PGN - REPARACION DIRECTA - Daños ocasionados por desbordamiento del canal del dique a la a

REPARACION DIRECTA-Daños ocasionados por desbordamiento del Canal del Dique a la altura del municipio de Santa Lucía FALLA DEL SERVICIO-Configuración en los fenómenos naturales En resumen, en estos eventos, la falla del servicio ocurre cuando la entidad competente omite el cumplimiento del contenido obligacional a su cargo RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Elementos estructurales de la responsabilidad civil extracontractual Es pacífico el precedente de la Sección Tercera del Consejo de Estado en señalar que para que se pueda declarar la responsabilidad extracontractual del Estado, el juez debe verificar la existencia de tres elementos, a saber: i) la existencia de un daño antijurídico; ii) la imputación del daño a la acción u omisión de la autoridad pública; y iii) el nexo de causalidad existente entre el daño y la imputación. FUERZA MAYOR-Como eximente de responsabilidad La fuerza mayor presupone tres condiciones, a saber: i) la exterioridad; ii) la imprevisibilidad; y iii) la irresistibilidad, respecto de la actividad, suceso o servicio que causó el daño FUERZA MAYOR-Definición jurisprudencial/FUERZA MAYORConfiguración La fuerza mayor es un fenómeno que ha sido definido por la doctrina y la jurisprudencia, con base en las circunstancias de haber sido imprevisto e irresistible el hecho. El primero (lo imprevisible), consiste en que el hecho invocado como fuerza mayor o caso fortuito, corresponde a un suceso que escapa a las previsiones normales, es decir, cuando no existe razón especial para pensar que se produciría el acontecimiento dañino, y una mera posibilidad de realización del daño no puede

bastar para excluir la imprevisibilidad La irresistibilidad radica en que ante las medidas adoptadas, le fue imposible al deudor evitar que el hecho se presentara, por escapar por entero a su control. Por ello, la existencia o no del hecho alegado como fuerza mayor, depende necesariamente de las circunstancias de si el deudor empleó o no la diligencia y cuidado debidos para prever ese hecho o para evitarlo, si fuere previsible. En síntesis, para poder argumentar la fuerza mayor, el efecto del fenómeno no sólo debe ser irresistible sino también imprevisible, y no serle imputable desde ningún ámbito al agente del Estado. …De conformidad con las normas citadas, con la jurisprudencia invocada, con las pruebas allegadas y practicadas, y con las consideraciones y reflexiones 1

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Carrera 5ª No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Pbx. 5878750 Exts.12076-12080 08001-23-33-31-005-2012-00372-01 N° Interno 61190 5aCdeE/AMV/AMRA IUS-E-614030-2018 consignadas en este concepto, para esta Procuraduría Delegada no se generó un daño antijurídico, pues se configuró el eximente de responsabilidad de fuerza mayor, puesto que las entidades competentes estaban en incapacidad de prever las consecuencias nocivas del fenómeno natural de la niña y evitar los daños ocasionados. 2

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PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C., 12 de diciembre de 2018 Doctor

RAMIRO PAZOS GUERRERO

Consejero Ponente– Sección Tercera – Subsección “B”

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Referencia: Concepto 165-18

Acción: Reparación Directa.

Radicado: 08001-23-33-31-005-2012-00372-01

N° Interno 61190

Actor: Maria Antonia Monterrosa de Hemer y otros Demandado: Nación – Ministerio de Transporte, departamento del Atlántico, Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena –CormagdalenaCorporación Autónoma Regional del Atlántico –CRAMunicipios de Santa Lucía, Campo de la

Cruz, Manatí, Candelaria, Suan, y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Honorable Señor Consejero, Estando en el término del traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto dentro del proceso de la 3

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Carrera 5ª No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Pbx. 5878750 Exts.12076-12080 08001-23-33-31-005-2012-00372-01 N° Interno 61190 5aCdeE/AMV/AMRA IUS-E-614030-2018 referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo

de Estado en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, quien solicitó la revocatoria de la sentencia, para cuyo efecto se expone: ANTECEDENTES La Demanda En ejercicio de la acción de reparación directa, por intermedio de apoderado judicial, Maria Antonia Monterrosa de Hemer, Farid Bojanini Romero, Katia Helena Bojanini Romero, Alexis Cervantes Sanjuanelo, Robinson Rodríguez Cortes, Jalil Elias Yance Hemer, Gonzalo Monterrosa Rago, José Martín Tatis Mosquera y la Asociación de Productores de Leche del Sur del Departamento del Atlántico, - APROLESURformularon demanda el 10 de diciembre de 2012, en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Transporte, el departamento del Atlántico, la Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena –Cormagdalena1-, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico -CRA2 -, y los Municipios de Santa Lucía, Campo de la Cruz, Manatí, Candelaria y Suan (departamento del Atlántico) y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia del desbordamiento del Canal del Dique a la altura del municipio de Santa Lucía el 30 de noviembre de 2010. Contestación Departamento del Atlántico 1 En adelante Cormagdalena 2 En adelante CRA 4

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En su escrito negó las pretensiones de la demanda. Manifestó que con anterioridad a la catástrofe adelantó obras y tareas encaminadas a evitar la inundación presentada. Informó que existen estudios científicos e informes que señalaron que los niveles de lluvia superarían cualquier registro histórico que hasta el momento se hubiera registrado. Agregó que por más que se realizaran obras, era imposible evitar la tragedia. Advirtió que los perjuicios que son objeto de la presente demanda son producto de un fenómeno calificable como imprevisible, irresistible e insuperable, como lo fue en su momento el fenómeno meteorológico de la Niña. Ministerio de Transporte En su contestación se opuso a las pretensiones e indicó que el rompimiento del canal del Dique es atribuible a un fenómeno natural que no se pudo evitar, como tampoco prever. Alegó que se trató de un hecho de fuerza mayor. Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena Se opuso a las pretensiones de la demanda, y afirmó que no hay lugar a la responsabilidad del Estado en la ocurrencia de los hechos, los cuales tuvieron origen en un fenómeno natural que se presentó de manera extraordinaria. Propuso como excepción fuerza mayor y falta de legitimación en la causa por pasiva. Corporación Autónoma Regional del Atlántico 5

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Expuso en su escrito que en el caso concreto se presentó una circunstancia de fuerza mayor de conformidad con lo señalado por el Código Civil, lo cual configuró un eximente de responsabilidad. Advirtió que el fenómeno meteorológico de la Niña fue un hecho imprevisible e irresistible. Informó que el Ministerio de Hacienda ha venido asumiendo su deber de solidaridad y protección con las personas damnificadas. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Se opuso a las pretensiones y propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva. Manifestó que los Ministerios son entidades ejecutoras y no de planeación, es así como su función es de formulación, coordinación y control de políticas, planes y programas destinados al sector agropecuario, y no de prevención y atención de desastres. Sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo del Atlántico mediante fallo del 14 de noviembre de 2017, declaró probada la excepción de fuerza mayor y negó las pretensiones de la demanda. Señaló el Tribunal a quo que el problema jurídico se circunscribe a establecer si debe declararse la responsabilidad administrativa extracontractual de las entidades demandadas, por los presuntos perjuicios causados con ocasión del desbordamiento del Canal del Dique a la altura del Municipio de Santa Lucía. Con fundamento en el material probatorio allegado y apoyado en jurisprudencia, el tribunal a quo concluyó que las precipitaciones 6

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Carrera 5ª No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Pbx. 5878750 Exts.12076-12080 08001-23-33-31-005-2012-00372-01 N° Interno 61190 5aCdeE/AMV/AMRA IUS-E-614030-2018 superaron los límites históricos, y que provocaron el desbordamiento del rio en inmediaciones del municipio de “Campo de la Cruz”, razón por la cual consideró que el daño se causó “por una fuerza mayor”. Apoyado en distintos informes técnicos y en precedentes del Consejo de Estado, consideró que las precipitaciones pluviales llegaron a proporciones inusitadas, ampliando el registro histórico de lluvias de los años anteriores. Así las cosas, concluyó que lo ocurrido tuvo origen en un hecho de la naturaleza, de tal manera que se configuró la fuerza mayor, motivo por el cual se exoneró de responsabilidad a los demandados. Apelación Los demandantes a través de apoderado presentaron recurso de apelación, sustentado en los siguientes términos: Se alegó en el recurso que hoy en día los fenómenos meteorológicos son previsibles, razón por la cual afirmó que no es cierto que los niveles de pluviosidad fueren inesperados. A su juicio, fueron predecibles por las autoridades demandadas, quienes tuvieron que realizar las obras, actividades y previsiones encaminadas a evitar los daños ocurridos y a disminuir los efectos sobre la población que habitaba en las riberas de los ríos. Agregó que con el trascurso del tiempo, cada año los fenómenos meteorológicos son más agresivos.

Para el demandante, el fenómeno de la Niña fue previsible puesto que fue un hecho que conocieron los demandados, se encontraba previsto el riesgo de inundaciones y no se adoptaron las medidas necesarias para disminuir sus consecuencias, pues de haberlo hecho, no se hubiere causado el daño. 7

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Afirmó que los demandados de conformidad con la Constitución, el articulo 31 numeral 19 de la Ley 99 de 1993, el articulo 64 numeral 6° de la Ley 161 de 1994 y el artículo 75 de la Ley 336 de 1996 estaban obligados a realizar obras, actuaciones, e intervenciones para extremar medidas de seguridad y prevención con destino a evitar el riesgo de inundaciones. Por último, se quejó de que el testimonio de Norman Polo Cueto, testigo presencial de los hechos, no fue valorado ni controvertido. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Problema Jurídico ¿Se configura responsabilidad de la Nación – Ministerio de Transporte, el departamento del Atlántico, la Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena –Cormagdalena3y la Corporación Autónoma Regional del Atlántico -CRA4 -, y los municipios de Santa Lucía, Campo de la Cruz, Manatí, Candelaria, Suan del Atlántico y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,

por el daño ocurrido con el desbordamiento del Canal del Dique a la altura del municipio de Santa Lucía el 30 de noviembre de 2010, suceso que dio lugar a la pérdida de bienes inmuebles, y muebles como ganado, maquinaria, cercas, vaqueras, corrales, establos, sistemas de riegos, árboles frutales, maderables de propiedad de los demandados? Análisis jurídico 3 En adelante Cormagdalena 4 En adelante CRA 8

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Con el fin de dar respuesta al problema jurídico planteado, se examinará la configuración de la falla del servicio en los fenómenos naturales y la fuerza mayor como eximente de responsabilidad. La configuración de la falla del servicio en los fenómenos naturales Es pacífico el precedente de la Sección Tercera del Consejo de Estado en señalar que para que se pueda declarar la responsabilidad extracontractual del Estado, el juez debe verificar la existencia de tres elementos, a saber: i) la existencia de un daño antijurídico; ii) la imputación del daño a la acción u omisión de la autoridad pública; y iii) el nexo de causalidad existente entre el daño y la imputación. Así mismo, en el caso de los fenómenos naturales como el desbordamiento de ríos y quebradas, se ha estimado que la

declaratoria de responsabilidad es posible si se logra demostrar que las entidades demandadas incumplieron con su deber de vigilancia y cuidado y se abstuvieron de adoptar las medidas de prevención requeridas para cada caso concreto, a pesar de haber tenido conocimiento de la posible ocurrencia del hecho natural5. En resumen, en estos eventos, la falla del servicio ocurre cuando la entidad competente omite el cumplimiento del contenido obligacional a su cargo, lo cual puede ocurrir, a su vez, “porque la entidad no previó la ocurrencia de una calamidad previsible y/o se abstuvo de efectuar las medidas que eran procedentes para evitar -o disminuirsus efectos nocivos, o porque habiéndola previsto no realizó las 5 Ver entre otras sentencias Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B Rad. 25000-23-26-000-2007-00688-01(38622), 5 de abril de 2017; Subsección A, 2500023-26-000-2001-02489-01(26582), 12 de junio de 2013; Sección Tercera, sentencia del 14 de mayo de 1998, Exp.: 12175, C.P. Daniel Suárez Hernández. 9

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nocivas del evento, aun cuando éste fuera imprevisible o irresistible”6. Ahora bien, en estos casos no sobra señalar que en tratándose de caso fortuito o fuerza mayor se configura un eximente de responsabilidad, el cual se pasa a explicar La fuerza mayor como eximente de responsabilidad La fuerza mayor presupone tres condiciones, a saber: i) la exterioridad7; ii) la imprevisibilidad; y iii) la irresistibilidad, respecto de la actividad, suceso o servicio que causó el daño8. La fuerza mayor es un fenómeno que ha sido definido por la doctrina y la jurisprudencia, con base en las circunstancias de haber sido imprevisto e irresistible el hecho. El primero (lo imprevisible), consiste en que el hecho invocado como fuerza mayor o caso fortuito, 6 Ibídem 7 “la exterioridad de la causa extraña, si bien se ha señalado que dicho rasgo característico se contrae a determinar que aquella no puede ser imputable a la culpa del agente que causa el daño o que el evento correspondiente ha de ser externo o exterior a su actividad, quizás sea lo más acertado sostener que la referida exterioridad se concreta en que el acontecimiento y circunstancia que el demandado invoca como causa extraña debe resultarle ajeno jurídicamente, pues más allá de sostener que la causa extraña no debe poder imputarse a la culpa del agente resulta, hasta cierto punto, tautológico en la medida en que si hay culpa del citado agente mal podría predicarse la configuración al menos con efecto liberatorio pleno de causal de exoneración alguna, tampoco puede perderse de vista que existen supuestos en

los cuales, a pesar de no existir culpa por parte del agente o del ente estatal demandado, tal consideración no es suficiente para eximirle de responsabilidad, como ocurre en los casos en los cuales el régimen de responsabilidad aplicable es de naturaleza objetiva, razón por la cual la exterioridad que se exige de la causa del daño para que pueda ser considerada extraña a la entidad demandada es una exterioridad jurídica , en el sentido de que ha de tratarse de un suceso o acaecimiento por el cual no tenga el deber jurídico de responder la accionada” 8 Sobre el particular, la Sala Plena de esta Corporación expuso: “La fuerza mayor se caracteriza, pues, por la reunión de esas diferentes condiciones [exterioridad, imprevisibilidad e irresistibilidad], y tiene como consecuencia la exoneración, en todos los sistemas de responsabilidad (culpa, presunción de culpa y aún en las hipótesis de responsabilidad sin culpa). La exoneración será total si el acontecimiento constitutivo de fuerza mayor es la causa exclusiva del daño.” (Sentencia de julio 13 de 1999, Rad. AC-7715) Citada en la sentencia Sección Tercera, Subsección C, 05001-23-25-000-1995-00592-01(21537), 29 de febrero de 2012. 10

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Carrera 5ª No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Pbx. 5878750 Exts.12076-12080 08001-23-33-31-005-2012-00372-01 N° Interno 61190 5aCdeE/AMV/AMRA IUS-E-614030-2018 corresponde a un suceso que escapa a las previsiones normales, es

decir, cuando no existe razón especial para pensar que se produciría el acontecimiento dañino, y una mera posibilidad de realización del daño no puede bastar para excluir la imprevisibilidad9. La irresistibilidad radica en que ante las medidas adoptadas, le fue imposible al deudor evitar que el hecho se presentara, por escapar por entero a su control. Por ello, la existencia o no del hecho alegado como fuerza mayor, depende necesariamente de las circunstancias de si el deudor empleó o no la diligencia y cuidado debidos para prever ese hecho o para evitarlo, si fuere previsible10. En síntesis, para poder argumentar la fuerza mayor, el efecto del fenómeno no sólo debe ser irresistible sino también imprevisible, y no serle imputable desde ningún ámbito al agente del Estado. De las pruebas allegadas De las pruebas allegadas se desprende lo siguiente: El Comité para la Prevención de Atención de Desastres del departamento del Atlántico se reunió en varias oportunidades y suscribió distintas actas en las cuales analizó el problema del aumento de lluvias previsto para los años 2009 y 2010. Se estableció en el Acta N° 002 del 1º de Junio de 2009 suscrita por dicho comité la necesidad de presentar proyectos para atender cualquier calamidad que se presente con el fin de evitar las posibles emergencias que ocurran en colegios de la zona. 9 Ibídem 10 Consejo de Estado, Sección Tercera, 70001-23-31-000-1994-03477-01 (13477), 2 de mayo de 2002. 11

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De conformidad con el acta N° 005 del 16 de octubre de 2009, al referirse a la emergencia de ola invernal con la cual se afectaron varios municipios del departamento del Atlántico, se manifestó que hasta ese momento solo se evidenciaban daños ecológicos pero no por inundaciones (sector de Soledad Platanal). Se hace alusión a municipios como Santo Tomás, Puerto Colombia, Polo Nuevo, Piojó, los cuales no están incluidos y deben tomarse en consideración en cuanto pueden ser afectados por el fenómeno natural11. Mediante acta N° 007 del 19 de diciembre de 2008 se denunció la falta de ejecución por parte de los alcaldes a efectos de cumplir con lo que establece la Constitución y la ley en materia de prevención y se enunciaron las acciones hasta ahora adelantadas para el manejo de la contingencia, como el trabajo que se estaba realizando con INGEOMINAS, la defensa civil y el cuerpo voluntario de Bomberos además de reiterar el compromiso en la conformación y estabilización del talud cerro Conuco, sector carretera cancha de futbol del municipio de Tubará en el Atlántico12. En acta 001 del 18 de enero de 2010 se estudiaron los distintos niveles del rio Magdalena, su evolución en los últimos treinta años, se

refiere que se decidió realizar dos dragados, hacer un canal y se tomaron distintas medidas ambientales. Se explicó en dicho documento cómo han estado monitoreando el rio Magdalena desde el año pasado. En septiembre de 2010 se presentaron inundaciones súbitas causadas por represamientos pluviales (platanal y Saldo). Se advirtió una posible ruptura del Canal del Dique, y que fue sobrepasada la cota promedio13 11 Folio 196 a 200 del Cuaderno No. 2 12 Folio 201 a 203 del Cuaderno No 2. 13 Folio 223 a 232 del Cuaderno No. 2 12

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El 8 de octubre de 2010 los alcaldes y autoridades de los municipios de Santa Lucía, Suan, Campo de la Cruz y Cormagdalena, se reunieron con el fin de exponer los planes de acción que se han realizado con el fin de solucionar los problemas hasta ahora ocasionados con la ola invernal, tales como el apoyo a la comunidad, la identificación de los sitios críticos, las posibles fuentes de material en caso de emergencia, el diseño en conjunto con la Secretaria de Salud de planes de contingencia y la solicitud del apoyo del gobierno nacional14. Se encuentra probado en el proceso que se realizaron distintas obras en los municipios de Sabanalarga, Piojó, Santa Lucía, Baranoa,

Palmar de Varela, Manatí, San Juan de Acosta. Entre las obras realizadas se tienen: canalización de arroyos, construcción de muros de contención, mitigación y atención de emergencias, adecuación de taludes y suministros de equipos15. Reposan distintas comunicaciones enviadas a las distintas entidades territoriales (municipios de Baranoa, Candelaria, Sabanalarga, Manatí, Santa Lucía, San Juan de Acosta, Palmar de Varela, Tubará, Suan, Repelón, Soledad, Luruaco, Santo Tomás, Sabanagrande, Campo de la Cruz, Malambo, Ponedera, Puerto Colombia y Barranquilla) en las cuales se les informa los planes a seguir para atender el fenómeno de la Niña y el aumento de la temporada de lluvias e documentación meteorológica, y el estado de alerta de dichas poblaciones16. 14 Folio 233 a 241 Cuaderno No 2. 15 Folio 287 a 294 Cuaderno No. 2 16 Folio 630 a 740 Cuaderno No 3. Tienen fecha de recibido algunas en noviembre de 2011. 13

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Se recibieron los testimonios de Eliécer Castellar, médico veterinario de San Juan Nepomuceno y Francisco Obregón Lozano, comerciante dedicado a la ganadería, quienes hicieron un relato de todos los

bienes muebles que perdieron los demandantes, entre estos, el señor Bojanini, y la señora María Monterrosa17. Norman Enrique Polo Cueto, administrador de empresas y quien se dedica a la ganadería, residente para el momento en que ocurrieron los hechos en el municipio de Santa Lucía, da cuenta de lo devastadoras que fueron las lluvias. Explicó cómo fue el proceso de crecimiento de las aguas, pues conoció a la persona encargada de tomar los niveles de agua del rio Magdalena. Manifiestó que para julio de 2008 se tuvo la cuota más alta de desbordamiento. Para ese entonces se ejecutaba un contrato en el carreteable de Santa Lucía. Además señaló que nunca existió la presencia de entidades públicas que midieran el aumento del caudal. Advirtió que después del desbordamiento del río supo de dos norteamericanos que estuvieron inspeccionando la zona vía aérea y de lo que se decía sobre ellos, en cuanto habían estado en el tsunami de Tailandia. Estas personas recomendaron una reubicación de los habitantes y que había que canalizar los cuerpos de agua del canal. Advirtió el señor Cueto que todo el tiempo lo que existió fue una improvisación en el manejo de la situación18. Se observan en el expediente numerosos registros fotográficos y predicciones del IDEAM de alertas en las cuales se evidencia el aumento de lluvias en distintas regiones del país. 17 Folio 1437 a 1442 Cuaderno No 4 18 Ídem 14

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Caso concreto De las pruebas recaudadas se puede concluir que los hechos ocurridos tuvieron origen en un fenómeno meteorológico imprevisible. Si bien se encuentran en el expediente pruebas que demuestran un aumento en las lluvias y en el caudal del rio Magdalena, el desastre ocurrido nunca fue previsto, ni podía ser previsible por las autoridades, de tal manera que se trató de eventos que superaron los límites de lo esperado por quienes debían medir su impacto y, por ende, de quienes tenían el deber de actuar para evitar los posibles daños. Los documentos que obran en el expediente no demuestran que el tiempo y la información con la que contaron las demandadas fuera suficiente a efectos de diseñar planes y obras que se dirigieran a prevenir los desastres ocasionados con esta ola invernal. Si bien se evidencian reuniones de las entidades territoriales con los órganos encargados de la prevención y atención de desastres desde el año 2008, ninguna de las actas o comunicaciones indicaron del peligro o la inminente catástrofe, ni mucho menos calculaban el impacto o el desastre que podía ocasionar la ola invernal que se enfrentaría. No está de más aclarar que no se trata de tener una fecha cierta o total seguridad de los posibles hechos dañosos, pero sí debe existir una información que más allá de una mínima prevención le exigiera a la administración un actuar diligente a fin de precaver las contingencias

que pudieran ocasionarse. Se observa en el expediente que existen documentales que demuestran la preocupación y la urgencia por desarrollar planes que pudieran detener los daños, así como la ejecución de actos con los cuales se reduzcan los efectos de la ola invernal y, de otra parte, no se evidencia en el proceso que se hubieren incumplido protocolos de acción o la 15

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actuar y definir un plan preventivo y eficaz. Nunca se contó con la información suficiente a efectos de encaminar con suficiente tiempo la actuación de la administración, para así contener los posibles daños. Las comunicaciones que obran en el proceso fueron recibidas con posterioridad a la ocurrencia del fenómeno y con excepción de las reuniones del Comité Regional para la Atención y Prevención de Desastres, no se contó con la suficiente información científica que pruebe el conocimiento por parte de las autoridades competentes del impacto de la ola invernal. En síntesis, se puede concluir que ante la probable ocurrencia de los hechos, las entidades demandadas actuaron dentro del marco de lo 19 Folio 287 16

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Carrera 5ª No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Pbx. 5878750 Exts.12076-12080 08001-23-33-31-005-2012-00372-01 N° Interno 61190 5aCdeE/AMV/AMRA IUS-E-614030-2018 previsible y conforme a la información suministrada para enfrentar la situación climática. Ahora bien, en relación con el desconocimiento de las normas que a juicio del recurrente conminan a los demandados a intervenir en la toma de medidas de seguridad y prevención, se hace claridad en que el articulo 31 numeral 19 de la Ley 99 de 1993, norma que regula la política ambiental, señala que será una función de las Corporaciones Autónomas Regionales la promoción, irrigación, avenamiento, defensa, contra inundaciones, regulación de cauces y corrientes de

agua, recuperación de tierras y protección de cuencas hidrográficas. Al respecto, se precisa que en el caso que nos ocupa, no se prueba una desatención en tal sentido, pues la Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena participó en reuniones con distintas entidades territoriales entre los años 2009 y 2011, así como profirió distintos actos administrativos y memorandos cuya finalidad era la vigilancia y verificación del estado de los diques, así como un control ambiental en relación con el fenómeno de la Niña20. Además, se reitera, que en el caso concreto el fenómeno de la Niña escapó a las posibles previsiones que se tenían como consecuencia de dicho evento meteorológico. El articulo 64 numeral 6 de la Ley 161 de 1994 y el artículo 75 de la Ley 336 de 1996, se refieren a las fuentes de financiación de la Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena y, el estatuto general de transporte respectivamente, normas que no regulan expresamente obligaciones por parte de las autoridades demandadas en relación con la atención y prevención de desastres. Finalmente, en relación con el testimoni