PGN - REPARACION DEL DAÑO ANTIJURIDICO - A favor de los demandantes

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por privación injusta de la libertad PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Por sentencia absolutoria en el presente caso por duda/DAÑO ANTIJURÍDICO-El procesado no estaba en la obligación de soportar la carga pública de la detención Se configura la privación injusta de la libertad cuando se produce la exoneración del sindicado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente, por estar probado que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no constituía hecho punible, o ser absuelto por duda, como ocurrió en el presente caso. Independientemente del tiempo en que las personas estén privadas de su libertad, esta privación resulta siempre ser injusta. Dicho en otras palabras, quien estuvo en tales circunstancias sufrió un daño anormal que no estaba en la obligación de soportar y debe, por lo tanto, ser indemnizado. Razón por la cual, la sentencia objeto del recurso de alzada debe ser confirmada. DERECHO A LA LIBERTAD-Aplicación del principio de presunción de inocencia/PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO-En el presente caso se adecua al existir pruebas en contra y a favor del sindicado De la lectura de la sentencia proferida por el Tribual Superior del Meta mediante la cual absolvió al procesado por los punibles de Hurto Calificado y Agravado, en concurso con Falsedad en Documento Privado en grado de coautor, en el presente caso es procedente invocar el in dubio pro reo, toda vez que éste se adecua cuando existen pruebas en

contra y a favor del sindicado, generando en consecuencia la duda. Lo anterior cobra mayor fuerza si se tiene en cuenta que por medio se encuentra la presunción constitucional de inocencia, como garantía consustancial a la condición humana y de la cual, en eventos como sub judice, el sindicado goza al momento de ser detenido, la mantiene durante todo el tiempo por el cual se prolonga su privación de la libertad y, en la medida en que nunca puede ser desvirtuada por el Estado, cuando se pone término, definitivamente, al procedimiento penal, la conserva incólume, de manera tal que, sin solución de continuidad, una persona a la que la Carta Política le atribuye, sin ambages, la condición de inocente, tuvo que soportar injusta y antijurídicamente, quizás la más aflictiva de las restricciones a su derecho fundamental de la libertad. DAÑO ANTIJURÍDICO-La administración está en la obligación de resarcir los perjuicios Resultaría desde todo punto de vista desproporcionado exigir a los particulares que soporten en forma inerme y sin derecho a algún tipo de compensación, como si se tratase de una carga pública, que todos los coasociados deberán asumir en condiciones de Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp.500012331000200900204-01 (50542) RZO igualdad, el verse privados de la libertad, en aras de salvaguardar la eficacia de las

decisiones del Estado prestador del servicio público de Administración de Justicia. Así las cosas, se puede concluir que bajo las circunstancias fácticas descritas no estaba el procesado, ni sus familiares, en la obligación de soportar los daños que el Estado le irrogó y que deben ser calificados como antijurídicos, calificación que determina la consecuente obligación para la Administración de resarcir al demandante. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADO-Elementos que configuran la declaración de responsabilidad No corresponde al actor, en el presente caso acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la declaración de responsabilidad: 1) La actuación del Estado, 2) Los daños irrogados y 3) El nexo de causalidad entre aquel y éstos. Elementos que en el presente caso se encuentran suficientemente acreditados. REPARACIÓN DEL DAÑO ANTÍJURIDICO-A favor de los demandantes/FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN-Le corresponde demostrar mediante pruebas legales la responsabilidad del procesado Es a los accionados, en este caso, La Nación – Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial, a quien les corresponde demostrar, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, si se ha dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pueda entenderse configurada una causal de exoneración, fuerza mayor, hecho de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima; y ocurre que ninguna de éstas eximentes ha sido acreditada en el plenario. Manifiesta esta Delegada del Ministerio Público, que como consecuencia de dicha privación injusta, el accionante estuvo privado de su libertad durante el periodo

comprendido entre el 6 de enero de 2003 y el 27 de noviembre de 2007, es decir, cuatro (4) años diez (10) meses cuatro (4) días, de lo que se deriva una reparación a favor de los demandantes, como quiera que sufrieron un daño antijurídico que no estaban en la obligación de soportar. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA-No procede incoar la acción de repetición En opinión de esta Delegada, teniendo en cuenta que el título de imputación en el caso sub examine se encuadra dentro del régimen de responsabilidad objetiva, toda vez que la absolución del actor dentro del proceso penal se dio por existir dudas respecto a la responsabilidad del aquí demandante, en relación con los hechos punibles que se le imputaron, frente a lo cual se aplica el principio del in dubio pro reo, en tal sentido no procede incoar la acción de repetición, teniendo en cuenta que ésta debe adelantarse en 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp.500012331000200900204-01 (50542) RZO los casos en que el título de imputación es la falla en el servicio, la cual se encuadra en el régimen de responsabilidad subjetiva. IN DUBIO PRO REO-Diferencias con la carencia de pruebas según jurisprudencia del Consejo de Estado 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp.500012331000200900204-01 (50542)

RZO CONCEPTO No. 148 /2014

Bogotá, 4 de septiembre de 2014

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: Dr. Carlos Alberto Zamabrano Barrera

E. S. D.

EXPEDIENTE: 500012331000200900204 01 (50542)

Acción de Reparación Directa

Actor: Pablo Emilio Herrera Garzón y otros

DEMANDADOS: NaciónRama Judicial y Nación - Fiscalía General de la

Nación.

Sentido del concepto: solicitud de confirmar la sentencia recurrida. / La absolución del demandante se fundamentó en el in dubio pro reo. / Responsabilidad por falla en la administración de justicia. / El actor no se encontraba en la obligación de soportar la investigación penal.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y de la Ley, además en la protección de los Derechos Humanos.

1. ANTECEDENTES 1.1. Demandahechos En ejercicio de la acción de reparación directa, por intermedio de apoderado judicial, los señores Daniel Ricardo Herrera Vivas y Juan Pablo Herrera Vivas actuando en su propio nombre, y Pablo Emilio Herrera Garzón y Luz Nelly Celis, quienes actúan en nombre

4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp.500012331000200900204-01 (50542) RZO propio y en representación de sus hijos menores Pablo Emilio Herrera Celis y Carol Linett Herrera Celis, solicitaron al Tribunal Administrativo del Meta declarar administrativamente responsable a la Fiscalía General de la Nación y a la Nación – Rama Judicial, por los perjuicios materiales y morales que se ocasionaron con la privación de la libertad que fue objeto el actor principal y, en consecuencia, se condenara a su pago. 1.2. Contestación de la demanda 1.2.1. La Nación-Rama Judicial se opuso a las declaraciones y condenas por carecer de fundamento fáctico y legal, agregó que, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio de la ley, y su convencimiento se fundará en las pruebas legalmente allegadas al expediente; en el caso sub exámine el fallador de primera instancia le concedió un valor probatorio al testimonio del señor Andrés Trullo, prueba que el Juez Superior aperció de forma diferente, por lo tanto no se evidencia que la Rama Judicial a través de los Jueces haya incurrido en ninguno de los títulos jurídicos de imputación de responsabilidad del Estado. La actuación judicial desarrollada se ajustó a derecho, con respeto absoluto de las garantías procesales, emitiendo la correspondiente providencia de

conformidad con las pruebas que reposan en el proceso. -Propuso la excepción de falta en la causa para demandar e innominada. 1.2.2. La Nación-Fiscalía General de la Nación dijo que en el presente caso surge la inexistencia de la relación causa – efecto entre la actuación de la Fiscalía General de la Nación y el supuesto daño inferido al actor, faltando así uno de los presupuestos necesarios para la declaración de responsabilidad estatal.

Propuso las excepciones: - Falta de legitimación en la causa por pasiva e inexistencia del daño extrapatrimonial por falta de prueba.

5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp.500012331000200900204-01 (50542) RZO 1.3. Sentencia de primera instancia. El Tribunal Contencioso Administrativo del Meta se pronunció en fallo de primera instancia y negó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Fiscalía General de la Nación y la falta en la causa para demandar formulada por la Rama Judicial. Declaró administrativa y patrimonialmente responsables a la Nación Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial por los perjuicios materiales y morales ocasionados a los demandantes, por la privación injusta de la libertad del señor Pablo Emilio Herrera Garzón. Dijo que los actores no están en la obligación de soportar el daño que el Estado les irrogó

al privar de su libertad a Pablo Emilio Herrera Garzón de manera injusta, pues se les generó como consecuencia de ello un daño antijurídico, el cual determina, para la administración la consecuente obligación de indemnizar los perjuicios causados a los demandantes. Es de recordar que en casos como éste no le corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad, es decir, la actuación del Estado, el daño antijurídico y la respectiva imputación del mismo, extremos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente, pues fue una decisión de la Administración de Justicia en cabeza de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial la que determinó que el señor Pablo Emilio Herrera estuviera privado de su libertad durante cuatro (4) años, diez (10) meses y cuatro (4) días, término al cabo del cual se le absolvió de responsabilidad penal, por existir serias dudas sobre su participación en los delitos que le estaban imputando. 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp.500012331000200900204-01 (50542) RZO 1.4. Argumentos de la apelación 1.4.1. La apoderada de la Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación contra la sentencia adversa a sus intereses y dijo que en el caso que nos ocupa no se

incurrió en falla para que se despachen favorablemente las pretensiones de la demanda, cual es “una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficacia o ausencia del servicio. La falta o falla de que se trata, no es la personal del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración”, ya que el Fiscal se acogió a las normas legales vigentes, por lo cual no es viable predicar hechos y omisiones que constituyan faltas o fallas en el servicio de la administración de justicia. Podemos decir que éste es uno de aquellos casos en que la víctima está en la obligación de soportar la detención preventiva como compensación de la vida en comunidad y la contribución a la recta administración de justicia. Solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda. 1.4.2. El apoderado de la Nación Rama Judicial también interpuso recurso de apelación contra la sentencia adiada 13 de agosto de 2013, donde manifestó que es claro que para la época de los hechos, aparecía seriamente comprometida la responsabilidad del demandante, en razón del material probatorio que en su contra existía dentro de la investigación penal, por ello, se vinculó al proceso; y si bien su absolución se da como consecuencia de la interpretación hecha por el operador judicial en aplicación del derecho sustantivo, esto no es óbice para no encontrar justificada la actuación penal adelantada, habida cuenta que desde un principio la vinculación de aquel estuvo plenamente explicada en el plano procesal, lo que permite inferir que le correspondía asumir la carga

de soportar la acción penal. 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp.500012331000200900204-01 (50542) RZO Solicitó que sea revocada la sentencia apelada proferida por el Tribunal Administrativo del Meta y en su lugar se nieguen las pretensiones de la demanda con respecto a la Rama Judicial.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos.

Pueden ser expresados en los siguientes términos: 2.1.1. ¿La Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial son responsables administrativamente, la primera por ordenar y hacer efectiva la detención del ciudadano Pablo Emilio Herrera Garzón, que presuntamente estaba involucrado en una conducta delictiva y la segunda por condenar en primera instancia? 2.1.2. ¿La detención del señor Pablo Emilio Herrera Garzón fue irregular, deviniendo de ella un daño antijurídico que no estaban obligados a soportar éste, ni el resto de los demandantes? 2.1.3. ¿El indubio pro reo declarado en la sentencia del Tribunal Superior del Meta, genera responsabilidad administrativa de la Fiscalía General y a la Rama Judicial como consecuencia de la detención del señor Pablo Emilio Herrera Garzón? 2.2. Marco teórico. Premisa normativa.

Pueden ser tenidos como referentes teóricos los siguientes aspectos que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público: 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp.500012331000200900204-01 (50542) RZO 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. La responsabilidad en materia extracontractual del Estado encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos: a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano. c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin

la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” 2.2.2. El in dubio pro reo y la carencia de pruebas. Uno de los problemas más frecuentes que se observan dentro del proceso penal es el del manejo inadecuado del in dubio pro reo o duda razonable, situación que se produce en el 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp.500012331000200900204-01 (50542) RZO evento de pruebas, dentro de las cuales unas ofrecen argumentos para proceder a reconocer la responsabilidad penal, en tanto que otras, con igual peso, descartan tal responsabilidad, razón por la cual de vieja data, ante tal incertidumbre se le ofrece al juzgador la posibilidad de absolver, en aplicación a principios universales, de manera tal que la duda se torna favorable para el sindicado. La doctrina informa lo siguiente: “Duda en favor del sindicado, duda favorable. Principio en virtud del cual si tiene duda no puede condenar al acusado por un hecho criminal. Pertenece al elemento de la valoración probatoria y a la duda racional sobre los elementos objetivos y subjetivos que integran el tipo. Como tiene dicho la jurisprudencia, este principio sólo entra en juego cuando, efectivamente practicada la prueba, ésta no ha desvirtuado la presunción de

inocencia o, dicho de otra manera la aplicación del referido principio se excluye cuando el órgano judicial no ha tenido duda alguna sobre el carácter incriminatorio de las pruebas practicadas” Por tanto, para aplicar este principio debe mediar un análisis suficiente sobre la prueba allegada a la investigación, que no es más que la aplicación sistemática de las normas y principios penales, entre ellos, la obligación del operador judicial en la investigación integral, de que se trató anteriormente. Distinto es cuando no hay prueba, cuando lamentablemente desde un comienzo el proceso de investigación penal fue huérfano de prueba por la inactividad del funcionario estatal encargado de administrar justicia, pero al momento de hacerse ostensible el error, de manera cómoda se invoca la presencia de indicio para ocultar dicha inactividad y con ello enmascarar la responsabilidad del funcionario jurisdiccional cuando ha mediado la detención preventiva. Con ponencia del Doctor Gil Botero, dispuso recientemente “En efecto la herramienta del in dubio pro reo-stricto sensu-opera como bisagra en la tensión que se genera en el poder público y, concretamente, la represión penal-frente al principio de libertad, para darle prevalencia a este último en aquellos casos en que la duda deviene insuperable. Es decir, con la citada herramienta en su vertiente estricta se hace prevalecer el bien esencial de la libertad, razón por la que en estos eventos no se desprende una falla del 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp.500012331000200900204-01 (50542) RZO servicio, sino una responsabilidad de naturaleza objetiva fundamentada en el rompimiento de las cargas públicas, toda vez que el Estado somete al ciudadano a una situación restrictiva en la que le limita sus garantías públicas para garantizar su comparecencia al proceso, razón por la que se impone el deber resarcitorio sin consideraciones subjetivas ” 1 . El Doctor Mauricio Fajardo Gómez apuntó: “Así las cosas, se tiene que el ordenamiento jurídico colombiano orientado por la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, no puede escatimar esfuerzos en aras de garantizar la protección de dichos derechos, por tanto no se puede entender que los administrados estén obligados a aceptar como un beneficio o una suerte que posteriormente la medida sea revocada. No, en los eventos en que ello ocurra y se configuren las causales previstas en el citado artículo 414 del C.P.P., o incluso se absuelva al detenido por in dubio pro reo sin que opere como eximente de responsabilidad la culpa de la víctima-el Estado está llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razón de la imposición de una medida de detención preventiva que lo privó del ejercicio del derecho fundamental a la libertad, pues esa es una carga que ningún ciudadano está obligado a soportar por el sólo hecho de vivir en sociedad”.2 2.3. Las pruebas obrantes. Supuestos fácticos. Se allegó el material probatorio de conformidad con las reglas establecidas, en materia de prueba documental, en el Código de Procedimiento Civil.

En su orden son:  Orden de captura contra Pablo Emilio Herrera, emanada de la Fiscalía 9ª Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Villavicencio. 1 Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: ENRIQUE GIL BOTERO, Sentencia del nueve (9) de junio de dos mil diez (2010). Radicación número: 76001-23-31-0001998-00197-01 (19312) 2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de

2009, Radicado 17.517, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp.500012331000200900204-01 (50542) RZO  La Fiscalía 9ª Unidad Primera de Delitos Varios en proveído de fecha 6 de marzo de 2003 que resolvió situación jurídica de Pablo Emilio Herrera Garzón imponiéndole medida de aseguramiento consistente en detención preventiva (fls. 19 a 40 cuaderno de anexo).  El 2 de septiembre de 2003, la Fiscalía 9ª Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Villavicencio, calificó el mérito del sumario, profiriendo resolución de acusación contra Pablo Emilio Herrera Garzón, como presunto coautor de los delitos

de Hurto Calificado y Agravado en concurso con Falsedad en Documento Privado (fls. 42 a 107 cuaderno de anexo).  El 2 de noviembre de 2004 el Juzgado 2º Penal del Circuito de Villavicencio (Meta) condenó a Pablo Emilio Herrera Garzón a 67 meses de prisión (fls. 108 a 189 cuaderno de anexo).  Copia de la providencia del 27 de noviembre de 2007, mediante el cual el Tribunal Superior de Villavicencio – Sala Penal revocó la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 2º Penal del Circuito de Villavicencio (Meta) y ordenó su libertad (fls. 206 a 223 cuaderno de anexo). 2.4. Caso concreto  La Nación-Fiscalía General de la Nación ordenó la captura del señor Pablo Emilio Herrera Garzón que se produjo el día 6 de enero de 2003; mediante auto del 6 de marzo de 2003 la Fiscalía 9ª resolvió la situación jurídica al señor Pablo Emilio Herrera consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación; el 2 de septiembre de 2003 la Fiscalía 9ª calificó las sumarias profiriendo resolución de acusación sin beneficio de libertad; el 2 de noviembre de 2004 el Juzgado 2º Penal del Circuito de Villavicencio 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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RZO (Meta) condenó a Pablo Emilio Herrera a 67 meses de prisión; el 29 de junio de 2005, el Tribunal Suprior de Villavicencio concedió a Pablo Emilio Herrera la detención domiciliaria; y en sentencia del 27 de noviembre de 2007 el Tribunal Superior - Sala Penal de Villavicencio revocó la sentencia de primera instancia y ordenó la libertad inmediata a Pablo Emilio Herrera al considerar que “ El ente instructor centró su atención única y exclusivamente en recaudar los elementos de prueba que reafirman la responsabilidad de PABLO EMILIO HERRERA GARZÓN, situación que finalmente no ocurrió, porque tal y como precedente se analizó, las demás pruebas no revisten la contundencia necesaria para llevar a la certeza de la responsabilidad del procesado quedando insalvables dudas sobre la participación activa de este procesado, las cuales se acentúan con las declaraciones de JAIRO ENRIQUE RODRÍGUEZ y GERMÁN ALEXIS DÍAZ CORREA quienes afirmaron haber oído a TRULLO decir que el Mayor HERRERA no tenía nada que ver en el hurto pero que lo iba a hundir” (fl.10 sentencia). (….) Así las cosas en aras de propender por las garantáis fundamentales del procesado entre ellas la presunción de inocencia, la Sala se apartará del análisis jurídico efectuado por el a-quo y por ende procederá a revocar la sanción impuesta a PABLO EMILIO

HERRERA GARZÓN en aplicación del derecho fundamental IN DUBIO PRO REO, para en su defecto ABSOLVER de los cargos formulados en su contra, todas vez que las pruebas aportadas no conducen a la certeza de su participación dolosa en el ilícito enrostrado” (fl.11de la sentencia) En este contexto, es pertinente referir que el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, señala que "quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva, o su equivalente, porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por Dolo o Culpa grave"; lo que también es aplicado, según jurisprudencia aludida con anterioridad, en los casos en que se dé la carencia total de pruebas. Dicha normatividad era la aplicable para el caso que ahora se analiza. 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp.500012331000200900204-01 (50542) RZO En los anteriores supuestos, previstos en la norma citada, se configura la privación injusta de la libertad cuando se produce la exoneración del sindicado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente, por estar probado que el hecho no existió, el

sindicado no lo cometió, la conducta no constituía hecho punible, o ser absuelto por duda, como ocurrió en el presente caso. Independientemente del tiempo en que las personas estén privadas de su libertad, esta privación resulta siempre ser injusta. Dicho en otras palabras, quien estuvo en tales circunstancias sufrió un daño anormal que no estaba en la obligación de soportar y debe, por lo tanto, ser indemnizado. Razón por la cual, la sentencia objeto del recurso de alzada debe ser confirmada. De la lectura de la sentencia proferida por el Tribual Superior del Meta mediante la cual absolvió a Pablo Emilio Herrera Garzón por los punibles de Hurto Calificado y Agravado, en concurso con Falsedad en Documento Privado en grado de coautor, en el presente caso es procedente invocar el in dubio pro reo, toda vez que éste se adecua cuando existen pruebas en contra y a favor del sindicado, generando en consecuencia la duda. Lo anterior cobra mayor fuerza si se tiene en cuenta que por medio se encuentra la presunción constitucional de inocencia, como garantía consustancial a la condición humana y de la cual, en eventos como sub judice, el sindicado goza al momento de ser detenido, la mantiene durante todo el tiempo por el cual se prolonga su privación de la libertad y, en la medida en que nunca puede ser desvirtuada por el Estado, cuando se pone término, definitivamente, al procedimiento penal, la conserva incólume, de manera tal que, sin solución de continuidad, una persona a la que la Carta Política le atribuye, sin ambages, la condición de inocente, tuvo que soportar injusta y antijurídicamente, quizás la

más aflictiva de las restricciones a su derecho fundamental de la libertad. 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp.500012331000200900204-01 (50542) RZO Bajo esas circunstancias, como se hizo alusión anteriormente, resultaría desde todo punto de vista desproporcionado exigir a los particulares que soporten en forma inerme y sin derecho a algún tipo de compensación, como si se tratase de una carga pública, que todos los coasociados deberán asumir en condiciones de igualdad, el verse privados de la libertad, en ara de salvaguardar la eficacia de las decisiones del Estado prestador del servicio público de Administración de Justicia. Así las cosas, se puede concluir que bajo las circunstancias fácticas descritas no estaba el señor Pablo Emilio Herrera, ni sus familiares, en la obligación de soportar los daños que el Estado le irrogó y que deben ser calificados como antijurídicos, calificación que determina la consecuente obligación para la Administración de resarcir al demandante. Ahora bien no corresponde al actor, en el presente caso acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la declaración de responsabilidad: 1) La actuación del Estado, 2) Los daños irrogados y 3) El nexo de causalidad entre aquel y ést