PGN - REPARACIÓN DIRECTA - Perjuicios materiales lucro cesante

Procuraduría General de la Nación

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Detalles

Título
PGN - REPARACIÓN DIRECTA - Perjuicios materiales lucro cesante
Autor
Procuraduría General de la Nación
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
—

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO PERJUICIOS MATERIALES-Reconocimiento por muerte de civil en atentado terrorista LUCRO CESANTE-Responsabilidad civil y administrativa como consecuencia de falla en el servicio por parte de la policía nacional REPARACION DIRECTA-Sea condenado en costas a la parte demandada a favor del parte actora, como consecuencia de la muerte de la señora Lyda Astrid Clavijo Dussán FALLA EN EL SERVICIO-Por omisión a sus deberes constitucionales y legales por parte de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Fundamento constitucional/RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Por los daños antijurídicos que le sean imputables, los cuales deben ser causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, determinando que el Estado será responsable por los daños antijurídicos que le sean imputables, los cuales deben ser causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Así mismo el Consejo de Estado, en pronunciamientos recientes ha explicado que “los elementos que sirven de fundamento a la responsabilidad son esencialmente el daño antijurídico y su imputación a la administración entendiendo por tal, el componente que permite atribuir jurídicamente un daño a un sujeto determinado”. Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de

Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano. c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” RESPONSABILIDAD ESTATAL-Por hechos de terceros en desarrollo o con ocasión del conflicto armado Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (62574) 18001233100020500295-00 DEBER DE PROTECCION DEL ESTADO-Obligación tendiente a la prevención y salvaguarda de población civil respecto de atentados terroristas

DERECHO A LA SEGURIDAD PERSONAL-Se encuentra garantizado por fundamentos constitucionales que imponen el deber de protección de las víctimas del conflicto armado DEBER DE PROTECCION Y GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LOS ASOCIADOS - Obligación de las entidades estatales de evitar actos violatorios de tales derechos RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Procede cuando se evidencia omisión del deber de protección de las víctimas del conflicto armado 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PGP (rev.2)

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Expediente No. (62574) 18001233100020500295-00

CONCEPTO No. 080/2019

Bogotá, D.C. 5 de junio de 2019

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente Doctora Marta Nubia Velásquez Rico

E. S. D.

EXPEDIENTE: 18001233100020500295-00 (62574)

ACCIÓN: Reparación Directa

ACTOR: Gloria de Jesús Dussán Vargas DEMANDADO: Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Sentido del concepto: Solicitud de CONFIRMAR la sentencia recurrida/ Se probó la falla en el servicio por parte de la Policía Nacional // Existían informes de inteligencia

del DAS que daban cuenta de la situación de riesgo en la que se encontraba la ciudad de Florencia para el 2003 / El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento del ordenamiento jurídico, la protección del patrimonio público y de los derechos y las garantías fundamentales.

1. ANTECEDENTES

1.1. La Demanda. La señora Gloria de Jesús Dussan, por intermedio de apoderado judicial legalmente constituido, en ejercicio de la acción de reparación directa demandó a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Otros, con el fin de que sea declarado responsable civil y administrativamente y por ende se le ordene el reconocimiento de los perjuicios materiales a 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PGP (rev.2)

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Expediente No. (62574) 18001233100020500295-00 título de lucro cesante y morales, y sea condenado en costas a la parte demandada a favor del parte actora, como consecuencia de la muerte de la señora Lyda Astrid Clavijo Dussán en atentado terrorista ocurrida el 28 de septiembre de 2003, en la ciudad de Florencia. 1.2. Sentencia de primera instancia.

La Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 20 de noviembre del 2017, declaró administrativamente y patrimonialmente responsable a la NaciónPolicía Nacional por los perjuicios causados a la señora Gloria de Jesús Dussán Vargas como consecuencia de la muerte en atentado terrorista de su hija Lyda Astrid Clavijo Dussán, por lo cual se basó en los siguientes hechos probados:  Que el 28 de septiembre de 2003 sobre las 3 a.m. se perpetuó un atentado terrorista a través de un artefacto explosivo en una moto detonado a control remoto, en la denominada “zona rosa” en el municipio de Florencia, que como consecuencia de ello se causó lesiones a más de 50 personas y la muerte de otras 10, entre ellos, 2 agentes de policía y 8 civiles dentro de los cuales se encontraba la señora Lyda Astrid Clavijo Dussán, quien murió de inmediato. La señora se encontraba laborando en la Taberna Bongho  Que el atentado terrorista iba dirigido en contra de las fuerzas militares como represalia por los “golpes” asentados a dicha organización terrorista según quedó documentado en el “Informe sobre Atentado terrorista”  Que en el mencionado documento, el DAS tuvo conocimiento de las intenciones terroristas a la Taberna “La esquina de Pipe” en donde frecuentaban integrantes de las Autodefensas situación que fue puesta en conocimiento de la Dirección General de Inteligencia, Comandante Brigada No. 12 y del Comandante Departamento de Policía Caquetá mediante oficio del 5 de junio de 2002 visibles a folio 38-41 del cuaderno No. 2

 Que integrantes de las FARC estaban encargados de conseguir motocicletas Honda Biz y Suzuki Viva para realizar atentados terroristas puesta en conocimiento de la Dirección 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PGP (rev.2)

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Expediente No. (62574) 18001233100020500295-00 General de Inteligencia, Comandante Brigada 12 y del Comandante Departamento de Policía Caquetá del 6 de mayo del 2003, allegados a folios 42 a 45 del cuaderno No. 2  Que como consecuencia de los hechos del 28 de septiembre del 2003 la Fiscalía 39 Especializada de la Unidad Nacional de Fiscalía de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario profirió resolución de acusación contra los señores Miller Núñez Ramirez y Víctor Jaime García Paladines.  Por lo que la sala logró constatar que hubo falla en el servicio por omisión a sus deberes constitucionales y legales por parte de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional Respecto de la Indemnización de Perjuicios la Sala reconoció: - Como Perjuicios Morales Para la señora Gloria de Jesús Dussan, madre de la causante el valor de 100 SMLMV - Como Perjuicios Materiales En la modalidad de Lucro Cesante consolidado se le reconoció el valor de $36.078.467, teniendo como base el salario mínimo legal vigente para el 2017.

1.3 Argumentos de la apelación. El apoderado de la parte demandada solicitó que se revoque la sentencia objeto de este recurso con fundamento en que no era posible fundamentar una falla del servicio cuando para el día de los hechos se estaba realizando actividades policiales para controlar el cierre de establecimientos públicos en la zona rosa de Florencia. Los motivos de inconformidad son:  Fundamentar probatoriamente el fallo en informes de inteligencia 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PGP (rev.2)

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Expediente No. (62574) 18001233100020500295-00 Que en los informes de inteligencia aportados como el del 2002 en el que se habla de un posible atentado en la zona rosa y otro en el que se señala de un atentado con motocicleta contra las entidades gubernamentales, ninguno de ellos señala que la fuerza pública fuera ser perjudicada. Información que se toma como una alerta y por lo tanto se adoptan las medidas necesarias, pero pensar que este hecho era previsible y no permitir la apertura de todos los establecimientos de la zona creyendo que con eso se ve a reducir la amenaza, es una actividad imposible para la Policía Nacional. Por lo tanto los informes utilizados por el operador jurídico para condenar, puestos en conocimiento antes del atentado terrorista, no tenían ninguna validez probatoria, como lo

señala el art. 35 de la Ley Estatutaria 1621 de 2013 “Por medio de la cual se expiden normas para fortalecer el Marco Jurídico que perite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contra inteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones.” (…) Art. 35 valor probatorio de los informes de Inteligencia. En ningún caso los informes de inteligencia y contrainteligencia tendrán valor probatorio dentro de procesos judiciales y disciplinarios, pero su contenido podrá constituir criterio orientador durante la indagación. En todo caso se garantizará la reserva de la información, medios, métodos y fuentes, así como la protección de la identidad de los funcionarios de inteligencia y contrainteligencia. (Negrilla y subrayado fuera de texto)”  Establecer como título de imputación una falla en el servicio por parte de la Policía Nacional, sin determinar cuál fue la omisión en la que incurrió dicha entidad sino determinarla únicamente por su misión constitucional Para el 28 de septiembre de 2003 la Policía Nacional se encontraba realizando actividades de control de establecimiento abiertos al público, verificando que los ciudadanos que departían en la zona no tuvieran inconveniente evitando cualquier actividad delincuencial, sin que puede hablarse de falla en el servicio, como lo señalan los siguientes documentos: 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (62574) 18001233100020500295-00 Boletín informativo Policial No. 270 del 28-09-2003 en el que señala que al momento de los hechos se estaba realizando el cierre de establecimientos y la ciudadanía que departía en el lugar se aprestaba para abandonarlo… (…)” Declaración testimonial del señor Jesús Orlando Botero García del 7 de febrero del 2007 quien señaló respecto de la Pregunta: Díganos si fue de conocimiento público y notorio que el deceso de Lyda Astrid Clavijo Dussan y otras personas, se produjo por parte de las fuerzas al margen de la ley. Contesto: “Eso estaba anunciado porque la guerrilla decía que iba a poner bombas en los locales, eso salió por las noticias, prensa, tanto así que la policía estaba pendiente, por eso muriendo 2 agentes de la policía por el artefacto… (…) (Negrilla y subrayado fuera de texto  No hacer una valoración de pruebas en conjunto, pues se hizo un estudio en la apreciación presentada por el (DAS) En informe presentado por el DAS sobre al atentado terrorista del 28 de septiembre de 2003, se señaló que el atentado iba dirigido en contra de la fuerza pública, cuando dicho documento es posterior a los hechos, sin estudiar que dicho organismo emitió otros informes en los que se señalaba que los posibles atentados serían contra el comercio de Florencia y contra las instituciones gubernamentales, sin especificar.

Por lo tanto no está demostrado en el expediente que el atentado estaba dirigido contra la fuerza pública y menos en contra de la Policía Nacional como lo señaló el Tribunal, para lo cual trajo a colación testimonios presentados el 7 de febrero de 2007. La señora Maria Elena Gutiérrez señaló que “se venía manifestando que la zona rosa la estaban amenazando, dichas amenazas decían que algún día iría a explotar la zona rosa.” 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PGP (rev.2)

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Expediente No. (62574) 18001233100020500295-00 El señor Ariel Pérez Tovar señaló que “se escuchaba que estaban amenazando el comercio y se le atribuyó a la guerrilla.” Por lo tanto no se puede hablar de falla en el servicio, cuando para el día de los hechos se está realizando actividades policiales para controlar el cierre de establecimientos públicos en la zona rosa de Florencia.

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos.

Problemas planteados por el Ministerio Público:  ¿Le asiste responsabilidad a la Nación, Ministerio de Defensa, por los hechos causados a la población civil en atentados terroristas en las zonas de conflicto armado?

 ¿Los informes de inteligencia presentados por el DAS y dirigidos a la policía y al Ejército que daban cuenta de posibles atentados a la población de Florencia, son suficientes para imputar responsabilidad a la Nación por los hechos en los que perdió la vida la señora Lyda Clavijo Dussan? 2.3. Las pruebas obrantes Dentro del material probatorio que obra en el expediente, destacamos las siguientes foliaturas, consideradas como pertinentes para el análisis del presente caso. 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PGP (rev.2)

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Expediente No. (62574) 18001233100020500295-00  Acta de levantamiento e inspección de cadáver No. 00207 de la señora Lyda Astrid Clavijo Dussán en el que se señala que falleció el 28 de septiembre de 2003 en la ciudad de Florencia. Folio 5 a 7  Oficios del 6 de mayo de 2003 suscritos por el Director del DAS Seccional Caquetá, al director general de Inteligencia del DAS, al Comandante del Departamento de Policía Caquetá, al Comandante de la XII Brigada, en los cuales se señala que “De acuerdo con información suministrada por una fuente habitual confiable, con acceso directo al área, integrantes del XV frente de las farc que delinquen en el municipio de

Doncello, estarían encargados de adquirir motocicletas Honda Biz y Suzuki Viva, para ser adecuadas con explosivos y utilizarlas en atentados terroristas contra instituciones gubernamentales en Florencia. También se conoció que el 29 y 30 de abril de 2003 aproximadamente 20 subversivos del II frente de las farc dirigidos por alias “JH” se habrían reunido en la finca propiedad de Pedro DEVIA alias “Sotelo”, distancia a 100 metros de la vereda Sebastopol, jurisdicción de Florencia, para planear una escalada terrorista a corto plazo en esta ciudad, con acciones simultáneas que compliquen la reacción de la Fuerza Pública, teniendo dentro de sus principales objetivos la Cárcel del Circuito.” Dichos documentos se encuentran con firmas y sellos de recibido de las correspondientes autoridades. Folios 42-45 C No. 2 de Pruebas  Oficios del 15 de agosto de 2003 suscritos por el Director del Das Seccional Caquetá y dirigidos al director general de Inteligencia del DAS, al Comandante del Departamento de Policía Caquetá, al Comandante de la XII Brigada, mediante los cuales remite la síntesis informativa de orden Público del Departamento de Caquetá, para el CONSEJO TECNICO SECCIONAL DE INTELIGENCIA No. 15 que va del 01 al 15 – AGO-03 en los cuales se allega información de inteligencia de los días 1º, 4, 5 6, 7 y 14 de agosto de 2003. Folio 46 -51 C No. 2 de Pruebas 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co

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Expediente No. (62574) 18001233100020500295-00  Informe sobre el atentado terrorista en Florencia del 28 de septiembre de 2003 presentado por el director Seccional DAS Caquetá al director general de inteligencia del DAS que el 28 de septiembre a las 3 horas frente al establecimiento Son Factory – Estanco Rosa. Localizado en la denominada zona rosa de Florencia milicianos de las farc abandonaron una motocicleta Suzuki Viva 115 motor No. BE42C-TH401444 adaptada con un artefacto compuesto por aproximadamente 8 kilos de explosivos y cartuchos calibre 5.56 como metralla, la cual habría sido accionada mediante control remoto al momento de ser inmovilizado el citado velocípedo por unidades de la policía de tránsito, resultando muertas 10 personas (2 policías y 8 civiles, entre ellos un menor de edad) Dentro del acápite de Antecedentes menciona los atentados terroristas en Florencia del 29 de enero del 2002 y 29 de abril de 2003. Dentro del acápite de las informaciones de inteligencia, se señalan 3: i) La del 16 de mayo del 2002 denominada Plan terrorista Florencia, en el que se lee que según informaciones de fuente confiable milicianos del III frente de las farc tendrían planeado realizar una acción terrorista contra la taberna la Esquina de Pipe, ubicada

en la zona rosa de ésta ciudad, donde según los subversivos frecuentan integrantes de las autodefensas. ii) La del 6 de mayo de 2003 también denominado Plan terroristas Florencia en el que se señala que integrantes del XV frente de las farc que delinquen en el municipio de Doncello, estarían encargados de adquirir motocicletas Honda Biz y Suzuki Viva, para ser adecuadas con explosivos y utilizarlas en atentados terroristas contra instituciones gubernamentales en Florencia y iii) 6 de agosto de 2003 denominado vehículos Florencia en el que señala que integrantes de las frac vendrían movilizando material bélico con el fin de realizar acciones terroristas en ésta ciudad, utilizando los siguientes vehículos: automóvil de servicio público placa VXF-421, camioneta Dodge 300 placa VXB-202, automóvil particular placa NBL-266, automóvil particular placa MNM-198, motocicleta placa MDW-78, motocicleta Suzuki TS125 placa MGI-06 y motocicleta Yamaha DT125 placa NWN24A. Que dichos informes fueron difundidos al Ejército a la Policía Nacional. En el acápite de Apreciación se lee que “…los subversivos planean y ejecutan nuevas modalidades en su accionar, evidenciándose su enfoque al terrorismo, debido a que se les permite obtener mayor eficacia y evitan que los responsables sean capturados 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (62574) 18001233100020500295-00 o dados de baja, como se presenta en la confrontación directa con la Fuerza Pública.” “De acuerdo con el modus operandi de los hechos, se puede colegir que los autores serían milicianos de las farc, quienes realizaron la acción explosiva como represalia por los golpes asestados a las estructuras subversivas por parte de los organismos de seguridad resaltándose que el impacto a pesar de estar dirigido contra la Fuerza Pública, la mayor afectada fue la población civil. Así mismo, se prevé que éste accionar tiene como finalidad la aplicación de directrices emanadas del secretariado de la organización subversiva tendientes a desestabilizar los próximos eventos regionales y nacionales, como son la Feria Agroindustrial, Comercial y Ganadera de Florencia a realizarse del 10 al 13 de Octubre de 2003, así como los comicios electorales del 25 y 26 de Oct03. Como Recomendaciones se señaló i) Aplicar las medidas de seguridad necesarias en cualquier procedimiento adelantado por la Fuerza Pública como el fin de ser blanco de acciones explosivas. ii) Incrementar el patrullaje de puntos críticos y control en las vías intermunicipales, tendientes a detectar y neutralizar eventuales acciones terroristas y iii) Fortalecer el intercambio de información entre Agencias de Inteligencia, relacionada con las proyecciones terroristas de los grupos ilegales armados. Folio 31-36 C. 2  Boletín Informativo Policial del 28 de septiembre de 2003 en el que se señala que en

la zona de Rosa de Florencia sobre las 3:00 horas, frente al establecimiento Público Taberna Sound Factory, terroristas detonaron un artefacto explosivo, el cual estaba instalado en una motocicleta marca Suzuki viva 115, en el momento de los hechos se estaba realizando el cierre de establecimientos y la ciudadanía que departía en el lugar, se aprestaba para abandonarlo, resultando lesionados 57 personas y 10 muertas, entre ellos 3 policías lesionados y 2 muertos. Inicialmente se conoció que los terroristas camuflaron el explosivo en la motocicleta, utilizando un sistema de control remoto de alarma para carros. Dentro de los policías muertos y lesionados se encuentran 3 patrulleros y un subintendente. Folio 61 -64  Testimonios presentados el 7 de febrero de 2007 de los señores Maria Elena Gutiérrez, Jesús Orlando Botero y Ariel Pérez Tovar quienes coinciden en señalar 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PGP (rev.2)

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Expediente No. (62574) 18001233100020500295-00 que “desde hace mucho tiempo se venía rumorado que la guerrilla iba a poner una bomba en la zona rosa de la ciudad de Florencia.” Además el señor Botero García afirmó: “que tanto así que la policía estaba pendiente, por eso murieron 2 agentes de

policía ese día.” Folios 122 a 129 C. 2  Acta del Consejo de Seguridad extraordinario del 17 de noviembre del 2003, realizado en el Comando de Policía Caquetá en el que se estableció que “el motivo de la convocatoria son los hechos ocurridos en las instalaciones del INPEC, la fuga de 12 reclusos.” “Que ya se había advertido sobre la vulnerabilidad que existía en este centro cancelario y penitenciario, que en los diferentes Consejos de Seguridad y hasta en las reuniones de la Comisión y Seguimiento a los Procesos Electorales, los Organismos de seguridad y todas las instituciones que lo conforman y asisten a estas reuniones habían manifestado la preocupación por las falencias presentadas y las amenazas que existían por grupos ilegales al margen de la ley según labores de inteligencia de los organismos de seguridad en los cuales se amenazaba con una posible fuga de personas de alta peligrosidad de dicho centro.” Folio 102 a 106 C. 2  Las demás enunciadas en el fallo proferido por la sala Transitoria del Tribunal Administrativo, el 20 de noviembre de 2017, dentro del presente proceso. 2.4. Análisis Jurídico 2.4.1. Marco teórico Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto del Ministerio Público: 2.4.1.1. Responsabilidad extracontractual del Estado 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (62574) 18001233100020500295-00 Encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, determinando que el Estado será responsable por los daños antijurídicos que le sean imputables, los cuales deben ser causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Así mismo el Consejo de Estado, en pronunciamientos recientes ha explicado que “los elementos que sirven de fundamento a la responsabilidad son esencialmente el daño antijurídico y su imputación a la administración entendiendo por tal, el componente que permite atribuir jurídicamente un daño a un sujeto determinado”1. Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano. c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc.

d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” 2.4.1.2. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR HECHOS DE TERCEROS EN DESARROLLO O CON OCASIÓN DEL CONFLICTO ARMADO En sentencia del 8 de junio de 2017 SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B” Consejero Ponente: Danilo Rojas Betancourth Expediente 44639, en la que se hace un amplio análisis sobre la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado de la 1 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 10 de septiembre de 2014. Expediente: 29939. 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PGP (rev.2)

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Expediente No. (62574) 18001233100020500295-00 responsabilidad del Estado por hechos de terceros en desarrollo o con ocasión del conflicto armado se ha dicho. “…….Por ese motivo, la Corporación ha considerado que el concepto de falla del servicio opera como fundamento del deber de reparar en aquellos casos en los que agentes estatales intervienen en la producción del daño por ineficacia, retardo u omisión en el cumplimiento de las funciones a su cargo, lo cual se ha entendido que ocurre cuando (i) la falta de cuidado o previsión del Estado facilita la

actuación de la guerrilla; (ii) la víctima, o la persona contra quien iba dirigido el acto, solicita protección a las autoridades y éstas la retardan, omiten o la prestan de forma ineficiente ; (iii) el hecho era previsible, en razón de las especiales condiciones que se vivían en el momento, pero el Estado no realiza ninguna actuación dirigida a evitar o enfrentar eficientemente el ataque ; y (iv) la administración omite adoptar medidas para evitar o atender adecuadamente una situación de riesgo objetivamente creada por ella.” “….Esta responsabilidad, incluso bajo la óptica del artículo 90 de la C.P., sólo puede surgir cuando se evidencia la existencia de una falla del servicio, teniendo en cuenta que tal concepción es relativa. Su régimen fue precisado por la Sala en sentencia del 5 de agosto de 1994 (exp. 8487, actor VÍCTOR JULIO PARDO, ponente, Carlos Betancur Jaramillo), en la cual se señaló: “1. - En casos como el presente, en los cuales se imputa responsabilidad a la administración por el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de sus obligaciones, la determinación de si el daño causado al particular tiene el carácter de daño antijurídico, depende de acreditar que la conducta de la autoridad fue inadecuada. Si el daño que se imputa a ésta se deriva del incumplimiento de un deber que legalmente le corresponde, o de su cumplimiento inadecuado, la antijuridicidad del daño surgirá entonces aquí de dicha conducta inadecuada, o lo que es lo mismo, de una FALLA EN EL SERVICIO. (...) 2. - Para determinar si aquí se presentó o no dicha falla del servicio, debe entonces previamente

establecerse cuál es el alcance de la obligación legal incumplida o cumplida inadecuadamente por la administración. Debe precisarse en qué forma debió haber cumplido el Estado con su obligación; qué era lo que a ella podía exigírsele; y, sólo si en las circunstancias concretas del caso que se estudia se establece que no obró adecuadamente, esto es

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