PGN - RELACION LABORAL - Elementos constitutivos

PRINCIPIO DE LA PRIMACÍA DE LA REALIDAD-En las órdenes de servicio prevalece lo jurídico sobre el carácter contractual CARGA DE LA PRUEBA-Corresponde al demandante el deber e interés de demostrar la realidad RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Es diferente a la indemnización por daño causado RELACIÓN LABORAL-Elementos constitutivos CONTRATO DE TRABAJO-No se desprende de una relación legal y reglamentaria CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS-No constituye relación laboral CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS-Tienen consagración legal CARGA DE LA PRUEBA-Corresponde al demandante demostrar la continuada subordinación y dependencia Hay constancia de la ineficiencia probatoria en relación con la continuada subordinación y dependencia, pues no se acreditó debidamente por parte de la accionante, como era su responsabilidad procesal, que estuviere sometida al control, vigilancia, monitoreo e interventoría de sus labores de optómetra por parte de funcionario alguno adscrito a la dependencia UNISALUD, o a un delegado del gerente o de la UN, en fin, a una autoridad administrativa que le exigiera cuentas del desarrollo de esas precisas funciones. CARGA DE LA PRUEBA-Deber de demostrar que las funciones son desarrolladas permanentemente por personal de planta Así las cosas, para el presente proceso no le es aplicable el principio de “la primacía de la realidad sobre las formalidades”, pues es indudable que la demandante no acreditó debidamente que se encontraba en las mismas condiciones de otros empleados públicos de la planta de personal de la UN, por lo tanto no se probó que desempeñara personalmente la labor, en un cargo que tenía asignadas funciones

permanentes, para el desempeño de un servicio público, y que la realizaba en condiciones de subordinación y dependencia. SUBORDINACIÓN LABORAL-No se demuestra solamente por el cumplimiento de horario Proc. 3a Del.C.de E. Concepto Minpúblico N°054/2013 Contencioso subjetivo de Arcelia J. Valencia Castañeda vs. Universidad Nacional de Colombia Exp. No. 25000232500020100025101

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CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS-Características CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS-Criterios de distinción con los contratos laborales Proc. 3a Del.C.de E. Concepto Minpúblico N°054/2013 Contencioso subjetivo de Arcelia J. Valencia Castañeda vs. Universidad Nacional de Colombia Exp. No. 25000232500020100025101

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PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 054 – 2013 28 – II - 2013

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S e ñ o r e s

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCION “B”

CONSEJERO PONENTE: ALVARADO ARDILA

E. S. D.

REFERENCIA : No. 250002325000201000251 01 (R. I: No. 1939-2012)

ACTOR : ARCELIA J. VALENCIA CASTAÑEDA C. C. No. 41.750.911

DEMANDADO : UNIVERSIDAD NACIONAL

ACCIÓN : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO ASUNTO : VISTA FISCAL SEGUNDA INSTANCIA Tema : Contrato realidad Procede esta Agencia del Ministerio Público, dentro de la oportunidad legal, a emitir el concepto de rigor en el proceso de la referencia, del cual conoce el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, en virtud del recurso de apelación que el apoderado de la demandante interpuso contra la sentencia del 31 de mayo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala de Descongestión, por medio de la cual denegó las pretensiones.

I. PROBLEMA JURIDICO La presente controversia se contrae a determinar si la accionante, Sra.

ARCELIA JEANNETH VALENCIA CASTAÑEDA, tiene derecho al reconocimiento y pago de prestaciones sociales y demás adehalas laborales reclamadas, derivadas de su vinculación con la Universidad Nacional de Colombia –Sede Bogota, D. C. -, a través de la Unidad de Servicios de Salud –UNISALUD -, como optómetra, durante el período comprendido entre el 1° de marzo de 1997 al 31 de julio de 2009.

1. Lo que se demandó a) Invalidez deprecada

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La citada ciudadana, a través de apoderado judicial especial presentó, el día 18 de marzo de 2010 (fl. 289, vto), demanda contenciosa subjetiva en contra de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, D. C., con el fin de obtener “la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio de fecha 16 de Octubre de 2009, proferido por la Directora de Unisalud, mediante el cual se decidió negar los valores correspondientes a las prestaciones sociales...”. b) Apetencia dineraria Previa la declaración judicial de que el servicio prestado “lo fue como empleada pública”, la demandante peticionó el “derecho al pago de las prestaciones sociales que se ocasionaron durante dicho término, con todas sus consecuencias jurídicas”.

2. Hechos Como fundamento de sus pretensiones, la actora afirmó que le laboró al ente citado a controversia, como optómetra, desde el 1° de marzo de 1987 hasta el 30 de abril de 1995, y a partir del 1° de mayo de 2005 hasta el 28 de febrero de 2009, a través de contratos u órdenes de prestación de servicios, “...cumpliendo funciones específicas, bajo el mando de un superior inmediato y en las instalaciones de la UNISALUD, cumpliendo además con los horarios impuestos por la Entidad, y como punto final el salario devengado fue fijado unilateralmente por la Entidad, según las mismas ordenes (sic) de prestación de servicio, generando así una subordinación del empleador hacia el trabajador, lo cual indica que los efectos de este contrato son los mismos a los de un contrato de trabajo, o como ya se dijo como servidor público...”

3. Normas violadas y descripción de la infracción Citó, el apoderado de la actora, como normas vulneradas, los Decretos 2400 de 1968, 1950 de 1973, 3135 de 1968 y 1045 de 1978 “en cuanto consagran que quien tenga una vinculación laboral con el Estado y preste sus servicios tiene derecho al pago de las prestaciones sociales allí previstas”, y en apoyo de su tesis transcribió la S-C-154/971, la cual le dio realce al postulado de la primacía sustancial por sobre la formalidad de la vinculación (fls. 271 a 289).

A la demanda se acompañó el poder judicial especial (fl. 1); la reclamación del día 25 de septiembre de 2009 por medio del cual el actor agotó la vía gubernativa (fls. 2 a 4); el poder en sede administrativa (fl. 5); el acto atacado (fls. 6 - 7); diferentes órdenes de prestación de servicios, los valores pagados y los memorandos dirigidos a la actora (fls. 8 a 265); diplomas de la actora (fls. 266 a 270); y, certificación de la diligencia de conciliación prejudicial en derecho, fallida, del día 4 de febrero de 2010. 1 Expediente D-1430. Norma acusada: Ordinal 3° Artículo 32 Ley 80 de 1993. M. P. HERRERA

VERGARA.

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Sucintamente alegó de conclusión reiterando la prosperidad de sus pretensiones (fls. 307 a 311).

4. Contestación de la demanda La Universidad Nacional de Colombia (UN, de ahora en adelante) no respondió el libelo introductorio. Constancia en tal sentido, obra a folio 297.

Sí alegó de conclusión, proponiendo las excepciones de errónea acción (debería ser la contractual, no la laboral); la de ineptitud sustancial de la demanda por invocación de normas generales que imposibilitan el estudio del caso en concreto; la de inexistencia de los derechos reclamados; la posibilidad legítima de vincular profesionales de la salud por el sistema de órdenes de prestación de servicios; y, la de caducidad de la acción (fls. 302 a 306).

5. Sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala de Descongestión, por su fallo de mérito del 31 de mayo de 2012, adoptado unánimemente, despachó negativamente las pretensiones con base en estas consideraciones: “…No queda sino constatar, si la actora logró la acreditación de su prestación personal del servicio, la continuada subordinación y dependencia en actividades que podrían realizarse con personal de la planta de la entidad, remuneración personal, el carácter permanente de la función a desarrollar y la similitud con los demás empleados de la planta. En cuanto al primero de los puntos advertidos, se tiene que en efecto la señora...prestó sus servicios como optómetra adscrita intra-muralmente a la Universidad Nacional de Colombia – Unidad de Servicios de Salud –UNISALUD, en calidad de

contratista desde el 1° de mayo de 2005 al 1° de mayo de 2007, del 31 de mayo de 2007 al 28 de marzo de 2008, y el 1° de abril de 2008 al 28 de febrero de 2009, tal como lo demuestran los contratos y órdenes de prestación de servicios allegados al plenario...De acuerdo con lo anterior, para la Sala es claro que la accionante demostró la prestación personal de los servicios como Optómetra de UNISALUD, la remuneración personal y el carácter permanente de la función a desarrollar en la mencionada entidad, por lo menos entre los años 2005 a 2009. Sin embargo, revisado el material probatorio que obra en el expediente, se observa que la parte actora no probó la continuada subordinación y dependencia, elemento determinante para verificar la existencia de la relación laboral, como se advirtió en líneas anteriores, pues no se evidencia que el desarrollo de las funciones se encontrara supeditado a la dirección de algún funcionario de la Unidad, como tampoco se demuestra de manera fehaciente la obligatoriedad del cumplimiento de un horario para la prestación del servicio por parte de la demandante. Ahora bien, para corroborar la existencia de la relación laboral, igualmente es necesario probar la similitud de las actividades realizadas por Proc. 3a Del.C.de E. Concepto Minpúblico N°054/2013 Contencioso subjetivo de Arcelia J. Valencia Castañeda vs. Universidad Nacional de Colombia Exp. No. 25000232500020100025101

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Página: 6 la contratista con las funciones ejercidas por los demás empleados de la

planta de personal de la entidad. En el caso bajo estudio, la Sala encuentra que la activa no allegó prueba alguna en orden a demostrar la estructura de la planta de personal de la UNISALUD, para determinar si en la misma existía o no un cargo cuyas funciones se identificaran con las actividades encomendadas al Optómetra, en su calidad e contratista. Por el contrario lo que se haya (sic) probado en el proceso es que la ejecución del objeto de los contratos y las órdenes de prestación de servicios por parte de la accionante, se encontraban sujetos a interventoría de la Jefatura de Servicios de SaludSede Bogotá Unisalud-, como se observa en las documentales incorporadas...” (fls. 316 335).

6. El recurso de apelación El apoderado de la accionada interpuso y sustentó la impugnación vertical con base en el argumento de la presencia de los tres elementos integrantes y constitutivos de la relación laboral, amén que por el hecho de no haberse contestado la demanda, se deben tener por ciertas sus afirmaciones, y, así mismo, persistió en la prevalencia de la realidad por sobre la manera de vinculación, conforme a lo dicho en la S-C-154/97 (fls. 336 a 346).

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Considera esta Procuraduría Delegada, que la sentencia recurrida debe ser CONFIRMADA, por las siguientes razones.

1. Caso sub examine El debate en este estadio procesal de la segunda instancia, conforme al marco del contenido de la alzada (art. 357 C. P. C.), se concreta a determinar si la demandante ARCELIA JEANNTEH VALENCIA CASTAÑEDA

tiene derecho al reconocimiento, liquidación y pago de la indemnización, tomando en cuenta lo pactado como honorarios en los contratos de prestación de servicios suscritos con la UN, por cuanto debe prevalecer la realidad de la situación fáctica de la parte actora a socaire del carácter contractual de esas órdenes de prestación de servicios que firmó voluntariamente con el establecimiento educativo llamado a la litis. Así las cosas, el evento se abordará y analizará bajo los siguientes ítems: i) Deber de probar, y, ii) Prueba de la relación laboral. i) Obligación procesal de acreditar el supuesto fáctico A la demanda se adjuntaron diversos Contratos de Prestación de Servicios en los que se destacan, de una manera general, la siguiente cláusula de ejecución u objeto contractual: Proc. 3a Del.C.de E. Concepto Minpúblico N°054/2013 Contencioso subjetivo de Arcelia J. Valencia Castañeda vs. Universidad Nacional de Colombia Exp. No. 25000232500020100025101

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“…LA CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS

PROFESIONALES COMO OPTÓMETRA A LOS AFILIADOS Y

BENEFICIARIOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD –UNISALUD

– EN LAS CONDICIONES QUE SE ENCUENTRAN PREVIAMENTE

SENTADAS EN LA AUTORIZACIÓN Y REMISIÓN EFECTUADA POR LA

UNIVERSIDAD-UNISALUD A LA CONTRATISTA, EN EL SERVICIO DE

CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EN OPTOMETRÍA Y SUS

PROCEDIMIENTOS CONFORME A LO SIGNADO EN EL POS...” (fl. 38) Pues bien, partiendo de la base que en igualdad de condiciones (naturaleza sinalagmática) se pactaron los otros contratos de prestación de servicios, en la medida que la actora no anexó toda la documentación relacionada con ellos (aunque sí arrimó las cuentas de cobro), se puede inferir, en términos generales, que las circunstancias modales de ejecución de la labor encomendada fueron las de optometría, que no implicaban una vinculación laboral, pues el mismo documento que se acaba de destacar, de manera expresa, así lo pone de presente. Obsérvese, sobre el punto, que en el refrendado folio 38, se dejaba explícita constancia que la accionante se encontraba “ejecutando la siguiente orden de prestación de servicios que no presentan vinculación laboral con la Universidad Nacional de Colombia ni con UNISALUD” Así las cosas, no es posible jurídicamente desconocer que el contrato, en términos generales, tuvo esa naturaleza; se suscribió voluntariamente por personas jurídica y natural capaces, el cual, conforme lo disponen los artículos 14 y 32 de la Ley 80 de 1993, no generan más derechos y deberes a los consignados expresamente en las respectivas cláusulas. A este respecto la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia proferida el 18 de noviembre de 2003, dentro del expediente IJ-039, con ponencia del ex Consejero PÁJARO PEÑARANDA, unificó el criterio relacionado con la imposibilidad de acceder a esta clase de peticiones indemnizatorias, vía la

declaratoria de una relación laboral, porque en lo pertinente había de tenerse en cuenta: “(…) “Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo, y sólo para el restablecimiento del derecho, “los organismos de lo contencioso administrativo podrán instituir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar éstas”, de otro lado es innegable que ello no tiene cabida en relación con la reparación del daño, asunto muy distinto. Una cosa es el restablecimiento dicho y otra, muy diversa a la luz del derecho positivo, la indemnización por el detrimento irrogado, razón por la cual no se puede, de manera Proc. 3a Del.C.de E. Concepto Minpúblico N°054/2013 Contencioso subjetivo de Arcelia J. Valencia Castañeda vs. Universidad Nacional de Colombia Exp. No. 25000232500020100025101

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Página: 8 oficiosa, ordenar tal resarcimiento por fuera del marco del litigio.

Ello resulta lesivo, como se anotó, del derecho de defensa de la entidad demandada, cuya réplica hubo de circunscribirse al planteamiento de la demanda. “Además de la incongruencia mencionada, resulta contradictorio que se resuelva, como lo hizo el fallo de 5 de diciembre de 2.002, que la indemnización que se ordena pagar como equivalencia de prestaciones sociales, sea a título de restablecimiento del derecho, pues, como se vio antes, el resarcimiento del daño difiere sustancialmente del concepto de restablecimiento del derecho, amén de que la obligación de indemnizar, en el supuesto

de que existiera, no podría surgir del acto que denegó el pago de las pretendidas prestaciones, el cual se apoya en una incuestionable realidad contractual que no ha sido invalidada. Si hubo detrimento, cosa que no se ha demostrado, ello lo ha achacado la jurisprudencia que ahora se rectifica, al contrato de prestación de servicios celebrado, contra el cual no está dirigida la impugnación que se formuló a través del escrito introductorio del proceso. “8. Después del examen y rectificación del criterio comentado, se procede a responder lo pretendido por el actor en el presente asunto, así: “Se afirma en el escrito incoativo de la acción que mediante las resoluciones impugnadas se quebrantan los ordenamientos superiores que en el mismo se invocan, “ya que las labores para las cuales fue contratada mi poderdante –dice el mandatario judicial del actor – se enmarcan dentro de la órbita de una clara relación de naturaleza legal y reglamentaria –toda vez que allí se vislumbran claramente los elementos a que hace mención el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, norma esta aplicable al caso que nos ocupa…” “Aprecia, la Sala, a simple vista, la inconsistencia del argumento básico expuesto por el demandante, el cual ha sido acogido en fallos proferidos por la sección segunda, como se señaló en párrafos precedentes. En efecto, el artículo 23 del C. S. T., subrogado por el artículo 1° de la ley 50 de 1990 señala los elementos esenciales del contrato de trabajo y su texto es el siguiente: Para que haya contrato de trabajo se requiere que

concurran estos tres elementos esenciales: a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo. b) LA continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe Proc. 3a Del.C.de E. Concepto Minpúblico N°054/2013 Contencioso subjetivo de Arcelia J. Valencia Castañeda vs. Universidad Nacional de Colombia Exp. No. 25000232500020100025101

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Página: 9 mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato, Todo ello sin que se afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país, y c) Un salario como retribución del servicio. 2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que le agreguen. “Despréndese de lo anterior que se incurre en una confusión manifiesta al pretender el actor que de la existencia de un contrato de trabajo se desprenda una situación legal y reglamentaria, lo que resulta, a todas luces, un imposible jurídico, pues los empleos públicos son creados en ejercicio de una función reglada como corresponde en un estado de derecho como el colombiano; y así,

el Presidente de la República debe obrar dentro del marco de las normas constitucionales y legales con respecto a la creación, clasificación, nomenclatura de cargos y sistema salarial. Lo propio puede afirmarse de las superintendencias, establecimientos públicos, etc. Y la rama jurisdiccional por medio de su autoridad competente, no está exenta de someterse a los mencionados mandatos contenidos en la constitución y la ley. De modo que el empleo público (situación legal y reglamentaria) no puede surgir de cualquier modo, ni mucho menos a virtud de una relación contractual, pues, como lo ha explicado la jurisprudencia colombiana, el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, no puede llevar a desconocer los elementos esenciales que se exigen para que una persona acceda a la función política en la modalidad estatutaria. (sent. C-555 de 1|994). Sostener lo contrario, como lo pretende el actor, conduce a desconocer mandatos positivos de ineludible cumplimiento. Además, se reitera que en relación con la labor desplegada por el actor con el motivo del contrato de prestación de servicios, no es posible afirmar que éste oculte una relación contractual de trabajo con la administración y sostenimiento de obras públicas. “Finalmente fluye de lo expuesto que no se vislumbra el quebranto al régimen de igualdad, ya que, como se precisó con anterioridad, una es la situación de empleado público, la cual se estructura por la correspondencia de elementos sin los cuales aquélla no adquiere vida jurídica; elementos que se encuentran consagrados en el art. 122 de la C. P., que dan origen al pago de las

prestaciones que corresponden a este tipo de servidores públicos; otra, muy distinta, la que se origina en razón de un contrato de prestación de servicios, que no genera relación laboral ni prestaciones sociales; y, otra, finalmente, a la que da lugar el Proc. 3a Del.C.de E. Concepto Minpúblico N°054/2013 Contencioso subjetivo de Arcelia J. Valencia Castañeda vs. Universidad Nacional de Colombia Exp. No. 25000232500020100025101

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Página: 10 contrato de trabajo, que con la administración no tiene ocurrencia sino sólo cuando se trata de la construcción y mantenimiento de obras públicas. “No puede aspirarse a que los efectos de una figura sean idénticos a los de otra, so pretexto del principio de la igualdad, porque cada realidad es fuente de obligaciones bien diferenciadas por el derecho positivo, por haberse regulado por ordenamientos distintos; razón por la cual surge como corolario obligado que los conflictos de interés que aparezcan deben medirse de conformidad con la normatividad pertinente, que no por un mismo rasero, pretendiendo una inexistente semejanza que, de acuerdo con lo expuesto en párrafos precedentes, resulta imposible…

“…”. Así las cosas, bajo esta clara perspectiva contractual, no pueden proceder las súplicas sustentadas en un postulado, cuando a ciencia y paciencia la parte actora celebró unos contratos –a través de órdenes de prestación de servicios OPS-, los cuales a la luz del ordenamiento positivo vigente para las fechas de suscripción, eran completamente legales, y, por lo tanto, no

violaban ninguna norma como para edificar la primera de las causales de invalidez de los actos administrativos a que hace referencia el artículo 84 del

C. C. A. (perfectamente aplicable a este proceso dado el día de presentación de la demanda: 18 de marzo de 2010).

En este orden de ideas, resulta que éste viene a ser uno de los casos en los que la vieja situación fáctica se encontraba perfectamente regulada por una ley determinada, pero se decide, posteriormente, en la instancia judicial por medio de principios constitucionales, sin declarar la inaplicabilidad de los artículos de la Ley Contractual que permitían dichas vinculaciones para atender servicios accesorios, que no principales, a cargo de la entidad demandada2; como tampoco sin declarar, respecto de las OPS, la ocurrencia de alguna de las causales de nulidad de los actos administrativos previstos en los preceptos jurídicos pertinentes, de donde surge la exótica decisión comentada atrás. Vale la pena glosar que la medida de nuestros derechos está dada en gran parte por la libertad que tenemos, y si en un momento determinado se pactaron unas cláusulas contractuales específicas, es de suyo que la obligación consecuente es la de responder por ellas y honrar libremente lo pactado (inciso primero y numeral 1., del artículo 95 constitucional). ii) Prueba de la relación laboral Hay constancia de la ineficiencia probatoria en relación con la continuada subordinación y dependencia, pues no se acreditó debidamente por parte de 2 Ente universitario autónomo regido por el Decreto 1210 de 1993. Proc. 3a Del.C.de E. Concepto Minpúblico N°054/2013

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Página: 11 la accionante, como era su responsabilidad procesal, que estuviere sometida al control, vigilancia, monitoreo e interventoría de sus labores de optómetra por parte de funcionario alguno adscrito a la dependencia UNISALUD, o a un delegado del gerente o de la UN, en fin, a una autoridad administrativa que le exigiera cuentas del desarrollo de esas precisas funciones.

De otra parte, tampoco estableció que su temporal labor de optómetra estuviere siendo también atendida por funcionario alguno de la UN, pues, en este punto, la demandante no arrimó ni la mínima estructura de UNISALUD, ni mucho menos la planta de personal de la institución educativa para deducir que ejercía funciones propias de la demandada. Es decir, que para acreditar la existencia de la relación laboral, considera esta Agencia Fiscal que es necesario probar que el supuesto contratista se desempeñó en las mismas condiciones que cualquier otro servidor público de la entidad demandada y que las actividades realizadas eran indispensables y correspondían a las administrativas propias de la misma, las que además se desempeñaban bajo condiciones de subordinación. Así las cosas, para el presente proceso no le es aplicable el principio de “la primacía de la realidad sobre las formalidades”, pues es indudable que la demandante no acreditó debidamente que se encontraba en las mismas condiciones de otros empleados públicos de la planta de personal de la UN,

por lo tanto no se probó que desempeñara personalmente la labor, en un cargo que tenía asignadas funciones permanentes, para el desempeño de un servicio público, y que la realizaba en condiciones de subordinación y dependencia. En consecuencia, estima esta Procuraduría Tercera Delegada que la modalidad de los contratos suscritos son de aquellos que en mejor medida se corresponden a uno de prestación de servicios, razón por la cual era obligado que el extremo activo demostrara de manera incuestionable que en realidad se trataba de una relación laboral, lo que no hizo, no pasando de formular unas consideraciones generales que deben verse como insuficientes para declara la existencia de la relación alegada. Más aún, es la misma demandante la que manifiesta que su relación era contractual desde 2005 (aunque primero plantea una vinculación de hecho desde 1997), pues así lo describe literalmente en el texto de su demanda (fl. 272, hechos 1, 2 y 3), de donde se desprende que la súplica dirigida a una declaración constitutiva de una relación laboral, no es concurrente con esa exposición, ni, como se acaba de analizar, con lo probado en el proceso. Sobre este importante aspecto ha dicho la jurisprudencia: “… Proc. 3a Del.C.de E. Concepto Minpúblico N°054/2013 Contencioso subjetivo de Arcelia J. Valencia Castañeda vs. Universidad Nacional de Colombia Exp. No. 25000232500020100025101

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Página: 12 “Ahora bien, al plenario se allegaron los diferentes contratos de

prestación de servicios en los que aparece que el objeto de cada uno era desarrollar las labores de Auxiliar en Sistemas de las actividades pertinentes del programa CREA. En los mismos se determinó que la demandante recibiría una suma de dinero por concepto de honorarios. “De los contratos allegados al expediente observa la Sala que no todos fueron suscritos por la Entidad demandada y la señora CASTIBLANCO GARCÍA, pues algunos de ellos, como el 1181-94 y sus adicciones (Fl. 4) y el 0424 – 96 (Fl. 19), fueron celebrados por la Organización de Estados Iberoamericanos con la demandante, lo que conlleva a determinar que no tuvo un vínculo permanente y directo con la accionada. “… “La señora CASTIBLANCO GARCÍA no allega ninguna prueba que demuestre la existencia del elemento más importante de la relación de trabajo, es decir, la subordinación. Debe decirse que el hecho de haber cumplido con un horario establecido, por sí solo, no indica que hay existido el mismo. “No se ocupa la demandante, por ejemplo, de demostrar que existieran en la planta de personal de la entidad demandada, empleados públicos que realizara las mismas labores desempeñadas por ella, ni que existiera un persona respecto de la cual se encontrar subordinada y que le impartiera órdenes que debiera cumplir, “En conclusión, al no existir prueba que demuestre la existencia de una relación legal y reglamentaria que permita determinar que la demandante se desempeñó como empleada de la Entidad demandada, no es posible acceder a las peticiones elevadas, incumplió la interesada en la obligación contenida en el artículo 177

del C. P. C. “…”.3 También la Corte Constitucional, como es obvio de la naturaleza de sus funciones, se ha pronunciado al punto, manifestando: “... “5. 5. En cuanto a los límites fijados a la contratación estatal en pro de la defensa del derecho al trabajo, los derechos de los 3 Sentencia del 12 de febrero de 2009. Rad. 250002325000200005719 01 (R. I. 0133 – 07).

M. p. Dr. Alfonso Vargas Rincón.

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Página: 13 servidores públicos y los principios que informan la administración pública, la jurisprudencia constitucional ha establecido que los contratos de prestación de servicios son válidos constitucionalmente, siempre y cuando (i) no se trate de funciones propias y permanentes de la entidad; (ii) no puedan ser realizadas por el personal de planta, y que (iii) requieran de conocimientos especializados. “En este sentido, esta Corte ha sostenido que la