoral la de revocar la inscripción de candidatos inhabilitados no lo facultó para reglamentar el procedimiento y los recursos aducibles en la protección del derecho político de elegir y ser elegido, por cuanto esa facultad es de competencia del Congreso, quien la debe ejercer por vía de

normas estatutarias.  Que el anterior aserto se corrobora con lo señalado por el legislador al expedir la Ley 1475 y regular allí el procedimiento para imponer las sanciones a los partidos y movimientos políticos. De lo señalado en la norma citada se infiere, según lo dice el actor « que la facultad de reglamentar los procedimientos sancionatorios de los partidos y movimientos políticos, de revocación de candidaturas e inscripción irregular de cédulas, es competencia del legislador y no de la autoridad administrativa»  Concluye indicando que el Consejo Nacional Electoral no tiene competencia para reglamentar el procedimiento de revocatoria de la inscripción de candidaturas de inelegibles, esa es facultad única del Congreso y al expedirla, desconoció el mandato del artículo 152 de la Carta Política.  Señala que si se la H. Sección considera que el Consejo si estaba facultado para expedir el reglamento debe considerar que con él se viola la garantía del debido proceso porque al regular lo relacionado con las notificaciones y las formas de hacerlo, en especial las señaladas en los artículos 44, 45 y 46 del Código Contencioso Administrativo.  Citando decisión de la H. Sala, conforme a la cual la notificación personal se impone cuando se trate de notificar actos de contenido particular y

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co concreto, concluye manifestando que el Consejo Nacional Electoral no

tiene competencia para derogar el mecanismo de notificación de las decisiones previsto en los artículos 44, 45 y 46 del Código Contencioso Administrativo.  Que el mecanismo señalado por el Consejo Nacional Electoral para efectos de notificar la decisión, hace imposible garantizar que cada administrado se de por enterado de la decisión.  Otro aspecto de la regulación que viola la garantía del debido proceso es el relacionado con el recaudo de la prueba y su calificación de plena prueba, pues esta no puede alcanzar este carácter.  Que conforme al procedimiento establecido se restringe el derecho de debatir la prueba allegada como fuente de la petición.  Dice que los dos últimos incisos del artículo 7º no estatuyen oportunidad para que la parte contraria se pronuncie sobre el recurso de reposición que se formule contra la decisión que adopte el Consejo.  Que al señalar los términos en días calendario resulta imposible dar traslado a la parte contraria para que pueda conocer del recurso de reposición.  Admisión de la demanda Por auto del 16 de enero de 2012, se admitió la demanda, se ordenaron las notificaciones de rigor.  Contestación de la demanda El apoderado judicial del Consejo Nacional Electoral se opuso a las pretensiones de la demanda, considerando para el efecto que la resolución se expide con fundamento y de acuerdo con las atribuciones que la Constitución y la ley le atribuyen al Consejo Nacional Electoral en especial de las señaladas en los artículos 265 numerales 1, 4, 6 y 12 de la Constitución Política.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Como corolario concluye señalando lo siguiente: «Como se puede observar, las normas constitucionales que invoca el actor como violadas por el CNE no lo fueron, ya que ha sido reiterada la jurisprudencia del Consejo de estado en el sentido de que aquéllas sólo pueden ser violadas de manera indirecta, en la medida que se violen directamente las normas que las desarrollan. En el presente caso podría predicarse su violación indirecta, si se hubiesen violado las normas que regulan los procedimientos, que para el caso en concreto, la Resolución No. 0921 de 2011, fue proferida de conformidad con las atribuciones constitucionales del Consejo Nacional Electoral y en concordancia con la Ley y la Constitución Nacional» Propuso las excepciones de «Inexistencia de la conducta ilegítima por parte del Consejo Nacional Electoral», «Ineficacia de la demanda por no señalar las causales», «Ineptitud sustancial de la demanda», «Culpa exclusiva de la víctima», «Inexistencia de causal alguna que afecte la validez del acto administrativo demandado».  Alegatos de conclusión  3.1. Del demandante ciudadano José Manuel Abuchaibe Escolar Reitera en esta oportunidad lo señalado en la demanda, en especial el argumento que dice que el Consejo Nacional no puede revocar inscripciones por razón de la doble militancia por cuanto esta función la deben ejercer los partidos; que los vacíos que se presenten en desarrollo de los procedimientos electorales se deben

suplir aplicando la parte primera del Código Contencioso Administrativo; que quien tiene la competencia para expedir el reglamento es el Congreso de la República, y concluye de la siguiente manera: «la norma acusada no debió producirse o dictarse, toda vez que excede la competencia que fija la Constitución Nacional para el Consejo Nacional Electoral en el artículo 265 y viola los artículos 152 literal c, 189 numeral 11 y 29 de la Constitución Política y el artículo 1 del código Contencioso Administrativo, lo que configura la causal de nulidad ya referida…».  3.2.) Del demandante ciudadano Pedro Felipe Gutiérrez Sierra

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co En esta oportunidad mediante escrito señala que «Como actor en el proceso de la referencia, dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos de conclusión, reitero que la resolución No. 0921 de agosto de 2011, expedida por el Consejo Nacional Electoral está viciada de nulidad, de acuerdo con los fundamentos expresados en la demanda».  Del apoderado judicial del Consejo Nacional Electoral en la demanda impetrada por el ciudadano Pedro Felipe Gutiérrez Sierra El apoderado judicial del Consejo Nacional Electoral en este proceso, el abogado Juan Pablo Cortés Ramos, interviene en esta etapa del proceso reiterando lo señalado en la contestación de la demanda.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE

EL CONSEJO DE ESTADO Como al contestar la demanda incoada por el ciudadano Pedro Felipe Gutiérrez Sierra, el apoderado judicial del Conse