PGN - RELACIONES ESPECIALES DE SUJECION - Principios constitucionales

1 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL-Competencia sobre adición presupuesto del Departamento El Gobernador carece de facultad legal para adicionar el presupuesto, pues la competencia es de la Asamblea Departamental, de acuerdo con lo estipulado por los artículos 300, numeral 5º., 345, 352 y 353 de la Constitución Política; al hacerlo usurpó una función que constitucionalmente está atribuida a esa corporación. Las apropiaciones realizadas por el órgano de elección popular son autorizaciones limitadas a la posibilidad del gasto, de tal manera que el ejecutor del mismo no puede hacer erogaciones distintas a la ley de apropiaciones y asimismo si era necesario aumentar el monto de las apropiaciones, se pueden cubrir créditos adicionales por la Asamblea Departamental. COMPETENCIA-Las Corporaciones de elección popular no pueden despojarse de la función presupuestal RELACIONES ESPECIALES DE SUJECION-Principios constitucionales/RELACIONES ESPECIALES DE SUJECION-Cumplimiento de deberes constitucionales Los servidores públicos, tienen una especial relación de sujeción con el Estado y la función pública se desarrolla conforme los principios constitucionales de buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia; principios que deben articularse con los deberes que también corresponde a los servidores públicos y que le imponen la obligación de adelantar todos los actos conforme a los postulados de orden constitucional y legal, tal y como lo prevé el artículo 6º. de la Constitución Política, al establecer el principio general de responsabilidad de los servidores

públicos, no sólo por esas causas, sino por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. DERECHO DISCIPLINARIO-Objeto En consecuencia, en derecho disciplinario el bien jurídico tutela es el correcto ejercicio de la función pública, el cual se quebranta con la infracción sustancial de los deberes que le corresponde observar a quien ejerce funciones públicas, es decir, que la configuración de la falta disciplinaria se origina en la infracción de los deberes de que es titular el servidor público. CONTRATO DE COOPERACION INTERNACIONAL-Regulación de la Ley 80 de 1993/CONTRATO DE COOPERACION INTERNACIONALAdministración de recursos 1 2 Si bien es cierto, que los Contratos o Convenios financiados con recursos provenientes de empréstito y donación, celebrados con organismos multilaterales de crédito, personas extranjeras de derecho público u organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacional, podrán someterse a los reglamentos de tales entidades en todo lo relacionado con procedimientos de formación, adjudicación y cláusulas especiales de ejecución, cumplimiento, pago y ajustes”, de conformidad con el decreto 2166 de 2004, también lo es que no se entenderán como contratos o convenios de cooperación y asistencia técnica internacional, aquellos cuyo objeto sea la administración de recursos. Así las cosas, es evidente que para la época de los hechos era ilegal celebrar un convenio con una persona extranjera de derecho público, o con un organismo de cooperación, asistencia o ayuda internacional, cuyo objeto fuera la administración de recursos, con sujeción a los reglamentos de la respectiva persona extranjera o el respectivo organismo, siendo necesario aplicar

las normas nacionales que rigen el proceso de contratación. RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA-Por violación al principio de planeación Como no se contaba con unos estudios adecuados que permitieran determinar a la administración, las características de los objetos a contratar,el para qué, el cómo, el cuándo, y quiénes serán los beneficiarios de una inversión pública; determinan la posibilidad de su realización y solución real de las necesidades a cargo del Estado, lo cual conllevó a la suscripción de contratos adicionales en valor y plazo, firmados por el disciplinado, lo cual refleja la improvisación en la contratación de las mencionadas obras y servicios financiadas con recursos del ente territorial, lo que indica falta de planeación en el proceso de contratación, principio que permite identificar en forma clara y completa el objeto que se va a contratar, para garantizar la idónea y oportuna ejecución del objeto contratado. En efecto, la falta de unos estudios serios indiscutiblemente tiene su repercusión en la ejecución del contrato, que ocasiona parálisis de las obras, o modificaciones sustanciales, que afectan el normal desarrollo del mismo, que es precisamente lo que la ley quiere evitar, cuando exige la formulación previa de la adecuada conformación del proyecto.

Dependencia: DESPACHO DEL PROCURADOR

GENERAL DE LA NACIÓN

Radicación No.: 214-158579/07

Disciplinado y/o investigado: Whitman Herney Porras Pérez

Cargo y Entidad: Gobernador Departamento de Casanare Quejoso: Parlamentarios y Diputados Fecha queja: 24 de abril de 2007

Fecha Hechos: 2006-2007

Asunto: Fallo segunda instancia.

Bogotá, D.C., 2 de septiembre de 2010 ASUNTO Agotado el respectivo trámite procesal, procede el despacho en ejercicio de la competencia que le otorga el artículo 7º numeral 25 del 2 3 Decreto 262 de 2000, a desatar el recurso de apelación interpuesto contra del fallo de primera instancia proferido por la Viceprocuradora General de la Nación, el 25 de enero de 2010, en contra del señor WHITMAN HERNEY PORRAS PÉREZ, en su condición de Gobernador del Departamento de Casanare, para la época de los hechos. ACTUACION PROCESAL El Procurador General de la Nación mediante autos de 23 de abril y 14 de mayo de 2007, en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 277 numeral 6 de la Constitución Política, en armonía con lo normado en el artículo 7 numerales 17, 19, 34 y parágrafo del Decreto 262 de 2000, conformó una comisión especial integrada por asesores del grupo de presupuesto, regalías y salud, adscritos a su despacho, para que investigaran las supuestas irregularidades relacionadas con adiciones, incorporaciones y modificaciones presupuestales en la vigencia 2007, así como en la suscripción y ejecución de convenios celebrados en diciembre de 2006 (folios 2 y 37 C.O.1). Con fundamento en las facultades otorgadas, la comisión especial dispuso el 14 de mayo de 2007, la apertura de investigación disciplinaria contra el señor WHITMAN HERNEY PORRAS PÉREZ, en su calidad de Gobernador del Departamento de Casanare (folios 38 a

41 C.O.1). Mediante decisión de 20 de mayo de 2008, visible de folios 209 a 222 C.O.1, se formularon cargos al servidor público WHITMAN HERNEY PORRAS PÉREZ, Gobernador del Departamento de Casanare, que se concretan de la siguiente manera (folios 201 a 222): Primer cargo: Adicionar el presupuesto departamental de la vigencia 2007 en $167.138.046.219.45, mediante Decreto 0034 de 2 de marzo de 2007. Se le citaron como normas presuntamente violadas, el numeral 1º. del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, por desconocer el numeral 1º. del artículo 305 de la Carta Política, el cual le imponía el deber de cumplir las Ordenanzas de la Asamblea Departamental, que para el presente caso es la 102 de 1996, mediante la cual se establece el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Departamento de Casanare, que en sus artículos 41 y 64 consagra como obligación del Gobernador presentar a la Asamblea Departamental proyectos de ordenanza sobre créditos 3 4 adicionales al presupuesto cuando fuere indispensable aumentar la cuantía de las apropiaciones autorizadas inicialmente o no comprometidas en el presupuesto, de cuya lectura se concluye que la Asamblea era la competente para modificar el presupuesto, y sin mediar autorización de dicha corporación, el Gobernador expidió el Decreto 0034 de 2 de marzo de 2007, aumentando en $167.138.046.219.45 el monto de las apropiaciones aprobadas por esta, las cuales había fijado inicialmente en $532.540.245.207.

La falta se calificó como grave a título de dolo, pues conforme a las funciones que le correspondían y habitualmente cumplía, conocía que era función de la Asamblea Departamental conceder autorización al Gobernador para adicionar el presupuesto, tal como consta en el oficio del 20 de febrero de 2007, mediante el cual el mandatario solicita a esa corporación autorización para adicionar el presupuesto del Departamento, en la vigencia 2007, en $167.138.046.219, por concepto de reservas presupuestales constituidas a diciembre 31 de 2006, y pese a esto decide retirar el proyecto de ordenanza a través de oficio de 27 de febrero de 2007, sin ninguna justificación, procediendo a expedir el Decreto 0034 de 27 de marzo de 2007, adicionando el presupuesto en la forma inicialmente solicitada.

Segundo cargo: Celebrar con la OEI el convenio 0494 de 29 de diciembre de 2006, por $14.350.434.393.71, para el desarrollo y ejecución de diversos proyectos, eludiendo el proceso de selección contemplado en el

Estatuto General de Contratación Estatal. Se le citaron como normas presuntamente infringidas, los numerales 1 y 8 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, el cual dispone que la escogencia del contratista se efectuará siempre a través de licitación o concurso público, pues a través del convenio cuestionado se autorizó el desarrollo y ejecución de proyectos tales como escenarios deportivos por $1.459.024.340; dotación instituciones educativaslaboratorios de matemáticas por $1.060.714.832; terminación sede

estación de bomberos en el Municipio de Yopal por $798.596.057.05; construcción e interventoría de unidades sanitarias-área urbana Municipio de Paz de Ariporo por $1.603.316.076.60, y mejoramiento de los entornos ambientales saludables de la población escolar, en diez establecimientos educativos del departamento, por $2.159.340.591, entre otros, cuando por la cuantía y diversos objetos tanto del convenio como de algunos proyectos era perentorio adelantar el respectivo proceso licitatorio. 4 5 Conforme al parágrafo del artículo 44 de la Ley 734 de 2002, la culpabilidad se calificó a título de dolo, pues según versión libre rendida por el disciplinado el 25 de marzo de 2008, conocía la sentencia de constitucionalidad C-249 de 2004, mediante la cual se declaró exequible de manera condicionada la aplicación del inciso 4 del artículo 13 de la Ley 80 de 1993 y pese a que los proyectos objeto del referido convenio se financiarían con presupuesto del ente territorial, procedió a la celebración bajo la denominación de convenio de “Asistencia Técnica y de Cooperación”. De conformidad con el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, la falta se calificó como gravísima, por participar el disciplinado en la etapa precontractual y en la actividad contractual con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal, principio de transparencia, por contratar bajo los procedimientos de la OEI proyectos del ente territorial mediante la figura de convenio de cooperación con organismos internacionales, cuando la obligación legal era adelantar la escogencia de los contratistas bajo los

procedimientos y principios que orientan la contratación estatal contenidos en la Ley 80 de 1993 y decretos reglamentarios.

Tercer cargo: Celebrar el convenio 0456 de 27 de diciembre de 2006, en el que se acordó contratar con la Universidad de Pamplona, la construcción de 100 aulas de informática multipropósito e implementación y dotación de 250 aulas virtuales incluyendo 5.000 computadores en las instalaciones educativas oficiales del ente territorial, por $27.769.803.614, sin contar con los estudios previos requeridos para su correcta ejecución dentro del término pactado, y omitir además el deber de vigilar el desarrollo del objeto contratado.

Se le citaron como normas presuntamente violadas, el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, principio de economía, según el cual con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios requeridos, pues previo a la suscripción del mencionado convenio no se determinaron adecuadamente las características de las dotaciones, concretamente en lo que respecta a equipos de cómputo y al suministro de objetos virtuales contenidas en el referido contrato, ni se elaboraron los estudios adecuados que permitieran entregar a la universidad 150 aulas aptas para ser dotadas por parte de la institución, ni se señalaron las instituciones educativas que serían beneficiadas con la ejecución del convenio, falencias que se vieron reflejadas durante la ejecución del objeto contratado mediante la 5 6 suscripción de contratos adicionales en valor y plazo, suscritos por el

mismo investigado, lo cual evidencia una improvisación en la contratación de dichas obras y servicios, contrario a lo que implica el principio de planeación que debe imperar previo a todo proceso de contratación, consistente en identificar en forma clara y completa el objeto a contratar, y así garantizar la ejecución idónea y oportuna de los bienes y servicios requeridos por la comunidad, para lo cual debió ordenar la revisión y actualización de los estudios previos que soportaron la referida contratación, en virtud de lo establecido en el numeral 18 de la Resolución 0089 de 2006, que le señala como atribución, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la ejecución de los programas y el cumplimiento de las funciones generales de la institución, en concordancia con el numeral 5 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, según el cual la responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y de los procesos de selección es del jefe o representante de la entidad. Conforme lo señala el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, la falta se calificó como gravísima por participar en la etapa precontractual o actividad contractual con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal, el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, principio de economía, según el cual con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, deberán elaborarse los estudios requeridos; numeral 1 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, principio de responsabilidad, el cual dispone que los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta

ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución de las obras. La culpabilidad se le imputó a título de culpa gravísima por desatención elemental, al omitir el deber de realizar control y seguimiento tanto en la etapa previa a la suscripción del referido convenio como durante su ejecución, a lo cual se encontraba obligado en ejercicio de las funciones que le correspondían, relacionadas con la dirección, coordinación y evaluación, respecto de la ejecución de los programas y el cumplimiento de las funciones generales de la institución, en concordancia con el numeral 5 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, según el cual la responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y de los procesos de selección es del jefe o representante de la entidad, máxime cuando se trataba de un proyecto de gran importancia para la comunidad y la cuantía de los recursos involucrados. 6 7 Al disciplinado y a su apoderado se les envió comunicación el 23 de mayo de 2008, para notificarlos personalmente del auto de cargos, la cual se surtió personalmente el 28 de ese mes y año (folios 223 a 225 C.O.1). El apoderado del disciplinado presentó descargos el 12 de junio de 2008, con la correspondiente solicitud de pruebas (folios 274 a 289 C.O.1). El 19 de junio de 2008, se resolvió sobre las pruebas de descargos (folios 291 a 296 C.O.2). El 9 de marzo de 2009, el Procurador General de la Nación, designó como “funcionario especial” a la Viceprocuradora General de la Nación,

para que asumiera el conocimiento de las presentes diligencias hasta el fallo de primera instancia (folio 441 C.O.2). La Viceprocuradora General de la Nación surtió, el 31 de marzo de 2009, traslado al disciplinado para alegatos de conclusión, los cuales fueron presentados por el apoderado dentro del término legal (folios 452 a 484 C.O.2). El 25 de enero de 2010, la Viceprocuradora General de la Nación, como “funcionario especial”, profirió fallo de primera instancia, el que a continuación se sintetiza (folios 502 a 540 C.O.3). LA DECISION DE PRIMERA INSTANCIA En el fallo de primera instancia, la Viceprocuradora General de la Nación expresó en cuanto al primer cargo formulado al disciplinado, que en virtud del numeral 5º. del artículo 300 de la Constitución Política, le corresponde a las Asambleas Departamentales expedir las normas orgánicas del presupuesto departamental y el presupuesto anual de rentas y gastos; a su vez los artículos 352 y 353 ibídem señalan que los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel, están sujetos a la ley orgánica de presupuesto que regula lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto, así como a los principios y disposiciones del Título XII, Capítulo 3 de la Constitución. Refiere el fallador de instancia que el régimen de reservas presupuestales para el ente territorial se encuentra regulado en el 7 8 literal d) del Capítulo VII de la Ordenanza 102 de 1996, por el cual se establece el Estatuto Orgánico de Presupuesto para el Departamento

de Casanare, y las modificaciones al presupuesto en los artículos 63 a 68 de la referida Ordenanza expedida en consonancia con los artículos 79 y siguientes del Decreto 111 de 1996. Afirma que con el Decreto 0034 de 2 de marzo de 2007, no se constituyeron reservas presupuestales, como lo pretende hacer ver la defensa para justificar la conducta endilgada, pues esta operación la realizó el mandatario mediante Resolución 0034 de 25 de enero de 2007, que no ha sido cuestionada, ya que se encontraba autorizado no solamente por las normas presupuestales del Departamento, artículo 69, sino en virtud de lo previsto en el artículo 33 de la Ordenanza 010 del 30 de noviembre de 2006, por la cual se aprobó el presupuesto general de rentas y recursos de capital y de apropiaciones del Departamento de Casanare para la vigencia fiscal 2007 (folios 14 a 18 del anexo 1). Sostiene que para aumentar el monto de las apropiaciones especificadas inicialmente por la Asamblea, se requería de la aprobación de esa corporación, en virtud de lo establecido en el artículo 345 de la Constitución Política referido al principio de legalidad presupuestal, el cual contempla que las apropiaciones realizadas por el órgano de elección popular son autorizaciones limitadas a la posibilidad del gasto, de tal manera que los ejecutores del mismo no pueden hacer erogaciones distintas a la ley de apropiaciones, en concordancia con el artículo 63 de la Ordenanza 102 de 1996, el cual exige que si durante la ejecución del presupuesto departamental se hiciere indispensable

aumentar el monto de las apropiaciones para completar las insuficientes, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la ley, se pueden cubrir créditos adicionales por la Asamblea, con arreglo a las disposiciones de los artículos 64 y siguientes. La falta se calificó como grave a título de dolo, pues conforme a las funciones que le correspondían y habitualmente cumplía, conocía que era función de la Asamblea Departamental conceder autorización al Gobernador para adicionar el presupuesto, tal como consta en el oficio del 20 de febrero de 2007, mediante el cual el mandatario solicita a esa corporación autorización para adicionar el presupuesto del departamento, en la vigencia 2007, en $167.138.046.219, y pese a esto decide retirar el proyecto de ordenanza a través de oficio de 27 de febrero de 2007, sin ninguna justificación, procediendo a expedir el Decreto 0034 de 27 de marzo de 2007, adicionando el presupuesto en la forma inicialmente solicitada. 8 9 Respecto al segundo cargo, advierte la primera instancia, que el inciso 4 del artículo 13 de la Ley 80 de 1993, declarado exequible de manera condicionada por la Corte Constitucional mediante sentencia C-249 de 2004, autorizaba a las entidades estatales para suscribir convenios con organismos internacionales de cooperación y asistencia técnica, y para someterse a sus reglamentos en cuanto a adjudicación y ejecución. Sostiene que en la providencia precitada, el alto tribunal resolvió declarar la exequibilidad del inciso cuarto del artículo 13 de la Ley 80 de 1993, en el entendido que la discrecionalidad allí prevista sólo

puede ejercerse válidamente en relación con los contratos relativos a recursos percibidos de entes u organismos internacionales, esto es, en relación con contratos de empréstito, donación, asistencia técnica o cooperación, celebrados por las respectivas entidades estatales con entes u organismos internacionales. Agrega que la facultad que confiere el legislador a las entidades estatales de aplicar o no los procedimientos de personas extranjeras de derecho público u organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacional, con ocasión de la celebración de contratos o convenios con estos, se encuentra supeditada al origen de los recursos, es decir, es viable dicho sometimiento únicamente en la medida que la financiación de los proyectos sea con recursos de tales organismos y no con recursos del Estado Colombiano. Indica el a-quo que el artículo 2 del Decreto 2166 de 2004, facultó a las entidades estatales para someterse a los procedimientos de los organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacional para los contratos o convenios soportados en instrumentos de cooperación internacional, pero siempre y cuando sean de cooperación y asistencia técnica, y expresamente excluye de este rango aquellos cuyo objeto sea la administración de recursos, como lo era el cuestionado Convenio 494 de 2006, que tenía como propósito la contratación bajo los reglamentos y procedimientos de la OEI, la ejecución de varios proyectos y en el cual se pactó como contraprestación a favor del organismo internacional el 3.5% del valor de cada proyecto que no estuviera cobijado por la cooperación y asistencia técnica. Dice que los proyectos objeto del convenio fueron financiados en un 100% con recursos del Departamento, dineros que fueron manejados

por el organismo internacional desde el 30 de diciembre de 2006, fecha en la cual el ente territorial le giró $7.175.217.196.85, contando con la totalidad del valor del convenio en abril de 2007, como consta en la 9 10 certificación expedida el 19 de septiembre de 2008, por el Director Técnico de Tesorería del Departamento de Casanare, de los cuales la OEI descontó el 3.5%, por concepto de costos administrativos y de gestión, es decir, $502.265.203.78, conforme al oficio de 11 de noviembre de 2008, suscrito por la Jefe de la Oficina Jurídica del organismo, lo cual refleja que efectivamente hubo manejo de los recursos del ente territorial, manejo que generó el pago en mención (folios 355 y 376 a 378 C.O.2). Relata el fallador de instancia que en ningún momento se están cuestionando los reglamentos y procedimientos de la OEI ni sus objetivos como organismo internacional, sino la conducta desplegada por el servidor público en su condición de Gobernador del Departamento de Casanare para la época de los hechos, al celebrar directamente el Convenio 494 de 2006, el cual, dada la cuantía y objeto contratado, debía celebrarse bajo las reglas señaladas en el artículo 24 numeral 1 de la Ley 80 de 1993. Conforme al parágrafo del artículo 44 de la Ley 734 de 2002, la culpabilidad se calificó a título de dolo, pues según versión libre rendida por el disciplinado el 25 de marzo de 2008, conocía la sentencia de constitucionalidad C-249 de 2004, mediante la cual se declaró

exequible de manera condicionada la aplicación del inciso 4 del artículo 13 de la Ley 80 de 1993 y pese a que los proyectos objeto del referido convenio se financiarían con presupuesto del ente territorial, procedió a la celebración bajo la denominación de convenio de “Asistencia Técnica y de Cooperación”. De conformidad con el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, la falta se calificó como gravísima, por participar el disciplinado en la etapa precontractual y en la actividad contractual con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal, principio de transparencia, por contratar bajo los procedimientos de la OEI proyectos del ente territorial, mediante la figura de convenio cooperación con organismos internacionales, cuando la obligación legal era adelantar la escogencia de los contratistas bajo los procedimientos y principios que orientan la contratación estatal contenidos en la Ley 80 de 1993 y decretos reglamentarios. En cuanto al tercer cargo formulado al investigado, por haber contratado a través del Convenio 0456 de 27 de diciembre de 2006, con la Universidad de Pamplona, la construcción de 100 aulas de informática multipropósito e implementación y dotación de 250 aulas virtuales, incluyendo 5.000 computadores en las instalaciones educativas oficiales por $27.769.803.614, sin contar con los estudios 10 11 previos requeridos para su correcta ejecución dentro del término pactado y omitiendo el deber de vigilar el desarrollo del objeto contratado, señala el a-quo que si bien del objeto del convenio se infiere la cooperación entre las partes, y el contratista es una institución

de derecho público, no significa que pudiera sustraerse del régimen establecido en el estatuto de contratación y decretos reglamentarios, por cuanto además de haberse pactado, se trataba de una contratación directa autorizada en el literal c) del numeral 1 del articulo 24 de la Ley 80 de 1993, y en tal sentido no se encontraba excluida del cumplimiento de los principios que orientan la contratación estatal, por el contrario, era perentorio su acatamiento conforme a lo expuesto en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993. Refiere el fallador que en el caso que nos ocupa, se encuentra demostrado: a) el incumplimiento por parte del disciplinado, de los deberes contenidos en la ley; b) el desconocimiento de los principios que rigen la función pública, en lo atinente a la contratación, y c) la responsabilidad por su incumplimiento. Por la actuación objeto de análisis, el investigado debe responder en la forma establecida en el artículo 6º. de la Constitución Política, ya que su conducta es constitutiva de falta disciplinaria, tal como lo indica el artículo 23 de la Ley 734 de 2002. En cuanto a la forma de culpabilidad, advirtió que conforme al parágrafo del artículo 44 de la Ley 734 de 2002, se calificó a título de culpa gravísima por desatención elemental, al omitir el deber de realizar el control y seguimiento tanto en la etapa previa a la suscripción del referido convenio, como durante su ejecución, a lo cual se encontraba obligado en ejercicio de las funciones que le correspondían, relacionadas con la dirección, coordinación y evaluación, respecto de la ejecución de los programas y el

cumplimiento de las funciones generales de la institución, en concordancia con el numeral 5º. del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, porque la responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y de los procesos de selección es del jefe o representante de la entidad, especialmente por tratarse de un proyecto de gran importancia para la comunidad y por la cuantía de los recursos involucrados. En consonancia con el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, la falta se calificó como gravísima por participar en la etapa precontractual o actividad contractual con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal; el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, principio de economía, según el cual, con la 11 12 debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, debieron elaborarse los estudios requeridos; numeral 1 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, principio de responsabilidad, porque los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución de las obras. Luego de haberse efectuado el juicio de responsabilidad por parte del fallador de instancia, al infractor de la ley disciplinaria vinculado a este proceso, WHITMAN HERNEY PORRAS PÉREZ, en su calidad de Gobernador del Departamento de Casanare, teniendo en cuenta las clases de faltas y el grado de culpabilidad con que fueron realizadas, conforme lo estipulan los artículos 44-1, 46 y 47 numeral 1º. literales i)

y j) del CDU, se le impuso como sanción, la destitución del cargo desempeñado para la época de los hechos e inhabilidad general para el ejercicio de funciones públicas por el término de once (11) años. El 2 de febrero de 2010, por la Secretaría de la Viceprocuraduría General de la Nación, se envió comunicación al disciplinado y a su apoderado, a efecto de notificarles personalmente el fallo de primera instancia, y como quiera que no comparecieron, se procedió a notificarlos por edicto fijado el 16 y desfijado el 18 de febrero de 2010 (folios 541 a 545 C.O.3). El apoderado del disciplinado interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, el 23 de febrero de 2010 (folios 547 a 585 C.O.3). DE LA IMPUGNACIÓN Mediante escrito radicado dentro del término legal, el apoderado del disciplinado WHITMAN HERNEY PORRAS PÉREZ, presentó y sustentó recurso de apelación contra el fallo proferido por la Viceprocuradora General de la Nación, el cual fue concedido mediante auto del 10 de marzo de 2010, en el efecto suspensivo (folios 547 a 585 y 589 C.O.3).

El recurso se sustentó así: 1.- En cuanto al cargo de adición al presupuesto del Depa