PGN - REPARACION DIRECTA - Daño antijurídico con ocasión privación injusta de la libertad

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO REPARACION DIRECTA-Daño antijurídico con ocasión privación injusta de la libertad RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Por privación injusta de la libertad RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Cláusula general de responsabilidad La responsabilidad extracontractual del Estado encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política, cláusula general de la responsabilidad, determinando que el Estado será responsable por los daños antijurídicos que le sean imputables, los cuales deben ser causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. FALLA EN EL SERVICIO-Por privación injusta de la libertad Este Procurador Delegado, encuentra que efectivamente con la privación de la libertad del señor …, se presentó una falla en el servicio, bajo el régimen objetivo, al detener y privar del derecho de locomoción del actor, sin tener las pruebas pertinentes para decretar esta medida, tal como lo exige el artículo 232 del C.P.P; toda vez que la privación se realizó sin tener al menos dos indicios de responsabilidad atribuibles al sindicado que indiquen que haya sido el autor del delito imputado. CARGA DE LA PRUEBA-A las partes les corresponde asumirla es decir probar los supuestos de hecho que pretenden demostrar OBLIGACION DE SOPORTAR LAS CARGAS PUBLICAS-En materia de detención preventiva según jurisprudencia del consejo de estado Por consiguiente, mal puede afirmarse que experimentar la pérdida de un ingrediente fundamental para la realización de todo proyecto de vida, puede considerarse como

una carga pública normal, inherente al hecho de vivir dentro de una comunidad jurídicamente organizada y a la circunstancia de ser un sujeto solidario, por lo cual carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de las funciones de las autoridades públicas. PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO-Las pruebas no generan certeza requerida para efectuar imputación Es por lo anterior, que esta Delegada del Ministerio Público, como representante de la sociedad y protectora de sus derechos fundamentales, considera que en los casos de Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co SCPK

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( Exp. No. 60441) 190012300000-2011-00314-01 investigaciones penales, los administradores de justicia, antes de decretar una medida de aseguramiento que afecte el derecho de la libertad de un ciudadano, y por ende, su derecho a presumirse inocente, deben tener alguna certeza de la existencia de reales indicios de responsabilidad o pruebas suficientes y precisas sobre el actuar doloso o culposo del imputado a fin de no conculcar derechos fundamentales de las personas, no sobre especulaciones o conjeturas que confunden con los indicios. DERECHO A LA LIBERTAD INDIVIDUAL-Se erige como uno de los pilares

fundamentales del ordenamiento jurídico Así, la Garantía de la Libertad Individual, se erige como uno de los pilares fundamentales del ordenamiento jurídico, a tal punto que prevalece, al ponderarse con otros fines del Estado, como es los fines que persigue la persecución de la posible infracción de la ley penal. …Por lo tanto, la restricción de la libertad de un individuo, con la finalidad de cumplir otros fines del Estado, como es asegurar la comparecencia a juicio del presunto infractor de la ley penal, impone al Estado la máxima precaución y el deber de asumir su responsabilidad con rigurosidad, toda vez que está restringiendo un derecho del orden fundamental, para propender por un fin que en muchos casos, aunque no en todos, puede resultar de menor jerarquía. CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA–La causante del daño antijurídico exime de responsabilidad al Estado Esta Delegada considera que no existió culpa de la víctima en la investigación realizada, por cuanto no existió conducta que se pudiera imputar a … en la medida en que los hechos denunciados penalmente no fueron demostrados, en razón a que no se probó en debida forma que el directo afectado hubiese incurrido en conducta culposa o dolosa de la que se pueda desprender algún grado de culpa por parte de la víctima que implicará que debía soportar una investigación. CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA-Definición jurisprudencia del Consejo de Estado 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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( Exp. No. 60441) 190012300000-2011-00314-01

CONCEPTO No. 061 /2018

Bogotá D.C., 30 de abril de 2018.

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A”

Consejera Ponente

Doctora MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

E. S. D.

EXPEDIENTE: 190012300000-2011-00314-01 (60441)

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

ACTOR: JOSE FERNEY PARDO VARGAS Y OTROS

ACCIONADO: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y

RAMA JUDICIAL.

Sentido del concepto: solicitud de CONFIRMAR la sentencia recurrida. Se configuró el daño antijurídico / Se acreditaron los elementos de la responsabilidad administrativa, causados por la privación injusta, la preclusión se debió a escaso material probatorio / Se declaró ilegal la captura/ La Fiscalía como ente investigador NO estableció el grado de certeza, si el hecho investigado realmente ocurrió, si se encuentra tipificado en la ley penal, y quién es el autor o partícipe del mismo / Análisis de si existió culpa exclusiva de la víctima/ No se pudo desvirtuar la inocencia del actor, por parte del ente acusador.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, en ejercicio de la función de la Procuraduría General de la Nación, de vigilancia del cumplimiento del orden jurídico, protección del patrimonio público, y de

los derechos y las garantías fundamentales. Para lo anterior, presenta ante la Sala, los siguientes elementos:

I. ANTECEDENTES

1.1. Objeto del litigio: 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co SCPK

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( Exp. No. 60441) 190012300000-2011-00314-01 El señor JOSE FERNEY PARDO VARGAS, en calidad de directo perjudicado y otros, mediante apoderado judicial, presentaron demanda de reparación directa de que trata el artículo 86 del C.C.A., contra la Nación, Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial, para que se les declare responsables por los daños morales y materiales que les causó la privación injusta de la libertad del señor JOSE FERNEY PARDO VARGAS, pues fue privado de su libertad, desde el 5 de febrero hasta el 4 de marzo de 2009, es decir por un lapso de veintiocho (28) días, por miembros del Gaula Neiva. Narra brevemente la demanda que el señor JOSE FERNEY PARDO VARGAS, el 5 de febrero de 2009 fue vinculado a proceso penal, siendo capturado por miembros del Gaula Neiva, al día siguiente se realizó en audiencia concentrada: legalización de la captura, imputación por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir, frente a los cuales no aceptó los cargos.

El ente acusador organizó entonces, el programa metodológico para ordenar pruebas y elementos de juicio para demostrar y corroborar lo manifestado en interrogatorio de parte por el señor JOSE FERNEY PARDO VARGAS, quien siempre se mostró inocente a los cargos formulados en el proceso adicionalmente se recibieron testimonios juramentados, los cuales sirvieron para dejar claridad del comportamiento y conducta del señor PARDO VARGAS. Finalmente el 17 de junio de 2009, el Juzgado Promiscuo Municipal de Páez Belalcázar con funciones de Conocimiento profirió resolución de Preclusión de la Investigación a favor del señor JOSE FERNEY PARDO VARGAS, demostrándose su inocencia frente al delito endilgado y por el cual fue investigado y capturado, causando un daño antijurídico y una evidente falla en el servicio, no solo a la víctima directa, si no a su familia. 1.2. Sentencia de primera instancia: 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co SCPK

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( Exp. No. 60441) 190012300000-2011-00314-01 El Tribunal Administrativo del Cauca, Sala Primera de Decisión, mediante sentencia del 16 de febrero de 20171, accedió a las suplicas de la demanda declarando patrimonial y administrativamente responsables en forma solidaria a la Nación –

Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial, con base en el siguiente análisis:  El aquo encontró probada la privación de la libertad del señor José Ferney Pardo Vargas, fue capturado el 5 de febrero de 2009, como se observa en la solicitud de audiencia preliminar, presentada por el Fiscal Local al Juez Promiscuo Municipal de Inzá, hasta el 4 de marzo de 2009, por lo cual se halla probado el daño causado al actor.  Procedió a analizar si el daño resulta imputable jurídicamente a las entidades demandadas, evidenciando que el señor José Ferney Pardo Vargas, fue capturado “supuestamente” en flagrancia cometiendo el delito de extorsión agravada, por solicitud de la Fiscalía 001 Local y Páez, el Juzgado Promiscuo Municipal de Inzá Cauca con funciones de control de garantías, imponiéndole al actor medida de aseguramiento consistente en detención preventiva intramural.  Evidenció que la Fiscalía 001 Local de Inzá y Páez presentó ante el Juez de conocimiento solicitud de preclusión, con fundamento en la causal de “imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal”, por lo cual, el 3 de marzo de 2009, el Juzgado Promiscuo Municipal del Circuito de Silvia en audiencia se declaró ilegal la captura y se ordenó la libertad; posteriormente, el 17 de junio de 2009 el Juzgado Promiscuo Municipal de Páez Belalcázar con funciones de Conocimiento, profirió resolución de Preclusión a favor del señor José Ferney Pardo Vargas.

 Destacó que la Rama Judicial, por medio del Juez de Control de garantías, fue quien dispuso la privación de la libertad del señor José Ferney Pardo Vargas, el 6 de febrero de 2009 hasta el 4 de marzo de 2009 y finalmente en audiencia del 17 de junio de 2009 ordenar la preclusión de la investigación a petición de la 1 A folio 256 a 272 del cuaderno del Consejo de Estado 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co SCPK

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( Exp. No. 60441) 190012300000-2011-00314-01 Fiscalía.  Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de primera instancia falla: “PRIMERO: DECLARAR de oficio la falta de legitimación en la causa material por activa de los señores JUAN ALBERTO PARDO, LETICIA VARGAS ESCOBAR,

NANCY MILENA PARDO VARGAS, DAMIAN ALBERTO PARDO VARGAS JUAN

ALBERTO PARDO, LETICIA VARGAS ESCOBAR, NANCY MILENA PARDO

VARGAS, DAMIAN ALBERTO PARDO VARGAS y LUZ ERMILA RIVERA CAMPO.

SEGUNDO: DECLARAR a la NACION – RAMA JUDICIAL y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN patrimonial y administrativamente responsables en forma solidaria de

la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor JOSE FERNEY PARDO VARGAS, durante el periodo comprendido entre el cinco (5) de febrero y el cuatro (4) de marzo de dos mil nueve (2009) dentro del proceso adelantado en su contra por el delito de extorsión.

TERCERO: como consecuencia de la declaración anterior, CONDENAR a la NACION – RAMA JUDICIAL y a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar las

siguientes sumas:

DEMANDANTE CALIDAD INDEMNIZACIÓN

JOSÉ FERNEY PARDO VICTIMA DIRECTA 15SMLMV

VARGAS

DIANA MARCELA PARDO HIJA DE LA VICTIMA 15SMLMV RIVERA A favor de JOSE FERNEY PARDO VARGAS la suma de OCHOCIENTOS

CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($851.450). 1.2. Argumentos de la apelación. 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co SCPK

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( Exp. No. 60441) 190012300000-2011-00314-01 1.2.1. A través de su apoderada, la Fiscalía General de la Nación, interpuso recurso de apelación, visible a folios 276 al 281 del cuaderno del Consejo de Estado, en contra de la providencia de primera instancia por las siguientes razones:

 Manifestó que el señor PARDO recibió la llamada en su celular por parte del señor JHONY HELBERT VALDERRAMA PERDOMO, señalándole que el dinero exigido (producto de la extorsión) ya estaba consignado en su cuenta, por lo que al día siguiente el señor PARDO VARGAS, se dirigió al Banco Agrario de Inzá a reclamar los dos millones de pesos, y al no encontrarlos realizó una llamada, cuelga y recibe una llamada de su interlocutor el cual le dice que solamente consignaron dos mil pesos.  Observó la Fiscalía que el señor PARDO VARGAS, tenía pleno conocimiento de la consignación que se le iba a realizar a su cuenta bancaria personal, por lo que se dirigió al banco a reclamarla en razón que el ciudadano extorsionado le manifestó que el dinero se encontraba consignado.  Por lo anterior, la entidad aquí demandada, aseguró que al momento de formular la imputación y solicitar la medida de aseguramiento, contaba con los elementos probatorios que le permitieron vislumbrar la posible responsabilidad del sindicado, por lo cual las decisiones adoptadas por la entidad, resultaban procedentes.  Señaló que de acuerdo con la denuncia penal, formulada por el señor JHONY, que alias “FERNANDO”, le dijo que en adelante se entendiera con el señor PARDO VARGAS para la entrega del dinero, para lo cual le facilitó número de cédula y cuenta bancaria, con el fin de poder realizar la correspondiente consignación, existiendo rasgos de veracidad en el relato del denunciante.  Por otro lado, consideró que la detención de PARDO VARGAS, estuvo rodeada de

elementos ciertos, como el dirigirse a retirar de su cuenta el dinero señalado, luego de recibir la confirmación por parte de la víctima de la extorsión, llamar a un número para indicar que no se consignó la cantidad acordada, constituyéndose elementos 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co SCPK

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( Exp. No. 60441) 190012300000-2011-00314-01 probatorios suficientes para solicitar al juez la medida restrictiva, por lo cual fue capturado en el lugar de los hechos retirando de su cuenta personal la cantidad de dinero mencionada por el denunciante.  Concluyó que no existe prueba de irregularidad alguna que permita indicar que el operador judicial escogió el camino facilista y genérico de señalar que era viable, conforme los elementos expuestos por la entidad demandada, en el momento de la solicitud.  Finalmente expuso, que los funcionarios actuaron de conformidad con el bloque de legalidad encontrando que en el caso concreto, se reunían los requisitos formales, sustanciales y necesarios, por lo cual aseguran que la privación de la libertad se ajustó a las previsiones normativas que regulan la figura.  Dentro de los serios elementos que tuvo la entidad demandada para vincular al señor JOSE FERNEY PARDO VARGAS, señaló: 1°) Se estaba en presencia de una conducta punible. Esto implica subsunción de

los hechos en la norma penal. Circunstancias que estaban dadas en el presente caso, pues como quedó anotado con anterioridad, el Código Penal prohíbe los actos de “EXTORSIÓN”. 2°) Había flagrancia. La captura del implicado ocurrió en las circunstancias descritas en el artículo 301 de la Ley 906 de 2004, esto es la existencia de nexo de causalidad entre la afectación al bien jurídico y el comportamiento realizado por aquel. En este caso el fiscal determinó con precisión que la evidencia allegada, el informe policivo, daba cuenta de la calidad de autor o partícipe del señor PARDO VARGAS, en la conducta descrita. 3°) Naturaleza del delito. La policía retuvo al señor PARDO VARGAS, por estar retirando de su cuenta bancaria personal, el dinero producto de una extorsión y al no encontrar la cantidad que esperaba realizó las correspondientes llamadas telefónicas tendientes a la consecuente reclamación.  En este orden de ideas, indicó que el daño que pudo sufrir el señor PARDO VARGAS al ordenarse su detención, no tenía la categoría de antijurídico y en este caso se encontraba en el deber de soportar las consecuencias de la actividad judicial, como quiera que existían indicios graves de responsabilidad en su contra, 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co SCPK

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( Exp. No. 60441) 190012300000-2011-00314-01 adicionalmente al funcionario judicial se le otorga autonomía y una libertad para interpretar y valorar los hechos y las pruebas que se someten a su conocimiento. I.2.2. A través de su apoderada, la Rama Judicial, interpuso recurso de apelación, visible a folios 284 al 293 del cuaderno del Consejo de Estado, en contra de la providencia de primera instancia por las siguientes razones:  Manifestó que el juez es quien toma la decisión y lo hace basándose en la realidad procesal, presentada por la Fiscalía y controvertida de la apelación el cual se desató conforme a derecho, por lo tanto la privación de la libertad del aquí accionante se torna en una carga que debía soportar. Pues si bien es cierto por medio de un recurso el señor PARDO VARGAS, recobró su libertad, el juez de primera instancia encontró configurados los requisitos o elementos necesarios para la imposición de la misma, por lo cual se respalda la decisión del Juez de Control y Garantías.  En este caso, la Fiscalía solicitó la imposición de medida de aseguramiento y llevó al pleno convencimiento al juez, de que esa medida era necesaria, teniendo en cuenta que el delito por el cual se iniciaba la investigación es grave ya que atenta contra la seguridad de la sociedad, adicionalmente se contaban con los elementos materiales de prueba que permitieron inferir razonablemente su autoría o participación del señor JOSE FERNEY PARDO VARGAS, en los hechos delictivos investigados.  Expuso que se debe tener en cuenta que la Corte Suprema de Justicia, ha

manifestado que la medida de aseguramiento no tienen un fin sancionatorio sino de carácter preventivo, para evitar que los implicados evadan la acción de la justicia y hagan más daño a sus víctimas.  Así las cosas concluyó que la decisión judicial de privar de la libertad al hoy demandante estuvo basada en los hechos y pruebas aportadas con la solicitud 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co SCPK

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( Exp. No. 60441) 190012300000-2011-00314-01 de imposición de la medida de aseguramiento hecha por la Fiscalía General de la Nación, que crearon en el Juez la convicción de la necesidad de proferir dicha medida de aseguramiento, por lo tanto se concluye que los hechos en que se funda la demanda no constituyen error judicial ni privación injusta de la libertad atribuible a la NaciónRama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos a resolver en el presente asunto.

Pueden ser expresados de la siguiente manera: 2.1.2. Problemas jurídicos planteados por parte de la demandada Fiscalía General de la Nación:  ¿Es posible declarar responsable administrativamente a la Fiscalía General de la

Nación, por los perjuicios causados a los demandantes con ocasión de la privación de la libertad de que fue objeto el señor JOSE FERNEY PARDO VARGAS, por el delito de extorsión, desde el 5 de febrero de 2009 hasta el 4 de marzo de 2009, es decir por un lapso de veintiocho (28) días, por causa de la investigación penal por órdenes de la Fiscalía 001 Local Inzá y Páez, decretada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Páez con funciones de conocimiento en audiencia realizada el 17 de junio de 2009?  ¿La privación de la libertad del señor JOSE FERNEY PARDO VARGAS, fue justa y por ello la Nación – Fiscalía General de la Nación no debe ser declarada responsable administrativamente y condenada a indemnizar los perjuicios reclamados por la parte actora? 2.1.2. Problemas jurídicos planteados por parte de la demandada NaciónRama Judicial. 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co SCPK

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( Exp. No. 60441) 190012300000-2011-00314-01  ¿ Existe responsabilidad Administrativa por parte de la Nación Rama Judicial, por tomar la decisión de privar de la libertad al señor JOSE FERNEY PARDO VARGAS, aun cuando estuvo basada en los hechos y pruebas aportadas por solicitud de la imposición de la medida de aseguramiento hecha por la Fiscalía

General de la Nación?  ¿Los hechos narrados en la demanda, no constituyen error judicial, ni falla en el servicio por privación injusta de la libertad, atribuidos a la Rama Judicial, toda vez que esta entidad no ostenta el ejercicio de la acción penal del Estado? 2.1.3. Problemas jurídicos planteados por parte del Ministerio Público.  ¿En el presente proceso penal bajo estudio, no se presentó falla en el servicio por parte de la Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial, encargada del proceso penal del caso Sub lite toda vez que las pruebas recaudadas y usadas para imponer la medida de aseguramiento no resultaron ser débiles e imprecisas?  ¿Debe el Estado Colombiano indemnizar al señor JOSE FERNEY PARDO VARGAS, con ocasión de la privado de la libertad, por un lapso de veintiocho (28) días, atribuibles a la Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial?  ¿En el presente proceso bajo estudió, se estructuraron los factores determinantes para establecer que se presentó culpa exclusiva de la víctima?  ¿El ente acusador logro demostrar la culpabilidad del señor JOSE FERNEY PARDO VARGAS? 2.2. Marco teórico. Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público: 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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( Exp. No. 60441) 190012300000-2011-00314-01 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad. La responsabilidad extracontractual del Estado encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política, cláusula general de la responsabilidad, determinando que el Estado será responsable por los daños antijurídicos que le sean imputables, los cuales deben ser causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Así mismo, el Consejo de Estado, en pronunciamientos recientes ha explicado que “los elementos que sirven de fundamento a la responsabilidad son esencialmente el daño antijurídico y su imputación a la administración entendiendo por tal, el componente que permite atribuir jurídicamente un daño a un sujeto determinado”2. En desarrollo de la anterior norma, para el caso concreto de los daños antijurídicos ocasionados por privación injusta de la libertad, el art. 68 de la Ley 270 de 1996, consagró: “(…) ARTÍCULO 68. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios. (…)” La Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada, a partir de la interpretación y alcance del artículo 90 de la Constitución Política, el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 –Código de Procedimiento Penaly de la Ley 270 de 1996, puntualizando cada uno de los casos en

que se puede declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva ampliando también la posibilidad de indemnizar los perjuicios causados: “(…) por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal in dubio pro reo, por manera que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de 2 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 10 de septiembre de 2014. Expediente: 29939. 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co SCPK

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( Exp. No. 60441) 190012300000-2011-00314-01 las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso al reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que éste no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos, cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera en su contra, la medida de detención preventiva3. (…)”

2.2.2. Carga probatoria. En ese orden de ideas, tal y como señala el Código General del Proceso Art. 167 y concordantes, la carga probatoria incumbe al interesado, por ende, le corresponde al demandante demostrar en forma plena y completa los actos y hechos jurídicos alegados, ya que ninguna de las partes goza en el proceso colombiano de un privilegio especial que permita tener por ciertos los hechos simplemente enunciados en su escrito, sino que cada una de ellas deberá acreditar sus propias afirmaciones. Frente a lo cual ha dicho el Consejo de Estado: "Al respecto, no debe olvidarse que la carga de la prueba es una regla de nuestro derecho probatorio consagrada en el artículo 177 del C. de P. Civil, de acuerdo con el cual "Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen... "; dicho en otras palabras: para lograr que el juez dirima una controversia de manera favorable a las pretensiones, le corresponde al demandante demostrar en forma plena y completa los actos o hechos jurídicos de donde procede el derecho o nace la obligación, máxime si ninguna de las partes goza en el proceso colombiano de un privilegio especial que permita tener por ciertos los hechos simplemente enunciados en su escrito, sino que cada una de ellas deberá acreditar sus propias aseveraciones. Cabe recordar que la carga de la prueba consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes la responsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las pretensiones o a la defensa resulten probados; en este sentido, en relación con los

intereses de la parte demandante, debe anotarse que quien presenta la demanda, sabe de antemano cuáles hechos le interesa que aparezcan demostrados en el proceso y, por tanto, sabe de la necesidad de que así sea, más aun tratándose del sustento mismo de la demanda y de los derechos que solicita sean reconocidos.”4 “Cuando se imputa responsabilidad al Estado en virtud de una falla del servicio, que es aquella que se presenta cuando el servicio no funciona, o funciona mal o tardíamente, por el incumplimiento de deberes y obligaciones por parte de las 3 Consejo de Estado. Sentencia del 28 de agosto de 2014. Expediente: 680012331000200202548 01 (36.149) 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de mayo de 2016, Exp: 38044, M.P. Hernán Andrade Rincón. 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co SCPK

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( Exp. No. 60441) 190012300000-2011-00314-01 autoridades y de tal circunstancia se derivan daños a terceros, se debe probar la existencia de la falla propiamente dicha, el daño antijurídico sufrido por la víctima, es decir aquel que jurídicamente no está obligada a soportar y el nexo de causalidad

entre estos dos, es decir que fue ese erróneo e ilegal comportamiento estatal, el que produjo el daño. Esto significa que recae en el demandante la carga de la prueba, en virtud de la cual le corresponde acreditar dichos extremos de la falla. Y al respecto, resulta necesario recordar en relación con esta carga, que la misma consiste en que quien afirma un hecho debe probarlo, porque de lo contrario, le corresponde asumir las consecuencias de que dicho hecho no haya sido debidamente acreditado5” (subrayado fuera de texto). 2.2.3. La obligación de soportar las cargas públicas, en materia de detención preventiva. En la Sentencia del 4 de Diciembre de 2006, expediente 13.168, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Consejero Ponente Doctor Mauricio Fajardo Gómez, sobre este tema, se indicó que “a los ciudadanos