PGN - REPARACION DIRECTA - Acción de controversia

REPARACIÓN DIRECTA-Acción de controversia PRIVACION INJUSTA-Demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional – Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL-Determinarla para precisar su indemnización y tasación de perjuicios CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-Términos El artículo 136-8 del Código Contencioso Administrativo señala el término de caducidad de las acciones ordinarias, entre ellas la de reparación directa, que caduca al vencimiento del plazo de 2 años. Tratándose de privación injusta de la libertad, de conformidad con el pacifico precedente jurisprudencial, el término se cuenta a partir de la ejecutoria de la providencia que libera de responsabilidad penal. DEL DAÑO-Por la privación de la libertad demostrada en la actuación penal INDEMNIZACION DE PERJUICIOS-Legitimación por activa Se allegaron registros civiles de nacimiento de …, (fls. 2 a 5 C. 1) con los cuales se acreditó la condición de hermanos del directo afectado y se demuestra que …, (fl. 2 C. 1) es madre del señor … INDEMNIZACION DE PERJUICIOS-Perjuicios morales Frente a la prueba de los perjuicios morales sufridos por los demandantes según las reglas de la experiencia, acogidas por la jurisprudencia, pueden válidamente inferirse en la víctima directa y también se presume sufrido por los parientes cercanos INDEMNIZACION DE PERJUICIOS-Lucro cesante De las pruebas allegadas al plenario se puede deducir que el señor …, desarrollaba una

actividad productiva como comerciante (fl. 6 C. 1), pero no permiten inferir los ingresos percibidos por esta actividad al momento de su detención. Siguiendo los derroteros jurisprudenciales, para el Ministerio Público debe tomarse como ingreso probable el salario mínimo legal y la indemnización liquidarse de conformidad con los parámetros que también ha fijado la jurisprudencia, como lo hizo el Tribunal de Primera Instancia. INDEMNIZACION DE PERJUICIOS-Daño a la vida de relación La parte actora solicitó este reconocimiento de perjuicios para la victima directa, su señora madre y sus hermanos. En sentencia de unificación Sala Plena – Sección Tercera, de 28 de agosto de 2014.

Radicación número: 66001-23-31-000-2001-00731-01 (26251) precisa que los perjuicios inmateriales, por violación de derechos constitucionalmente amparados, se indemniza con medidas no pecuniarias y solo, por excepción, pecuniariamente a favor de la víctima directa.

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PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 174/2018

Bogotá D. C., 23 de agosto de 2018 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente Doctor GUILLERMO SANCHEZ LUQUE

E. S. D.

Ref: Proceso 59349 (18001233100020020002601)

Acción Reparación Directa

Actor: José Jairo Castro Ramírez y otros

Demandado: La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional – Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

1. ANTECEDENTES 1.1. PRETENSIONES José Jaime Castro Ramírez, Alicia Ramírez de Castro, Jairo, Francisco Antonio y Hernando Castro Ramírez, presentaron demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional – Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación, para que se les declarara administrativamente responsables de los perjuicios causados con la privación injusta de la libertad a que fue sometido el señor José Jaime Castro Ramírez entre el 20 de julio de 1998 y el 20 de marzo de 2000.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750Ext: 12056 FAX: 12094 1.2. LA OPOSICION - El Ministerio de Defensa – Policía Nacional (fls. 210 a 215 C. 1) contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones y argumentando que a la institución policial no le corresponde entrar a definir la libertad o no de una persona que ha sido puesta a disposición de la justicia con todos los requerimientos exigidos, razón por la cual solicita se le exonere de responsabilidad. Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva. - La Rama Judicial (fls. 237 a 250 C. 1) contestó la demanda oponiéndose a las

pretensiones. Sostuvo en su defensa que la providencia expedida por el Juzgado Especializado de Florencia donde se absolvió al señor Castro Ramírez se dio porque existía duda entorno a la responsabilidad del procesado y no se logró establecer la certeza necesaria para erigir una decisión de condena y al momento de formular resolución de acusación se cumplía con los requerimientos básicos exigidos por el ordenamiento procesal penal. Agregó que el Fiscal de conocimiento y el Juez de la causa, obraron conforme al recaudo probatorio de que disponían, lo que lleva a concluir que la retención de que fue objeto el demandante, dados los medios probatorios existentes, era una carga que debía soportar como ciudadano, no pudiéndose tachar de ilegal la actuación desarrollada. Igualmente señaló que en el evento de condenar a la Nación, ésta debe recaer única y exclusivamente en la Fiscalía General de la Nación, que posee autonomía propia tanto administrativa como presupuestal y el señor Castro Ramírez estuvo privado de la libertad de conformidad con las decisiones adoptadas por la Fiscalía en la etapa de instrucción y no por decisiones adoptadas por el Juzgado. Propuso como excepciones la “falta de legitimación en la causa por pasiva”, la “falta de causa para demandar” y la “inexistencia de perjuicios”. - Fiscalía General de la Nación (fls. 231 a 342 C. 2) contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones. Alega que la actuación de la Fiscalía se surtió de conformidad con la Constitución Política y las disposiciones sustanciales y

procedimentales vigentes para la época de los hechos. Destaca que, de conformidad con los elementos de juicio que le sirvieron de fundamento, la medida de aseguramiento impuesta a José Jaime Castro Ramírez no fue injusta y no se configuró ninguna falla en el servicio imputable a la Fiscalía.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750Ext: 12056 FAX: 12094 Propuso como excepciones la “culpa exclusiva de la víctima”, la “inexistencia de la obligación o del derecho reclamado” y la “falta de causa para pedir”. 1.3. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Tribunal Administrativo del Caquetá (fls. 423 a 436 C. Consejo de Estado) declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad a que fue sometido el señor José Jaime Castro Ramírez en el periodo comprendido entre el 22 de julio de 1998 y el 28 de marzo de

2000. En consecuencia condenó a pagar por concepto de perjuicios morales a José Jaime Castro Ramírez y Alicia Ramírez de Castro 100 SMLMV para cada uno y a Jairo, Francisco Antonio y Hernando Castro Ramírez 50 SMLMV para cada uno.

Por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de José Jaime Castro Ramírez la suma de $18.246.620.oo. 1.4. LA IMPUGNACIÓN La Fiscalía General de la Nación (fls. 440 a 456 C. Consejo de Estado) reitera lo alegado al contestar la demanda. - La parte actora (fls. 468 a 475 C. Consejo de Estado). Cuestiona el quantum

indemnizatorio por concepto de perjuicios morales. Solicita se reconozcan perjuicios por daño a la vida de relación tanto para la víctima como para su grupo familiar.

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. PROBLEMA JURIDICO El problema jurídico consiste en determinar si en este caso es imputable responsabilidad patrimonial a las demandadas por la privación de la libertad que padeció el señor José Jaime Castro Ramírez y, de mantenerse la imputación de responsabilidad, precisar si procede indemnizar y cómo deberían tasarse los perjuicios que se reclaman.

2.2. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750Ext: 12056 FAX: 12094 El artículo 136-8 del Código Contencioso Administrativo señala el término de caducidad de las acciones ordinarias, entre ellas la de reparación directa, que caduca al vencimiento del plazo de 2 años. Tratándose de privación injusta de la libertad, de conformidad con el pacifico precedente jurisprudencial, el término se cuenta a partir de la ejecutoria de la providencia que libera de responsabilidad penal. Mediante proveído del 19 de julio de 2000 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia (Caquetá) confirmo la absolución de responsabilidad penal del señor José Jaime Castro Ramírez (fls. 205 a 215 C. 5) dada por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Florencia (Caquetá) en sentencia el 14 de marzo de 2000 (fls. 163 a

177 C. 5). La providencia se encuentra debidamente ejecutoriada (fl. 215 vto C. 5)1. Teniendo en cuenta que la demanda se presentó el 19 de diciembre de 2001 (fl. 7 C. 1), es evidente que la acción de reparación directa se ejerció dentro del término previsto por la ley. 2.3. PRECEDENTE La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó la jurisprudencia respecto de la responsabilidad de la administración en casos de privación injusta de la libertad mediante sentencia del 17 de octubre de 2013, expediente 23354, que en lo pertinente se transcribe: 2.3 Régimen de responsabilidad aplicable en materia de privación de la libertad de las personas sujetas a detención preventiva dentro de un proceso penal, a quienes posteriormente se exonera de responsabilidad mediante sentencia absolutoria o pronunciamiento equivalente. 2.3.1 La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la materia. […] La Sala, en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, no ha sostenido un criterio uniforme cuando se ha ocupado de interpretar y de establecer los alcances del mencionado artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 19912; en efecto, la jurisprudencia a este respecto se ha desarrollado en cuatro distintas direcciones, como en anteriores oportunidades se ha puesto de presente3. […] 1 21 de julio de 2000. 2 (Pie de página de la cita) El tenor literal del precepto en cuestión es el siguiente:

“Artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”. 3 (Pie de página de la cita) Sentencia del 4 de diciembre de 2006, exp. 13.168; sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. No. 15.463.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750Ext: 12056 FAX: 12094 En tercer término, tras reiterar el carácter injusto atribuido por la ley a aquellos casos enmarcados dentro de los tres mencionados supuestos expresamente previstos en el artículo 414 del hoy derogado Código de Procedimiento Penal, la Sala añadió la precisión de que el fundamento de la responsabilidad del Estado en tales tres eventos no derivaba de la antijuridicidad de la conducta del agente del Estado, sino de la antijuridicidad del daño sufrido por la víctima, en tanto que ésta no tiene la obligación jurídica de soportarlo4, de suerte que tal conclusión se adoptaría independientemente de la legalidad o ilegalidad de la decisión judicial o de la actuación estatal o de que la conducta del agente del Estado causante del daño hubiere sido dolosa o culposa5.

Finalmente y en un cuarto momento, la Sala amplió la posibilidad de declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente con base en un título objetivo de imputación, a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio in dubio pro reo, de manera tal que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que éste no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos –cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la respectiva medida de aseguramiento6. […] 2.3.2 La responsabilidad del Estado como consecuencia de la privación injusta de la libertad a la cual se somete a la persona cuya exoneración de responsabilidad penal se produce en aplicación del principio in dubio pro reo . Durante los últimos años la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha efectuado importantes desarrollos jurisprudenciales que evidencian una clara tendencia orientada a allanar el camino hacia la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad, en línea de principio, a supuestos en los cuales una persona se ve privada de la

libertad por orden de autoridad judicial dentro de un proceso penal y posteriormente resulta exonerada de responsabilidad dentro de dicho plenario, particularmente cuando la aludida exoneración encuentra sustento en la duda que debe ser resuelta en favor del sindicado; en ese sentido se pronunció la Sala en sentencia del 4 de diciembre de 2006, en la cual se expresó que aunque la medida de aseguramiento se hubiere proferido con estricto apego a las exigencias y requisitos establecidos en las normas vigentes, la posterior absolución del procesado determina que, salvo que se acredite la concurrencia de una causal eximente de responsabilidad como el hecho exclusivo y determinante de la víctima, ésta no tiene el deber jurídico de soportar los daños que la detención le irroga, “[Y] esa consideración no se modifica por el hecho de que la absolución se haya derivado de la aplicación del multicitado principio “in dubio pro reo”, pues la operatividad del mismo en el sub júdice no provee de justo título ex post a una privación de libertad por tan prolongado período, si el resultado del proceso, a su culminación y de cara a la situación del aquí demandante, continuó siendo la misma que ostentaba antes de ser detenido: no pudo desvirtuarse que se trataba de una persona inocente”7. […] b. En línea con lo anterior, para la Sala resulta palmario que la procedencia de la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de las personas con ocasión de la instrucción de un proceso penal, no requiere para su operatividad de la concurrencia necesaria de un error jurisdiccional o de un defectuoso

funcionamiento de la Administración de Justicia o de una determinada falla en el cumplimiento de las funciones a cargo del Estado. Y es que la exigencia de yerros, de fallas, de actuaciones 4 (Pie de página de la cita) Sentencia de 4 de abril de 2002, exp. 13.606. 5 (Pie de página de la cita) Sentencia del 27 de septiembre de 2000, exp. 11.601; sentencia del 25 de enero de 2001, exp. 11.413. 6 (Pie de página de la cita) Sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. 15.463. 7 (Pie de página de la cita) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006. Proceso: 25000-23-26-000-1994-09817-01, expediente: 13.168. Actor: Audy Hernando Forigua Panche y otros.

Demandado: Nación-Ministerio de Justicia.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750Ext: 12056 FAX: 12094 dolosas o gravemente culposas como presupuesto sine qua non exigible para que pueda configurarse la responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad, refleja cierta tendencia ─equivocada, por supuesto, en criterio de la Sala─ a confundir o entremezclar, indebidamente, los presupuestos de la responsabilidad patrimonial del Estado ─previstos en el inciso primero del artículo 90 constitucional─ con los de la responsabilidad personal de sus agentes ─consagrados en el inciso segundo ídem─, de suerte que con evidentes

inconsistencia conceptual y transgresión constitucional, se exige para la declaratoria de la responsabilidad del primero, aquello que realmente sólo cabe constatar como requisito insoslayable de cara a la deducción de responsabilidad de los segundos. […] h. En conclusión, si se atribuyen y se respetan en casos como el sub judice los alcances que en el sistema jurídico nacional corresponden tanto a la presunción constitucional de inocencia como al principio-valor-derecho fundamental a la libertad ─cuya privación cautelar está gobernada por el postulado de la excepcionalidad, según se ha expuesto─, resulta indiferente que el obrar de la Administración de Justicia al proferir la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva y luego absolver de responsabilidad penal al sindicado en aplicación del principio in dubio pro reo, haya sido un proceder ajustado o contrario a Derecho, en el cual resulte identificable, o no, una falla en el servicio, un error judicial o el obrar doloso o gravemente culposo del agente judicial, pues si la víctima no se encuentra en el deber jurídico de soportar el daño que le fue irrogado, devendrá en intrascendente –en todo sentido– que el proceso penal hubiere funcionado correctamente, pues lo cierto será, ante situaciones como la que se deja planteada, que la responsabilidad del Estado deberá declararse porque, aunque con el noble propósito de garantizar la efectividad de varios de los fines que informan el funcionamiento de la Administración de Justicia, se habrá irrogado un daño especial a un individuo. Y se habrá causado un daño especial a la persona preventivamente privada de su libertad y

posteriormente absuelta, en la medida en que mientras la causación de ese daño redundará en beneficio de la colectividad -interesada en el pronto, cumplido y eficaz funcionamiento de la Administración de Justicia, en la comparecencia de los sindicados a los correspondientes procesos penales, en la eficacia de las sentencias penales condenatorias─, sólo habrá afectado de manera perjudicial a quien se vio privado de su libertad, a aquélla persona en quien, infortunadamente, se concretó el carácter excepcional de la detención preventiva y, por tanto, dada semejante ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas, esa víctima tendrá derecho al restablecimiento que ampara, prevé y dispone el ordenamiento vigente, en los términos establecidos en el tantas veces aludido artículo 90 constitucional. (resalto y subrayo) 2.4. DEL DAÑO Y LA IMPUTACIÖN DE RESPONSABILIDAD 2.4.1. DEL DAÑO: La privación de la libertad Se encuentra demostrada la afectación de la libertad del señor José Jaime Castro Ramírez entre el 24 de julio de 1998 y el 28 de marzo de 2000. A folio 236 del cuaderno 1 obra certificación suscrita por el director del EPMSC de Florencia (Caquetá) donde consta que el señor José Jaime Castro Ramírez identificado con la CC N° 17. 646.795 estuvo recluido por el delito de tráfico, fabricación o tráfico de estupefacientes por orden de la Fiscalía Regional Delegada de Florencia del 24 de julio de 1998 al 28 de marzo de 2000, es decir, por el término de veinte (20) meses y cuatro

(4) días.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750Ext: 12056 FAX: 12094 2.4.2. DE LA CAUSA DEL DAÑO. Las decisiones en la actuación penal. Al proceso se aportaron copias de la actuación penal adelantada contra el señor Castro Ramírez, de las cuales destacamos lo siguiente: - Proveído del 11 de agosto de 1998 (fls. 48 a 54 C. 6) la Fiscalía Regional de Santafé de Bogotá – Unidad de Narcotráfico, resolvió la situación jurídica de José Jaime Castro Ramírez y otro, por infracción a la Ley 30 de 1986. - En proveído del 2 de marzo de 1999 (fls. 242 a 256 C. 6) la Fiscalía Regional de Santafé de Bogotá – Unidad de Narcotráfico, calificó el mérito del sumario profiriendo resolución de acusación en contra de José Jaime Castro Ramírez como presunto autor responsable de la conducta descrita en la Ley 30 de 1986. - Proveído del 14 de marzo de 2000 (fls. 163 a 177 C. 5) mediante el cual el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Florencia (Caquetá) absolvió al acusado José Jaime Castro Ramírez del cargo en su contra por infracción a la Ley 30 de 1986, argumentando lo siguiente: “La situación de JOSE JAIME CASTRO RAMIREZ resultó comprometida a raíz de la captura de éste cerca al sitio de los hechos, fundándola ante todo en lo expuesto por LILIA DEL SOCORRO ROJAS. Persona que

habitaba el Inmueble en el cual se encontró la base de cocaína, lo mismo que una gramera, elementos que habían sido escondidos debajo de un montón de leña. Se afirma en la Resolución acusatoria que la incriminación de CASTRO, obedeció a la información detallada e individualizadora suministrada por la ROJAS DE MANCIPE. No obstante, si se estudia .el testimonio de ésta, observamos que siempre dijo que no conocía a los hombres que se atravesaron por su casa, no menciona en la primera versión que hubieran dicho nada, tampoco hace alusión a la vestimenta y sobre los rasgos de éstos sólo cierta a decir que a uno pudo verlo por detrás que era moreno, con el pelo "aindiado" y éste no es CASTRO por cuanto sus rasgos no coinciden, pero además en la etapa del juicio y viendo las fotografías de los procesados tampoco los reconoce. Añade que una de las personas que se cruzaron por el patio hacia la calle, tenía un brazo sangrando, "no recuerdo cual brazo", pero también ésta señora sostiene que los individuos se cruzaron con la policía pues tan pronto salieron, llegaron los agentes. Ni siquiera supo que quienes escaparon estuvieran en sus predios, mucho menos estaba enterada de dónde provenían, no obstante haberse determinado que en efecto, la casa de CASTILLO o al menos donde vivía, era vecina de su propiedad pero separada con una tapia de 3 metros con vidrios en su parte superior. En cuanto a la herida que dicen presentaba JOSE JAIME CASTRO, éste reconoce que días antes se había accidentado y que todavía le supuraba un brazo, en efecto, en la indagatoria se deja constancia de las

cicatrices que presenta en los brazos y piernas, inclusive se menciona que presenta "una cicatriz en el dedo índice..." (fl.25) Del mismo modo a folio 87 del C.O. aparece la constancia expedida por la Clínica “El Doncello” donde se refieren las lesiones que presentaba CASTRO RAMIREZ. El Capitán Duarte al rendir testimonio

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750Ext: 12056 FAX: 12094 sostiene que le vio a CASTRO un dedo untado de mertiolate. Así entonces surge una duda razonable acerca de que la persona vista sangrando por Socorro Rojas, fuera el procesado CASTRO, puesto que tampoco fijé remitido a valoración médica como lo anota su defensor, amén de no haberse determinado lo relativo al color de la camiseta, pues como antes se vio, la señora de Mancipe, en ningún momento se refiere a que alguno de los sujetos que salieron por su casa, vistiera ese Upo de prenda o de tal color, considerando además que éste sostuvo que el buzo que tenía era amarillo y en cuanto a las fotografías mencionadas por el Oficial, no fueron allegadas al proceso. JOSE JAIME CASTRO ha argumentado desde su vinculación al proceso, que la moto que conducía se le varó en barrio "El cedral", se dirigió a comprar una bujía y al regresar fue detenido, por estar presuntamente comprometido en los hechos por los cuales se detenía a CASTILLO. Alega el procesado que la moto se le quedó varada como a siete metros de la casa en que estaba la policía, el Capitán Duarte, confirma que

CASTRO llevabauna bujía nueva para cambiársela a la moto. Hay que reconocer como lo alega la defensa que del contexto de la declaración del Oficial tantas veces mencionado, no surge una Incriminación contundente o explícita contra CASTRO, y esto no puede ser diferente puesto que se refiere a una serie de acontecimientos indicia ríos que como hemos visto, no pudieron ser robustecidos en la investigación por las fallas evidentes que acusa. Además de la ausencia de reconocer o señalar Lilia Socorro a CASTRO RAMIREZ, que fue la única persona que vio a los dos individuos que se presume ocultaron la droga en su casa, teniendo tiempo inclusive de esconderla debajo de un montón de leña, indicativo de la ausencia de afanes, como uno de aquellos, quedando en entredicho la existencia de una herida que sangraba, diferente a la recibida en el accidente sufrido días atrás, tampoco hay evidencia acerca del lugar en que fue hallada la moto, luego hay que dar credibilidad al procesado, máxime cuando se confirmó lo relacionado con la bujía destinada según se dice a desvarar la moto. También es cierto que en poder de CASTRO RAMIREZ no se halló ninguna porción de la droga, ni evidencias de que hubiera estado manipulando tal sustancia, que como es bien sabido siempre deja un olor característico aún en las prendas de quienes la manejan. Si se atiende a la hipótesis de estar dedicados a pesar la sustancia. Al igual que en la situación de CASTILLO ALVAREZ, la prueba recogida no reporta la certeza de la responsabilidad de CASTRO RAMIREZ como participe en el ilícito materia de éste proceso, pues las inconsistencias derivadas de las fallas protuberantes de la investigación, solo demuestran la existencia de

duda probatoria acerca de la responsabilidad de éste encausado y que por disposición del art. 445 del Estatuto Procesal, debe ser absuelta en favor del encartado. Luego entonces deberá proferirse Fallo absolutorio en favor del procesado JOSE JAIME CASTRO RAMIREZ. - Proveído del 19 de julio de 2000 (fls. 205 a 215 C. 5) mediante el cual la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia (Caquetá) confirmó la sentencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Florencia (Caquetá) el 14 de marzo de 2000, señalando lo siguiente: “Del análisis sobre el origen de la investigación se tiene que a Julio César Castillo Álvarez y José Jaime Castro Ramírez se les vinculó con el hallazgo de 8 paquetes con 31.900 gramos de base de cocaína que fuera encontrada en el interior de la residencia de la señora Lilia Socorro Rojas de Mancipe, ubicada en el municipio de El Doncello Caquetá, descubrimiento que se realizó tras las huellas que habían quedado impregnadas en el suelo de la residencia del señor Castillo; no obstante lo anterior el Juez Especializado estimó que este solo elemento no permitía inferir responsabilidad, toda vez que acepta la posición defensiva de los imputados, en el total desconocimiento de los hechos, aduciendo además que en su residencia no fueron encontradas las bolsas que hace referencia el informe, circunstancia que determinó al juez de instancia en un expreso reconocimiento a la duda. Al respecto se tiene que según el informe policivo el origen del allanamiento obedeció al marcado olor de base de cocaína que se originaba desde el vehículo Nissan Patrol el cual se hallaba

parqueado junto a dos motocicletas en la parte externa de la vivienda de Julio César Castillo, razón por la cual hace la presencia la Fiscalía y personal de la Policía y encuentran en la puerta delantera derecha del vehículo residuos presuntamente de base de coca, en el interior del inmueble se halló esparcidas 4 bolsas plásticas con idéntico residuos y escasa cantidad de la misma en el piso de la vivienda, señalando un camino hacia el patio que conduce con el solar de una casa vecina, procediendo inmediatamente la Fiscalía a decretar el allanamiento a esa vivienda

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750Ext: 12056 FAX: 12094 identificada con el número 8-83 habitada por Lilia Socorro Rojas, encontrando bajo unos palos una caja de cartón con 8 bolsas plásticas y una gramera. Como se puede apreciar el vínculo de Julio César Castillo al hecho se derivó del olor característico a base de coca del interior de su vehículo, las bolsas plásticas con residuos de la misma en su vivienda y las huellas impregnadas en el suelo que dieron pistas para extender el operativo hacia la vivienda lindante donde habita Libia Socorro Rojas, operación que culminó con el hallazgo de 31.900 gramos de base de cocaína, pero estas pruebas que aduce el informe policivo que fueran halladas dentro de la vivienda del imputado no fueron aportadas al investigativo para que sirvieran de pieza fundamental para endilgar su responsabilidad; ahora dentro de la vivienda de Julio César

Castillo no se halló sustancia alucinógena alguna que permita enrostrarle al implicado la comercialización o transporte de la misma; tampoco se logró establecer la supuesta caleta al interior del vehículo, pues tal como lo afirmó el procesado, esta clase de vehículos tiene ciertas cavidades de fábrica, hecho este que al no constatarse la veracidad de la caleta mal podría deducirse circunstancia que agrave su responsabilidad. Razón le asiste al a quo al determinar la presencia de la duda razonable posición que avala la Sala, si se observa con detenimiento que si bien el proceso posee serios indicios estos no son suficientes para concluir con la certeza que se exige para dictar sentencia condenatoria, pues es indispensable la presencia de la certeza del hecho punible y de la responsabilidad del acusado y si bien el primer elemento se halla acreditado, también se encuentra demostra