PGN - RELACION DE CAUSALIDAD - Entre hecho y daño

PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Por el presunto delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Por los daños antijurídicos causados por acción u omisión de las autoridades públicas/ RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Elementos estructurales/ RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO/Jurisprudencia Del Consejo de Estado El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación .Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportarlo, presentándose un desplazamiento de la culpa que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que

tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. MEDIDA DE ASEGURAMIENTO-La competencia radica en la Fiscalía General de la Nación Esta Delegada no puede desconocer que tanto la Constitución Política como la Ley, le permiten a la Fiscalía General de la Nación proferir contra una persona medida de aseguramiento, como es, la detención preventiva, por unas causas legales, así como tampoco, puede perder de vista que se trata de una infracción DERECHOS FUNDAMENTALES-Libertad personal y presunción de inocencia Así mismo, es de tener en cuenta que los derechos fundamentales a la libertad personal y la presunción de inocencia se encuentran consagrados tanto en nuestra Constitución Política como en las normas internacionales, ratificadas mediante leyes aprobatorias, entre ellas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 05001233100020090043401(40819) Demandante(s): Leonardo Rivera Velasco y otros PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD-Jurisprudencia sobre cuando se torna injusta

Concordante con lo expuesto, la jurisprudencia nacional e Internacional han señalado que la privación de la libertad se torna en injusta cuando ésta no cumple con los principios de proporcionalidad y razonabilidad que impone el legislador, al considerar que el derecho a la libertad aun cuando no es absoluto, si es un derecho fundamental que debe ser respetado y garantizado. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Responsabilidad patrimonial del Estado Es menester recordar que en la Constitución Política, artículo 90, se ha consagrado a cargo del Estado la responsabilidad de manera objetiva por los daños antijurídicos que ocasione con el actuar o las omisiones de las autoridades públicas, entre ellas, las autoridades judiciales, la Ley estatutaria de la Administración de Justicia, (ley 270 de 1996), contempla la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad. De esta manera, el hecho de que la actuación de la Fiscalía General de la Nación haya realizado en virtud del ejercicio de una facultad constitucional y cumpliendo todas las ritualidades que señala la ley penal, no la exime de la responsabilidad que le acarrea por sus actuaciones, si éstas ocasionan daños antijurídicos a los ciudadanos. Consecuente con ello, el Consejo de Estado en recientes pronunciamientos también ha precisado que en cada caso en que las autoridades judiciales han privado de la libertad a una persona, incumbe analizar si la medida de aseguramiento fue más allá de lo que aquella razonablemente debía soportar a objeto de permitir que el Estado cumpla con el interés general de impartir recta y cumplida justicia. Corolario de lo expuesto, si bien es cierto, la Fiscalía General de la Nación tiene

facultades constitucionales y legales para asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal ante las instancias correspondientes mediante la medida de aseguramiento – detención preventivatambién lo es, que el ejercicio de esta facultad por si mismo no se constituye en una causal de exoneración de responsabilidad en los eventos en que al ejecutar dicha medida se ocasione un daño antijurídico DERECHO A LA LIBERTAD-Falta de medios probatorios en el proceso La libertad personal ocupa un lugar de primer orden en una sociedad que se precie de ser justa y democrática. Por consiguiente mal puede afirmarse que experimentar la pérdida de un ingrediente fundamental para la realización de todo proyecto de vida, pueda considerarse como una carga pública normal, inherente al hecho de vivir dentro de una comunidad jurídicamente organizada y la circunstancia de ser un sujeto solidario. La Fiscalía General de la Nación aduce que su actuación se realizó conforme al ordenamiento jurídico y que la misma no fue desproporcionada ni violatoria de los derechos que el ordenamiento le otorga en ejercicio de sus funciones, vale decir, que la decisión no fue arbitraria por cuanto se cumplieron los requisitos legales para limitar el derecho a la libertad, el cual puede persistir hasta que quede en firme el fallo condenatorio; podría tener razón este tipo de argumentación siempre y cuando estuviera sustentada en medios probatorios oportuna y legalmente aportados al proceso que permitiera al juzgador obtener la convicción que actuó conforme al

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Expediente: 05001233100020090043401(40819) Demandante(s): Leonardo Rivera Velasco y otros ordenamiento jurídico, pero en este proceso, brilla por su ausencia el caudal probatorio que confirme tal posición jurídica.

Razón por la que ha debido incorporar al expediente las pruebas cuya valoración permitió la privación de la libertad en el auto respectivo y su reafirmación en la resolución de acusación por estar corroboradas por otros medios RELACIÓN DE CAUSALIDAD-Entre hecho y daño Es evidente la RELACIÓN DE CAUSALIDAD, entre el hecho generador proceso penal iniciado por la Fiscalía, el cual concluyó con decisión absolutoria, con la privación injusta de la libertad a que fueron sometidos los sindicados En el caso la absolución de los investigados que emanó de falencias probatorias en la instrucción del proceso penal se traducen en una falla del servicio, que como tal debe ser reparada. Así cuando la actividad del Estado se ha desplegado afectando el interés subjetivo de un individuo, restringiendo su capacidad de autodeterminación y limitando sus opciones de movilidad, para después hacer un pronunciamiento exonerándolo de responsabilidad. Esta declaración no es suficiente frente al derecho a la libertad personal y por ello deben operar mecanismos indemnizatorios toda vez que el daño ya se ha infligido, es imputable jurídicamente a la administración de justicia y el sujeto o sujetos que lo sufrieron no tenían el deber de soportarlo. Así las cosas conforme la jurisprudencia del Consejo de Estado, cuando se produce la exoneración del sindicado, por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente, la privación de la libertad resulta siempre injusta, como quiera que quien estuvo detenido

sufrió un daño. En un estado Social y Democrático de Derecho, la persona junto con lo que a ellas es inherente ocupa un lugar central, es la razón de la existencia de aquel y a su servicio se hallan todas las instituciones que se integran en el aparato Estatal, carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas.

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IUS 2011-384107 3 ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 05001233100020090043401(40819)

Demandante(s): Leonardo Rivera Velasco y otros

PROCURADURIA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá, D. C., 18 de octubre de 2011 Doctora

STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO

Consejero Ponente Sección Tercera - Subsección B

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

REF: Concepto 11-209

Expediente: 05001-23-31-000-2009-00434-01(40819)

Demandante(s): Leonardo Rivera Velasco y otros. Demandado(s): Nación– Rama JudicialFiscalía General de la NaciónHonorable señora Consejera: En la oportunidad procesal correspondiente, esta Procuraduría Delegada emite concepto sobre el proceso de la referencia que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado en virtud del recurso de apelación presentado

por las demandadas.

ANTECEDENTES

 La Demanda. Los señores Leonardo Rivera Velasco, Esther Julia Corrales Velasco, Vilma Lorena Motta Arce, Nubia Ingrid Saldarriaga Londoño, Marlen Leonardo Rivera Corrales, Vivian Anyeli Rivera Corrales, Paola Andrea Rivera Corrales, Laurentino Rivera Velasco, Gerson Rivera Velasco; Leonel Rivera Velasco, Rosalba Rivera Velasco; Hersilia Rivera Velasco, Silvio Rivera Velasco, Melba Lucía Velasco, Victoria Eugenia Corrales Velasco, Meiby Cristina Corrales Velasco, Eulalia Corrales Velasco, Adelina Londoño Ledesma, Jhon Siler Saldarriaga Londoño, Oscar Delio Motta Méndez, Maira Lizeth Cardona Motta Méndez, Darío Fernando Cardona Motta, Jonathan Cardona Motta, Yolanda Wilches, Oscar Darío Motta Wilches y Esperanza Motta Arce, en ejercicio de la acción de reparación directa, a través de apoderado judicial, solicitaron declarar administrativamente responsable a la NaciónConsejo Superior de la Judicatura, Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios materiales y morales causados como consecuencia de la privación de libertad de los señores Leonardo Rivera Velasco, Esther Julia Corrales Velasco, Vilma Lorena Motta Arce y Nubia Ingrid Saldarriaga Londoño, quienes estuvieron privados de la libertad desde el 25 de Septiembre de 2001 al 29 de Junio de 2005 dentro de la investigación penal que se le siguió por el presunto delito de Concierto para delinquir con fines de narcotráfico.

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Expediente: 05001233100020090043401(40819)

Demandante(s): Leonardo Rivera Velasco y otros  La Contestación Fiscalía General de la Nación. Considera que en el caso no hubo detención injusta y en esa medida la actuación no fue desproporcionada ni violatoria de derechos; que la Fiscalía, simple y llanamente cumplía sus funciones, razón por la cual la detención preventiva se justificó en cabeza de los señores Leonardo Rivera Velasco, Esther Julia Corrales Velasco, Vilma Lorena Motta Arce y Nubia Ingrid Saldarriaga Londoño, por lo que deben ser negadas las pretensiones. Consejo Superior de la Judicatura Asevera que no puede responder por las actuaciones de la Fiscalía de las actuaciones, por que aunque provengan de la misma causa y versen sobre lo mismo no tienen relación de dependencia, señala que la captura y detención fue expedida por la Fiscalía, Entidad con autonomía administrativa y presupuestal independiente y la que a través de sus delegados avocó el conocimiento de la investigación penal y al calificar el mérito del sumario, profirió resolución de acusación contra los actores, razón por la que considera que no debe ser llamada a responder. La Sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo de Antioquia, declaro responsable administrativamente a la Nación – Fiscalía General de la Nación y al Consejo Superior de la Judicatura por los perjuicios causados a los actores con el

siguiente sustento: “ (…) si se considera el análisis realizado por el señor Juez Tercero Penal Especializado de Medellín, se concluye que al momento de dictar la medida de aseguramiento no existía la prueba idónea que acusara a los señores Leonardo Rivera Velasco, Esther Julia Corrales Velasco, Vilma Loreta Motta Arce y Nubia Ingrid Saldarriaga Londoño, ni el indicio grave que exige la ley. La Sentencia absolutoria a favor de Leonardo Rivera Velasco, Esther Julia Corrales Velasco, Vilma Loreta Motta Arce y Nubia Ingrid Saldarriaga Londoño, sin extenderse mayormente, de forma por demás concreta pero suficientemente argumentada, enfatiza en la inexistencia de pruebas en cuanto al aspecto objetivo de la conducta punible, las cuales, indiscutiblemente, deben absolverse a favor del procesado. En otras palabras señala que no se dan los presupuestos exigidos por la norma procedimental penal para el proferimiento de sentencia condenatoria.

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IUS 2011-384107 5 ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 05001233100020090043401(40819) Demandante(s): Leonardo Rivera Velasco y otros Se arriba a la conclusión que la detención de los señores Leonardo Rivera Velasco, Esther Julia Corrales Velasco, Vilma Lorena Motta Arce y Nubia Ingrid Saldarriaga Londoño se ordenó por la Fiscalía General de la

Nación, sin que se hubiera detenido el instructor a analizar la situación fáctica de manera más objetiva y siguiendo los lineamientos de la ley en materia penal y de procedimiento penal. Así las cosas nos encontramos en presencia de un ERROR JURISDICCIONAL, conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la ley 270 de 1996, que lo define como aquél cometido por un autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley. Las decisiones primeras contradijeron los mínimos establecidos por la ley vigente para poder imponer una medida de aseguramiento tan grave como la detención de unas personas. Este error se genera en la Fiscalía y lo mantiene el Juez Penal, en una actividad judicial compartida. En el evento, el error jurisdiccional se materializa al ordenar la captura y proferir medida de aseguramiento en contra de unas personas frente a las cuales no se contaban los requisitos para ordenar su detención. El error se colige al estudiar con cuidado la prueba obrante y se decide absolver a los procesados, pero después de que éstos han sido sometidos al escarnio público y haber sido privados del más precioso derecho después de la vida, el de la libertad, por un tiempo por demás irrazonable, entre el 25 de septiembre de 2001 al 29 de junio de 2005. Insiste esta Sala que desde el punto de vista del procedimiento penal no era viable jurídicamente con un mínimo de estudio ordenar la captura e imponer la medida de aseguramiento de detención preventiva a los plurimencionados señores, más que ello constituía una aberración

jurídica. En este orden de ideas, al comparar la prueba arrimada al plenario y las reglas normativas ofrecidas por la Constitución Política y la ley, unido ello al desarrollo jurisprudencial amplio que sobre el tema ha venido ofreciendo el Consejo de Estado, se llega a la conclusión de que los señores Leonardo Rivera Velasco, Esther Julia Corrales Velasco, Vilma Lorena Motta Arce y Nubia Ingrid Saldarriaga Londoño, fueron capturados y detenidos injustamente entre los días 25 de septiembre de 2001 y el 29 de junio de 2005, toda vez que les desconoció el principio de inocencia, al no valorarse adecuadamente el material probatorio arrimado a la investigación.

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IUS 2011-384107 6 ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 05001233100020090043401(40819) Demandante(s): Leonardo Rivera Velasco y otros Los conocidos elementos que configuran la declaración de responsabilidad, actuación del Estado, daños irrogados y nexo de causalidad entre aquella y éstos se encuentran suficientemente acreditados en el expediente y por el contrario el accionado no demostró causal alguna de exoneración como la fuerza mayor, hecho de un tercero Culpa exclusiva y determinante de la víctima.

En resumen se concluye la responsabilidad administrativa de la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de los señores Leonardo Rivera Velasco, Esther Julia Corrales Velasco,

Vilma Lorena Motta Arce y Nubia Ingrid Saldarriaga Londoño” La apelación. Parte Demandada. Consejo Superior de la Judicatura. “Considera que fue precisamente el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín, quien después de valorar las pruebas aportados en el proceso, absolvió de todo cargo a los aquí demandantes. No se comparte la decisión adoptada por los integrantes de la Sala, pues no puede endilgarse una responsabilidad, por el hecho de que el Juzgado Tercero Pernal del Circuito Especializado de Medellín profiera fallo absolutorio, toda vez que fue este operador de justicia quien realizó un profundo y detallado análisis de la situación penal de los demandantes, concluyendo que la prueba no era clara ni suficiente para imputarles la conducta punible por la cual fueron detenidos concierto para delinquir con fines de narcotráfico. Adicionalmente, debe resaltarse el análisis y manejo del material probatorio por parte del funcionario judicial, quien en la sentencia dio plena aplicación del principio del in dubio pro reo como consecuencia de la insuficiencia de las pruebas allegadas al proceso los cuales no puede atribuirse alguna responsabilidad a la Rama Judicial. No se comparte la decisión tomada en la sentencia objeto de apelación, pues en ella se hace una extensa crítica a las actuaciones y omisiones de la Fiscalía, pero frente al Consejo Superior de la Judicatura, simplemente se dice “por otra parte, cabe anotar que si bien es cierto la captura no fue ordenada por un Juez de la República también lo es que los señores Leonardo Rivera Velasco, Esther Julia Corrales Velasco, Vilma Lorena

Motta Arce y Nubia Ingrid Saldarriaga Londoño, estuvieron detenidos por cuenta de un Juez Penal del Circuito.

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IUS 2011-384107 7 ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 05001233100020090043401(40819) Demandante(s): Leonardo Rivera Velasco y otros Frente a este punto, debe tenerse en cuenta que el proceso penal adelantado contra los señores Leonardo Rivera Velasco, Esther Julia Corrales Velasco, Vilma Lorena Motta Arce y Nubia Ingrid Saldarriaga Londoño, pasó a la etapa de juzgamiento, una vez ejecutoriada la resolución de acusación emitida por el delegado de la Fiscalía General de la Nación, conforme lo dispuesto por la ley, momento en el cual, el expediente entra en un orden de turnos del despacho para luego ser estudiado y fallado por el operador de justicia.(…)” Fiscalía General de la Nación Presentó recurso de apelación con fundamento en los siguientes argumentos: “Considera que la actividad desplegada por la Fiscalía fue conforme al procedimiento penal vigente, que en ningún momento la privación de la libertad fue abiertamente arbitraria, estima que es el ordenamiento legal el que ha permitido la pérdida de libertad de una persona con el cumplimiento de ciertos requisitos.

Asevera que este tipo de restricciones a la libertad son completamente constitucionales y como lo ha señalado la Corte Constitucional, es una carga que los ciudadanos debemos soportar por el hecho de vivir en

sociedad. Del análisis probatorio no se vislumbra una vía de hecho en la diferentes decisiones adoptadas por la Fiscalía, por cuanto las providencias adoptadas no son abiertamente arbitrarias e ilegales, por el contrario son decisiones debidamente sustentadas y razonadas con una valoración de los hechos y pruebas válidamente apropiadas, así como una interpretación razonada y valedera de la normatividad penal, por lo que mal puede señalarse que hubo un error jurisdiccional. El margen de interpretación de Jueces y Fiscales, como administradores de Justicia, es bastante amplio, por cuanto existen conceptos jurídicos indeterminados como es el concepto de indicio grave que corresponde sopesar al funcionario judicial en el momento de definir la situación jurídica de todo procesado. En el presente caso, surge la inexistencia de relación causa efecto entre la actuación de la Fiscalía y el supuesto daño inferido al actor, faltando así uno de los presupuestos necesarios para la declaración de la responsabilidad Estatal. La Corte Constitucional en sentencia T428/04, se pronunció por vía de tutela sobre el tema de la función jurisdiccional y la vía de hecho, respecto de una providencia del Consejo Estado, fallo que resulta muy importante para nuestro estudio en cuestión.

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IUS 2011-384107 8 ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 05001233100020090043401(40819) Demandante(s): Leonardo Rivera Velasco y otros La actividad de interpretación adelantada por los jueces dentro de

parámetros razonados y razonables, aún cuando sus conclusiones sean objeto de debate doctrinario o judicial, no constituyéndose una vía de hecho por cuanto la autoridad no actúa motivada en su propio arbitrio o capricho. No se conculcó la presunción de inocencia de los detenidos, por cuanto la detención preventiva es una medida cautelar, no punitiva y que en consecuencia la resolución de acusación no impone una sanción al imputado, ni define el proceso penal, sino que la definición del proceso penal apenas tiene lugar cuando se dicta sentencia y más concretamente cuando al sentencia ha hecho tránsito a cosa juzgada. El estado de inocencia que se presume asiste a todas las personas, como norma de carácter fundamental, se mantiene hasta tanto se dicte y quede en firme el fallo que lo condene como autor o partícipe del hecho que se le atribuye; y que esta presunción de inocencia no puede esgrimirse como excepción o motivo para deslegitimar la aplicación del ius puniendi por vía de la restricción de la libertad, como facultad legal que asiste al operador judicial de la Fiscalía General. Finalmente en relación con la responsabilidad patrimonial en cabeza del Estado – Fiscalía General, cabe recordar que la responsabilidad objetiva se da en dos situaciones: Una por el daño especial y dos por actividades peligrosas, circunstancias que no son de recibo en el presente caso, por tratarse del servicio de administración de justicia, por lo que siempre se deberá entrar a considerar la responsabilidad desde el punto de vista subjetivo, es decir desde el punto de vista de la falla del servicio, es claro que en el caso en estudio, no se estructuran los supuestos esenciales que

permitan estructurar una responsabilidad patrimonial en cabeza de la fiscalía por cuanto no se demostró la existencia del hecho falla del servicio, tampoco el daño y lo que es menos la relación de causalidad entre el primero y el segundo”.

CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO.

PROBLEMA JURÍDICO ¿Debe el Estado responder administrativamente por la privación de la libertad de los señores Leonardo Rivera Velasco, Esther Julia Corrales Velasco, Vilma Lorena Motta Arce y Nubia Ingrid Saldarriaga Londoño?

ANÁLISIS JURÍDICO

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IUS 2011-384107 9 ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 05001233100020090043401(40819) Demandante(s): Leonardo Rivera Velasco y otros El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación.

Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportarlo, presentándose un desplazamiento de la culpa que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o

antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño, a pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD Frente al problema jurídico, Esta Delegada no puede desconocer que tanto la Constitución Política como la Ley, le permiten a la Fiscalía General de la Nación proferir contra una persona medida de aseguramiento, como es, la detención preventiva,1 por unas causas legales, así como tampoco, puede perder de vista que se trata de una infracción. 1 C. Pol. Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial

competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

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Expediente: 05001233100020090043401(40819) Demandante(s): Leonardo Rivera Velasco y otros Así mismo, es de tener en cuenta que los derechos fundamentales a la libertad personal2 y la presunción de inocencia3, se encuentran consagrados tanto en nuestra Constitución Política como en las normas internacionales, ratificadas mediante leyes aprobatorias, entre ellas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos4 que señala que "1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta…"; y la Convención Americana de Derechos Humanos5 que en su artículo 7º establece: "1.Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ella. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.”6 .

Concordante con lo expuesto, la jurisprudencia nacional e Internacional han señalado que la privación de la libertad se torna en injusta cuando ésta no

cumple con los principios de proporcionalidad y razonabilidad que impone el legislador, al considerar que el derecho a la libertad aun cuando no es absoluto, si es un derecho fundamental que debe ser respetado y garantizado. La Corte Constitucional expuso el criterio antes mencionado en la sentencia C037 de 5 de febrero de 1996, al revisar la constitucionalidad de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, cuando en relación con la privación injusta de la libertad, señaló el alcance del término “injusto” enlazado a dicha medida indicando que “se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria”. Con el objeto, de que en cada caso en particular se realice un “análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención”. 2 "Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a pri