PGN - RENUNCIA DEL CARGO - Con la simple presentación no se entiende perdida la calidad de

Dependencia: Primera Delegada Contratación Estatal Radicación: 85-11047-2002

Disciplinado: GUETTY DAZA GOMEZ

Cargo y entidad: Médico General Hospital Departamental Nariño

Quejoso: Alvaro Villacís Coral

Fecha Queja: 2-07-02

Fecha Hechos: 22-12-00

Asunto: Violación Régimen de inhabilidades

Bogotá D.C., 29 de agosto de 2003 No evidenciándose causal de nulidad que afecte el presente proceso, procede el despacho a proferir fallo de segunda instancia de conformidad con la competencia señalada en el numeral cuarto del artículo 25 del Decreto 262 de 2002. CARGO Mediante auto del 30 de septiembre de 2002, (fls. 38 a 42) se vinculó al proceso disciplinario a la disciplinada en los siguientes términos: “De acuerdo con las pruebas que se relacionan, la doctora GUETTY EYLEN DAZA GOMEZ, habría incursionado en el régimen de inhabilidades establecido por la constitución y la ley cuando ostentando el cargo de Médico General adscrita al Hospital Departamental de Nariño, suscribió con el Instituto Departamental de Salud de Nariño, el contrato de consultoría N° 2000-22 de diciembre 22 de 2000 por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES de pesos ($59.000.000)” Le fueron citadas como normas violadas, sustento jurídico del pliego de cargos , los artículos 6, 123 inciso segundo y 127 inciso primero de la Constitución Política, artículo 8 numeral 1 literal f) de la ley 80 de 1993 y artículo 25 numeral 10 de la Ley

200 de 1995. Mediante memorial presentado el 10 de octubre de 2002, la disciplinada por intermedio de apoderado sustento los descargos. (fls. 45 a 51) FALLO RECURRIDO La Procuraduría Regional de Nariño impuso a la investigada Guetti Daza Gómez destitución del cargo de médico general del Hospital Departamental de Nariño y la inhabilito para el desempeño de cargos públicos por el término de un (1) año. Como sustento de la determinación, el fallador de instancia precisó que estaba demostrado que la Dra. Guetty Eylen Daza Gómez ostentando la calidad de médico General del Hospital Departamental de Nariño, suscribió contrato de asesoría con el Instituto Departamental de Salud por valor de $59.000.000, ante lo cual la profesional Página 1 de 6 Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal dcontrata@procuraduria.gov.co Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 11o Tel. 3360011 – 3520066 Ext.: 11110 www.procuraduria.gov.co en sus descargos aseguró haber presentado renuncia irrevocable en el Hospital antes del 15 de diciembre de 2000 cuando firmó el contrato de marras. Se aseguró por la instancia que de la elaboración de su renuncia dan cuenta las declaraciones de algunos parientes , razón que afecta su dicho y no tienen la fuerza probatoria para desvirtuar la condición de servidora pública al momento de suscribir el contrato con el Instituto Departamental y al respecto manifiesta el a-quo, que los parientes incluyendo su padre quienes testificaron en su favor son profesionales que

conocen de la contratación en el campo de la salud y de ahí que aquel en su declaración le aconseja la renuncia irrevocable para que la entidad se vea obligada a aceptarla (fl. 96) Indicó que los hermanos de la investigada son médicos y trabajan en el sector de la salud y ella es propietaria de la IPS Dar Salud, de la cual es su representante y que la propuesta para la contratación referida fue la de “Actividades Educativas de Promoción y Prevención en Salud Mental en los municipios de San Pablo, San Bernardo, San José de Alban, Colón, Génova y el Rosario en el Departamento de Nariño, escogida entre otros proponentes. No admitieron las excusa presentada referida a que la señora madre de la investigada fue la que llevó la renuncia y la presentó ante la empleada del conmutador calificada para el efecto como “indeterminada”, circunstancia que en criterio del funcionario de conocimiento no desvirtúa la calidad de funcionaria de la médica Daza Gómez al momento de suscribir el contrato, situación que se prolongó hasta el 11 de enero de 2001. Aludió el juzgador la declaración de Ana Jurado Villarreal funcionaria de Recursos Humanos del Hospital Departamental de Nariño quien expresó que nunca se enteró de la renuncia y que el médico Juan Carlos Santacruz a quien estaba reemplazando la investigada, se incorporó en enero de 2001 época en que quedaba desvinculada del cargo y que a folios 33 y 88 obran certificaciones que a la Dra. Daza Gómez le fue cancelado el sueldo de diciembre de 2000 y 11 días de enero de 2001.

APELACION En memorial presentado dentro el término legal el abogado Libardo Hernández presentó recurso de apelación contra el fallo sancionatorio, reiterando lo expresado en los descargos en el sentido que se prohijada firmó el contrato con el Instituto Departamental de Salud de Nariño en razón que estaba plenamente segura que no se encontraba inhabilitada y que con la simple presentación de la renuncia del cargo el 15 de diciembre de 2000 consideró su inmediata desvinculación, además se encontraba en incapacidad y en criterio del profesional, dejó de ser servidora pública y en tal sentido la investigada actúo bajo el criterio errado e invencible que su conducta no constituía falta disciplinaria, como lo establece el artículo 28 numeral 6 de la ley 734 de 2002. Afirmó que la renuncia fue presentada por la madre de la sancionada y recibida en la recepción del hospital por “OLGA” a quien no se llamó para verificarlo, prueba considerada de importancia en virtud que ello generó duda y debía resolverse a favor de su defendida y finalmente indicó que si bien es cierto a la Dra. Daza Gómez le Página 2 de 6 Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal dcontrata@procuraduria.gov.co Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 11o Tel. 3360011 – 3520066 Ext.: 11110 www.procuraduria.gov.co pagaron salarios inclusive hasta el 11 de enero de 2001, no lo hizo directamente el Hospital Departamental sino la EPS Colmena en razón a la incapacidad en que se encontraba, pero ello “no quiere decir que estaba habilitada como servidora pública”,

enfatizó. (fls. 125 a 131) CONSIDERACIONES Corresponde inicialmente examinar si el pliego de cargos imputado a GUETTY EYLEN DAZA GÓMEZ en condición de Médico General del Hospital Departamental de Nariño, contiene los elementos probatorios que sustenten la conducta irregular e invoca las normas de carácter legal que tipifican o consagran falta disciplinaria en torno al régimen de inhabilidades e incompatibilidades para contratar. Revisado el cargo y cotejado con la providencia recurrida es evidente que se formuló una acusación derivada de una prohibición legal y el comportamiento reprochado concluyó en el hecho fáctico que la investigada médica en su condición de servidor público no podía contratar con el estado de conformidad con norma expresa al respecto. En efecto, el artículo 8 numeral 1 literal f) de la ley 80 de 1993 prescribe que los servidores públicos son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con las entidades estatales y en tal sentido con los documentos obrantes a folios 26, 33, 53, 54 y 88 que acreditan la calidad de médico general del Hospital Departamental de Nariño hasta el 11 de enero de 2001, a la investigada le estaba prohibido contratar con entidades estatales por sí o interpuesta persona, por ello el pliego de cargos inequívocamente señaló tal comportamiento irregular, de tal manera que resulta cierta la afirmación hecha por el a-quo, en que se encontraba plenamente comprobada la calidad de servidor público y el haber suscrito el contrato de consultoría con el Instituto Departamental de Salud de Nariño , el 22 de diciembre

de 2000 como lo demuestra el documento obrante a folios 6 a 12 , la hace incursa en falta disciplinaria y acreedor del reproche respectivo. Existió el suficiente señalamiento y análisis integral de las pruebas en que se fundamentó el cargo, medios de convicción que lo acreditan que no fue otro que como “servidor público“ celebró contrato con otra entidad estatal, desatendiendo la inhabilidad para contratar prevista en la norma en cita que prohíbe a los servidores públicos establecer relaciones contractuales con entidades del estado, y que a su vez desarrolla el artículo 6 constitucional que los responsabiliza por infringir la constitución y las leyes y por omisión y extralimitación en el ejercicio de sus funciones, aspectos estos que fueron los que precisamente infringió la sancionado con su conducta al concurrir al acuerdo contractual referido conducta que el artículo 25 numeral 10 de la ley 200 de 1995 califica como gravísima. El capitulo de los cargos como la providencia que lo contiene debe apreciarse en su contexto sin que exista la posibilidad de inferir que no se adecuo el cargo en forma concreta, ciertamente, se hizo mención de las pruebas de cargo y de las situaciones particulares del hecho imputado con alusión a los testimonios de los familiares de la investigada referidos a la presentación de la renuncia, que en nada afecta la calidad de servidor público de quien la suscribió y no desvirtúa tal investidura de la incriminada y la relación contractual demostrada al plenario. Página 3 de 6 Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal dcontrata@procuraduria.gov.co

Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 11o Tel. 3360011 – 3520066 Ext.: 11110 www.procuraduria.gov.co En efecto, no resulta admisible legalmente atender el argumento que con la simple presentación de la renuncia se entienda perdida la calidad de funcionaria, ello resulta contraria a derecho, el acto administrativo por medio del cual se acepta, debe determinar la fecha del retiro y el empleado no puede dejar de ejercer sus funciones, antes del plazo allí señalado, ya que incurre en sanciones derivadas del abandono del cargo, como bien lo señala el Decreto Ley 2400 de 1968 en el artículo 27. Además la misma norma en concordancia con el artículo 113 del Decreto Reglamentario 1950 de 1973, señala que la fecha de retiro, no podrá ser posterior a los treinta días siguientes a la presentación de la renuncia, pasado este plazo el empleado puede dejar el cargo, sin que se configure el abandono del cargo o continuar en el ejercicio del mismo, caso en el cual la renuncia no produce efecto. De otra parte debe entenderse que la licencia por enfermedad que sobrevenga al empleado oficial por cualquier causa, de conformidad con el artículo 9 del Decreto Reglamentario 1848 de 1969, genera un derecho a que se le conceda una licencia por el término de su incapacidad con el pago de los correspondientes porcentajes de su salario, dependiendo los días en que no pueda concurrir a sus labores diarias como lo indica la norma, pero tal circunstancia tampoco conduce a la pérdida de la investidura de servidor público como lo pretende el memorialista.

En gracia de discusión, las causales de retiro de la función pública emanan de la ley y no son otras que la declaratoria de insubsistencia, renuncia aceptada, supresión del empleo, retiro con derecho a pensión, invalidez absoluta, edad de retiro forzoso, destitución, abandono del cargo, revocatoria del nombramiento y muerte como se consagra en el artículo 1 del Decreto Ley 3074 de 1968 y 105 del Decreto Reglamentario, de tal suerte que la incapacidad laboral tampoco resta investidura, razón por la cual igualmente no prospera el petitum. De conformidad con lo expresado, el hecho fáctico de si la médica Guetty Daza Gómez ostentaba la condición de servidor público del orden departamental al momento de suscribir el contrato con el Instituto Departamental de Salud, queda plenamente resuelto con el documento obrante a folio 26, donde la oficina de Recursos Humanos del Hospital Departamental de Nariño, le indica que “cesa en sus funciones como médica general del hospital a partir del 11 de enero de 2001”, de tal suerte se despachan desfavorablemente las pretensiones del accionante en este sentido. El artículo 25 numeral 10 de la ley 200 de 1995 consideraba gravísima la conducta imputada en relación con las inhabilidades e impedimentos, la nueva codificación disciplinaria, el artículo 48 de la ley 734 de 2002 señala entre las faltas gravísimas la conducta contenida en el numeral 17 “Actuar u omitir , a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses, de acuerdo con las previsiones constitucionales y legales”, reproduciendo en tal sentido el querer del

legislador de 1995. La Procuraduría Regional de Nariño señaló radicalmente que la conducta ejecutada por GUETYY DAZA GOMEZ debe calificarse como gravísima hecho que supone un comportamiento doloso pues no correspondería con tal determinación de la falta Página 4 de 6 Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal dcontrata@procuraduria.gov.co Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 11o Tel. 3360011 – 3520066 Ext.: 11110 www.procuraduria.gov.co suponer que se imputa un acontecimiento a título de culpa, luego de calificarse como una de las más graves que previó y prevé el actual ordenamiento disciplinario. En este orden de ideas no pueden prosperar los argumentos de defensa encaminados a obtener la exoneración de responsabilidad por haber obrado con la “convicción errada e invencible de que su conducta no constituía falta disciplinaria”, calificada como causal de justificación de la conducta en el art. 23 numeral 4 de la ley 200 de 1995, ya que en el presente caso no podemos hablar de ignorancia en una profesional de la medicina que es vinculada mediante Resolución N° 973 del 28 de junio de 2000 (fl. 54) de tal suerte que su desvinculación debe responder al mismo esquema, vale decir, mediante acto administrativo con la correspondiente comunicación y precisamente para ello presentó la renuncia para obtener por parte del nominador del Hospital Departamental su aceptación, de lo contrario no la hubiera presentado. Bastaría mencionar que probada plenamente la calidad de servidor público del investigado, cotejada con la norma que en materia contractual no le permitía

contratar con entidades estatales y a su vez calificada la transgresión como falta gravísima tanto en la anterior codificación disciplinaria, como en la actual, no es posible acceder a la petición del memorialista en el sentido de intentar demostrar su inocencia sustentada en la causal señalada. El reproche se formuló en atención al comportamiento realizado por la investigada, ostentando el cargo de médico general de un hospital del orden departamental, razón por la cual este despacho llega a la convicción que la sancionada sabía de su inhabilidad para contratar con el estado, en consecuencia tuvo el conocimiento suficiente para intervenir en la contratación. Ahora bien, la ley disciplinaria no solo ha previsto situaciones de los servidores públicos inherentes a las actividades propias de su cargo, pues persigue disciplinar las actuaciones irregulares ejecutadas por aquellas personas que ostentan tal condición así escapen a las atribuciones y facultades asignadas. En efecto, el quebrantamiento del deber citado en el pliego de cargos no impone, en manera alguna, que el proceder que condujo a ello sea provocado, únicamente, en desarrollo de un acto propio de sus funciones, simplemente prevé como deber el cumplimiento de la constitución y la ley, cuya inobservancia puede generar una falta disciplinaria. Hay que destacar que la cita de las normas constitucionales se encargan de ubicar el comportamiento de los servidores públicos en distintos órdenes, por ello refiere, específicamente, el acatamiento de “los reglamentos de la entidad”, para involucrar los asuntos propios de su actividad laboral, sin que ello

signifique la imposibilidad de disciplinar en asuntos ajenos a sus funciones, pues el mismo texto del deber así lo indica cuando obliga al respeto de la constitución y la ley entre otros. Igualmente, la prohibición contemplada en el artículo 8 numeral 1 literal f) de la ley 80 de 1993 fue infringida por la sancionada, resultando claro que si es responsable de la conducta imputada, razones suficientes para confirmar la decisión sancionatoria recurrida. Página 5 de 6 Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal dcontrata@procuraduria.gov.co Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 11o Tel. 3360011 – 3520066 Ext.: 11110 www.procuraduria.gov.co En mérito de lo expuesto el Procurador Primero Delegado para la Contratación Estatal en uso de facultades legales y constitucionales.

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR integralmente la decisión sancionatoria impuesta por la Procuraduría Regional de Nariño a GUETTY EYLEN DAZA GOMEZ identifica con C.C. N° 30.738.993 de pasto, en su condición de Médico General del Hospital Departamental de Nariño, dadas las razones expuestas.

SEGUNDO: Devolver las diligencias a la Procuraduría Regional de Nariño para que notifique la decisión a la interesada o a su apoderado y proceda a comunicar a las autoridades respectivas para dar pleno cumplimiento.

TERCERO: Por la Unidad Coordinadora remitir copia a la División de Registro y Control de la entidad.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

BENJAMÍN HERRERA BARBOSA

Procurador Primero Delegado Henry O. López Página 6 de 6 Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal dcontrata@procuraduria.gov.co Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 11o Tel. 3360011 – 3520066 Ext.: 11110 www.procuraduria.gov.co