PGN - REPARACIÓN DIRECTA - Secuestro y muerte ciudadanos por AUC

REPARACION DIRECTA-Daño antijurídico con ocasión del secuestro y posterior muerte de uno ciudadanos producidos por la incursión armada de un bloque de las Autodefensas RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Encuentra su sustento en el artículo 90 de la constitución política RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Cláusula general de responsabilidad REGIMEN DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA-Falla del servicio RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Requisitos para su configuración CAUSALES DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD-Por hecho de un tercero, y culpa exclusiva de la víctima DELITO DE LESA HUMANIDAD–Concepto DELITO DE LESA HUMANIDAD-El homicidio fue selectivo y sistemático DELITO DE LESA HUMANIDAD-Elementos estructurales DELITO DE LESA HUMANIDAD-Tiene carácter imprescriptible VIOLACION AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO-La noción de graves violaciones va aparejada del concepto de crímenes de guerra DEBER DE PROTECCION DEL ESTADO–Alcance …El deber de protección, a diferencia del deber de respeto, pesa de modo exclusivo sobre el Estado, pues sólo él tiene dos grandes monopolios que permiten amparar con solicitud y eficacia los bienes jurídicos de las personas. Esos monopolios son el de la administración de justicia y el de la fuerza armada. Únicamente corresponden al Estado las competencias atinentes a la resolución de Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

Exp No. (63381) 27001233300020140020601 conflictos y a la aplicación de sanciones mediante actos decisorios dictados con fuerza de cosa juzgada. DESAPARICION FORZADAConducta de lesa humanidad De lo anterior, y una vez demostrado el daño generado a los familiares del señor …, por su desaparición forzada, encuentra además este despacho, debidamente comprobado el nexo causal entre el daño alegado y la actuación omisiva que desplegaron las entidades demandadas, por lo que al respecto, se concluye que, se encuentra plenamente demostrada la falla en el servicio, en la que incurrieron las demandadas Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Policía Nacional, puesto que aunque sus miembros no participaron directamente en la realización de la incursión delictiva de los miembros del bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, perpetrada en el Municipio de Riosucio (Chocó) el 20 de diciembre de 1996, su responsabilidad se ve evidentemente comprometida, pues como se demostró las fuerzas militares y de policía omitieron su deber constitucional de salvaguardar la seguridad y el orden público en el municipio 2 YPCF (rev.2) Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co Exp No. (63381) 27001233300020140020601

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 102 /2019

Bogotá, D.C., 09 de julio de 2019

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente Doctora MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

E. S. D.

EXPEDIENTE: 27001233300020140020601 (63381) Medio de control de Reparación Directa – Ley 1437 /2011

ACTOR: Luis Fernando Arboleda Osorio y otros DEMANDADO: Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Policía Nacional Sentido del concepto: CONFIRMAR Y MODIFICAR la sentencia recurrida originada en el Tribunal Administrativo de Chocó/ Los hechos ocurridos el 20 de diciembre de 1996 en el Municipio de Riosucio configuran una flagrante vulneración a derechos humanos / Responsabilidad del Estado por aquiescencia al omitir sus función es y permitir la concreción de actos delictivos de grupos al margen de la Ley / Obligación del Estado de responder por los daños ocasionados a los demandantes en virtud de la falla en la prestación del servicio por omisión, fundamentos de la posición de garante frente a los derechos del señor Benjamín Arboleda Chaverra / Deber de protección / Frente a la reclusión del menor Robinson Moya concurre la causal de exoneración de responsabilidad hecho de culpa de la víctima y hecho de un tercero / Control de convencionalidad es un deber ineludible, para el Estado Colombiano / Deber de incoar acción de repetición.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la ley, además de la protección de los Derechos Humanos y el Patrimonio Público.

1. ANTECEDENTES 1.1. Antecedentes - La demanda.

3 YPCF (rev.2) Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co Exp No. (63381) 27001233300020140020601 El señor Luis Fernando Arboleda Osorio y otros, por intermedio de apoderado judicial, en uso del medio de control de reparación directa consagrado en el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011, presentaron demanda el día 24 de octubre de 2014, en contra de la Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y Policía Nacional, con el fin de que sean declarados administrativamente responsable por los perjuicios generados al grupo de actores, con ocasión a los hechos ocurridos el 20 de diciembre de 1996, en el Municipio de Riosucio (Chocó), cuando se concretó la incursión armada de miembros pertenecientes al bloque “Elmer Cárdenas” de las Autodefensas Unidas de Colombia en la cabecera municipal, mencionando el escrito petitorio, que este hecho se concretó gracias a la coparticipación y complicidad de miembros adscritos a la Policía Nacional y el

Ejército Nacional, cuando estos cumplían sus funciones y portaban las prendas y armas de dotación oficial. De esta manera, menciona la demanda que durante la toma del grupo paramilitar en el municipio de Riosucio, los paramilitares patrullaron y realizaron actividades armadas en contra de la población civil, efectuando la retención de 5 personas, que fueron raptadas de sus domicilios y lugares de trabajo, entre quienes se encontraba el señor BENJAMÍN ARBOLEDA CHAVERRA, quien se desempeñaba para la época de los hechos como Secretario de Gobierno Municipal y Alcalde Encargado; y el joven ROBINSON MARTÍNEZ MOYA de 16 años de edad. A través de la demanda se indica que luego de raptar a los 5 ciudadanos del Municipio de Riosucio, 3 de ellos, entre ellos el señor BENJAMÍN ARBOLEDA CHAVERRA, fueron torturados, desmembrados y sepultados en fosas comunes, sin que, hasta la fecha de presentar la demanda de reparación directa, se conociera la ubicación de los cuerpos, por lo que actualmente continúan en desaparición forzada. Se estableció respecto del joven ROBINSON MARTÍNEZ MOYA, que luego de ocurrido los fatales hechos del 20 de diciembre de 1996, cuando fue raptado del seno de su familia, fue visto por su madre y otros testigos patrullando junto a las tropas de las AUC, demostrando que el menor fue víctima de reclutamiento forzada por el grupo ilegal. No obstante, con posterioridad, fue víctima del delito de homicidio por parte de un compañero de batalla, sin que a la fecha su familia haya podido recuperar sus restos mortales.

4 YPCF (rev.2) Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co Exp No. (63381) 27001233300020140020601 Con fundamento en lo anterior, los demandantes pretenden se reconozcan los perjuicios morales cuantificados en salarios mínimos, junto con los intereses moratorios que se causen hasta la fecha en que se genere el pago de la condena. Igualmente, el grupo demandante solicitaron el reconocimiento de los perjuicios de daño a la vida en relación, alteraciones a las condiciones de existencia y a la salud psicofísica. Respecto a los perjuicios materiales invocaron la modalidad de lucro cesante futuro y consolidado por la desaparición forzada del señor BENJAMÍN ARBOLEDA CHAVERRA, valores que se solicitó liquidar conforme al salario que devengaba como secretario de gobierno, debiéndose actualizar a la fecha. 1.2. Sentencia de primera instancia. El Tribunal Contencioso Administrativo de Chocó, mediante sentencia No 195 proferida el 23 de noviembre de 2017, accedió a las pretensiones de la demanda, declarando responsable administrativa y patrimonialmente a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL – POLICIA NACIONAL, bajo los siguientes argumentos:  Conforme a las pruebas analizadas, y lo establecido a través de la demanda y sus contestaciones, encontró debidamente demostrada la desaparición forzada que fue objeto el señor BENJAMÍN ARBOLEDA CHAVERRA, y el reclutamiento del menor de edad

ROBINSÓN MARTÍNEZ MOYA quien posteriormente fue asesinado por un miembro de las AUC, hechos que constituyen un acto de lesa humanidad, conforme lo tipifica la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las desapariciones forzadas y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados. Por lo tanto, procedió a negar la excepción propuesta por la pasiva respecto de la caducidad de la acción, precisando la Sala que el caso en estudio corresponde a un caso de delitos de lesa humanidad.  Conforme lo anterior, estableció el A Quo del análisis efectuado al material probatorio que, efectivamente sobre las 6 de la mañana del 20 de diciembre de 1996, un grupo de hombres quienes portaban uniformes y armamento de uso privativo de la fuerza pública, y se identificaron como miembros de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, 5 YPCF (rev.2) Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co Exp No. (63381) 27001233300020140020601 incursionaron de manera violenta en el municipio de Riosucio y sacaron a varias personas de sus casas, entre ellas, al señor BENJAMÍN ARTEMIO ARBOLEDA CHAVERRA,

JOSÉ LISNEO ASPRILLA MURILLO, EDINSON RIVAS CUESTA, FRANCISCO

ARMANDO MARTÍNEZ MENA, y el entonces menor de edad ROBINSÓN MARTÍNEZ MOYA, quienes fueron llevados hacia el municipio de Santa María del Darién y luego de sufrir diversas torturas se les dio de baja en difíciles circunstancias a BENJAMÍN ARTEMIO ARBOLEDA CHAVERRA, JOSÉ LISNEO ASPRILLA MURILLO, y a EDINSON RIVAS CUESTA, mientras que el señor FRANCISCO ARMANDO MARTÍNEZ MENA, fue dejado en libertad.  Con las pruebas se determinó que, para el 20 de diciembre de 1996, el señor FAUSTINO MARTÍNEZ alcalde del municipio de Riosucio (Chocó), se encontraba en Bogotá adelantando el trámite de la firma del convenio para la construcción del aeropuerto, por lo tanto, desde el 17 del mismo mes y año, cuando se ausentó, dejó encargado como alcalde al señor BENJAMÍN ARBOLEDA CHAVERRA.  Asimismo, menciona la sentencia de instancia, respecto del joven Robinson Martínez Moya, que este fue reclutado por el grupo “Elmer Cárdenas” de las Autodefensas Unidas de Colombia, principalmente por el paramilitar César Arce Graciano quien lo destinó a manejarle los motores de las AUC, sin embargó, se le dio de baja en las filas de esa organización ilegal, porque hizo un atentado a un grupo indígena en el municipio de Riosucio, sin autorización, siendo asesinado por alias “diablito”.  Resaltó la Sala que, del trámite penal adelantado durante el proceso de justicia y paz,

el cual se trasladó al presente, se concluyó que la incursión del 20 de diciembre de 1996, llevada a cabo en el municipio de Riosucio (Chocó) fue perpetrada por miembros del bloque “Elmer Cárdenas” de las Autodefensas Unidas de Colombia, y acordada previamente con la Policía de Chocó y las Fuerzas Militares acantonadas en Urabá, pues en lugares de cruce obligatorio con las fuerza pública sus miembros se hicieron los de las vista gorda frente a la presencia de los paramilitares y en algunos momentos prácticamente los Policías brindaron apoyo a los miembros del grupo ilegal. La decisión de primera instancia narra el papel importante del señor Vicente Castaño quien contactó al Comandante de la Policía de Chocó, y acordaron simular un enfrentamiento haciendo tiros al aire para que la población no se percatara de la relación, situación que efectivamente ocurrió el 20 de diciembre de 1996. 6 YPCF (rev.2) Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co Exp No. (63381) 27001233300020140020601  La primera instancia analizó las decisiones adoptadas dentro de los diversos procesos penales adelantados por los hechos ocurridos el 20 de diciembre de 1996, de las cuales, se resaltan entre otras la Resolución del 25 de abril de 2013 proferida por el Fiscal 22 Especializado UNDH-DIH por la cual se reconoció la desaparición forzada de 4

ciudadanos del municipio de Riosucio como delito de lesa humanidad perpetrado por miembros de las AUC, decisión que motivo la sentencia del 27 de agosto de 2014 del Tribunal Superior de Medellín – Sala de Justicia y Paz, dentro del expediente 110016000253 2006 83241 que condenó la incursión militar que realizó el Bloque “Elmer Cárdenas” en coparticipación de miembros activos e incluso al mando de la Policía Nacional y el Ejército Nacional.  En este orden de ideas, concluyó el Tribunal que dado el material probatorio obrante, se determinó que efectivamente en razón de los hechos ocurridos el 20 de diciembre de 1996 por miembros de las Autodefensas de Córdoba y Urabá Bloque “Elmer Cárdenas” se concretó la desaparición forzada del señor BENJAMÍN ARTEMIO ARBOLEDA CHAVERRA y el joven ROBINSON MATÍNEZ MOYA, a quienes se le vulneraron sus derechos humanos fundamentales, como la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, al trabajo, al constituir una familia, y a la libertad.  Ahora bien, respecto del nexo de causalidad y la imputación de la responsabilidad del daño demostrado en el presente proceso, consideró el Tribunal, que con la concreción de la daño antijurídico generado con la operación armada ilegal denominada “retoma del municipio de Riosucio” la cual, se ejecutó por los paramilitares con colaboración de miembros activos de la fuerza pública colombiana, consistente en el despliegue y coordinación de acciones de asocio con grupos al margen de la ley para facilitar que se realizara la ya mencionada incursión ilícita en donde fueron retenidos y desaparecidos

integrantes de la población civil, se desconocieron los deberes legales que le asiste a la Policía y el Ejército, en especial el de brindar protección especial a la población ajena al conflicto y salvaguardar el orden público en el territorio nacional.  Por lo anterior, la Sala encontró que las acciones, omisiones o inactividad atribuibles a los miembros de la fuerza pública de Chocó, constituyen una falla en el servicio, la cual resulta determinante y sustancial para la producción del daño alegado, razón por la cual, 7 YPCF (rev.2) Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co Exp No. (63381) 27001233300020140020601 declaró la responsabilidad de las entidades demandadas ordenando el reconocimiento y pago solidario de los perjuicios morales de la siguiente manera:

Familia de BENJAMIN ARTEMIO ARBOLEDA CHAVERRA

Víctimas Porcentaje SMLMV Olga Obeida Osorio López 100% incremento 200 (compañera) de 100% Luis Fernando Arboleda 100% incremento 200 Osorio (Hijo) de 100% Diego Edinson Arboleda 100% incremento 200 Osorio (Hijo) de 100% Josefina Ramos Chaverra 50% incremento de 100 (hermana) 50% Justino Ramos Chaverra 50% incremento de 100 (hermano) 50% Judith Ramos Chaverra 50% incremento de 100 (hermana) 50%

Julisa Ramos Chaverra 50% incremento de 100 (hermana) 50% José Enrique Ramos 50% incremento de 100 Chaverra (hermano) 50% Juana Ramos Chaverra 50% incremento de 100 (hermana) 50% Familia del joven ROBINSON MARTÍNEZ MOYA Víctimas Porcentaje SMLMV Denia Moya (madre) 100% 100 Reinerio Martínez Rengifo 100% 100 (padre) Reinerio Martínez Moya 50% 50 (hermano) Yasiris Martínez Moya 50% 50 (hermana) Yosisris Martínez Moya 50% 50 (hermana) Javier Martínez Moya 50% 50 (hermano) Edinson Martínez Moya 50% 50 (hermano) Respecto a la indemnización económica a título de daños a bienes convencional y constitucionalmente protegidos Víctima SMLMV Luis Fernando Arboleda 100 Osorio Diego Édinson Arboleda 100 Osorio  Como indemnización a los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, el Tribunal de primera instancia reconoció en favor de la señora Olga Obeida Osorio López, la suma de ciento once millones novecientos cuarenta y tres mil cuatrocientos setenta y 8 YPCF (rev.2) Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

Exp No. (63381) 27001233300020140020601 un pesos ($111.943.471). Para Fernando Arboleda Osorio, y Diego Édison Arboleda Osorio el valor de ochenta y seis millones ochocientos cuarenta y tres mil doscientos veinticuatro pesos ($86.843.224).  De igual manera, la Sala decretó medidas de reparación integral no indemnizatorias, ordenándole a las entidades condenadas la difusión y publicación de la sentencia proferida en el sub lite, mediante sus redes sociales por un período ininterrumpido de un (1) año, contado a partir de la ejecutoria de la sentencia. Asimismo, dispuso la realización de ceremonia pública en la que el Ministerio de Defensa, el Director de la Policía Nacional y el Señor Comandante de las Fuerzas Militares, presente excusas a los ciudadanos del municipio de Riosucio (Chocó) y a los familiares de las víctimas de desaparición forzada, en los hechos ocurridos el 20 de diciembre de 1996 por miembros de las AUC.  De igual manera, dispuso la remisión de la sentencia al Centro de Memoria Histórico, con el fin de dar cumplimiento a lo consagrado en la Ley 1424 de 2010. En el mismo sentido consideró como garantía de no repetición realizar capacitaciones en todos los Comandos, Batallones, Unidades y Patrullas militares en materia de procedimientos militares y policiales, según los estándares de las convenciones y constituciones, exigiendo la difusión de ejemplares impresos de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención de las Naciones Unidas, entre otras disposiciones

internacionales de derecho internacional humanitario. 1.2.1. Mediante escrito presentado por el apoderado judicial de la parte actora, el 15 de enero de 2018, solicitó efectuar corrección a la sentencia No 195 de primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de Chocó, y en subsidio el recurso de apelación. Argumenta el jurista, que en el momento de efectuar el cálculo de los perjuicios materiales generados a los familiares de Benjamín Artemio Arboleda Chaverra y Robinson Martínez Moya, estos perjuicios no fueron actualizados o indexados en el momento de liquidarlos, a la renta actual. 1.2.2. Respecto a la solicitud de corrección de la sentencia, efectuado por la parte actora, el Tribunal Administrativo del Chocó, mediante Auto del 19 de abril de 2018, resolvió negar la solicitud efectuada, toda vez que, al analizar la cuantificación de los perjuicios 9 YPCF (rev.2) Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co Exp No. (63381) 27001233300020140020601 materiales se incluyó el factor “Ra” en referencia a la renta o ingreso mensual, por lo que no se incurrió en error como lo alegó el apoderado de la actora. 1.3. Argumentos de la apelación. 1.3.1. El Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, mediante su apoderada, sustentó recurso de apelación presentado el 19 de diciembre de 20171, en contra de la decisión

que declaró a esta entidad como responsable administrativamente, por los hechos ocurrido el 20 de diciembre de 1996, argumentando:  Manifestó su inconformismo con la condena impuesta, indicando que en el presente proceso no se logró demostrar la falla en el servicio alegada por omisión o acción de miembros de las Fuerzas Militares, resaltando que actualmente el proceso penal adelantado por la jurisdicción de justicia de paz no tiene decisión en firme, ni mucho menos se ha impuesto sentencia en contra de miembros del Ejército Nacional.  Frente al reclutamiento forzado y posterior muerte del joven Robinson Martínez, argumentó el recurso que no se logró probar que las AUC se llevaron el 20 de diciembre de 1996 a la fuerza al menor, pues las aseveraciones efectuadas por la madre del menor, respecto a su rapto, quedó plenamente desvirtuada a través de los testimonios rendidos por Fredy Rendón Herrera, Cesar Arce Graciano, y William Soto Salcedo, quienes al unísono manifestaron que el Joven Robinson era miembro activo de su organización, quien voluntariamente se ofreció pidiendo una oportunidad para trabajar y se uniformó con el fin de hacer parte de las AUC, situación que conocía sus padres quienes lo vieron patrullando como militante de las AUC y nunca acudieron a denunciar formalmente ante las autoridades este hecho.  De esta manera, resalta la apelante, que no puede trasladarse la responsabilidad al Estado, de una decisión personal que tomó un joven y la cual fue aprobada por sus tutores legales, manifestando que, aunque Robinson no era mayor de edad, ya tenía un estado de madurez cognitivo que le permitía diferenciar entre lo bueno y lo malo, debido a

que para la época de los hechos, contaba con 16 años y tomaba decisiones respecto de su vida y su actuar. 1 Folios del 488 al 521 del cuaderno del Consejo de Estado. 10 YPCF (rev.2) Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co Exp No. (63381) 27001233300020140020601  Al respecto, invoca la causal de exoneración de responsabilidad del Estado denominada culpa exclusiva de la víctima, por cuanto según lo manifestado por la apoderada del Ministerio de Defensa, Robinson Martínez Moya era integrante de las AUC, y se encargaba del manejo de lanchas y andaba debidamente armado y uniformado, sometiéndose a las reglas propias de este grupo al margen de la ley por su propia voluntad.  Por otro lado, manifestó frente a la muerte del menor Robinson Martínez, que este constituye el actuar de un tercero configurándose también la exoneración de la responsabilidad del Estado por este hecho, pues como se logró demostrar en el proceso, un miembro activo de las AUC compañero de batalla del joven fue quien lo asesinó.  Adicionalmente, resaltó que en el presente caso no se debió imponer condena en contra de la Nación, por cuanto existen mecanismos de reparación diseñados por el Estado colombiano dentro de la Justicia Transicional, resaltando que a través del Decreto 1290 de 2008 dispuso un programa de reparación individual por vía administrativa para

las víctimas de violaciones del derecho a la vida, la integridad física, la salud física, la libertad individual, y sexual generados de actuaciones de grupos armados al margen de la ley, por ello la entidad principal encargada de adelantar el proceso de reparación integral para las víctimas del conflicto armado es la antigua Acción Social, a quien le corresponde adelantar los tramites de recepción de solicitudes, estudiar la viabilidad y gestionar la ejecución de las medidas de reparación otorgadas.  Asimismo, mediante el recurso de marras se menciona que no se encuentra demostrada la falla en el servicio atribuible al Ejército Nacional, pues el 20 de diciembre de 1996 en el momento en que incursionaron los miembros de las AUC al municipio de Riosucio (Chocó) el ejército a través de su comandante solicitó apoyo a las unidades de Quibdó, tal como lo narró el Teniente Coronel Rigoberto Ambrosio Ojeda Prieto en su testimonio visible a folio 61 del cuaderno No 1, situación por la cual no es procedente imponer condena en contra del ejército, pues el actuar durante los hechos del 20 de diciembre de 1996 no constituyen omisión, por el contrario cada actuación militar estuvo ceñida a sus obligaciones legales y constitucionales, olvidando el Tribuna que la actividad que desarrolla el Estado por medio de la Fuerza Pública es de medio y no de resultado, por lo que se debe tener en cuenta que para el año 1996 el Ejército contaba con limitación presupuestal. 11 YPCF (rev.2) Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co Exp No. (63381) 27001233300020140020601  Corolario a lo anterior, manifiesta que las medias de reparación integrales impuestas por el Tribunal de primera instancia, no son procedentes frente al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, toda vez que, en el presente proceso no concurre prueba que demuestre la actuación material ni intelectual de las FFMM para la concreción de los hechos objeto de demanda. De esta manera, solicitó al Ad Quem revocar la sentencia que impuso condena a la Nación – Ministerio de Defensa Ejército Nacional, atendiendo los argumentos expuestos mediante el recurso de apelación sustentado. 1.3.2. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, mediante apoderado judicial, incoó recurso de apelación2 en contra de la decisión de primera instancia, sustentando, en síntesis:  Dentro del proceso está demostrado que no existió denuncia formal o alerta de ninguna persona que informara o pusiera en conocimiento a la Policía sobre las amenazas, actividad criminal o motivos que pudiesen evitar los hechos ocurridos el 20 de diciembre de 1996, por lo tanto, esta situación constituye la imposibilidad de prever.  De esta manera, argumentó que no se puede endilgar la responsabilidad del Estado por los perjuicios causados a los ciudadanos como consecuencia de la realización de cualquier delito, máxime cuando el aparato estatal tiene una función preventiva y sancionadora en relación con los hechos punibles, situación que en el caso en concreto

no se configura, pues no existe un enlace preciso y directo de la participación de integrantes de la institución policial y los daños ocasionados a los accionantes, tampoco indicios o injerencias lógicas razonables que permitan señalar a agentes del Estado en la participación del hecho, su omisión o convivencia, por lo que no existe nexo de causalidad entre el daño alegado y el actuar de los miembros de la Policía Nacional.  Conforme a lo anterior, precisó que no le es imputable a la Nación – Policia Nacional la causación de los perjuicios alegados por el extremo activo, ya que los daños antijurídicos le son imputable únicamente a quien perpetró los hechos, es decir al grupo de ilegales que presuntamente originaron el desplazamiento (sic). 2 Folios del 461 al 482 vuelto del cuaderno del Consejo de Estado. 12 YPCF (rev.2) Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co Exp No. (63381) 27001233300020140020601  Asimismo, resalta que no existe falla en el servicio desligada de la toma de las AUC al municipio de Riosucio e 20 de diciembre de 1996, toda vez que la actividad desarrollada por la fuerza pública es de medio y no de resultado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la Carta Política, puesto que la creación de las fuerzas públicas no pueden garantizar en términos absolutos la no manifestación de grupos creados al margen de la

ley, como delincuencia, guerrilla, mucho menos de la concreción de actos terroristas que se generan a mansalva en contra de la población civil utilizando el factor sorpresa que impide la oportuna acción del Estado para contrarrestarlo.  Por otro lado, alega que existe falta de medios probatorios para establecer la falla en el servicio, puesto que hay carencia de material probatorio que permita endilgar la responsabilidad a la Policía Nacional, por lo que las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar, ya que se cimientan erróneamente en afirmaciones no avaladas integralmente que se sintetiza en una total carencia probatoria, a pesar de la carga probatoria que les asiste a los demandantes.  Reiteró el apelante, que no existe antecedente disciplinario o penal en contra de algún uniformado, por las manifestaciones efectuadas por los demandantes respecto del actuar de los policías no tienen sustento legal ni probatorio, máxime cuando la sola denuncia no constituye prueba del actuar omisivo de la institución.  Mediante el escrito que sustentó el recurso de apelación, el representante judicial de la Policía Nacional solicitó a practica de pruebas en segunda instancia, solicitando se decretará la práctica de las siguientes pruebas: - Reporte de inscripción de los demandantes en el Registro único de Población Desplazada. - Certificado de pago de la indemnización administrativa que la Unidad para la atención y reparación integral de víctimas reconoció a la actora con ocasión de los hechos debatidos en este asunto. - Certificación de la Fiscalía General de la Nación acerca de las denuncias presentadas por los demandantes respecto de los hechos objeto de debate.

Conforme lo anterior, solicitó la revocatoria de la sentencia No 195 del 23 de noviembre de 2017, y en su lugar se nieguen las pretensiones de la demanda respecto de la condena impuesta al Ministerio de Defensa – Policía Nacional. 13 YPCF (rev.2) Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX