PGN - RELACION ESPECIAL DE SUJECION - En materia disciplinaria

NOTA DE RELATORIA: Se eliminan los datos relativos a direcciones personales en garantía de los derechos a la intimidad y seguridad VIOLACIÓN AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO-Por parte de algunos miembros del Ejército Nacional/INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIADesconocer las garantías que protegen a los no combatientes y atacar a la población civil FALLO SANCIONATORIO-Momento en que procede En efecto como lo anunció el a quo, de conformidad con el artículo 143 de la Ley 734 de 2002, el fallo sancionatorio procede cuando obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y la responsabilidad del investigado; empero, también es cierto que para reconocer válidamente la existencia de cualquiera de las causales previstas en el artículo 28 de la Ley 734 de 2002 o en el artículo 68 de la Ley 836 de 2003, la misma debe estar plenamente acreditada, por lo que desde ya se anuncia, la simple enunciación no satisface la obligación del funcionario instructor y fallador al respecto; sobre todos estos aspectos girará la resolución del recurso de apelación.

RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO-Fundamento constitucional Con relación a la responsabilidad de los servidores públicos, es la misma Constitución Política que en su artículo 6º, establece que deben responder ante las autoridades tanto por la violación de la Constitución Política y la Ley como por las omisiones o la extralimitación en ejercicio de sus funciones; esta mayor exigencia al funcionario público deviene de la relación especial de sujeción en la que se encuentra frente al Estado.

RELACIÓN ESPECIAL DE SUJECIÓN-En materia disciplinaria Ahora, y de cara al asunto que ocupa la atención de la Sala, al tenor de lo dispuesto tanto en el artículo 2 como en los artículos 16, 217 y 218 de la Constitución Nacional no puede desconocerse que se imponen tanto a las Fuerzas Militares como a la Policía Nacional el deber jurídico que los convierte en garantes de los derechos de los habitantes del territorio nacional y que de allí nace entonces la obligación de proteger esos derechos y por lo tanto de desplegar una constante actividad en su defensa. Esto es lo que se conoce en materia disciplinaria y en concreto en materia de responsabilidad disciplinaria como relación especial de sujeción intensificada. DUDA RAZONABLE-Debe resolverse a favor del disciplinado Es que al confrontar la norma que se imputó como quebrantada con la conducta desplegada por los miembros del Ejército aquí disciplinados, se arriba a la conclusión que no es posible establecer fuera de toda duda razonable que de forma consciente y voluntaria arremetieran contra una persona que no participaba directamente de las hostilidades al disparar en contra de la humanidad del joven xx, si bien es cierto existen indicios de que se apartaron de los procedimientos trazados por el ordenamiento y las reglas de la guerra que prohíben los Radicación n.° 161 - 5237 ataques indiscriminados que afecten a la población civil, aunado al hecho de verificarse que los procesados al momento de los hechos hacían parte de un grupo especial por alto grado de formación y amplía experiencia contraguerrilla; que además, habían sido advertidos de la

imposibilidad de atacar mientras los miembros de la guerrilla avistados estuviesen desplazándose entre la población civil, y sin embargo, aprovecharon cuando los tenían cerca y dispararon pasando por alto el inminente peligro para bienes jurídicamente protegidos, no menos lo es que este tipo de faltas no fue la que se les endilgó, sino la infracción al DIH por homicidio en persona protegida a título de dolo. 2 Radicación n.° 161 - 5237

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá, D.C., ocho (8) de agosto de dos mil trece (2013) Aprobada en Acta de Sala n.° 36

Radicación No: 161 – 5237 (IUS 008 – 148165 – 2006)

Disciplinados: Ct. José Arístides Carreño, Te. Carlos Amariles, Ss.

José A. Rengifo, y los Slp. Diego E. Pineda, Jaime A. Rico, Leiton A. Gutiérrez, Elkin E. Gómez y Luis F. Ibarra.

Entidad: Grupo “ESLAN”- Ejército Nacional Quejosa: Ana Julia Muñoz Muñoz Fecha de la queja 11 de mayo de 2005

Fecha hechos: 9 de marzo de 2005

Asunto: Apelación de fallo Absolutorio

P.D. PONENTE Dr. JUAN CARLOS NOVOA BUENDIA.

Con fundamento en las atribuciones conferidas por el numeral 1° del artículo 22 del Decreto Ley 262 de 2000 y por vía de alzada, la Sala revisa el fallo absolutorio del 19 de noviembre de 2010, emitido por la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la

Defensa de los Derechos Humanos, dentro de la presente investigación adelantada en contra del capitán JOSE ARISTIDES CARREÑO SUA, el teniente CARLOS AMARILES SANCHEZ, el sargento segundo JOSE ALBEIRO RENGIFO CHAMORRO y soldados profesionales DIEGO EDISSON PINEDA SALAMANCA, JAIME ALEJANDRO RICO MORENO, ALDEMAR GUTIÉRREZ LEITON, ELKIN ESTEBAN GOMEZ BONILLA, y LUIS FREDDY IBARRA SANTAMARIA (folios 81 a 110 cuad.4).

I. ANTECEDENTES PROCESALES La señora yy presentó queja ante la Procuraduría Regional de Guainía, haciendo saber que el día 9 de marzo de 2005 su hijo menor de edad, xx, después del desayuno había salido en un caballo a traer unas yucas, y aproximadamente a las 10:30 de la mañana cuando ya venía de regreso, cerca de la casa, escuchó disparos e inmediatamente los gritos de un niño. Después, los miembros del Ejército pasaron por su casa preguntando por la guerrilla, entraron, “revisaron”(o requisaron), le increparon por el paso de los subversivos y le manifestaron que habían dado de baja a un guerrillero, mismo que a la postre resultó siendo su hijo xx (fols.2 a 5 cuad.1).

La Procuraduría Regional del Guainía con el objeto de verificar la ocurrencia de los hechos denunciados en la queja decidió iniciar indagación preliminar en averiguación de responsables por auto del 20 de mayo de 2005 (fols. 6 a 8), y tras la práctica de

las pruebas dispuestas e identificación de los involucrados en los hechos, decidió 3 Radicación n.° 161 - 5237 remitir por competencia la actuación a la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos (fols.119-127 cuad.1). Con fundamento en las pruebas practicadas, la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos abrió investigación por auto del 13 de diciembre de 2006 (folios 168 a 170 cuad.1) en contra de capitán JOSE ARISTIDES CARREÑO SUA, el teniente CARLOS AMARILES SANCHEZ, el sargento segundo JOSE ALBEIRO RENGIFO CHAMORRO y los soldados profesionales DIEGO

EDISSON PINEDA SALAMANCA, JAIME ALEJANDRO RICO MORENO, ALDEMAR

GUTIÉRREZ LEITON, ELKIN ESTEBAN GOMEZ BONILLA, y LUIS FREDDY

IBARRA SANTAMARIA.

Posteriormente, por auto del 8 de febrero de 2008 la Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos ordenó formular cargos en contra de los investigados capitán JOSE ARISTIDES CARREÑO SUA, el teniente CARLOS AMARILES SANCHEZ, el sargento segundo JOSE ALBEIRO RENGIFO CHAMORRO y los soldados profesionales DIEGO EDISSON PINEDA SALAMANCA, JAIME ALEJANDRO RICO MORENO, ALDEMAR GUTIÉRREZ LEITON, ELKIN ESTEBAN GOMEZ BONILLA, y LUIS FREDDY IBARRA SANTAMARIA (fols. 47 a 52 cuad 2).

Descorrido el traslado de descargos, resueltas las solicitudes de nulidad y de pruebas (fols. 86 a 94 cuad. 2), evacuadas las últimas y presentados los alegatos de conclusión, con auto del 19 de noviembre de 2010, la Delegada evaluó el mérito probatorio de la instrucción con fallo absolutorio (fols. 81 a 110 cuad.4). Enterada de la decisión absolutoria, la quejosa yy interpuso y sustentó recurso de apelación (folios 124 a 126 cuad. original 4), el cual fue concedido en el efecto suspensivo (fol. 134).

II. DECISIÓN RECURRIDA Como se anunció en providencia de fondo el 19 de noviembre de 2010 la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos absolvió de los cargos imputados a todos los disciplinados bajo los argumentos que se exponen a continuación: Para la delegada el núcleo de la queja es la presunta violación a las normas de Derecho Internacional Humanitario por parte de algunos miembros del Ejército Nacional, al desconocer las garantías que protegen a los no combatientes y atacar a la población civil.

Así, y tras efectuar un recuento de las circunstancias fácticas que dieron contexto a los hechos particularmente investigados, arriba el operador a la primera conclusión, que la región objeto de estudio era una zona de alta presencia de grupos armados al margen de la ley, pero igualmente con presencia de población civil, y que los sucesos reportados se dieron en el marco de la ejecución de una orden de

operaciones que se inició el 3 de marzo y culminó el 25 de marzo de 2005. 4 Radicación n.° 161 - 5237 En concreto, dice el fallador, en el área general de la laguna Cajaro y en desarrollo de la operación “Huracán” se produjeron durante los días 9, 10, 19 y 23 de marzo de 2005 sucesivos hostigamientos entre el Ejército y un grupo armado ilegal perteneciente a las autodenominadas FARC, y agrega que existen elementos de juicio que indican «…que tales enfrentamientos tuvieron ocurrencia en contextos independientes y autónomos del que se produjo la muerte del menor xx» (sic), por lo que se deben estudiar en planos disímiles, puntualiza, porque la defensa pretende presentarlos y hacerlos ver como si fueran un solo acto, al señalar los hechos de la operación en forma global. Sin embargo, aclara el a quo, de cara a la muerte del joven, las versiones de los militares le parecen creíbles en tanto es evidente que en la zona había presencia constante y activa de grupos armados ilegales. Aunado a lo anterior, dice el fallo, frente a la causa de la muerte misma, la investigación no arroja certeza de cómo ocurrió. En primer lugar, al efectuar el registro del área posterior al combate de encuentro, los militares encontraron el cadáver con vestimenta camuflada, pero resalta, tal situación palidece cuando se recuerda que ni la escena ni los elementos de prueba, incluido el cuerpo, fueron asegurados ni fijados en el sitio correspondiente y por el funcionario competente, a la par que no existen constancias en relación con los esfuerzos que debieron desplegar

los militares para preservar la identidad e integridad de los medios de prueba, como era su deber, y para lo cual, presume estaban preparados, en atención a sus funciones, y en ese orden reprocha la delegada que el cuerpo del joven hubiese sido manipulado y trasladado por los mismos familiares para entregarlo finalmente a las autoridades, dos días después de producida la muerte. Ante la gravedad de los hechos, agrega el fallador, no son de recibo las explicaciones que expresó el coronel para desconocer las obligaciones que le incumbían como servidor público en relación con la escena de un posible ilícito. Igual que reprocha la manipulación que de la escena y de los elementos de prueba hicieron precisamente los uniformados que tenían interés directo en la investigación, signando al fracaso la vocación probatoria de los mismos. Pasando a los restantes medios de convicción, en concreto las versiones de los militares, deduce el delegado, que acorde con sus dichos, no se puede inferir que el menor xx hiciera parte de un grupo armado ilegal, porque ninguno de los miembros de la compañía Bélgica que iban de punteros pudieron ver al agresor durante el hostigamiento. Además, al analizar las copias del libro operacional que fueron allegadas se observa que la baja la reportó fue Corea 6. Con fundamento en lo anterior, agrega, bien pudo ser que el menor fuera un miembro del grupo atacante u hostil, o bien que hubiera sido alcanzado por las balas por equivocación. Otro aspecto por resaltar, agrega el fallador, son las inconsistencias entre las narraciones vertidas por los militares involucrados y las anotaciones que obran en el

libro operacional, en relación con la existencia en la zona donde se dio el supuesto combate, de viviendas, cultivos y por ende de población civil, al punto que una anotación da cuenta de una orden en la que se dice tener especial precaución 5 Radicación n.° 161 - 5237 porque la presencia es importante. Situación que lleva al funcionario de primera instancia a deducir que el hecho de encontrarse el menor fallecido en el lugar, obedeció a circunstancias ajenas al conflicto armado interno. Ya avocado al asunto antes dicho, y tratando de esclarecerlo, argumenta la delegada que resultan vanos los esfuerzos de los militares en demeritar las declaraciones de los familiares de la víctima al señalarlos como colaboradores de la guerrilla, porque aún en el hipotético caso que por la fuerza o por voluntad hicieran algunos favores a los insurgentes, lo que impone una investigación es dilucidar con el máximo grado de convicción, si los procesados actuaron fieles al cumplimiento de sus deberes oficiales, mismos que para el caso concreto les imponían respetar el principio de distinción. Seguidamente, descalifica el a quo la credibilidad de los testigos … y del coronel JOSE ANTONIO PEREIRA SANCHEZ, porque sus afirmaciones, dice, no tienen suficiente asidero probatorio, al analizar la descripción física que hacen del menor xx. Igual sucede con la apreciación de la defensa en cuanto a que los jóvenes son fácilmente influenciables y manipulables. A pesar de lo antes dicho, y de que la delegada al efectuar un análisis integral del acervo probatorio encuentra que son conjeturas las apreciaciones de los militares en

cuanto a la supuesta pertenencia del occiso a un grupo armado insurgente determinado, llevados tal vez, por la efectiva presencia de subversivos en la zona donde fue abatido el joven; sorpresiva y contradictoriamente puntualiza, que el análisis de la prueba en conjunto no ofrece claridad en relación a la ocurrencia de los hechos, así por ejemplo, la técnica permite inferir varias hipótesis respecto de la distancia y trayectorias de los disparos que impactaron el cuerpo del joven xx, por ejemplo que fue blanco de proyectiles por la espalda “con una arma de fuego de carga única” y de alta velocidad, aceptando la explicación ofrecida por la defensa en cuanto que ello obedece a que los grupos armados ilegales en medio de la confrontación y conscientes de su inferioridad numérica y de armas, disparan es para cubrir su retirada, justificando de paso las heridas laterales y las posteriores. Así las cosas, para el funcionario fallador habida cuenta que la falta endilgada en el auto de cargos se reprochó a título de dolo, y la norma para sancionar exige certeza de la falta y de la responsabilidad, fácil le resulta decir que en el presente asunto emergen dudas con relación a la irregularidad del hecho y no hay pruebas que permitan atribuir responsabilidad a los implicados, los que a su vez consideró como “soldados seleccionados” con el más alto grado de entrenamiento táctico y teórico, por lo que se les debe reconocer que actuaron en acatamiento del mandato constitucional que los conmina a defender la soberanía, la independencia, la integridad del territorio y el orden constitucional, es decir, que obraron amparados por

la causal de ausencia de responsabilidad consagrada en el artículo 28 de la Ley 734 de 2002 como cumplimiento de una orden legítima, y en ese orden no pudieron afectar la función pública. En consecuencia, resuelve absolverlos.

III. CARGO FORMULADO

6 Radicación n.° 161 - 5237 Con proveído de fecha 8 de febrero de 2008, la Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos formuló el siguiente único cargo a los ocho disciplinados (fols. 47-52): Primero: Formular cargo disciplinario a CT Carreño Sua José Arístides, Te. Amariles Sanchez Carlos, SS Rengifo Camacho José Albeiro, SLP Pineda Salamanca Diego Edinson, SLP Rico Moreno Jaime Alejandro, SLP Gutiérrez Leiton Aldemar, SLP Gómez Bonilla Elkin Esteban y Ibarra Santamaría Luis Freddy, por incurrir en graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario, artículo 48, numeral 8 de la Ley 734 de 2002, pues el 9 de marzo de 2005 participaron de manera dolosa en el homicidio del menor xx, cuando se encontraban en estado de indefensión, persona civil protegida por el derecho internacional humanitario.» (Sic)(negritas de la Sala) Y las circunstancias que describe el a quo en la parte considerativa de la misma decisión son, en resumidos términos, las siguientes: [V]aloradas en conjunto las pruebas válidamente allegadas al expediente se infiere que la conducta de homicidio en persona protegida ejecutada el 9 de marzo de 2006, por el CT. Carreño Sua José Aristides, (…) se enmarca en la falta disciplinaria contemplada en

el artículo 48, numeral 7 de la Ley 734 de 2002, por el desconocimiento de la normatividad en el artículo 8 común a los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, aprobados por la Ley 5 de 1960 y ratificados por el Estado Colombiano el 8 de mayo de 1962, precepto que determina que las personas civiles que no participan directamente en las hostilidades del conflicto interno que pueda vivir un Estado, quedan amparadas por las normas del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, bajo la denominación de personas protegidas, y que como tan no pueden ser objeto de atentados contra su vida o integridad corporal, precepto contemplado por el Protocolo II en sus articulo 4 y 14, que entró en vigor para Colombia el 15 de febrero e 1996, en virtud de la Ley 171 de 1994.» (Sic). Para la Delegada la falta endilgada por expresa disposición legal se califica como gravísima y se atribuyó además a título de dolo.

IV. RECURSO DE APELACION La señora yy, en su condición de quejosa y en compañía de sus hijos y esposo zz, dentro del término legalmente previsto presentó recurso de apelación manifestando lo siguiente: Que ella y su familia viven hacen muchos años en la vereda Laguna Cajaro de Puerto Inírida (Guainía), y su hijo xx con quien convivían y era su apoyo en las tareas agrícolas, falleció en desarrollo de operaciones militares y por la acción de miembros

del Ejército Nacional. Agregan, que falta a la verdad el coronel PEREIRA cuando asevera que el padre del

menor les afirmó que su hijo era un bandido y no sabía a qué se dedicaba cuando salía de la casa, cuando precisamente por conocer al menor y vivir con él, es que les 7 Radicación n.° 161 - 5237 llamó tanto la atención que su cuerpo yaciera vestido con camuflado, cuando ellos lo habían visto salir esa mañana con indumentaria de civil. Y así finaliza su escrito trayendo a colación apreciaciones propias de una reclamación a través de una demanda de reparación directa con fundamento en una falla del servicio del Ejército, incluyendo apartes jurisprudenciales sobre dicha forma de responsabilidad extracontractual. Apelando a la misión de la Procuraduría como defensora de los derechos humanos, la quejosa en nombre de su familia clama que se restablezca la imagen de toda su familia, que se ha visto afectada por los señalamientos de ser miembros de un grupo terrorista, y se revoque la decisión apelada.

V. CONSIDERACIONES GENERALES En efecto como lo anunció el a quo, de conformidad con el artículo 143 de la Ley 734 de 2002, el fallo sancionatorio procede cuando obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y la responsabilidad del investigado; empero, también es cierto que para reconocer válidamente la existencia de cualquiera de las causales previstas en el artículo 28 de la Ley 734 de 2002 o en el artículo 68 de la Ley 836 de 2003, la misma debe estar plenamente acreditada, por lo que desde ya se anuncia, la simple enunciación no satisface la obligación del

funcionario instructor y fallador al respecto; sobre todos estos aspectos girará la resolución del recurso de apelación. Con relación a la responsabilidad de los servidores públicos, es la misma Constitución Política que en su artículo 6º, establece que deben responder ante las autoridades tanto por la violación de la Constitución Política y la Ley como por las omisiones o la extralimitación en ejercicio de sus funciones; esta mayor exigencia al funcionario público deviene de la relación especial de sujeción en la que se encuentra frente al Estado. Ahora, y de cara al asunto que ocupa la atención de la Sala, al tenor de lo dispuesto tanto en el artículo 2 como en los artículos 16, 217 y 218 de la Constitución Nacional no puede desconocerse que se imponen tanto a las Fuerzas Militares como a la Policía Nacional el deber jurídico que los convierte en garantes de los derechos de los habitantes del territorio nacional y que de allí nace entonces la obligación de proteger esos derechos y por lo tanto de desplegar una constante actividad en su defensa. Esto es lo que se conoce en materia disciplinaria y en concreto en materia de responsabilidad disciplinaria como relación especial de sujeción intensificada. A su vez, el artículo 123 impone a los servidores públicos, la obligación de ejercer «sus funciones en la forma prevista en la Constitución, la ley y el reglamento», y de producirse quebrantamiento de estos deberes, surge la aplicación de un régimen especial de responsabilidad; el constituyente defirió al legislador la determinación del régimen disciplinario, así como la manera de hacerlo efectivo y el desarrollo de esta norma constitucional esta justamente en la Ley 734 de 2002 y de manera específica

8 Radicación n.° 161 - 5237 para los miembros de las Fuerzas Militares en la Ley 836 de 2003. Bajo este marco normativo se hará el análisis del recurso materia de estudio, para lo cual se trascribirá solamente el cargo formulado y que constituye el núcleo de la imputación y fundamento de sanción.

VI. ANALISIS DE FONDO En virtud del recurso de apelación interpuesto y sustentado en legal forma por la quejosa, la Sala Disciplinaria revisa el fallo del 19 de noviembre de 2010, mediante el cual la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos decidió absolver de los cargos endilgados a los disciplinados (fols. 81 a

110). Es del caso advertir de entrada que como el parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, prescribe: «El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación.», dentro de ese marco se pronunciará esta instancia (Negritas y cursivas son de la Sala). Bajo el anterior entendido, tenemos como un hecho demostrado y no controvertido, el que el menor xx resultó muerto en la zona rural del municipio de Puerto Inírida (Guainía) en inmediaciones de la laguna Cajaro, según el comandante y miembros del grupo especial Agrupación de Lanceros Aerotransportada del Ejército “ESLAN”, tras haber sostenido un “fuerte” enfrenamiento armado que duró entre treinta y cuarenta segundos el día 9 de marzo de 2005 a las 10:00 horas aproximadamente,

versión a la que se oponen desde un comienzo los padres y hermanos del occiso, quienes denuncian que ese 9 de marzo de 2005 en horas de la mañana el menor que vivía con sus progenitores, salió a caballo a traer unas yucas al “cunuco” que queda ubicado a cuarenta y cinco minutos en la selva, y al parecer, a su regreso fue víctima de los disparos que le efectuaron los miembros del Ejército Nacional, adicionalmente, que hasta en horas de la tarde les fue entregado su cadáver, a la par que fueron sometidos a interrogatorios, registros y requisas por parte de miembros del Ejército Nacional, aduciendo que su hijo y hermano había muerto en un combate de encuentro en las inmediaciones de la laguna Cajaro. Se nos presentan entonces en apariencia posturas respecto de la forma como falleció el joven xx por la acción de los miembros de las fuerzas armadas, siendo precisamente ese el problema propuesto, pues la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos argumenta contradictoriamente, que existen dudas sobre la forma en que se produjo la muerte del menor por la acción de las armas de dotación de los soldados de la primera sección de la compañía Bélgica del grupo ESLAN del Ejército Nacional, y a la vez que está plenamente demostrado que los procesados actuaron en cumplimiento de una orden legítima; y los recurrentes, que sostienen que la hipótesis de los militares no es cierta, porque su hijo era un civil que al momento de su muerte se encontraba desarrollando labores agrícolas propias del campo, que convivía con sus padres y no

pertenecía a ningún grupo insurgente. 9 Radicación n.° 161 - 5237 Preliminarmente debemos precisar que las contradictorias consideraciones del fallo apelado ameritaron la práctica de pruebas en esta instancia, que a la postre terminan por ofrecernos un panorama más completo de lo sucedido para establecer si el análisis fue atinado o no, tarea que emprenderemos a continuación, de acuerdo a una estructura que nos parece adecuada. De cara a los cargos imputados, los cuales fueron traídos en el acápite anterior, se tiene respecto del CT. CARREÑO SUA JOSÉ ARÍSTIDES, TE. AMARILES

SANCHEZ CARLOS, SS. RENGIFO CAMACHO JOSÉ ALBEIRO, y los soldados

profesionales PINEDA SALAMANCA DIEGO EDINSON, SLP RICO MORENO JAIME ALEJANDRO, SLP GUTIÉRREZ LEITON ALDEMAR, SLP GÓMEZ BONILLA ELKIN ESTEBAN Y IBARRA SANTAMARÍA LUIS FREDDY, como integrantes de la Agrupación Especial de Lanceros Aerotransportada “ESLAN” adscrito al Conjunto de Operaciones Especiales del Ejército Nacional, bajo el mando del teniente coronel JOSE ANTONIO PEREIRA SANCHEZ, que valorado el haz probatorio en su conjunto y bajo el tamiz de la sana crítica, se encuentra objetivamente demostrado que en la mañana del 9 de marzo de 2005 el joven xx resultó muerto en desarrollo de un operativo militar realizado por los miembros del Ejército Nacional ya mencionados, en inmediaciones de la laguna Cajaro, jurisdicción del municipio de

Puerto Inírida (Guainía), aduciéndose que: [s]e encontraba con un numero indeterminado de presuntos miembros de la Organización delictiva ONT-FARC con los cuales se sostuvieron intensos combates durante el día y la noche subsiguiente. Así mismo se logró establecer que de acuerdo a informes de inteligencia y a la Orden de Batalla de dicha cuadrilla, se trata de un presunto integrante de las milicias populares de la Cuadrilla del “Nelson el Mocho” Séptimo Cabecilla del Frente 16 de las FARC»(fol.50 cuad.1)(sic). Aunque la segunda afirmación relacionada con la supuesta calidad de combatiente del menor xx al momento de su muerte, no pudo ser demostrada, desde este primer documento ya emerge una situación importante, y es que el muchacho fue considerado objetivo militar y alcanzado por los proyectiles disparados por los miembros del ejército cuando todo parece indicar se encontraba en compañía o cerca de personas, que los miembros de la Agrupación Especial de Lanceros Aerotransportada “ESLAN” venían observando y siguiendo por ser miembros del grupo delincuencial autodenominado FARC, quedando por establecer si además el joven fallecido estaba combatiendo a la tropa. Parecer que le fue comunicado por los mismos uniformados a la madre del menor para explicar su muerte, cuando estuvieron en su casa requisándola, requiriéndoles e interrogándoles por considerarlos auxiliadores de la guerrilla (fols.2-5 cuad. 1). Es que al solicitarse al Comando General la Orden de Batalla y los informes de inteligencia antes referidos, no fueron remitidos, aduciendo razones de reserva en

relación con las organizaciones, pero aclarando eso sí, que no reposaba ninguna anotación que relacione el nombre de xx (fol. 17 cuad. 3). Es decir, quedan dudas sobre la información anterior a los hechos que al respecto supuestamente tenía el Ejército, de todas formas, se admite la duda, porque como se verá más adelante, los militares sí desarrollaban la operación con información de fuentes humanas, antes pertenecientes al grupo ilegal. 10 Radicación n.° 161 - 5237 Sin embargo, con fundamento en lo anterior se llama la atención de los sujetos procesales por su ligereza al señalar como guerrilleros a toda una familia simple y llanamente por su aspecto humilde, u obedeciendo al seguimiento de patrones de discriminación por razones de precariedad social, aspecto físico y vulnerabilidad económica en virtud de su origen campesino. Con todo las circunstancias en que se produjo la muerte del menor de edad xx, fueron explicadas por los investigados como resultado de la ejecución de la operación “Huracán” y a una acción de legítima defensa, toda vez que siendo aproximadamente las 10 horas del día 9 de marzo de 2005 en las coordenadas 03°5505¨-68°0030¨, la primera sección de la patrulla “Bélgica fue sorprendida y atacada por un “numero indeterminado de sujetos de las ONT FARC” (sic)(fol. 52 cuad.1), lo que les obligó a responder para proteger su vida, mientras que simultáneamente los miembros de la compañía Corea sostuvieron un combate con un grupo de bandoleros que estaba en el borde de la laguna Cajaro; y a la postre la

Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos las aceptó, aduciendo la existencia de una causal de exclusión de responsabilidad. Lo primero que hay que advertir, es que de acuerdo al informe de los hechos presentado por el capitán del Ejército JOSE ARISTIDES CARREÑO SUA (fols. 52 a 53 cuad. 3), ese día 9 de marzo de 2005 en el sector de la laguna Cajaro área rural de Puerto Inírida (Guainía), sucedieron simultáneamente dos combates o uno contra dos secciones, en los que se vieron inmiscuidas las patrullas Bélgica y Corea del grupo especial aerotransportado ESLAN del Ejército Nacional. Empero, al apreciar y valorar los diversos medios de prueba en relación sobre la ocurrencia de la falta y la responsabilidad de los disciplinados CT. CARREÑO SUA JOSÉ ARÍSTIDES, TE. AMARILES SANCHEZ CARLOS, SS. RENGIFO CAMACHO JOSÉ ALBEIRO, y los soldados profesionales PINEDA SALAMANCA DIEGO

EDINSON, SLP RICO MORENO JAIME ALEJANDRO, SLP GUTIÉRREZ LEITON

ALDEMAR, SLP GÓMEZ BONILLA ELKIN ESTEBAN Y IBARRA SANTAMARÍA LUIS FREDDY, tenemos: De una parte se encuentra