PGN - REPARACIÓN DIRECTA - Eximiente por culpa exclusiva de la victima

REPARACIÓN DIRECTA-Ministerio Público solicita confirmar sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño indicando que no se configura eximente de responsabilidad por culpa exclusiva de la víctima No se encuentra probada la culpa exclusiva de la víctima que se invoca, pues nunca hubo un actuar gravemente culposo, negligente y descuidado del demandante o de su defensa técnica, pues las actuaciones que se ejercieron en el momento procesal de la imposición de la medida de aseguramiento, siempre estuvieron encaminadas a garantizar la máxima protección jurídica del imputado y demostrar la inocencia de este PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Marco normativo de la responsabilidad extracontractual en estos casos PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD Y EXIMENTE POR CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA-Sólo es posible aplicar el eximente de responsabilidad cuando la conducta se presenta al interior del proceso penal y no por una conducta preprocesal En los casos de privación injusta de la libertad no se puede exonerar al Estado bajo el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima con base en la conducta preprocesal del investigado sin vulnerar el derecho constitucional a la presunción de inocencia. Sólo sería posible aplicar el eximente de responsabilidad cuando la conducta dolosa o gravemente culposa del procesado se presenta al interior del proceso penal ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN PROCESO DE REPARACIÓN DIRECTA-Interpretación constitucional de la causal exonerativa de responsabilidad patrimonial del Estado por culpa exclusiva de la víctima

Página 1 de 33 MFPM Procuraduría 4 Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 No. 15 – 8º PISO 19 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961, Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7

CONCEPTO No. 049 / 2023

Bogotá D.C., 02 de mayo de 2023.

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente Doctora MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

E. S. D.

EXPEDIENTE: 52001233300020190048901 (69543)

ACCIÓN: REPARACION DIRECTA

ACTOR: DAVID FRANCISCO JARAMILLO VALLEJO Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA

NACIÓN.

Sentido del Concepto: Solicitud de CONFIRMAR la sentencia recurrida del Tribunal Administrativo de Nariño de fecha 04 de mayo de 2022// Temas: Responsabilidad por privación injusta de la libertad en proceso penal. // Metodología para analizar los casos de privación injusta de la libertad después de que la Sentencia de Unificación del 15 de agosto de 2018 fue dejada sin efectos // No se acreditó la responsabilidad del Estado bajo el régimen subjetivo (falla del servicio) pero si bajo el régimen objetivo de responsabilidad (daño especial) // No se configura el eximente de responsabilidad por culpa exclusiva de la víctima, analizada desde la

óptica de la responsabilidad civil. El Ministerio Público en cumplimiento de la función de intervención, actúa ante esta instancia dentro del medio de control de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y del patrimonio público. Para lo cual, se presente el siguiente concepto:

1. ANTECEDENTES

1.1. La Demanda – Pretensiones.

Los señores FRANCISCO JARAMILLO QUIÑONES, ASCENSIÓN CORRALES

GUTIÉRREZ, DAVID FRANCISCO JARAMILLO VALLEJO, ANA CRISTINA JARAMILLO

CORRALES, HARRY ALEXANDER JARAMILLO CORRALES, CLAUDIA PATRICIA JARAMILLO CORRALES Y FLORA SABINA QUIÑONES HURTADO, a través de apoderado judicial formularon el 23 de septiembre de 2019 demanda de reparación directa contra la NACIÓNRAMA JUDICIAL-FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, con el fin de que se declare responsables administrativa y extracontractualmente por la falla en el Página 2 de 33 MFPM Procuraduría Delegada de Intervención 9: Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 No. 15–80 PISO 19 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961, Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7

servicio consistente en la privación injusta de la libertad, error judicial y/o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por todos los daños y perjuicios materiales e inmateriales, ocasionados al señor FRANCISCO JARAMILLO QUIÑONES y a su familia. 1.1.1. Hechos En razón de la denuncia presentada el 21 de agosto de 2009 por el entonces Alcalde Municipal de Barbacoas Nariño, el señor José Arnulfo Preciado Cabezas, se adelantó proceso penal por el delito de peculado por apropiación, en contra de los señores Juan Carlos Rueda Cortes ex Alcalde del Municipio de Barbacoas y Francisco Jaramillo Quiñones quien actuaba para la época en calidad de representante legal de la Unión Temporal "Barbacoas 2007", lo anterior debido al incumplimiento del contrato que tenía por objeto la construcción de la primera etapa de residuos sólidos del Municipio de Barbacoas por un valor de $69.910.150, de los cuales se entregó como anticipo el valor de 50% equivalente a $34.955.075 al señor Francisco Jaramillo Quiñones. En el procedimiento penal, el día 30 de septiembre de 2010 en audiencias preliminares la Fiscalía solicito medida de aseguramiento, la cual es decretada por el Juez de Control de Garantías bajo el delito de peculado por apropiación. El 19 de septiembre de 2012, se adelantó audiencia de preclusión solicitada por el fiscal, en la cual expuso la Fiscalía que había incurrió en un error en la imputación y acusación del prenombrado, pues el delito correcto era abuso de confianza calificado. Tras lo ocurrido, el

proceso penal continuó por el delito de abuso de confianza hasta llevar a cabo el juicio oral el día 30 de junio de 2017, escenario en el que la Fiscalía insistió en la comisión del delito por parte del prenombrado, pero no logró el convencimiento total del juez y, por ende, en aplicación del principio de in dubio pro reo se absolvió al demandante. 1.2. Contestación de la demanda y alegatos de conclusión. 1.2.1 NACIÓN-RAMA JUDICIAL, se opuso a que se accediera a todas y cada una de las pretensiones solicitadas, advirtiendo que, le corresponde a la parte demandante acreditar que la decisión que impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva fue ilegal o arbitraria, dando que las actuaciones de los funcionarios judiciales fueron correctas. Precisa que, en relación con la tasación de los perjuicios materiales que se habían incorporado en la demanda, estos adolecen de prueba sumaria que los respalde, pues Página 3 de 33 MFPM Procuraduría Delegada de Intervención 9: Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 No. 15–80 PISO 19 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961, Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 señala que aunque se anexa un escrito confeccionado por el contador público GUILLERMO ACOSTA, este documento simplemente es un cómputo que no tiene ninguna base documental, tampoco reúne las calidades para ser un dictamen pericial, en tanto, no se

incorpora ninguno de los requisitos exigidos por el artículo 226 del CGP para ser valorado como prueba. Así mismo, indican que, aunque la demandante anexa contratos de prestación de servicios profesionales, la cantidad de dinero estipulada como honorarios y presuntamente pagada a los profesionales del derecho, va en contra de lo establecido por la Corporación Colegio Nacional de Abogados de Colombia, excediendo las tarifas allí dispuestas y resulta incoherente que el demandante haya contratado a dos abogados con el mismo objeto. Propuso la excepción de ausencia de responsabilidad por cumplimiento de un deber legal, pues señala que el proceso penal se inició en virtud de una denuncia presentada por el alcalde del Municipio de Barbacoas, quien presentó ante la Fiscalía una presunta actuación criminal ejecutada por el demandante y que, en las audiencias preliminares, de la inferencia de una posible participación del prenombrado en el hecho investigado, surgió la necesidad de privarlo de la libertad en su domicilio. También alegó hecho de un tercero e inexistencia de solidaridad entre las entidades demandadas. 1.2.2 FISCALA GENERAL DE LA NACIÓN, se opuso a las pretensiones de la demanda, advirtiendo que, no se configuraban los supuestos para estructurar alguna clase de responsabilidad en su contra, pues alegó que las actuaciones de sus agentes se surtieron de conformidad con la Constitución y las disposiciones legales vigentes para la época de los hechos, es decir, adelantó la investigación y solicitó, conforme a las pruebas obrantes en dicha oportunidad, el aseguramiento preventivo del demandante, adicionalmente, alega que por ser un delito de gran connotación no permite, por mandato legal, ningún beneficio, ni

subrogado penal. Como excepciones, alegó inexistencia de falla en el servicio, cumplimiento de un deber legal, falta de legitimación en la causa por pasiva, culpa exclusiva de un tercero, ésta, en cabeza de los alcaldes del Municipio de Barbacoas de los periodos 2004-2007 y 2008 – 2011 que suscribieron el contrato y que interpusieron la denuncia contra el demandante, en ese entonces, respectivamente; el primero, por no verificar que el terreno donde se llevaría a cabo la obra estuviera listo, y el segundo, por no agotar el proceso civil o administrativo para declarar el incumplimiento del contrato. Página 4 de 33 MFPM Procuraduría Delegada de Intervención 9: Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 No. 15–80 PISO 19 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961, Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 1.2.3. La parte demandante, en los respectivos alegatos de conclusión, argumenta que por parte de la fiscalía no se justificaba librar una orden de captura, en el entendido que el acusado siempre estuvo en disposición de presentarse a declarar, lo cual quedo plenamente probado dentro del proceso, ya que el señor FRANCISCO JARAMILLO, en múltiples ocasiones busco dar sus declaraciones con respecto al caso y no fue debidamente atendido, dando pie a que se generaran irregularidades dentro del proceso llevado a cabo en la seccional de la Fiscalía de Barbacoas, lo que resultó en el traslado del proceso a la ciudad

de Pasto. Preciso que la Fiscalía seccional de Barbacoas, desestimó pruebas que favorecían al acusado en su momento, como son el acta de liquidación del contrato firmada entre el representante legal de la firma contratista y el alcalde denunciante, la cual prestaba merito ejecutivo en caso de incumplimiento y por lo cual la alcaldía tenía otras opciones legales para tratar de recuperar el valor del anticipo, así mismo, relaciona la resolución de seguros del Estado, donde se reconocía y notificaba al alcalde del pago del siniestro. Expone el apoderado judicial, que es evidente que la acción tanto de la Fiscalía como de la Rama Judicial al conducir el proceso por la vía penal, desestimando que el conflicto se originó por una controversia contractual. Por lo cual, indica que la Fiscalía, no realizó una investigación acuciosa sobre la responsabilidad en la comisión del delito y sometió al demandante a un proceso judicial penal y privación de la libertad sin una investigación objetiva contraria a la realidad, lo que constituye una conducta activa y omisiva, causando un daño a la integridad personal, tanto en el aspecto físico, psicológico y moral al demandante. 1.2.4 El Ministerio Público , rindió concepto sobre el caso, solicitando que se declarará responsables a las partes demandadas por los perjuicios materiales y morales ocasionados a los demandantes, al establecer que, de acuerdo con el delito de peculado por apropiación, los hechos que fueron incoados para la acción penal y las pruebas que se anexaron, se demostraba un incumplimiento contractual y no una conducta delictiva, pues no se probó la

apropiación del adelanto monetario para fines personales. Indicando que, la conducta realizada por el señor FRANCISCO JARAMILLO QUIÑONES, si bien no fue la debida, al no ejecutar el contrato suscrito en el término debido, fue una controversia netamente contractual, que se pudo resolver mediante la jurisdicción de lo contencioso administrativo o disciplinaria, por lo cual, la medida de aseguramiento de detención preventiva de que fue objeto FRANCISCO JARAMILLO QUIÑONES, no cumplió con los requisito del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, y como resultado fue Página 5 de 33 MFPM Procuraduría Delegada de Intervención 9: Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 No. 15–80 PISO 19 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961, Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 desproporcionada para la conducta realizada por el demandante, sumado a que al momento de la legalización de captura no obraban los elementos materiales probatorios para demostrar la necesidad de la medida de aseguramiento; motivo por el cual el actuar de la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL, resulta contraria a derecho. 1.3. Sentencia de primera instancia. El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante Sentencia de fecha 04 de mayo de 2022, accedió a las pretensiones contra la NACIÓN –FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, resolvió: “PRIMERO. - Declarar a la Nación – Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación

extracontractualmente responsables, por la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto el señor Francisco Jaramillo Quiñonez conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO. – Como consecuencia de la anterior declaración, condenar a la Nación – Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación a indemnizar en partes iguales a los demandantes, en las sumas y por los conceptos que a continuación se señalan:

a) PERJUICIOS MORALES:

Nombres Condición Valor Francisco Jaramillo Quiñonez Víctima directa 10,913 SMLMV David Francisco Jaramillo Hijo 5,4565 SMLMV Vallejo Ana Cristina Jaramillo Corrales Hija 5,4565 SMLMV Henry Alexander Jaramillo Hijo 5,4565 SMLMV Corrales Claudia Patricia Jaramillo Hija 5,4565 SMLMV Corrales Flora Sabina Quiñonez Madre 5,4565 SMLMV b) PERJUICIOS MATERIALES – -LUCRO CESANTE: A favor del señor Francisco Jaramillo Quiñonez, la suma de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($ 4,395,787). – -DAÑO EMERGENTE: A favor del señor Francisco Jaramillo Quiñonez, la suma de VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS ($23.720.000) TERCERO: Negar las demás pretensiones conforme lo expuesto en la presente providencia.

CUARTO: Condenar en costas procesales de esta instancia a la parte demandada en partes iguales, y a favor de

la parte demandante, en un 50%, las cuales se liquidarán por Secretaría en los términos de los artículos 365 y 366 del CGP. QUINTO. - Condenar en costas procesales parciales de esta instancia a la señora Ascención Corrales Gutiérrez y a favor de la parte demandada, en un 25%, las cuales se liquidarán por Secretaría en los términos de los artículos 365 y 366 del CGP (…).” Página 6 de 33 MFPM Procuraduría Delegada de Intervención 9: Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 No. 15–80 PISO 19 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961, Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 La Sala del Tribunal al momento de resolver lo atinente a la medida restrictiva de la libertad relaciona los antecedentes que surgieron en el proceso penal en los cuales el señor Francisco Jaramillo Quiñonez, inicialmente, por el delito de peculado por apropiación por solicitud realizada por la Fiscalía y decretada por parte del Juzgado Promiscuo Municipal de Barbacoas con Funciones de Control de Garantías, se le impuso medida de aseguramiento, medida que cumplió desde el 30 de septiembre de 2010 hasta el 11 de febrero de 2011. Describe que dentro del proceso se determinó la aplicación del principio de in dubio pro reo para absolver al demandante, pues, se consideró que existían dudas sobre la configuración del elemento subjetivo de la conducta punible, en tanto no se acreditó cabalmente el ánimo

del señor JARAMILLO QUIÑONEZ de apropiarse del anticipo recibido para ejecutar la construcción de la planta de residuos sólidos, con el objeto de obtener un provecho para sí o para un tercero y que, por el contrario, las pruebas anexadas daban cuenta de que el anticipo se empleó para gastos propios de la ejecución del contrato; que el incumplimiento, en parte, provenía de la Alcaldía de Barbacoas y que dicha controversia podía dirimirse ante la jurisdicción civil o contenciosa administrativa. Dicho lo anterior concluye que, al no desvirtuarse la presunción de inocencia del señor JARAMILLO QUIÑÓNEZ, a la luz del artículo 90 de la Carta Política, la privación de su libertad se torna antijurídica, pues más allá de la legalidad de la medida de aseguramiento decretada en contra el señor Francisco Jaramillo Quiñonez, el prenombrado no tenía él debe jurídico de padecer la restricción de un derecho fundamental como lo es la libertad, habida cuenta que la Fiscalía no logró establecer su responsabilidad en la comisión del ilícito que se le fue imputado, circunstancia que conlleva a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad, en tanto la absolución tuvo como principal sustento la aplicación del principio in dubio pro reo. Por lo cual, tanto la Fiscalía como el Juez de Control de Garantías participaron con sus actuaciones en la producción del daño antijurídico, como quiera que fue el ente acusador quien elevó las solicitudes de legalización de captura, imputación e imposición de medida de aseguramiento en contra del señor JARAMILLO QUIÑONEZ, peticiones que sustentó en los

medios de prueba de los cuales disponía en ese momento, por otro lado, el señor Juez Promiscuo Municipal de Barbacoas con funciones de control de garantías, luego de escuchar los argumentos del ente acusador, evaluó los motivos expuestos por aquel y determinó la viabilidad de decretar la legalidad de la captura, así como de imponer la medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva domiciliaria. Por lo anterior, el Tribunal determinar que no es posible desligar la actuación de la Fiscalía en la producción del daño Página 7 de 33 MFPM Procuraduría Delegada de Intervención 9: Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 No. 15–80 PISO 19 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961, Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 cuya reparación se invoca, ni mucho menos la del Juez, razón por la cual condena en proporciones iguales a las entidades demandas.

ACLARACIÓN DE VOTOS

1. El Magistrado PAULO LEÓN ESPAÑA PANTOJA, aclara su voto indicando que, en la providencia se debió examinar y adicionar un párrafo en el caso concreto frente al error judicial y/o el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia o justificar por qué no se examinó en el caso.

2. La Magistrada SANDRA LUCIA OJEDA INSUASTY, aclara su voto indicando que, considera conveniente aclarar que partiendo de que en el presente caso la

antijuricidad del daño deviene de la aplicación del principio in dubio pro reo, el régimen de imputación aplicable es el objetivo, de ahí que, no habría lugar a examinar la existencia de una falla del servicio o un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia como lo pretendía el demandante. 1.4. Argumentos de la apelación. 1.4.2 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, presentó recurso de apelación, solicitando que, en sentencia de segunda instancia, se revocara la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Nariño mediante Sentencia de fecha 04 de febrero de 2022; argumentando, en síntesis, lo siguiente: Considera la entidad apelante que, no se le puede imputar responsabilidad alguna derivada de la medida de aseguramiento, en razón a que esta fue proferida por el Juzgado con función de control de garantías, como está probado en el proceso penal, no siendo competencia de la Fiscalía General de la Nación, proferir dichas medidas restrictivas (Ley 906 de 2004), pues el papel del ente acusador se limita a solicitar la imposición de dicha medida, apoyándose en el material probatorio recaudado hasta ese momento procesal, por lo cual la entidad estatal elevaba la petición, la cual es sometida a consideración del Juez de Control de Garantías, quien está investido de todas las facultades necesarias para llegar a la verdad de los hechos, por lo tanto, dicho Juez de la República, no está sometido a la órdenes del Fiscal de turno, siendo autónomo y libre para adoptar las decisiones restrictivas o no de la libertad. Pues señala que finalmente esa es su función “controlar que no se vayan a

violentar o violar derechos fundamentales como el de la libertad de una persona, por parte de los demás intervinientes, del nuevo proceso penal”, es decir como la Fiscalía General, así como solicitó la Página 8 de 33 MFPM Procuraduría Delegada de Intervención 9: Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 No. 15–80 PISO 19 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961, Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 captura y la imposición de medida, bien el JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS es el que determina si es negada o no. Sostiene que, para la época de los hechos en el desarrollo del proceso penal, la defensa técnica del demandante no realizo pronunciamiento frente al delito, los elementos materiales probatorios y las diligencias preliminares y solo con posterioridad, esto es, para la etapa de juicio es que se realiza un análisis más profundo con pruebas sobrevinientes de las cuales se evidenciaron y determinaron dudas a favor del procesado, situación que solo se advirtió en la etapa de juicio oral. Por lo cual, la Fiscalía solicita tener en cuenta los recientes pronunciamientos proferidos por el Consejo de Estado, en los cuales por hechos similares se exonero, debido a que la parte demandante incumplió con la carga probatoria al no aportar en las audiencias preliminares las irregularidades alegadas. Por otra parte, insiste en el eximen de responsabilidad denominado hecho de un tercero, debido a que el señor FRANCISCO JARAMILLO QUIÑONES, fue privado de la libertad en

virtud de la actuación realizada por los señores ex Alcaldes (JUAN CARLOS RUEDA CORTES y JOSE ARNULFO PRECIADO CABEZAS) en su calidad de Alcaldes de la vigencia (2004 a 2007) y (2008 al 2011), tal lo señala la demanda, las pruebas y anexos de esta. 1.4.3 RAMA JUDICIAL, presentó recurso de apelación, solicitando que, en sentencia de segunda instancia, se revocara la decisión adoptada por el Tribunal, argumentando: Que en la sentencia condenatoria se realizó un análisis equívoco de la Sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018, radicación No. 66001 -23-31 -0002010-00235 01 (46.947) expedida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera con Ponencia del Consejero Carlos Alberto Zambrano Barrera, así como de la Sentencia SU-078 de 2018 de la Corte Constitucional, por esa razón, resalta necesario que el Honorable Consejo de Estado, corrija los defectos del fallo de primera instancia y determine que no existe objeto para demandar, en el sentido, de que la privación de la libertad decretada evidentemente tuvo sustento legal y se fundamentó en los elementos materiales probatorios aportados, por lo que la misma no deriva de un acto caprichoso o arbitrario. Que el mismo Tribunal Administrativo de Nariño, en los apartes de la sentencia recurrida, consideró: “Así pues, se advierte, en principio, que la medida de aseguramiento que se impuso al demandante por el delito

de peculado por apropiación, en su momento pudo ajustarse a los parámetros trazados en los artículos 307, 308 Página 9 de 33 MFPM Procuraduría Delegada de Intervención 9: Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 No. 15–80 PISO 19 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961, Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 y 313 del CPP, al encontrar el juez que los requisitos ahí mencionados estaban probados. Ahora bien, lo anterior no es óbice para analizar la producción de un daño antijurídico causado a los demandantes, puesto que el solo hecho de que la medida de aseguramiento se hubiera decretado con el lleno de los requisitos legales, es decir, que la administración de justicia hubiere actuado correctamente,” Por lo cual relata que si bien el A-quo consideró que el Juez de Garantías, actuó conforme a derecho y al procedimiento que la ley lo faculta para imponer una medida de aseguramiento bajo el sistema penal acusatorio; resulta entonces, un contrasentido que condene al apelante por haber realizado una actuación o emitido una decisión catalogada como legal y ajustada a la normatividad imperante, situación que sale de toda lógica legal. Es así como, indica que para que proceda la restricción preventiva del derecho a la libertad, el juez de control de garantías no necesita tener un conocimiento más allá de toda duda razonable sobre la responsabilidad de los hechos que se han imputado, sino, al tenor del artículo 308

del CPP y siguientes, dicho derecho constitucional se puede coartar con el surgimiento de una inferencia sobre la autoría o participación y el cumplimiento de otros requisitos legales. Que la Rama Judicial, actuó conforme al tenor legal y no debe ser imputado, sino a la Fiscalía General de la Nación, entidad que con sus actuaciones, deficientes dio lugar a que se iniciara una investigación penal, se impusiera una medida de aseguramiento y finalmente no lograra probar con la suficiencia debida la culpabilidad y responsabilidad del acusado, fallando de tal forma con su obligación constitucional de persecución del delito, pues en sede de juzgamiento varió la imputación jurídica que sirvió de base para imponer la medida de aseguramiento y pese a ello, no logró demostrar la responsabilidad del acusado. Por último, indica que echa de menos que por parte del A-quo no se realizó el examen que de oficio debe realizar sobre la culpa de la víctima, excepción que para el apelante se encontraría probada, a causa de que, la defensa técnica del demándate bajo el artículo 267 en concordancia con el artículo 271 de la Ley 906 de 2004, lo faculta a él directamente o a su abogado, para interponer recursos frente a la medida de aseguramiento que se le impuso y pudo recoger elementos materiales probatorios de origen documental tendientes a verificar las condiciones de ejecución del contrato y las razones por las cuales se impidió el inicio del objeto, es así que, indica que pudo aportar certificaciones relacionadas con la inversión del anticipo otorgado, con el objeto de haber solicitado la revocatoria de la medida de aseguramiento domiciliaria y no apoyar tal imposición al permanecer inactivos frente a

dicha medida.

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos.

Página 10 de 33 MFPM Procuraduría Delegada de Intervención 9: Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 No. 15–80 PISO 19 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961, Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 De acuerdo con el trámite surtido y conforme los reparos manifestados en el recurso, el Ministerio Público, en su función de intervención en defensa del patrimonio público, y de los derechos y las garantías fundamentales, considera que el problema jurídico a abordar, para efectos de presentar concepto, se puede formular de la siguiente manera: ¿Se configura la responsabilidad de la NACIÓN - RAMA JUDICIAL y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por los perjuicios causados al actor, cómo consecuencia de la privación injusta de la libertad del señor FRANCISCO JARAMILLO QUIÑONES por el término de 4 meses y 11 días, bajo el delito de peculado por apropiación? 2.2 . Las pruebas obrantes . Atendiendo el material probatorio obrante, el Ministerio Público se permite resaltar las siguientes piezas, las cuales resultan relevantes para poder resolver el problema jurídico planteado en el caso sub examine en esta eta procesal: DOCUMENTALES 2.2.A. Copia del acta N° 241 del Juzgado Quinto Penal Municipal Control De Garantías de

Pasto–Nariño de fecha 30 de Septiembre de 2010. (SAMAI-Cuaderno ED_19RESPUESTAJUZGADOP(.rar) N roActua 2 – Folio 7 al 12). 2.2.B. Copia de boleta de detención preventiva domiciliaria No.59 del 30 de septiembre de 2010 (SAMAICuaderno ED_19RESPUESTAJUZGADOP(.rar) N roActua 2 – Folio 13). 2.2.C. Copia de la sentencia del (30) junio de dos mil diecisiete (2017) del Juzgado Tercero Penal del Circuito Con Funciones de Conocimiento de San Juan de Pasto, por medio de la cual se dictó sentencia absolutoria en favor del señor FRANCISCO JARAMILLO QUIÑONES (SAMAICuaderno ED_19RESPUESTAJUZGADOP(.rar) N roActua 2 – Folio 22 al 45). GRABACIONES DE VÍDEO Y VOZ 2.2.4 Audiencias Preliminares del 30 de septiembre de 2010 (SAMAI-Cuaderno ED_19RESPUESTAJUZGADOP(.rar) N roActua 2) 2.3. Análisis Jurídico – Fáctico. Página 11 de 33 MFPM Procuraduría Delegada de Intervención 9: Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 No. 15–80 PISO 19 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961, Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7

Procede esta Delegada, a emitir su concepto dentro del presente radicado, tendiente a solicitar CONFIRMAR la sentencia recurrida proferida