PGN - REMISION LEGAL - Tiene competencia de ordenar gastos y celebrar contratos de acuerdo

Dependencia: Procuraduría Primera Delegada Contratación Estatal

Radicación N: 058-02865-2001

Disciplinados: Teodoro Barrera Cargo y Entidad: Alcalde del municipio de Pajarito - Boyacá Quejoso: Informe de servidor público Fecha Queja: 17 de septiembre de 2001

Fecha Hechos: 23 de abril, 9, 24, 25 y 29 de mayo de 2001

Asunto: Fallo de Segunda Instancia (Art. 171 Ley 734/02).

Bogotá, D.C., tres (3) de marzo de dos mil seis (2006) Conforme a lo dispuesto en el artículo 171 de la ley 734 de 2002, procede este Despacho a proferir fallo de segunda instancia, en el proceso disciplinario adelantado contra TEODORO BARRERA, alcalde del municipio de Pajarito, Boyacá. ANTECEDENTES Mediante escrito presentado el 17 de septiembre de 2001, la personera municipal de Pajarito, Boyacá, puso en conocimiento del Procurador Regional de Casanare, que el alcalde de dicha localidad había suscrito varios contratos, desconociendo el Acuerdo No. 19 de agosto 31 de 1999, expedido por el concejo municipal de Pajarito Boyacá, en el que se autoriza al alcalde municipal para contratar directamente y sin autorización previa y expresa de dicha corporación, hasta por un valor equivalente a $8.000.000 (Folios 2-3). Con base en el oficio por el que se puso en conocimiento la irregularidad en que pudo incurrir el alcalde de Pajarito, Boyacá, al suscribir los contratos referidos en el

escrito de la personera de dicha localidad, la Procuraduría Regional de Casanare ordenó, mediante auto del 28 de septiembre de 2001, abrir investigación disciplinaria en contra de TEODORO BARRERA, en su condición de alcalde del municipio de Pajarito, Boyacá. LOS CARGOS Mediante auto del 30 de abril de 2004, la Procuraduría Regional de Casanare formuló cargo único en contra de TEODORO BARRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 19139.816 de Bogotá, en su condición de alcalde de municipio de Pajarito, Boyacá, en los siguientes términos: (Folios 250-254). Teniendo el deber de solicitar autorización al Concejo Municipal de Pajarito (Boy.), por ordenarlo así el Acuerdo No. 019-99, para la celebración de los contratos que excedieran la cuantía de ocho (8) millones de pesos, el señor TEODORO BARRERA, en su condición de Alcalde Municipal, suscribió los Contratos Nos. 001, 004, 013, 002 y 003 de 2001, sin la respectiva autorización, incurriendo en un presunto incumplimiento al deber establecido por el Art. 40 Num. 1 de la Ley 200 de 1995. En el pliego de cargos se indicó, como norma vulnerada, el numeral 1º del artículo 40 de la Ley 200 de 1995. La falta atribuida al disciplinado se calificó inicialmente como GRAVE, conforme a los criterios establecidos en los numerales 1º, 6º y literal a), del numeral 7, del artículo 27 de la Ley 200 de 1995. La culpabilidad fue graduada a

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FALLO SEGUNDA INSTANCIA título de culpa, por considerar que el disciplinado no actuó con el cuidado y diligencia propios de su cargo, al no haber acatado, al momento de suscribir los referidos contratos, el ordenamiento contenido en el acuerdo 019 de 1999.

DESCARGOS.

La notificación del auto de cargos se cumplió el 18 de mayo de 2004 y el término para presentar descargos venció el 2 de junio de 2004, sin que el investigado se pronunciara (Folios 256 y 258). ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto del 19 de junio de 2004, la Procuraduría Regional de Casanare corrió traslado a los sujetos procesales para alegar de conclusión, antes del fallo (Folio 264 y 267). El 28 de julio de 2004, el apoderado del investigado presentó escrito de alegatos de conclusión (Folios 268-269). Indicó que el acuerdo 019 de 1999, que se considera violado por su defendido, fue expedido por el Concejo Municipal de Pajarito con fundamento en “el numeral 3º, de la Ley 136 de 1994”, que permite a estas corporaciones reglamentar y señalar los casos en que se requiere autorización previa del concejo, pero que este poder reglamentario en materia de contratación, debe respetar las normas de la Ley 80 de 1993, en la cual se establecen cuantías y se especifica el trámite que se debe dar a cada contrato, dependiendo de aquéllas. Por tal razón, consideró la defensa que el

concejo municipal de Pajarito contravino la Ley 80, al establecer cuantías diferentes a las que determina dicha ley. Además, conforme a lo previsto en el numeral 11 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, las corporaciones de elección popular no deben intervenir en los procesos de contratación, salvo en lo relacionado con la solicitud de audiencia para la adjudicación en caso de licitación. Afirmó la defensa que el acuerdo 19 de 1999, expedido por el concejo municipal de Pajarito, contraviene los principios administrativos de economía y celeridad, porque si, tal como éste lo establece, cada vez que el municipio deba suscribir un contrato por cuantía superior a $8.000.000, debe obtenerse previamente la respectiva autorización, se generaría un costo de $1000.000, que es el valor, por sesión, del concejo. Indicó, como criterio fundamental de la defensa, que la existencia de un acuerdo de plan de ordenamiento territorial y de un acuerdo de presupuesto implican la autorización al alcalde para contratar, y que éste, a su vez, debe respetar las cuantías que para el municipio se establezcan conforme al estatuto general de contratación. Por otra parte, indicó que, para su defendido, alcalde recién electo, no era fácil dilucidar si el acuerdo 19 de 1999 estaba vigente o si había sido derogado tácitamente por los acuerdos de plan de ordenamiento territorial y de presupuesto.

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FALLO SEGUNDA INSTANCIA Por las razones expuestas, afirmó la defensa que el concejo municipal de Pajarito no

sufrió menoscabo en el ejercicio de sus funciones de control de la administración municipal, dado que pudo ejercer su control político, para la debida ejecución de las partidas presupuestales. Finalmente, solicitó dar por terminado el proceso, pues, en su opinión, no existe mérito para afirmar que el señor TEODORO BARRERA incurrió en la conducta que se le imputa. DECISIÓN DE INSTANCIA Mediante fallo del 24 de agosto de 2004, la Procuraduría Regional de Casanare decidió el presente proceso en primera instancia, sancionando al señor TEODORO BARRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.139.816 de Bogotá, en su condición de alcalde del municipio de Pajarito, Boyacá, con multa equivalente a un (1) mes del salario que devengaba en el mes de mayo de 2001, la cual sería cuantificada por el funcionario competente para hacer efectiva la sanción (Folios 272-278). El a quo se pronunció respecto de lo señalado por el apoderado del disciplinado, en los alegatos de conclusión, formulando los siguientes planteamientos:  En el acuerdo No. 019 de 1999, el concejo municipal de Pajarito Boyacá no estableció cuantías diferentes a las señaladas en la Ley 80 de 1993; lo que hizo fue fijar una cuantía de $8000.000, para que, cuando el alcalde fuera a contratar, en representación del municipio, por valores superiores, solicitara autorización previa y expresa de dicha corporación.  El razonamiento realizado por la defensa, respecto de que dar cumplimiento al acuerdo No. 019 de 1999 generaba un costo para el municipio de un millón de

pesos, no es considerado por la ley como causal de justificación de la conducta imputada como falta.  No es atendible la tesis expuesta por la defensa, según la cual la existencia de los acuerdos de plan de ordenamiento territorial y de presupuesto implica la autorización al alcalde para contratar.  Respecto de que el acuerdo 019 de 1999 es violatorio del numeral 11, del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, indicó la Regional de Casanare que el competente para declarar que este acto administrativo es ilegal es el Tribunal Contencioso Administrativo, y el disciplinado debió obtener dicho pronunciamiento antes de firmar cualquiera de los contratos que lo vulneraron. En efecto, no es el funcionario el competente para desconocer un acto administrativo vigente, en acatamiento del principio de legalidad.  No es posible aceptar lo afirmado por la defensa, en el sentido de que al disciplinado le era imposible dilucidar si el acuerdo 019 de 1999 estaba vigente o había sido derogado por los acuerdos de plan de ordenamiento territorial y de presupuesto, porque, en caso de duda, le hubiera bastado con EXPEDIENTE 058-02865 – MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 3 FALLO SEGUNDA INSTANCIA realizar la consulta al concejo municipal y tal corporación le habría aclarado lo pertinente.  La violación del acuerdo 019 de 1999, por parte del disciplinado, tampoco puede ser justificada con el argumento de que éste representaba una talanquera que se creo con el objeto de permitir que se devengaran unos honorarios por parte de los concejales, cada vez que tuviera que sesionar la

corporación, para dar las respectivas autorizaciones. Por las razones expuestas, concluyó la Regional que el disciplinado debía pedir autorización al concejo municipal de Pajarito, en forma previa, para suscribir los contratos que superaran el valor de $8000.000, lo cual, como se encuentra probado, no hizo en relación con los contratos mencionados en el cargo Por otra parte, calificó en forma definitiva la falta como grave, atendiendo a los criterios contemplados en los numerales 1º, 6º y 7º, literal a), del artículo 27 de la Ley 200, dado que fue cometida por el disciplinado “aprovechando su investidura de Alcalde y debido a su Jerarquía y Mando en el municipio, dio un mal ejemplo, al incurrir en una conducta que no le estaba permitida...”. La falta además, se consideró culposa, por cuanto el disciplinado manifestó que no conocía la existencia del acuerdo No. 019 de 1999. Por auto del 7 de octubre de 2004, se corrigió el fallo de primera instancia en el acápite de “dosificación de la sanción”, el cuál quedó así: (Folios 286-287) Al estar probado que el Dr. TEODORO BARRERA, Alcalde Municipal de Pajarito. En efecto, en el fallo inicial se aludió, por error, al señor Víctor Manuel Almanza Amaya, como investigado. APELACION El 12 de septiembre de 2004, el señor TEODORO BARRERA, en su condición de disciplinado, presentó recurso de apelación contra el fallo del 24 de agosto de 2004, argumentando lo siguiente: (Folios 282-283)

1. No puede ser considerado falta grave el hecho de haber desconocido el acuerdo No. 019 de 1999, pues éste no estaba vigente, porque los acuerdos de plan de ordenamiento territorial y de presupuesto, así como la Ley 80 de 1993, derogaron tácitamente dicho acto administrativo. En efecto, estaban establecidas las partidas de inversión y de gastos que se debían ejecutar, por lo cual, en aplicación de los principios administrativos de economía, celeridad y eficiencia, se llevó a cabo la contratación controvertida, para prestar un servicio público eficiente.

2. Actuó vulnerando el acuerdo 19 de 1999, porque no quería actuar en forma omisiva, dejando de cumplir sus funciones como ordenador del gasto.

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3. Por las condiciones de orden público y de pobreza extrema del municipio, no es posible contratar un asesor jurídico que conociera su realidad material y que hiciera una compilación actualizada de las normas municipales.

4. No se están teniendo en cuenta, en el proceso que contra él se adelanta, las funciones preventiva y correctiva que tiene la sanción, pues, con su actuación, en ningún momento quiso atentar contra el patrimonio del municipio y, conforme al artículo 20 de la Ley 734 de 2002, el investigador disciplinario debe tener en cuenta que la finalidad del proceso es la prevalencia de la justicia, que, en este caso, demostró ser ciega y despiadada, al no tenerse en cuenta las condiciones especiales del municipio, ni todos los criterios para establecer la gravedad de la falta y el grado

de culpabilidad, pues no se analizaron los perjuicios causados y la “culpabilidad con los subalternos”.

5. Es “sospechoso” que, en el acápite de dosificación de la sanción del fallo recurrido, se mencionó como el sujeto disciplinado, al señor Víctor Manuel Almanza Amaya, su predecesor en la alcaldía de Pajarito, quien sí conocía el mencionado acuerdo. Ello, dijo, lo hizo pensar en la existencia de un proceso parecido y en que se le quiere sancionar en forma similar a su antecesor, cuando las condiciones son totalmente diferentes.

6. Debe tenerse en cuenta la causal 6ª de exclusión de responsabilidad, contemplada en el artículo 28 de la Ley 734 de 2002, atendiendo a que los acuerdos del plan de ordenamiento territorial y de presupuesto derogaron, en forma tácita, el acuerdo No. 019 de 1999 y, por tal razón, estaría en discusión el concepto del presidente del concejo municipal de Pajarito, respecto de que, en la época de los hechos, estaba vigente éste último, pues, como lo indicó la misma Procuraduría en las consideraciones del fallo recurrido, son los tribunales los que deciden sobre la validez de un acto y no un funcionario, en este caso, el presidente del concejo.

CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA:

1. HECHOS PROBADOS Con fundamento en las pruebas que obran en el expediente, se encuentran probados

los siguientes hechos:

1. El Acuerdo Municipal No. 019 de agosto 31 de 1999, expedido por el Concejo del municipio de Pajarito, Boyacá, en su artículo segundo, estableció lo siguiente: (Folio

1. ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar al Alcalde Municipal para celebrar Contratos hasta por la suma Equivalente al valor de OCHO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE ($8.000.000 M/cte.), los contratos que celebre el Alcalde por un valor Superior, al aquí previsto, deberá contar con la Autorización previa y expresa por parte del Concejo Municipal, cuyo proyecto deberá presentarse debidamente explicado en la justificación que lo acompaña. (Subrayas fuera de texto).

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2. En diligencia de versión rendida por el señor TEODORO BARRERA, ante la Personería municipal de Pajarito Boyacá, respecto de si él había suscrito los contratos por los cuales se le adelanta el presente proceso, afirmó: (Folio 241) No me acuerdo exactamente de los números de los contratos, pero quiero dejar claro que durante el año 2001, no he delegado en ninguna persona la contratación administrativa de ninguna índole, pues tengo la suficiente potestad para hacerlo, que me la concede la Ley 80 de 1993, y el Acuerdo No. 003 de Marzo 21 de 2001, en su artículo primero, numeral B.

PREGUNTADO: Usted solicitó Autorización al Honorable Concejo Municipal, para la celebración de los contratos antes mencionados. CONTESTO: La respuesta inmediatamente anterior deja claro que el Concejo Municipal al darme esta facultad deja ver que no solamente, no necesita el Ejecutivo autorización, sino que deja que la administración sea más dinámica , más eficaz, es importante que a este cuaderno de investigación se anexe

copia del Acuerdo No. 003 de Marzo 21 de 2001, que despeja toda duda al respecto (Subrayas fuera de texto).

3. El presidente del concejo municipal de Pajarito, Boyacá, PLUTARCO H.

HERNÁNDEZ, mediante oficio del 14 de agosto de 2001, informó a la personera de dicha localidad, lo siguiente: (Folio 5) ...Por medio del Acuerdo 005 de Febrero 11 de 1999 se autorizó al señor Alcalde para contratar directamente hasta por la suma de OCHO MILLONES DE PESOS ($8.000.000), y el Acuerdo 019 de Agosto 31 de 1999, derogó algunos artículos del mencionado Acuerdo pero, el tope máximo para contratar no fue modificado y hasta la fecha no ha sido derogado por ningún acuerdo.

4. El acuerdo No. 003 de marzo 21 de 2001 del concejo municipal de Pajarito, Boyacá, determinó lo siguiente: (Folio 242) ARTICULO PRIMERO: Autorícese al señor Alcalde Municipal para:

A. Realizar La reestructuración administrativa con el fin de racionalizar el gasto público

Municipal

B. Firmar los convenios interadministrativos y contratos que sean necesarios para el cabal cumplimiento del plan de desarrollo.

C. Adicionar el presupuesto de rentas y gastos del municipio ... (Subrayas fuera de texto).

5. El contrato administrativo de reforestación de cuencas y hoyas hidrográficas No. 001 /2001 fue suscrito entre el municipio de Pajarito, Boyacá, representado por su alcalde TEODORO BARRERA, y la señora Carmen Ligia Acevedo Acevedo, el 9 de mayo de 2001, por un valor de $14596.950 (Folios 9-10).

6. El contrato administrativo de obra pública No. 004 /2001 fue suscrito entre el. municipio de Pajarito, Boyacá, representado por su alcalde TEODORO BARRERA, y el señor Celiar Antonio Pineda, el 23 de abril de 2001, por un valor de $11868.690

(Folios 11-12).

7. El contrato administrativo de obra pública No. 013 /2001 fue suscrito entre el. municipio de Pajarito, Boyacá, representado por su alcalde TEODORO BARRERA, y el señor Jhon Fredy Salamanca, el 24 de mayo de 2001, por un valor de $11620.000

(Folios 13-14).

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8. El contrato de suministro No. 002/2001 fue suscrito entre el municipio de Pajarito, Boyacá, representado por su alcalde TEODORO BARRERA, y Laboratorios ORFACOL LTDA, el 25 de mayo de 2001, por un valor de $11642.499 (Folios 1718).

9. El contrato de suministro No. 003 fue suscrito entre el municipio de Pajarito, Boyacá, representado por su alcalde TEODORO BARRERA, y EDUCAR MUNDO DIDÁCTICO o María Antonia Cely Hurtado, el 29 de mayo de 2001, por un valor de $20000.000 (Folios 19-20).

10. De lo expuesto por el investigado en su versión libre se deduce que, para la firma de los contratos antes mencionados, no se solicitó, ni se obtuvo, previamente,

autorización del concejo municipal de Pajarito, Boyacá.

2. CONCLUSIONES DE LA DELEGADA SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL DISCIPLINADO Autorización para contratar de los Concejos Municipales El principio de planeación, cuya aplicación resulta imperativa al interior de los procesos de contratación1, se vincula, estrechamente, con el principio de legalidad; en efecto, en el procedimiento previo a la formación del contrato las exigencias del legislador son especialmente expresas para el operador.2

En efecto, la ley establece, claramente, cuáles son los límites dentro de los que deben actuar los responsables de la contratación estatal. “En ese sentido, observamos en la ley de contratación, parámetros técnicos, presupuestales, de oportunidad, de mercado, jurídicos, de elaboración de pliegos y términos de referencia que deben observarse previamente por las autoridades para cumplir con el principio de la planeación contractual”3. (Negrillas fuera de texto). Entre los requisitos jurídicos, se encuentra la obligación de los alcaldes de obtener, de forma previa a la suscripción del contrato, la autorización para contratar, cuando ello sea necesario. Se trata de una exigencia legal cuyo fin es garantizar, desde el inicio de los procedimientos de escogencia del contratista, que el futuro contrato cumpla los cometidos estatales, con plena sujeción al ordenamiento jurídico. El requisito en cuestión se deriva de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 313 de la Constitución política, según el cual los concejos municipales autorizarán a los alcaldes para la celebración de contratos4. La exigencia constitucional se reitera en

el numeral 11 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, que dispone: 1 Ver, artículo 25 de la Ley 80 de 1993. 2 Sobre el punto, ver Villar Palasí José Luis y Villar Escurra José Luis, Principios de Derecho Administrativo, t. III, “Contratación Administrativa”, Madrid, Universidad de Madrid, 1983. Pág. 43 3SANTOFIMIO GAMBOA Jaime Orlando, Tratado de Derecho Administrativo, Contratación Indebida, Universidad Externado de Colombia, Bogotá 2004, Pág. 145. 4 Corresponde a los concejos: (...)

3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden al Concejo”.

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FALLO SEGUNDA INSTANCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 300 numeral 9 y 313 numeral 3 de la Constitución Política, las asambleas departamentales y los concejos municipales, autorizarán a los gobernadores y alcaldes respectivamente, para la celebración de contratos... Ahora bien, debe precisarse que, teniendo en cuenta la función otorgada a los Concejos Municipales en el numeral 3 del artículo 313 de la Constitución Política, el artículo 32 de la Ley 136 de 1994 dispuso lo siguiente: ARTÍCULO 32. ATRIBUCIONES. Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos las siguientes: (...) 2. Reglamentar la autorización al alcalde para contratar, señalando los casos en que requiere autorización previa del Concejo.

Al analizar la constitucionalidad de la norma en cuestión, la Corte Constitucional, en sentencia C-738 de 2001, precisó lo siguiente: Pues bien, si una de las funciones propias de los Concejos es la de autorizar al alcalde para contratar, tal y como lo dispone el artículo 313-3 Superior, es claro que la facultad de reglamentar lo relacionado con tal autorización también forma parte de sus competencias constitucionales, por virtud del numeral 1 del mismo canon constitucional. Es decir, si los Concejos pueden reglamentar el ejercicio de sus propias funciones, y una de sus funciones es la de autorizar al alcalde para contratar, se concluye lógicamente que tales corporaciones cuentan con la competencia constitucional para reglamentar el ejercicio de tal atribución, y que no es necesario que el legislador haya trazado, con anterioridad, una regulación detallada del tema. Así, en criterio de esta Corporación, este último precepto constitucional es un fundamento suficiente para que el Legislador haya confirmado que las Corporaciones municipales de elección popular tienen la posibilidad de reglamentar una de sus funciones constitucionales propias, cual es la de otorgar al correspondiente jefe de la administración municipal autorizaciones para contratar. Esta función reglamentaria que, se reitera, cuenta con un fundamento constitucional propio, habrá de ejercerse mediante el trazado de una serie de normas puntuales y específicas sobre una determinada materia, a saber: el procedimiento interno que se deberá seguir ante los Concejos para obtener la autorización respectiva, los criterios que debe seguir para otorgarla, así como los casos en los cuales tal autorización es necesaria. La regulación de

dicho procedimiento interno habrá de estar referida, así, a las hipótesis en que tal autorización es necesaria, a los criterios que se deberán aplicar al momento de decidir sobre si se otorga o no dicha autorización, y a las etapas del trámite a seguir en cada caso. Estas normas no serán de tipo legal, sino de tipo administrativo, sin que sea necesario contar con una regulación previa del tema por parte del Legislador. (...)En consecuencia, al ser la norma acusada el desarrollo de una previsión constitucional expresa, en la que se asigna a los concejos la función reglamentaria en comento, se habrán de rechazar los cargos formulados contra ella. Sin embargo, debe advertir esta Corporación que la atribución otorgada en la norma bajo estudio, siendo como es una función administrativa, sólo podrá ser ejercida por los Concejos con el alcance y las limitaciones propias de su naturaleza. Así, cualquier reglamentación efectuada por dichas Corporaciones, debe ser respetuosa del ámbito reservado constitucionalmente al Legislador, por lo cual no puede entrar a establecer procedimientos de selección, normas generales aplicables a los contratos, etc., puesto que ello forma parte del núcleo propio del Estatuto de Contratación. Igualmente, al constituir esta función una manifestación de la colaboración armónica que, en virtud del artículo 116 Superior, debe existir entre los distintos órganos del Estado -tanto entre los pertenecientes a una misma EXPEDIENTE 058-02865 – MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 8 FALLO SEGUNDA INSTANCIA rama del poder público, como entre las distintas ramas-, a ella es aplicable lo dispuesto por esta Corte en cuanto al tema de las leyes de autorizaciones, en virtud de las cuales podrá el

Congreso autorizar al Ejecutivo para contratar (art. 150-9, C.P.). En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta lo que se estableció en la sentencia C-466/97, en los siguientes términos: “La introducción del concepto de ley de autorizaciones en la Carta de 1991 corresponde a una tradición constitucional, pues el artículo 76 numeral 11 de la Constitución de 1886 otorgaba al Congreso la facultad para conceder autorizaciones al Gobierno para la celebración de contratos, como quiera que la creación de vínculos jurídicos individuales siempre se han considerado como asuntos propios de la mecánica de ejecución de programas gubernamentales, por lo cual son asuntos de la naturaleza administrativa del gobierno. Por consiguiente, la ley de autorizaciones se ha entendido como el beneplácito legislativo para que el Gobierno ejerza una función propia dentro de su ámbito constitucional. Por lo tanto, el ejercicio mismo de la actividad contractual es una actividad privativa del Gobierno, que debe contar con la aprobación del Congreso, como manifestación del ejercicio coordinado y armónico de la función pública. (...) De lo anteriormente expuesto se colige que, frente a la facultad para celebrar contratos creadores de situaciones jurídicas concretas, la Constitución faculta al Legislador para que permita al Gobierno que se vincule jurídicamente y por ende se obligue en el campo contractual. Sin embargo, la Carta no autoriza que el Legislador le imponga al Ejecutivo la celebración de un contrato específico, pues la autorización del Congreso está sometida a la realización de un acto de naturaleza administrativa. Por lo tanto, los artículos impugnados transgreden la Constitución”. El anterior razonamiento es aplicable, mutatis mutandi, a las autorizaciones que los concejos

municipales otorgan a los alcaldes para contratar, y por lo mismo, a la reglamentación que sobre el particular expidan tales Corporaciones, en ejercicio de lo dispuesto en la norma acusada. Por lo mismo, no podrán los Concejos, so pretexto de reglamentar el tema de las autorizaciones, extralimitarse en sus atribuciones e intervenir sobre la actividad contractual propiamente dicha; dirección que corresponde al alcalde, en tanto jefe de la acción administrativa del municipio, de conformidad con el artículo 315-3 de la Carta. En otras palabras, la reglamentación que expidan estas corporaciones deberá limitarse a trazar las reglas aplicables al acto concreto y específico mediante el cual el concejo autoriza al alcalde para contratar, señalando los casos en que es necesario, sin entrar a regular aspectos como la selección de los contratistas, los contratos específicos a realizar, etc. Asimismo, deberán tener en cuenta los concejos municipales que, en tanto función administrativa, la atribución que les confiere la norma que se analiza debe ser ejercida en forma razonable y proporcionada, respetando lo dispuesto en el artículo 209 constitucional; y que no se puede interpretar dicha norma en forma tal que se obligue al alcalde a solicitar autorizaciones del concejo en todos los casos en que vaya a contratar, sino únicamente en los que tal corporación disponga, en forma razonable, mediante un reglamento que se atenga a la Carta Política. Debe resaltarse, por último que, contrario a lo que presupone la argumentación del actor, lejos de ser un límite a la autonomía municipal, el régimen previsto por la Ley 80 de 1993 está construido sobre la base de la autonomía de las entidades estatales en materia

contractual, tanto que otorga a ciertas entidades y dependencias que no cuentan con personería jurídica, una capacidad especial de contratación y puedan gestionar mejor los aspectos que a ellas atañen. Para la Corte, igual sucede con la norma bajo estudio, ya que al reafirmar la competencia reglamentaria constitucional de los concejos municipales, no sólo presupone, sino que desarrolla su autonomía real. Así, a través de regímenes reglamentarios que no lesionen lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y en las demás normas legales aplicables, los concejos podrán decidir cómo ha de surtirse el proceso de autorización, en los casos en que sea necesario de conformidad con los intereses locales.

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FALLO SEGUNDA INSTANCIA En otras palabras, la norma acusada fomenta el ejercicio autónomo de las competencias municipales, así como su adecuación a las necesidades particulares del ente respectivo, sin que por ello pueda generar un estímulo para la existencia de diversos Códigos Fiscales Municipales, puesto que siempre habrá de respetarse lo dispuesto por el legislador en la Ley 80 de 1993 y demás legislación aplicable. (...)Resta aclarar que cuando la norma habla de una función de "autorización", se está refiriendo a un acto previo a aquél que es objeto de dicho beneplácito (Subrayas fuera de texto). También la Corte Constitucional, en sentencia C-086 del 10 de marzo de 1995, para fundamentar su decisión de declarar inexequible el inciso 1º del numeral 5 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, por el cual se establecía que "[l]as entidades

estatales sólo podrán celebrar contratos de fiducia pública, cuando así lo autorice la ley, la Asamblea Departamental o el Concejo Municipal, según el caso.”, expuso lo siguiente: Ahora bien, la Ley 80 de 1993 introdujo en el numeral 5o. del artículo 32, una regulación específica de una serie de negocios jurídicos denominados "encargos fiduciarios y fiducia pública". Sin entrar a definirlos, señaló que dichos contratos de fiducia pública sólo podrán ser celebrados previa autorización de ley, de la ordenanza o del acuerdo, según el caso. 2.2. Segundo cargo: la autorización previa por vía de ley, de ordenanza o de acuerdo para celebrar un contrato de fiducia pública, es inconstitucional. Este cargo lo fundamentan los actore